LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de febrero de 2019

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

el 07 de junio 2019

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley Constitucional y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México, y tiene por objeto:

A. De las competencias

1. Establecer las obligaciones de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias y atribuciones.

2. Asegurar la correcta aplicación por parte de los poderes constituidos en la Ciudad de México, de las obligaciones derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y de la Constitución Política de la Ciudad de México.

3. La aplicación de la presente Ley corresponde, en el ámbito de su competencia y atribuciones, a las personas titulares de la Administración Pública centralizada y paraestatal de la Ciudad de México; así como al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Congreso de la Ciudad de México, las Alcaldías, servidores públicos en general y representantes populares de la Ciudad de México.

4. Orientar a las autoridades para la adopción de las medidas legislativas, administrativas, judiciales, jurisdiccionales, económicas y a las que sean necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos en la Ciudad de México.

B. Del desarrollo de los derechos humanos

1. Desarrollar los derechos humanos contenidos en la Carta de Derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México.

2. Fomentar el desarrollo y análisis conceptual de los derechos humanos de forma continua desde una base teórica multidisciplinaria, entendidos como parte integral de procesos históricos impulsados por individuos, grupos, colectivos, asociaciones, comunidades y organizaciones; medio para mantener abierta la reinterpretación del Derecho ante cambios en la coyuntura y advertir el surgimiento de otros nuevos.

Del mismo modo se entenderá el desarrollo de los derechos como un proceso multifactorial y permanente que consiste en el estudio, debate y consenso de diversos actores sociales que dirigirán sus esfuerzos continuos en la consecución de la definición más amplia y acertada de cada uno de los derechos reconocidos por la Constitución Política de la Ciudad de México.

3. La asignación y aplicación progresiva y no regresiva de recursos públicos como medio para alcanzar la protección más amplia y efectiva de los derechos humanos para las personas; entendida como desarrollo material, tangible e irrenunciable de los derechos.

4. La sensibilización de las personas obligadas en materia de derechos humanos para asegurar su continuo desarrollo, como medio para atajar las causas sistémicas, culturales y subjetivas que dan origen a las violaciones de los derechos, a través de programas de profesionalización y concientización destinados a las personas servidoras públicas y representantes populares con el objeto de combatir el ultraje, menoscabo, limitación y obstaculización del ejercicio de la dignidad humana.

C. Del desarrollo de los principios rectores

1. Desarrollar el marco de principios reconocidos en la Constitución Local, para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos, a fin de que las autoridades realicen sus funciones con apego a ellos.[1]

2. La presente Ley proporcionará las definiciones de los principios rectores y características de los derechos humanos conforme al consenso y estándares internacionales más amplios.[2]

D. De los mecanismos de justiciabilidad

1. Determinar los mecanismos e instancias de exigibilidad y justiciabilidad de carácter jurisdiccional, no jurisdiccional y administrativo para la reparación, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición por violaciones a los derechos humanos, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral, histórica y simbólica.

2. En lo no previsto en la presente Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, serán aplicables de manera supletoria, todos aquellos ordenamientos jurídicos que no contravengan los principios rectores de los derechos humanos, en especial, los principios de progresividad y no regresividad.

3. Distribuir competencias en materia de derechos conforme al principio de descentralización y desincorporación para favorecer la solución de controversias por la autoridad más próxima a la ciudadanía.

E. De los mecanismos de exigibilidad

1. Garantizar, en el máximo de recursos presupuestales, la prestación de bienes, trámites, servicios e infraestructura públicos con el enfoque del derecho a la buena administración.

2. Reducir, en el máximo de recursos presupuestales, las brechas de desigualdad para favorecer el desarrollo integral de todas las personas en la Ciudad.

3. Promover, en el máximo de recursos presupuestales, entre la población el conocimiento de los derechos humanos, así como las vías de su exigibilidad.

4. Promover, en el máximo de recursos presupuestales, entre la sociedad la cultura de la corresponsabilidad de los derechos humanos.

5. Contribuir, en el máximo de recursos presupuestales, a la habilitación de las personas para el ejercicio de sus derechos humanos.

Artículo 2. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en normas generales y locales, y; tendrán la prioridad aquellas que confieran la mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos.[3]

Las resoluciones y sentencias emitidas por órganos y tribunales internacionales de derechos humanos, cuya competencia haya sido reconocida por el Estado mexicano, y que reconozcan o garanticen mayor protección de las personas, serán vinculantes para las autoridades de la Ciudad de México. Los entes públicos centralizados, paraestatales y autónomos las cumplirán dentro de sus respectivas competencias y atribuciones.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

1. Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México.

2. Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad y en otras condiciones de vulnerabilidad, el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.[4]

3. Autoridad: Toda persona servidora pública que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Ciudad de México.

4. Cabildo: El Cabildo de la Ciudad de México.

5. Ciudad: La Ciudad de México.

6. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México.

7. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

8. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México.

10. Derechos humanos: El conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad de los seres humanos reconocidos en la Constitución Local y Federal, así como en los Tratados e Instrumentos Internacionales signados por el Estado Mexicano.

11. Discriminación: Cualquier distinción, no objetiva, racional ni proporcional, que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra condición humana. También se considerará discriminación la negación de ajustes razonables, la misoginia, cualquier manifestación de homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, aporofobia, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

12. Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad y personas mayores, cuando se necesiten.

13. Enfoque de derechos humanos: el marco conceptual relativo a los planes, las políticas, los programas y los presupuestos con base en un sistema de derechos, el cual identifica, por un lado, a las personas titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho; y por el otro, a las personas titulares de deberes y sus obligaciones para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, así como fortalecer la capacidad de las personas titulares de derechos.[5]

14. Evaluación Interna: Análisis de los resultados de la implementación con relación a la relevancia, eficiencia, efectividad, impactos y sostenibilidad de las acciones, medidas, programas y políticas públicas implementados para el cumplimiento de los derechos humanos, con la finalidad de evitar su regresividad y garantizar su progresividad.

15. Igualdad sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades de todas las personas, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

16. Implementación: Poner en funcionamiento las medidas, acciones, actividades institucionales, diagnósticos, objetivos, estrategias, metas, medidas y líneas de acción de planes, programas y políticas públicas generadas para la plena realización y progresividad de los derechos consagrados en la Constitución.

17. Ley: La Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de México.

18. Mecanismos de exigibilidad: Son aquellas garantías y procedimientos que pueden utilizar las personas y los colectivos, para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades para la satisfacción y garantía de los derechos.

19. Mecanismos de justiciabilidad: Las acciones y procedimientos de autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes, derivados de las denuncias de personas, grupos o comunidades por violaciones a derechos individuales y colectivos, para su cumplimiento.

20. Medidas de inclusión: Las disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar actitudes y mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.

21. Paridad de género: La participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de carácter público, de acuerdo con su identidad género.

