El riesgo ambiental es la probabilidad de que se liberen al medio ambiente materiales peligrosos capaces de afectar adversamente a la población, los ecosistemas o los bienes. La peligrosidad de un material se evalúa en función de sus características CRETIB (corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, infecciosas y biológicas). Los eventos durante los cuales se liberan cantidades importantes de materiales peligrosos debido a una explosión, incendio, fuga, o derrame súbito se denominan accidentes de alto riesgo ambiental o mayores y existe una normatividad detallada que los define con precisión, permitiendo su identificación e intervención oportuna (Recuadro_III.6.3.2). De la misma manera se tienen identificadas las actividades altamente riesgosas, clasificadas en la Primera o Segunda Lista publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992, respectivamente. Cuando se practican estas actividades es necesario contar con una evaluación del riesgo ambiental (ERA).

La ERA es un instrumento de carácter preventivo que busca proteger a la sociedad y al ambiente, anticipando la posibilidad de liberaciones accidentales de sustancias peligrosas en las instalaciones, y evaluar su impacto potencial, de manera tal que éste pueda prevenirse o mitigarse a través de: a) reconocimiento de posibles riesgos, b) evaluación de posibles eventos peligrosos y la mitigación de sus consecuencias, y c) determinación de medidas apropiadas para la reducción de estos riesgos.

Al presentarse la ERA, las autoridades que analizan el proyecto que se pretende realizar cuentan con información suficiente para identificar e interpretar sus niveles de riesgo. También pueden determinar los posibles efectos en la sociedad y el ambiente, así como recomendar medidas preventivas. Con base en esta información se establece la conveniencia o no de que el proyecto estudiado sea autorizado.

El Estudio de Riesgo está compuesto por dos fases. La primera consiste en un diagnóstico para identificar y jerarquizar riesgos, y la segunda, conocida como análisis de consecuencias, implica el uso de modelos matemáticos de simulación para cuantificar y estimar dichas consecuencias.

Dentro de la fase de diagnóstico se aplica una metodología detallada que determina la existencia o inexistencia de riesgo, de acuerdo con su nivel de peligrosidad:

• Nivel 0: aplica a cualquier proyecto que maneje sustancias consideradas como peligrosas a través de ductos.

• Nivel 1: aplica a cualquier proyecto en el que se pretenda almacenar, filtrar o mezclar alguna sustancia considerada como peligrosa a presión atmosférica y temperatura ambiente.

• Nivel 2: semejante a la anterior, pero involucra el empleo de altas presiones o temperaturas, incrementándose la probabilidad de accidentes.

• Nivel 3: se atribuye a cualquier proyecto que maneje una lista más reducida de sustancias particularmente peligrosas, a complejos petroquímicos y a instalaciones que hayan tenido accidentes en el pasado.

Además, mientras mayor sea la densidad poblacional alrededor de las instalaciones, o bien si éstas están ubicadas en zonas de reserva ecológica, los riesgos para la salud o el medio ambiente se consideran mayores. Esto significa que las mismas actividades pueden ser clasificadas en diferentes niveles dependiendo de dónde se realicen (Diagrama III.6.3.1).

Una vez ubicado el proyecto en el nivel correspondiente, deben de efectuarse evaluaciones más o menos exhaustivas: informe preliminar de riesgo, análisis de riesgo o análisis detallado de riesgo según se incremente la peligrosidad. El estudio debe incorporar una estimación de la probabilidad de accidentes, las posibles superficies afectadas por los mismos y la severidad de dicha afectación. También debe incluir medidas para prevención de accidentes y los planes para combatir el riesgo en caso de contingencias (Recuadro_III.6.3.3). A partir de dicha evaluación, las secretarías de Medio Ambiente, Gobernación, Energía, Economía, de Salud y del Trabajo y Previsión Social, valoran tanto el riesgo como la idoneidad de los programas propuestos para la prevención de accidentes (Recuadro III.6.3.1).

En los últimos años ha habido un incremento notable en la evaluación del riesgo ambiental. En comparación con 1992, el número de evaluaciones en 2001 resultó superior en un 186% para nuevos proyectos y en un 70% para plantas en operación. El aumento más importante fue en los programas para la prevención de accidentes, que se elevó de nueve a 473 en el mismo periodo (Figura 8.6, Cuadro_III.6.3.2). Esto ha significado una mayor presión sobre las instancias de evaluación de la Semarnat, cuya planta de dictaminadores ha debido crecer en número, elevándose también el número de dictámenes por dictaminador (Figura 8.7, Cuadro III.6.3.1).

A pesar de los grandes avances en el tema, cada año en México tienen lugar alrededor de 544 emergencias ambientales, es decir, accidentes que involucran sustancias peligrosas (véase «Contaminación del suelo: residuos» en el capítulo 3). Inclusive el número de emergencias para 2001 fue ligeramente superior al promedio durante los años 1995-2000. Un porcentaje importante ocurrió en ductos localizados en los estados petroleros del Golfo de México (Mapa_8.1, Cuadro IV.3.2.14), lo que pone de manifiesto la magnitud del aporte de la industria petrolera al total de las emergencias ambientales del país. Pemex reportó más de mil derrames durante 2001, número que no es del todo un buen indicador, puesto que los volúmenes de descargas contaminantes de dicha industria se han reducido sustancialmente. Otros estados con una alta incidencia de emergencias son aquellos con una gran actividad industrial, como Nuevo León y el Estado de México.