Gestión Ambiental

La información que se incluye en este capítulo se divide en los apartados siguientes: marco legal e institucional, acciones para el desarrollo sustentable (medidas regulatorias en aire, agua y suelos, y otros recursos naturales) procesos e instrumentos institucionales a nivel local e internacional.

El interés de México por la solución de sus problemas ambientales nacionales se remonta a 1971, cuando fue decretada la primera Ley federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. En esos años, la política ambiental se centró más en «prevenir y controlar» los efectos que en las causas y se orientó esencialmente a las tareas de conservación de los recursos naturales y de saneamiento ambiental en el Distrito Federal.

Desde finales de los ochenta hasta la actualidad —en el contexto de la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente de 1988—, se adopta un enfoque integral desde la óptica del desarrollo sustentable, esto es, asociando la problemática ecológico-ambiental al desarrollo económico y social, adoptando como ámbito de acción a la zona metropolitana (es decir, no sólo al Distrito Federal sino también al área conurbada). En esta etapa es cuando surgen en todas las entidades federativas del país leyes locales y reglamentos de protección al ambiente, así como entes administrativos que se abocan a la aplicación y seguimiento de la normatividad ecológica y al desarrollo de programas y proyectos de tipo ambiental. En el caso del Distrito Federal y de la zona conurbada, se han creado:

• Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (8 de enero de 1992).
• Comisión Ambiental Metropolitana (establecida mediante el Convenio de Coordinación del 17 de septiembre 1996 para reemplazar a la anterior Comisión).
• Ley ambiental del Distrito Federal (1o. de julio de 1996).
• Ley de desarrollo urbano del Distrito Federal (23 de diciembre de 1995).
• Ley de protección al ambiente para el desarrollo sustentable del Estado de México (febrero, 1998).

Las medidas para controlar los niveles de contaminación en el Valle de México han dado resultados favorables en el caso del plomo y el bióxido de azufre, ya que en los años recientes ambos se han mantenido por debajo de sus respectivas normas; el monóxido de carbono ha presentado excedentes ocasionales a su norma.

No obstante, aún persiste la problemática del ozono como un contaminante que rebasa cotidianamente su norma. Esta situación es resultado de la quema diaria de más de 44 millones de litros de combustibles por parte del transporte, la industria, los servicios y los hogares, lo que provoca la emisión de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, contaminantes que participan en una serie de reacciones químicas promovidas por la alta radiación solar que dan origen al ozono.

Un problema de calidad del aire que ha tomado relevancia en los últimos tres años, es la presencia de niveles altos de partículas, especialmente aquellas denominadas como fracción respirable (PM10 y PM2.5), debido a su impacto en la salud de la población. Sin embargo, esta situación no es generalizable a todo el Valle de México, además de que el monitoreo y los estudios llevados a cabo para su entendimiento son aún incipientes.

Algunos de los esfuerzos institucionales contra la contaminación atmosférica son:

• Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica de la ZMCM (PICCA)
• Programa Hoy No Circula (HNC)
• Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México, 1995-2000
• Programa de Contingencias Atmosféricas (PCA)

El tema del agua en el Distrito Federal ha sido enfocado tradicionalmente como un problema de abasto del recurso y de cómo deshacerse de las aguas residuales. Sólo desde fechas recientes se ha incorporado el concepto de reutilización del recurso.

En la Ciudad de México se generan aproximadamente 24 m³/seg de aguas residuales, de los cuales 65% proviene de casas habitación, 20% del sector industrial y 15% restante lo aportan los servicios y comercios. De este volumen se estima que solamente 6.25 m³/seg reciben tratamiento.

Se cuenta con más de 20 plantas de tratamiento, la mayoría de las cuales son para eliminar material en suspensión y retiro de grasas (primario), así como a base de lodos activados para eliminar material orgánico suspendido y patógenos (secundario). Sólo una de ellas (cerro La Estrella) tiene capacidad para tratamiento terciario, consistente en eliminar metales pesados, solventes y residuos tóxicos. Sin embargo, la mayoría de ellas trabajan a menos de 60% de su capacidad.