22. Persona: La persona titular de los derechos.[6]

23. Sala: La Sala Constitucional es la instancia del Poder Judicial para garantizar la supremacía y control de esta Constitución y es la encargada de conocer y resolver las acciones de cumplimiento en contra de las personas titulares de los poderes públicos, los organismos autónomos y las alcaldías cuando se muestren renuentes a cumplir con sus obligaciones constitucionales y con las resoluciones judiciales. Estas acciones podrán ser interpuestas por cualquier persona cuando se trate de derechos humanos.

24. Trato igualitario: toda distinción o preferencia que se adopte para favorecer el ejercicio de derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y constantes riesgos de vulneración a su integridad, sus derechos y libertades fundamentales.

25. Tribunal: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

26. Tribunal Administrativo: el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

27. Violación de derechos humanos: todo acto u omisión que afecte los derechos humanos, cuando se realice por parte de alguna persona servidora pública en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones de esta naturaleza. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.[7]

Artículo 4. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para dar viabilidad al respeto y ejercicio de sus derechos a las personas que habitan en la Ciudad y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.[8]

Artículo 5. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias y sin perjuicio a los procesos de queja e investigación de violaciones a los derechos humanos que la Comisión tenga al respecto, implementarán políticas públicas, acciones y mecanismos previstos en esta Ley, dirigidos a prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos.[9]

Artículo 6. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías en el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en la presente Ley.

Artículo 7. A falta de disposición expresa en la Constitución Federal, en los tratados internacionales, en la Constitución Local, en esta Ley o en las demás disposiciones aplicables, se atenderá a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta Ley.

TÍTULO SEGUNDO

DEL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Capítulo I.

Del desarrollo de los principios rectores

Artículo 8. En términos de la Constitución Local, la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos.

Toda persona es un fin en sí misma. Ninguna persona es un medio de individuos, autoridades o corporaciones. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro persona.[10]

Artículo 9. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana y social. Para ello, las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa para la protección de estas condiciones.

Artículo 10. Son principios rectores de los derechos humanos:

1. Universalidad: los derechos humanos protegen a todas las personas por igual, sin distinción de cualquier condición de la diversidad humana y social;

2. Interdependencia: los derechos humanos están relacionados entre sí. El goce de un derecho particular depende necesariamente de que se respeten y protejan los demás derechos;

3. Indivisibilidad: los derechos humanos son en sí mismos no fragmentables, su cumplimiento implica la garantía y ejercicio efectivo de todos y cada uno de ellos;

4. Complementariedad: los derechos reconocidos en los diversos cuerpos jurídicos internacionales, nacionales y locales no se excluyen entre sí, se perfeccionan en su coexistencia;

5. Integralidad: los derechos humanos constituyen una unidad, por lo cual no deben ser jerarquizados ni relegados unos de otros;

6. Progresividad: todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán incrementar gradualmente la garantía de los derechos, hasta el máximo de sus posibilidades, especialmente en materia de asignaciones de recursos destinados a su cumplimiento, y

7. No regresividad: las autoridades se abstendrán de adoptar medidas que disminuyan el nivel de protección de los derechos reconocidos por el orden jurídico.

Capítulo II.

De las características

Artículo 11. Son características de los derechos humanos:

1. Inalienables: no se pueden enajenar.

2. Imprescriptibles: su vigencia no depende del transcurso del tiempo.

3. Irrenunciables: nadie puede desistir a la protección de sus derechos por propia voluntad.

4. Irrevocables: no pueden ser abolidos por mandato legal.

5. Exigibles: deben existir los mecanismos institucionales para hacer efectiva su validez.

6. Justiciables: contar con instancias o instituciones de acceso a la justicia para reclamar actos de violación a los derechos humanos derivadas de actos de autoridad o de quienes ejerzan el servicio público.[11]

7. Intransferibles: No pueden ser transmitidos a otra persona.

TÍTULO TERCERO

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDADES Y DE LOS MECANISMOS PARA LA EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD

Capítulo I.

Disposiciones comunes

Artículo 12. Los derechos serán exigibles y justiciables ante las autoridades jurisdiccionales, no jurisdiccionales y administrativas, de conformidad con los mecanismos previstos en esta ley y las demás leyes aplicables.[12]

1. La exigibilidad es un proceso sociopolítico en el que, a través de mecanismos institucionalizados diversos, la ciudadanía demanda a las autoridades el cumplimiento de las obligaciones que para el cumplimiento de sus derechos les corresponden.

2. La justiciabilidad consiste en la acción legal que les permite a sus titulares reclamar o exigir el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos ante las instancias jurisdiccionales competentes.

Artículo 13. En la Ciudad, los derechos se ejercen a título individual o colectivo, para estos últimos se deberá de:

1. Respetar, proteger y garantizar el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y asociación, así como los derechos a la transparencia, a la información, rendición de cuentas y a la defensa de derechos humanos;

2. Proteger el derecho de reunión, manifestación y protesta social, y establecer protocolos en la materia conforme a los más altos estándares internacionales;

3. Garantizar el acceso para la interposición de acciones administrativas o jurisdiccionales para la defensa de los derechos, en los términos establecidos en la Constitución Local y con el mínimo de formalidades;

4. Establecer procedimientos para facilitar el acceso de las personas a los mecanismos de democracia directa y participativa, así como a las acciones jurisdiccionales reconocidas en la Constitución Local y las leyes;[13]

5. Diseñar lineamientos para la realización de consultas a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad y difundir su existencia y aplicación a la población destinataria, en especial respecto a las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

6. Adoptar las medidas necesarias para garantizar que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios en la Ciudad puedan ser ejercidos de manera colectiva.

Artículo 14. Corresponde al Congreso de la Ciudad:

1. Analizar y en su caso aprobar, las reformas legislativas pertinentes para facilitar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Local.

2. Destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos económicos necesarios para el adecuado funcionamiento de programas y políticas públicas, destinados a asegurar la progresividad y no regresividad de los derechos humanos.

Artículo 15. El Tribunal y el Tribunal Administrativo, como instancias jurisdiccionales, son responsables de la protección y salvaguarda de los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución Local y por los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además deberán destinar los recursos humanos y económicos necesarios para la implementación de las líneas de acción que establezca el Sistema y el Programa.[14]

Capítulo II.

Mecanismos de Exigibilidad

Artículo 16. Los derechos humanos son el fundamento para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la Ciudad, así como para la planeación, programación, presupuestación y gestión de los recursos públicos; por lo tanto, los planes, programas, acciones y prácticas administrativas, legislativas y jurisdiccionales asegurarán el reconocimiento, la promoción, concreción, protección y defensa de los mismos, de conformidad con sus competencias y atribuciones; así como para el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 17. Las políticas públicas tendrán como finalidad eliminar las inequidades y desigualdades, también promoverán la realización de los derechos humanos de todas las personas y grupos de población, mediante programas integrales que faciliten el acceso pleno de éstos al disfrute integral de los derechos humanos. Las políticas públicas serán evaluadas para que, con base en los resultados, puedan ser perfeccionadas o modificadas.

