Medio ambiente y regiones indígenas __________________________________Recuadro I.7.2

México ha sido reconocido como uno de los países con mayor diversidad biológica. En su territorio se localizan cerca del 10% de las especies silvestres conocidas en el mundo; de esta amplia y rica biodiversidad destacan los niveles de endemismo de su flora, la que se estima es más del 40% de las especies, son endémicas y de la fauna donde dicha característica se presenta en el 29% de los vertebrados. El desarrollo de los pueblos, y en general de la humanidad, está íntimamente asociado a la cantidad y calidad de los recursos naturales en las diferentes regiones donde éstos se han asentado y sus culturas han florecido y evolucionado. En México, la población indígena se encuentra en todas las entidades federativas. Sin embargo, 90% de esta población vive en las regiones biogeográficas más ricas: trópico húmedo, trópico seco y zonas templadas. Estos territorios de rica diversidad biológica han influido en el desarrollo de sus culturas y de su historia.

De acuerdo con los datos del inventario nacional forestal de 2000 se calcula que en el territorio nacional existe una extensión arbolada de 65 673 283 hectáreas de las cuales la mayor parte se encuentra en territorios indígenas; y casi la tercera parte de la población que habita en las zonas forestales del país es indígena.

A través del tiempo, los pueblos indígenas desarrollaron formas de interacción socioeconómica y cultural con los ecosistemas que permitieron crear y perfeccionar complejas prácticas de manejo que combinan la conservación, la capacidad productiva y la regeneración natural de los recursos. Estas prácticas se confrontaron con los procesos de producción predominantes a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuya característica fundamental ha sido el crecimiento económico a costa de la destrucción, sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales.

A partir de 1980, la problemática ambiental ha sido una preocupación creciente. Diversos sectores de la sociedad mexicana, incluidos los pueblos indígenas, han reclamado la acción gubernamental para frenar la devastación ecológica y las alteraciones ambientales que han sufrido diversas regiones del país tales como la deforestación, la erosión de suelos, la contaminación de cuerpos de agua y la desertificación creciente. Puede afirmarse que la política de aprovechamiento de los recursos naturales se ha fundamentado en el impulso de tecnologías no siempre apropiadas y que degradan o afectan las cadenas biológicas y los ecosistemas. Paralelamente, han modificado los patrones tradicionales que las comunidades indígenas perfeccionaron para el equilibrio entre aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de su entorno.

Como resultado de la ruptura del equilibrio socio-ecológico se presenta la disminución de los recursos y se ha acentuado la pobreza de la población indígena. El deterioro ambiental ha impactado en la autosuficiencia alimentaría y ocasionado una creciente presión sobre los recursos naturales, misma que se traduce en la expansión de la frontera agrícola hacia tierras de baja calidad o no aptas para el cultivo en detrimento principalmente de las selvas en las zonas tropicales y de las áreas boscosas en las zonas templadas. De igual manera, se han afectado los frágiles equilibrios ecológicos de las áreas selváticas por la captura de fauna y recolección de flora silvestres para su comercialización como una forma de obtener recursos. Estas actividades, además de la sobreexplotación o la tala irracional de bosques, han provocado la pérdida del capital natural por la afectación de los sistemas y cadenas biológicas con lo que se han iniciado procesos de reducción de las poblaciones silvestres que eventualmente pueden desembocar en la extinción de especies.

Para la protección y conservación de la biodiversidad, la política ambiental instrumentada por el Estado ha consistido en declarar las zonas de interés como áreas naturales protegidas. En el país se localiza un total de 127 áreas naturales protegidas, 51 de ellas se encuentran en zonas con fuerte presencia indígena e involucran a 48 municipios indígenas.

Si bien los decretos de expropiación señalan que para la protección y conservación de los sistemas naturales, así como para el manejo sustentable de las áreas protegidas y su zona de influencia, es necesario involucrar a las comunidades indígenas y rurales, entre otros actores, no siempre se ha consultado ni sensibilizado a la población afectada por dichos decretos, a pesar de que el establecimiento de vedas y restricciones en el uso y manejo de los recursos impiden o limitan las actividades productivas. En consecuencia, más que verse como una acción de beneficio para las comunidades, estas medidas se consideran como obstáculos para su desarrollo y, en muchos casos, han agravado las condiciones de marginación y pobreza de la población. En general no están acompañadas de opciones productivas por lo que, al mismo tiempo, se ejerce presión sobre los recursos que se intenta proteger.

En las regiones forestales se ha tratado de corregir la explotación ilegal a través de la participación organizada de los comuneros y ejidatarios. Sin embargo, esta medida no ha evitado el deterioro ni la destrucción del recurso, lo que impide un aprovechamiento racional por parte de sus poseedores legales. Para superar esta situación es necesario un programa de ordenamiento que considere las diversas características naturales y culturales de las regiones indígenas. La conservación del medio natural implica la preservación y el enriquecimiento de su patrimonio y su desarrollo social.

El acervo técnico y el conocimiento de los pueblos indígenas constituyen una base para impulsar acciones de conservación y manejo ordenado de los recursos. No obstante, sus tecnologías no siempre pueden hacer frente a procesos de degradación que han generado diversos sistemas productivos, incluidos los propios, por lo que adecuarlas y combinarlas con otras tecnologías en consenso con los pueblos indígenas es una tarea fundamental.

 

Fuente: Instituto Nacional Indigenista, Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, México, 2001.
Semarnat, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Federalización y Descentralización de Servicios Forestales y de Suelo, México, 2002.