Actualmente la Secretaría del Medio Ambiente tiene en proceso la instalación de una Red Automática de Monitoreo de la Calidad del Agua en el Distrito Federal, cuya operación permitirá geo-referenciar las industrias y sus descargas de aguas residuales, conocer las características físicas, químicas y biológicas de las mismas, verificar el cumplimiento de la normatividad y orientar a sus propietarios acerca de los beneficios económicos por el cumplimiento de las normas. Todo ello aumentará las posibilidades de reutilizar agua dentro del propio Valle de México.

Otras medidas y proyectos son: verificación industrial de aguas residuales, convenios de autorregulación en agua, proyecto de recarga del acuífero.

La superficie de bosques, pastizales naturales y matorrales en el Distrito Federal se estima en 50,000 ha. las cuales hay que proteger de manera tal que sigan cumpliendo con sus funciones ambientales, como: la regulación de las condiciones ambientales; la infiltración del agua de lluvia hacia los mantos acuíferos; minimizar la ocurrencia de tolvaneras y con ello la presencia de partículas suspendidas en el aire.

Esta compleja problemática exige la renovación de compromisos entre sociedad y gobierno bajo el enfoque del desarrollo sustentable, en el que las medidas de bienestar social estén acordes con el cuidado del ambiente y del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Por ejemplo, para atender el problema de los incendios forestales, que entre 1979 y 1998 ascendieron en promedio anual a 875, dañando 3,250 ha, la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación con la SEMARNAP, ejecutaron entre octubre de 1997 y junio de 1998, un programa coordinado de prevención y combate a estos incendios. Este periodo está catalogado como el más crítico de los últimos tiempos, habiendo provocado 1,932 siniestros, que afectaron a 5,735 ha. (2.97 ha. por incendio).

Más allá de combatir las emergencias debidas a los incendios, las medidas se abocan a la protección de los recursos, entre las que sobresalen:

El programa original de reforestación para 1998 estableció una meta de 5.5 millones de plantas, de las cuales 0.7 millones correspondían a las zonas urbanas y 4.8 millones a la zona rural.

Sin embargo, ante la necesidad de restaurar las áreas afectadas por los incendios forestales y la sequía en las zonas urbanas, a mediados de 1998 se incrementó la meta de reforestación rural a 10.06 millones de árboles y la reforestación urbana a 2.01 millones de árboles, lo que da un total de 12.07 millones de plantas para todo el Distrito Federal.

En respuesta a la ocupación urbana anárquica que se ha presentado en el suelo de conservación, la Secretaría del Medio Ambiente ha establecido lineamientos generales para el Ordenamiento Ecológico Territorial, que comprenden, entre otros, el control de los asentamientos humanos dentro del suelo de conservación.

En las nueve delegaciones que cuentan con suelo de conservación se han instalado Comités de Protección y Desarrollo de las Areas Naturales y del Suelo de Conservación, con el fin de propiciar procesos de corresponsabilidad social e institucional que permitan definir políticas, estrategias y acciones que incidan en la solución de la problemática de los asentamientos humanos en suelo de conservación.

Algunos de los beneficios que se obtendrían son: preservación de áreas forestales y agropecuarias; protección y recuperación de los ríos, escurrimientos, barrancas y subcuencas, necesarias para la recarga de los mantos acuíferos del Distrito Federal y otros recursos naturales, así como el comportamiento urbano en suelo de conservación. Por otro lado, los comités constituyen la base institucional para la concertación e instrumentación del ordenamiento ecológico, incluyendo el decreto de nuevas Areas Naturales Protegidas.

En septiembre de 1998 se instaló el Comité de Desarrollo y Protección de las Areas Naturales y el Suelo de Conservación, como parte de la estrategia entre el gobierno de la Ciudad de México y la Asamblea Legislativa de coordinar opciones viables para la solución de la problemática del suelo de conservación.

El Distrito Federal cuenta con una superficie natural protegida de 11,931.2 ha. bajo diversas modalidades previstas dentro de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

La transferencia de las Areas Naturales Protegidas del Gobierno Federal al local, significa avanzar en la integración territorial, que a su vez permita disminuir la pérdida de los recursos naturales, así como una mejor protección de los mismos.