Artículo 18. Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación, el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución Federal, la Constitución Local, el Programa de Derechos Humanos y los diagnósticos realizados por el Sistema Integral, y con los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia, y de la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables.

La transversalización del enfoque de derechos humanos en la función pública tendrá como propósito esencial redefinir las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía.

Artículo 19. En materia de políticas públicas que atiendan la progresividad de derechos, aun en contextos de limitaciones graves de recursos, se optará por programas específicos y económicos que permitan salvaguardar los niveles esenciales de los derechos. Todas las autoridades deberán incorporar los ajustes razonables y el diseño universal de sus políticas y programas; y atenderán los estándares e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Para ello, deberán coordinarse con el Instituto de Planeación y con el Sistema Integral de Derechos Humanos.[15]

Artículo 20. En la Ciudad, toda persona tiene derecho a que se le garanticen las condiciones necesarias para su desarrollo económico, social, cultural, ambiental y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para la consecución de una sociedad más justa y equitativa.

El desarrollo sustentable constituye el eje central de las políticas públicas y acciones del Gobierno de la Ciudad, las que siempre estarán orientadas a garantizar el uso y disfrute de los bienes y servicios públicos para la ciudadanía y para las futuras generaciones. El Congreso y el Gobierno, de acuerdo con las atribuciones correspondientes, aprobarán planes, programas y presupuestos con enfoque de derechos humanos.

Capítulo III.

Mecanismos de Justiciabilidad

Artículo 21. De conformidad con el artículo 36, apartado B, numeral 3 de la Constitución Local, los jueces de tutela conocerán y resolverán las acciones de protección efectiva que les sean presentadas por posibles violaciones a los derechos humanos.

Los requisitos y procedimientos de sustanciación serán los establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Las reclamaciones de tutela se interpondrán en cualquier momento, sin mayores formalidades y a través de solicitud oral o escrita, y en todos los casos aplicará la suplencia en la deficiencia de la queja. En todo caso, corresponderá a las autoridades investigar y acreditar que no existió la violación a derechos humanos.

Los jueces de tutela podrán dictar las medidas cautelares y de apremio, así como las sanciones que procedan en caso de incumplimiento.[16]

Artículo 22. De manera adicional a lo previsto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, toda persona, grupo o comunidad podrá interponer la acción de protección efectiva de sus derechos, en los siguientes supuestos:

1. Por parte de una colectividad difusa para reclamar la reparación del daño a la misma, consistente en la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la afectación o cumplimiento sustituto, de acuerdo con la afectación de los derechos o intereses de la colectividad, sin que necesariamente exista vínculo jurídico alguno entre dicha colectividad y el demandado.

2. Por parte de una colectividad determinada o determinable, con base en circunstancias comunes y con el objeto de reclamar judicialmente del demandado, la acción preventiva evitando la realización de un daño objetivamente demostrable, o la reparación del daño causado consistente en la realización de una o más acciones, o abstenerse de realizarlas, así como cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo, siempre y cuando exista un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre la colectividad y el demandado.

3. Por parte de individuos agrupados con base en circunstancias comunes, cuyo objeto sea reclamar jurisdiccionalmente de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o su rescisión, con sus consecuencias y efectos de acuerdo con la legislación aplicable. Serán aplicables, en lo que no se oponga al presente artículo, los requisitos y procedimientos de sustanciación de la acción de protección efectiva de derechos establecidos por Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Artículo 23. El Instituto de Defensoría Pública será el órgano autónomo responsable de prestar servicios gratuitos de defensa de los derechos humanos de las personas en asuntos del fuero local en las materias familiar, penal, administrativa, fiscal, mercantil y civil, así como de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal. Asimismo, interpondrá denuncias ante las autoridades respectivas por la violación de derechos humanos.[17]

Artículo 24. La Comisión es el organismo encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, la Constitución Local y las leyes. Conocerá, investigará y resolverá de las quejas por violaciones a derechos humanos causadas por entes públicos locales. Contará con visitadurías especializadas que consideren las situaciones específicas, presentes y emergentes de los derechos humanos en la Ciudad.

TITULO CUARTO

DE LA CARTA DE DERECHOS

Capítulo I.

De la Ciudad de libertades y derechos

Artículo 25. La autodeterminación es el derecho de toda persona a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, a ser como quiere y a decidir sobre su propio cuerpo, sin coacción, ni controles injustificados o arbitrarios, con el fin de cumplir las metas u objetivos que voluntariamente se ha fijado.

Las autoridades de la Ciudad están obligadas a proteger y a hacer respetar, por todos los medios posibles, los derechos a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando estos no impliquen ocasionar un daño que ponga en peligro la integridad física y la vida, de sí o de terceras personas, garantizando por todos los medios a su alcance la realización de las metas de cada persona, fijadas autónomamente y en lo individual, de acuerdo con su temperamento y carácter, con la limitación de los derechos de las demás personas, de su propia integridad y del orden público.

Artículo 26. El derecho a la vida digna comprende llevar una existencia libre del temor, así como los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo digno, el derecho a la ciudad, la participación ciudadana, movilidad, seguridad, a un medio ambiente sano y los demás necesarios para que las personas ejerzan plenamente sus capacidades como seres humanos.

La muerte digna se traduce en la capacidad de ejercicio de las personas para expresar su decisión de ser sometidas o no, a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentren en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerlas de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. El Gobierno de la Ciudad, por conducto de las autoridades responsables, velará por el respeto de la voluntad anticipada en términos de lo que se establezca en la ley de la materia.

Artículo 27. El derecho a la integridad personal implica la protección contra cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, y económica la privación arbitraria de la vida y la libertad, la trata de personas en todas sus formas, las desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, los crímenes de odio, los feminicidios, la tortura, las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.[18]

Las autoridades garantizarán a las personas víctimas de algún tipo de violencia una protección inmediata y efectiva, proporcionando, entre otros, alojamiento, alimentación adecuada y acceso a los servicios en condiciones de seguridad, dignidad, calidad e higiene, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad, de amenaza, o en situación de desplazamiento forzado interno, así como el acceso a procedimientos expeditos y accesibles de atención a víctimas, procuración y administración de justicia, de conformidad con lo previsto en las leyes de la materia.

Artículo 28. El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a una nación, un territorio, una sociedad y una familia. Es una condición necesaria para preservar, tanto la dignidad individual, como colectiva de las personas.

Toda persona, grupo o comunidad tienen, según corresponda, derecho al nombre y a los apellidos, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica.

El registro de las personas se realizará de manera inmediata a su nacimiento. El Gobierno de la Ciudad, por conducto del Registro Civil, expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.[19]

Artículo 29. El gobierno de la Ciudad garantizará el derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible, asequible y expedita. De igual manera, se elaborarán programas permanentes de reducción de impuestos, derechos, aranceles y honorarios notariales. Estos programas tendrán como objeto garantizar el derecho a la seguridad jurídica, en particular entre los grupos en situación de vulnerabilidad y atención prioritaria.

Artículo 30. Las familias, sin importar su composición, son sujetos de derechos. Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas y protegidas en igualdad de derechos. Toda persona tiene derecho a fundar una familia y a la convivencia familiar, así como a no ser separado arbitrariamente de ésta, salvo riesgo o peligro grave.

La Ciudad reconoce el aporte que realizan las familias a la construcción y al bienestar de los seres humanos y de la sociedad. Su contribución al cuidado y atención de las y los diversos integrantes del grupo; a la crianza y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes; a la formación de sus identidades; a su desarrollo socioafectivo y psicoemocional; a apoyar los procesos de socialización y vida en democracia; a la transmisión de saberes para la vida y de valores culturales, éticos y sociales.

Las políticas públicas en favor de las familias deberán contemplar la garantía de un ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas de todos los integrantes de la familia y apoyo en sus labores de cuidado. 8 de febrero de 2019

Para proteger los derechos de las personas integrantes de las familias, garantizar su desarrollo y que éstos cubran sus requerimientos biológicos, psicoemocionales, de seguridad y educativo-culturales, las autoridades de la Ciudad promoverán la generación de servicios públicos de calidad, suficientes, asequibles y accesibles en la materia; fomentarán la oferta pública y privada de esos servicios; formalizarán y formarán a las personas que se dedican a esta actividad y desarrollarán mecanismos de protección social para las mismas.

Se otorgará atención prioritaria a las familias en situación de vulnerabilidad, monoparentales o que tengan como integrantes a personas con discapacidad u otras condiciones, personas mayores, personas en reclusión o privadas de su libertad y familias de víctimas.[20]

Artículo 31. Los derechos sexuales de las personas son los inherentes a la autonomía del propio cuerpo y su sexualidad, con independencia de la reproducción. Su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos y para el desarrollo de la sociedad, y; deberá garantizar el derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad.

El Gobierno de la Ciudad, a través de las autoridades correspondientes, deberá:

1. Atender de manera integral la salud sexual;

2. Impartir educación integral en la sexualidad, de calidad y con absoluto respeto a la diversidad sexual;

3. Promover en los distintos espacios públicos la información sobre los derechos sexuales y reproductivos basada en el conocimiento científico, actualizado, veraz, completo, y laico;

4. Promover e implementar políticas públicas y programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, con perspectiva de género y diversidad sexual;

5. Otorgar servicios gratuitos de información, difusión y orientación sobre la materia;

6. Respetar el ejercicio y disfrute pleno de la sexualidad; y

7. Respetar la privacidad e intimidad de las personas, y resguardar la confidencialidad de la información personal; la prestación de servicios de educación y salud sexual debe realizarse en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad tomando en cuenta las necesidades específicas de las personas adolescentes, jóvenes, LGBTTTI, mayores y con discapacidad, prestando particular atención a personas en situación de vulnerabilidad.

8. Prohibir y combatir la esterilización forzada de todas las personas.[21]

Artículo 32. Los derechos reproductivos de las personas incluyen la educación en salud reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos; prevención del aborto inseguro y atención integral en condiciones seguras, asequibles, accesibles y de calidad, frente a la interrupción voluntaria del embarazo; el acceso universal a técnicas de fertilización asistida; atención prenatal adecuada, prevención de causas de morbilidad y mortalidad de las mujeres y personas gestantes; atención obstétrica humanizada, calificada, institucional, asequibles, accesibles y de calidad; así como los cuidados perinatales integrales que consideren las necesidades de las mujeres, los niños, las niñas, adolescentes y las familias.

El Gobierno garantizará el derecho de las mujeres y personas gestantes a la interrupción legal del embarazo de conformidad con la legislación en la materia, así como la asistencia médica efectiva y los servicios de salud, asequibles, accesibles y de calidad para ejercer este derecho, adecuándose a los principios de progresividad de los derechos a la salud.

Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias correspondientes, promoverá que no se privilegien los partos por cesárea cuando no sean médicamente necesarios o cuando para preservar la salud de la madre y/o del producto se requiera. Asimismo, vigilará que las personas sin importar su identidad de género reciban el más alto nivel de cuidados en su salud, incluyendo la atención digna y respetuosa. No se podrá negar por motivo alguno la atención médica a las mujeres y personas gestantes. También implementará una política pública de información y abatimiento del embarazo entre adolescentes y de erradicación del embarazo infantil.[22]

Artículo 33. El ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y el periodismo, tanto a nivel individual como colectivo, son actividades de interés público en la Ciudad. Toda persona tiene derecho a:

1. Procurar la protección y realización de los derechos humanos;

2. Formar asociaciones civiles y organizaciones sociales para la defensa de los derechos humanos;

3. Reunirse y manifestarse pacíficamente;

4. Recabar, obtener, recibir y poseer información sobre los derechos humanos;

5. Desarrollar y debatir ideas relativas a los derechos humanos y promover su aceptación;

6. Presentar ante los poderes públicos y autoridades de la Ciudad críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y señalar cualquier aspecto de su labor que pueda impedir la realización de los derechos humanos;

7. Denunciar las políticas y acciones institucionales en relación con los derechos humanos y a que se examinen dichas denuncias;

8. Ofrecer y prestar asistencia adecuada para defender los derechos humanos;

9. Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos humanos;

10. Ejercer legítimamente la ocupación o profesión de persona defensora de los derechos humanos;

11. Ejercer el derecho a defender los derechos humanos;

12. Ejercer legítimamente la ocupación o profesión del periodismo; y

13. Ser protegido en su persona y en el desarrollo de sus actividades, frente a los riesgos y amenazas que puedan suscitarse por el ejercicio de su labor en favor de los derechos. El mecanismo para la protección de personas coordinará los programas diferenciados para la defensoría de los Derechos Humanos y la de los periodistas, y ambos deberán atender y dictar medidas cautelares idóneas y protocolarias de apremio para quienes, en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el periodismo, sean sujetos de agresiones o afectaciones a su seguridad psicofísica y patrimonio.

Artículo 34. El acceso a la justicia es el derecho de toda persona a ser oída públicamente, en condiciones de plena igualdad y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Este derecho incluye la protección judicial efectiva y las garantías del debido proceso, de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes en la materia.

Toda persona que sea acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a lo establecido por la ley.

Artículo 35. La libertad de creencias y de conciencia es un derecho de las personas que abarca la libertad de pensamiento sobre todas las cuestiones, las convicciones personales y el compromiso con la religión o las creencias, ya se manifiesten a título individual, en comunidad o colectividad con otras personas.

Esta libertad incluye el derecho de manifestar la propia religión o las propias creencias de manera individual, colectivamente o en comunidad, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley; así como la violación de los derechos humanos, o un daño a su integridad personal o la de terceras personas. Los actos públicos en ejercicio de la libertad de religión no podrán ser objeto de fines políticos, proselitismo o propaganda política. El culto público se celebrará ordinariamente en los templos, cuando de manera extraordinaria se celebre fuera de éstos deberá sujetarse a la ley de la materia.

Asimismo, la libertad de religión implica el derecho a:

1. La libertad de adoptar la creencia religiosa que más le agrade y profesar, en forma individual, colectiva o comunitaria, los actos de culto o ritos de su elección;

2. Libertad de asociarse o reunirse pacíficamente con fines religiosos;

3. No ser objeto de medidas restrictivas, de discriminación, coacción u hostilidad por motivo de sus creencias religiosas;

4. No ser obligada u obligado a prestar servicios personales ni a contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación religiosa, ni a participar o contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso; y

5. No ser objeto de inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas.

Capítulo II.

De la Ciudad Democrática

Artículo 36. La buena administración constituye un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación para los poderes públicos, que implica que las autoridades traten y resuelvan sus asuntos de manera imparcial y equitativa dentro de un plazo razonable, de conformidad con el debido proceso administrativo, a través de mecanismos accesibles e incluyentes, así como:

1. Formular peticiones que deberán ser atendidas por las autoridades de forma comprensible y en breve término;

2. Audiencia previa a todo acto de autoridad que afecte sus derechos, salvo en las materias penal, fiscal, financiera, protección civil y seguridad pública, en los supuestos que señalen las leyes;

3. Tener acceso a la información pública y al expediente que concierna, en cualquier momento, de forma veraz, completa, adecuada, oportuna, expedita, asequible y accesible, con respeto a la confidencialidad, reserva y la protección de datos personales;

4. Que las autoridades funden y motiven sus decisiones de acuerdo con las leyes, planes y programas correspondientes; y

5. La reparación de los daños causados por la actuación de las autoridades, de acuerdo con la ley en la materia.

La buena administración pública deberá centrarse en la persona, conforme a los principios de generalidad, uniformidad, derecho a la información, transparencia, regularidad, continuidad, calidad, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información y la comunicación. Para tales efectos, la administración pública se regirá bajo los principios del gobierno abierto.

El derecho a la buena administración comprende que la prestación de los servicios públicos se realice en condiciones de trato digno y respetuoso, claridad, prontitud, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, calidad y con la participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. El combate a la corrupción y la profesionalización de las personas servidoras públicas son componentes de este derecho.

El Gobierno de la Ciudad proveerá interpretación y traducción y los mecanismos necesarios para la prestación de los servicios públicos a la población en su lengua indígena, población con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

De conformidad con lo que dispongan las leyes, las personas podrán impugnar cualquier acto u omisión de las autoridades que vulnere su derecho a la buena administración, para lo cual será suficiente acreditar un interés legítimo. La Ley de Justicia Administrativa establecerá un mecanismo ágil y accesible para reparar de forma oportuna el daño derivado de las violaciones al derecho a la buena administración de las autoridades de la ciudad.

Cualquier resolución o acto administrativo de las instancias de la Administración Pública de la Ciudad que a juicio de los afectados vulnere sus derechos humanos podrá ser recurrido ante el Tribunal de Justicia Administrativa de conformidad con el artículo 40, numeral 2, fracción V, de la Constitución Local.

Artículo 37. El derecho de reunión y asociación protege la libertad de toda persona para congregarse de forma pacífica con otras, con cualquier finalidad y objeto siempre que sea lícito para el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

El derecho de asociación permite conformar a las personas por sí mismas o con otras, entidades que contengan una personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes. Su ejercicio incrementa el sentimiento cívico de la ciudadanía, ya que permite incidir de forma directa en las decisiones de la Ciudad como un elemento esencial de la democracia.

El Gobierno de la Ciudad promoverá la creación, aumento y conservación de distintos espacios públicos y puntos de congregación, acorde a la edad e intereses de las personas y garantizando la seguridad ciudadana y el orden público.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad garantizará la inclusión, la accesibilidad, la asequibilidad, el diseño universal, la calidad, la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana, el orden público y el uso, disfrute y usufructo equitativo de los espacios públicos.

Artículo 38. En la Ciudad toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, siendo este un derecho humano fundamental sobre el que se sustentan las demás libertades civiles. Este derecho comprende la libertad de buscar, generar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole por cualquier medio. Su ejercicio no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores y por el respeto a la privacidad de las personas en términos de la legislación de la materia. La libertad de expresión no ampara ni protege discursos o incitaciones al odio, segregacionistas y a la discriminación que provoquen afectaciones concretas y que sean emitidas por razones de origen, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales y demás, la ley de la materia sancionará este tipo de expresiones.

La protesta social es una expresión del ejercicio de los derechos a la libertad de pensamiento, expresión y reunión, así como de los derechos a la información y a defender los derechos humanos, por ello, está prohibida su criminalización. Se sancionará a quien mediante amenazas, violencia, acoso, persecución, intimidación o represalias interfiera con el ejercicio este derecho.

Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana elaborarán, actualizarán y aplicarán protocolos de actuación con relación a las multitudes conforme a controles de convencionalidad y estándares internacionales, los cuales serán de observancia obligatoria para los elementos de la policía y las personas servidoras públicas de otras dependencias que participen en la observación, seguimiento y vigilancia de estas actividades.

Artículo 39. De manera enunciativa y no limitativa, los protocolos a que se refiere el artículo anterior deberán tener como principios:

1. Presunción de minoría de edad;

2. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes;

3. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad;

4. Igualdad y no discriminación;

5. Inclusión;

6. Interculturalidad;

7. Acceso a una vida libre de violencia;

8. Perspectiva de género;

9. Enfoque diferencial;

10. Supervivencia y desarrollo;

11. Legalidad;

12. Racionalidad;

13. Necesidad;

14. Especialidad;

15. Congruencia;

16. Proporcionalidad;

17. Presunción de inocencia;

18. No autoincriminación;

19. Pro persona;

20. Mínima intervención y subsidiariedad;

21. Prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes;[23]

22. Aplicación favorable;

23. Autonomía progresiva; y

24. Responsabilidad.

Artículo 40. Las medidas preventivas y de protección suficientes e idóneas para garantizar la seguridad de las personas periodistas en la Ciudad, deberán atender de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes criterios:

1. Ser suficientes para enfrentar el riesgo y proteger su integridad, libertad, seguridad, sus bienes y vida; [24]

2. Llevar a cabo un estudio e investigaciones efectivas, prontas, expeditas y con la participación de periodistas, personas académicas y organizaciones de la sociedad civil reconocidas en la materia para la detección de riesgos y agresiones de las que pudieran ser víctimas;[25]

3. Conducirse conforme a los protocolos de actuación, remitirse con prontitud a la agencia especializada para su investigación y perfeccionamiento; además deberá tomarse en cuenta el desarrollo de la actividad periodística como principal línea de investigación por la cual se hubiera cometido el delito en contra de las víctimas;

4. Llevar a cabo un informe especial de manera anual sobre el contexto de riesgo en el que se encuentran las personas que desarrollan una actividad periodística en la Ciudad; y

5. Se llevarán a cabo bajo los principios de inmediatez, debida diligencia, con enfoque diferencial y especializado, de manera progresiva y tomando como eje transversal la máxima protección.

Artículo 41. En la Ciudad se garantiza el derecho a la información de todas las personas, para acceder a la información pública, buscar, tener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones.

El derecho de acceder a la información que tienen en su poder las entidades públicas es correlativo al deber de proporcionar información de interés general de conformidad con las disposiciones de la ley en la materia, bajo el principio de Gobierno Abierto.

La información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados será pública, transparente y accesible a cualquier persona de forma gratuita, así como a sus datos personales o a la rectificación de éstos, sin discriminación alguna, para lo que se deberán habilitar todos los medios y acciones disponibles en los términos y condiciones que establezca la Ley en la materia y demás normas aplicables.

La información sólo podrá reservarse temporalmente en los casos que se acredite ampliamente la afectación del interés público en los términos previamente establecidos para ello. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos.

Para el ejercicio de este derecho se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante órganos u organismos especializados imparciales.

Artículo 42. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y familiar, sus datos personales sólo podrán recopilarse mediante consentimiento expreso y con fines legítimos. El consentimiento para el manejo de los datos personales debe ser conseguido con condiciones inteligibles y fáciles de entender, y debe ser sencillo retractarse del mismo. Las personas tienen derecho a saber si su información está siendo procesada, en dónde y con qué objeto, así como obtener copias, sin cargos, de los datos personales que sobre ellas posean.

Las autoridades de la Ciudad de México cumplirán con las siguientes garantías para todas las personas:

1. Acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de estos, en los términos que disponga la ley;

2. Acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y protección de datos personales; y

3. Acceso a los mecanismos que garanticen el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las disposiciones previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 43. El derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria contempla el derecho a vivir en una sociedad libre, más justa y democrática, fundada en el constante mejoramiento de la calidad de vida de las personas y equidad, en términos económicos, sociales, ambientales y culturales; así como a participar e influir en la dirección de los asuntos públicos, al sufragio activo y pasivo, y a acceder a la función pública.

En la Ciudad se reconoce el derecho de las personas y colectivos a participar en la toma de decisiones públicas, a través de los mecanismos de democracia directa, participativa y representativa en sus aspectos territorial, sectorial, de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.

La ciudadanía tiene el derecho y el deber de participar en la solución de problemas de interés general, a través del diálogo público, el ejercicio de la libertad de expresión y reunión, así como los mecanismos de democracia directa, participativa y representativa, en los términos siguientes:

1. La democracia directa, entendida como la participación sin intermediarios por parte de los ciudadanos en la toma de decisiones, comprende la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación de mandato;

2. La democracia participativa se entiende como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública, a través de los mecanismos que las leyes determinen; y

3. La democracia representativa implica la elección de representantes por mecanismos de elección popular para que ejerzan un mandato constitucional en los poderes ejecutivo y legislativo; las candidaturas a cargos representativos podrán postularse con o sin partido político.

Las personas con derecho de voto deben ser libres de votar a favor de cualquier persona candidata y a favor o en contra de cualquier propuesta que se someta a referéndum o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción indebida de tipo alguno que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de las y los participantes. Se garantizará asistencia imparcial a las personas con discapacidad o a quienes la requieran para ejercer estos derechos.

l (sic) acceso de la ciudadanía a cargos públicos, en condiciones de igualdad, deberá realizarse bajo criterios y procedimientos razonables y objetivos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución. Deben adoptarse medidas positivas para favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos.

Las autoridades de la Ciudad de México tienen la obligación de establecer en todos los planes, programas y acciones el tipo y nivel de participación ciudadana, con base en lo que establezca la ley correspondiente.

Artículo 44. Con el fin de garantizar el principio del Parlamento Abierto que establece el apartado A.4 del artículo 29 de la Constitución Local, el Congreso establecerá en su ley orgánica, los instrumentos y procedimientos para que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre las iniciativas de ley, presente sus propuestas y las dialogue con las comisiones legislativas, así como también conozca el resultado de sus propuestas y diálogos.

Capítulo III.

De la Ciudad Educadora y del Conocimiento

Artículo 45. El derecho a la educación es un derecho fundamental de las personas para su formación y desarrollo progresivo e integral, así como para la construcción de una sociedad más justa, equitativa, incluyente y democrática, y un medio indispensable para la realización de derechos humanos. Toda la enseñanza, ya sea pública o privada, sistemática o asistemática, debe orientarse al desarrollo de una sociedad sustentable, al sentido de la dignidad de la personalidad humana, a capacitar a todas las personas para participar efectivamente en el desarrollo de una sociedad democrática y libre, y a favorecer la comprensión entre todos los grupos étnicos, y entre las naciones y los grupos raciales y religiosos.

La prestación de servicios educativos en todas sus formas y niveles debe garantizarse en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, de acuerdo con los Instrumentos del sistema de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los mecanismos de las convenciones de las que el Estado mexicano sea parte.

El derecho a la educación, al conocimiento y al aprendizaje continuo protege a las personas a lo largo de su vida, por lo que se procurará el acceso a una formación incluyente adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, libre de prejuicios, estereotipos y estigmas, por lo cual, el gobierno deberá impulsar políticas públicas y acciones afirmativas que permitan la nivelación a mediano y largo plazo, hasta el máximo de recursos disponibles como establece la Constitución Local.

El Gobierno de la Ciudad y el Congreso Local garantizarán el derecho a la educación de la población en condición de discapacidad, incluyendo la psicosocial, aptitudes sobresalientes o los que, por alguna circunstancia, enfrente problemas para el pleno desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y/o afectivas y que influyen en su aprendizaje, desde el nacimiento hasta la conclusión de su trayecto formativo en los ámbitos familiar, escolar, laboral, de salud y social.

Para garantizar el derecho a la educación será obligatorio contar con los espacios e infraestructura adecuada, el cual no podrá circunscribirse a las aulas y pudiendo ampliarse a cualquier espacio público o institución.

El Gobierno, el Congreso y las Alcaldías deberán generar políticas públicas y destinar los recursos necesarios para lograr una cobertura de educación digna, asignando hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr la progresividad de la cobertura y el derecho, el cual implica atención familiar y su integración social. La educación es un proceso colectivo, por lo que la formulación de políticas en esta materia deberá contemplar la corresponsabilidad entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, el personal docente, el estudiantado, las familias y la sociedad.

Artículo 46. El derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica consiste en la posibilidad de las personas para acceder de forma equitativa, asequible, accesible, incluyente y justa a los beneficios del progreso científico y tecnológico, y a participar de las actividades orientadas a su desarrollo para la construcción de una sociedad democrática.

El progreso científico y tecnológico es uno de los factores más importantes del desarrollo de la sociedad humana, sus logros deberán utilizarse en favor de la realización más plena posible de los derechos y las libertades de las personas y en beneficio de la sociedad, el fortalecimiento de la paz, la seguridad, el desarrollo económico, la conservación ambiental e inclusión social. Queda estrictamente prohibido utilizar los progresos científicos y tecnológicos para devastar, destruir, limitar o dificultar el goce de los derechos, de conformidad con la legislación en la materia.

Artículo 47. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad proveerán de los recursos financieros y humanos necesarios a las autoridades de cultura, al mismo tiempo impulsará las medidas de índole judicial, administrativo y legislativo, necesarias para promover, respetar, garantizar y salvaguardar los derechos humanos de acceso y protección, tanto a la cultura como a sus manifestaciones.

Artículo 48. Para garantizar el derecho de acceso irrestricto a la cultura del que goza toda persona, el Gobierno de la Ciudad con el Congreso Local, ajustarán la normatividad correspondiente con base en las siguientes características:

1. Disponibilidad;

2. Accesibilidad: física, económica e informativa;

3. Aceptabilidad;

4. Asequibilidad;

5. Adaptabilidad; y

6. Idoneidad.

Además, se otorgarán estímulos fiscales, se facilitará el uso de tecnologías de la información y comunicación y se crearán y mantendrán espacios específicos artísticos y culturales, con el fin de propiciar el ejercicio de este derecho.

Artículo 49. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en materia de cultura deben ser garantes de la protección y preservación de la diversidad cultural, ya que su defensa es un imperativo ético, inseparable de la persona humana. Dicha defensa supone el respeto a los derechos humanos, en particular de las personas que pertenecen a minorías y pueblos y barrios originarios, así como comunidades indígenas.

Artículo 50. Es responsabilidad de las autoridades del Gobierno de la Ciudad el procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer.

Para asegurar el acceso a la diversidad cultural, se deberán impulsar acciones tales como la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas y al saber científico, además de la posibilidad de que todas las culturas estén presentes en los medios de expresión y difusión.

Artículo 51. Los museos contribuyen a la preservación, el estudio y la transmisión del patrimonio cultural y natural, material e inmaterial, siendo de gran importancia para el diálogo intercultural entre los pueblos, la cohesión social y el desarrollo sostenible. Del mismo modo, contribuyen a la promoción de los derechos humanos.

Por ello, las autoridades de cultura de la Ciudad deberán fomentar su promoción y acceso mediante el cumplimiento de los siguientes lineamientos:

1. Adoptar las disposiciones adecuadas para que los museos y colecciones de los territorios bajo la jurisdicción o control de las autoridades del Gobierno de la Ciudad se beneficien de las medidas de protección y promoción previstas en los instrumentos internacionales existentes;

2. Destinar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para que los museos puedan funcionar adecuadamente y atraigan a mayor cantidad de públicos.

3. Estimular que los museos se apeguen a los criterios de calidad que las comunidades museísticas nacionales e internacionales definan;

4. Impulsar iniciativas de colaboración y participación entre los museos, la sociedad civil y el público; y

5. Brindar apoyo a la adopción de políticas inclusivas para aumentar el número de visitantes.

Artículo 52. Con el fin de asegurar la preservación del patrimonio documental y su accesibilidad a largo plazo, las autoridades de cultura de la Ciudad deberán adoptar las siguientes medidas:

1. Promover las investigaciones y la formación de los profesionales del patrimonio documental, ofreciendo facilidades para ello;

2. Animar a que las instituciones encargadas de la preservación y acceso a los documentos ofrezcan catálogos e instrumentos de búsqueda precisos y actualizados;

3. Apoyar y alentar el desarrollo de actividades de divulgación, como exposiciones, programas de radio y televisión, retransmisiones por internet, conferencias y programas educativos; y

4. Definir de manera clara las restricciones al acceso del patrimonio documental, necesarias para garantizar la intimidad, la seguridad humana, la confidencialidad u otros motivos válidos.

Artículo 53. Corresponde a las autoridades de cultura de la Ciudad identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, así como promover su difusión. Con objeto de garantizarlo, deberán:

1. Integrar la protección del patrimonio cultural y natural a los programas de planificación general;

2. Instituir servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, provistos de un personal capacitado que cuente con los recursos suficientes para realizar las tareas que le competan;

3. Desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica para perfeccionar los mecanismos que permitan combatir las amenazas al patrimonio cultural y natural;

4. Adoptar las medidas jurídicas, administrativas y financieras adecuadas para proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y

5. Facilitar la creación o el desenvolvimiento de centros locales en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural.

Artículo 54. El derecho al deporte consiste en que toda persona tenga la posibilidad de practicar actividades físicas y recreativas que beneficien su calidad de vida y el pleno desarrollo de su personalidad. Este derecho tiene como objeto promover la salud y el desarrollo integral de las personas, así como fortalecer la interacción e integración de la sociedad para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas e intelectuales que contribuyan a fomentar la convivencia y solidaridad como valor social.

El Gobierno de la Ciudad garantizará la existencia y mantenimiento de espacios públicos deportivos, los que deberán ser seguros, suficientes, de calidad, próximos, accesibles, en óptimas condiciones de uso y mantenimiento, y que posibiliten que el mayor número de personas puedan usar dichos servicios sin exclusiones.

Capítulo IV.

De la Ciudad Solidaria

Artículo 55. El derecho a la vida digna consiste en que toda persona tenga garantizado un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como a la mejora continua de sus condiciones de existencia.

El derecho a un mínimo vital tiene por objeto garantizar las condiciones materiales de una subsistencia acorde con la dignidad humana y llevar una vida libre del temor, mediante la satisfacción de niveles mínimos esenciales de los derechos a la alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura y a un medio ambiente sano y sustentable. La Ley de Desarrollo Social establecerá las modalidades que este derecho tendrá en los planes, programas y políticas.

Esta garantía contempla acciones positivas y negativas por parte de los poderes públicos y un trato diferenciado para que todas las personas puedan acceder efectivamente a un nivel de vida adecuado. El Congreso incluirá, como parte del Presupuesto de Egresos anual, los recursos económicos necesarios para cumplir con este derecho de forma progresiva. El Gobierno diseñará e implementará los programas destinados a hacer efectivo este derecho.

Artículo 56. El derecho al cuidado incluye el derecho de todas las personas a cuidarse, a cuidar y a ser cuidadas; consiste en que todas las personas tengan asegurado un conjunto de actividades básicas encaminadas a garantizar la realización cotidiana de las condiciones de vida que les permiten alimentarse, educarse, estar sanas y vivir adecuadamente, lo que comprende tanto el cuidado material, que implica un trabajo con valor económico, como el cuidado psicológico, que conlleva un vínculo afectivo. La Ley de Desarrollo Social establecerá las modalidades que este derecho tendrá en los planes, programas y políticas.[26]

Las labores de cuidado tienen un valor esencial para la sociedad, por lo que el Sistema Local del Cuidado estará basado en la corresponsabilidad entre los diversos géneros y generaciones, las familias, la comunidad, el sector privado y las autoridades de la Ciudad, procurando la conciliación de la vida laboral, escolar y familiar, de conformidad con las Leyes aplicables, así como la promoción, cuando sea posible, de la autonomía de las personas que requieren cuidados.

Las autoridades de la Ciudad en la medida de sus capacidades y de acuerdo a las leyes aplicables, contemplarán apoyo para las personas que realizan trabajos de cuidado no remunerado.

Se otorgará atención prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, etapa del ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

El Gobierno, en el marco del Sistema de Cuidados, en coordinación con familias, sector social y empresarial, establecerá programas, servicios y políticas públicas en materia de cuidados, sin discriminación, respetando los derechos humanos y las libertades, así como la dignidad e integridad de las personas.

Artículo 57. El derecho a la alimentación adecuada implica que toda persona tenga acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación de calidad, suficiente y equilibrada, o a los medios para obtenerla, de acuerdo con los instrumentos del Sistema de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los mecanismos de las convenciones de las que el Estado mexicano es parte.

Se procurará la recuperación del alimento apto para consumo, pero no comercializable a fin de canalizarlo a los grupos en situación de vulnerabilidad y atención prioritaria; comunidades, comedores comunitarios, organizaciones o instituciones que lo requieran.

Artículo 58. La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de otros. Abarca una amplia gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, tanto la atención oportuna y apropiada en esta materia como los principales factores determinantes de la salud, que comprenden el acceso al agua limpia potable, a condiciones sanitarias adecuadas, el derecho a una alimentación y vivienda adecuadas, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente; el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la sexual y reproductiva.

Se reconoce a la salud como un bien público. Las personas tienen derecho a un diagnóstico integral desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida con el fin de identificar alteraciones a la salud o brindar un diagnóstico certero y oportuno sobre alguna condición de posibles deficiencias o discapacidad. Los servicios médicos-sanitarios del gobierno de la Ciudad son universales, gratuitos, dignos, profesionales, expeditos, equitativos, en todos los niveles y especialidades, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas.

El derecho a la salud en todas sus formas y niveles contempla los contenidos esenciales de acuerdo con los instrumentos del Sistema de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los mecanismos de las convenciones de las que el Estado mexicano es parte.

La presente Ley garantizará la protección y promoción del derecho lingüístico y de la identidad cultural en el caso específico de la comunidad de personas sordas y su lengua, la Lengua de Señas Mexicana. Impulsar la formación y capacitación continua de intérpretes y traductores de Lengua de Señas Mexicana, por especialidades, y en el que se contemple la figura de intérpretes sordos.[27]

En el caso de las personas con discapacidad, contar con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes Lenguaje de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en sistema braille.

Artículo 59. El derecho a una vivienda adecuada se entenderá de acuerdo con los contenidos esenciales definidos en los instrumentos del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los mecanismos de las convenciones de las que el Estado mexicano sea parte y del artículo 9, apartado E de la Constitución Local. Los programas y las acciones para garantizar el derecho a la vivienda se apegarán al artículo 16.E.

Se reconocerá y fomentará la propiedad cooperativa, la vivienda en arrendamiento y otras formas de tenencia, y; su regulación en consonancia con los derechos humanos. Se impulsarán políticas destinadas a aumentar la oferta de vivienda para personas de bajos ingresos y el alquiler social. El derecho de propiedad de una vivienda se ejercerá de acuerdo con las leyes en la materia. Para el caso de las personas en abandono social, primordialmente niñas, niños y personas jóvenes, con discapacidad y mayores, el Gobierno contará con albergues dignos que cubran las necesidades inmediatas de alojamiento sin discriminación.

Artículo 60. Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.

Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en todo momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento.

Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda.[28]

Artículo 61. El derecho humano al agua es a disponer de agua suficiente, de calidad, aceptable, permanente, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, sin discriminación y con transparencia en su distribución y privilegiando su uso para el consumo humano. El abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, reducir el riesgo de las enfermedades y satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica. Es indispensable para vivir dignamente.

Las obligaciones del Gobierno, el Congreso y las Alcaldías se dividen en tres categorías: las de respetar, de proteger y de realizar:

1. La obligación de respetar exige a las autoridades de la Ciudad que se abstengan de obstaculizar directa o indirectamente el goce del derecho al agua;

2. La obligación de proteger exige a las autoridades de la Ciudad que impidan a terceras personas toda injerencia en el disfrute del derecho al agua; y

3. La obligación de realizar exige a las autoridades de la Ciudad que adopten medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y de otra índole adecuada, para hacer plenamente efectivo el derecho al agua.

Para garantizar el derecho humano al agua, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, deberán incorporar políticas y acciones estratégicas para que no se vea interrumpido el ciclo natural del agua, con perspectiva de sustentabilidad hídrica, es decir, que las generaciones presentes y futuras tengan garantizado este derecho. Estas políticas estarán vinculadas con el derecho a un medio ambiente sano, con el fin de que los servicios ambientales que proporcionan las áreas protegidas no se vean afectados.

La Ley de la materia establecerá a los particulares la manera de ejercer esta garantía y sus obligaciones que deberá, ser solidarias, objetivas y razonables.[29]

Los particulares son corresponsables en la garantía del derecho al agua; la ley relativa preverá las cargas solidarias objetivas, razonables y que no resulten ruinosas en esta materia.

El Gobierno, por conducto del Sistema de Aguas, realizará las acciones necesarias para garantizar de manera progresiva el saneamiento adecuado, la potabilización y el abasto de agua potable a todas las personas, de manera constante, equitativa, asequible, accesible, suficiente, de calidad y privilegiando el derecho al consumo de las personas.

Capítulo V.

De la Ciudad productiva

Artículo 62. En la Ciudad toda persona tiene el derecho humano al desarrollo sustentable y a la igualdad de oportunidades para la consecución de una sociedad solidaria, más justa y equitativa. El desarrollo sustentable constituye el eje central de las políticas públicas y acciones del Gobierno, las que siempre estarán orientadas a garantizar el uso y disfrute equitativo de los bienes y servicios públicos para la ciudadanía y para las futuras generaciones.

El Gobierno y el Congreso, en el marco del Sistema de Planeación en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán las políticas públicas, programas y acciones necesarias para fomentar, promover y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones concernientes al desarrollo económico, justo y equitativo, social y solidario, cultural, político, sustentable e incluyente en la Ciudad, encaminado al mejoramiento constante del bienestar humano.

Artículo 63. En la Ciudad toda persona tiene derecho al trabajo digno remunerado sea asalariado o no asalariado de su libre elección, en condiciones justas, equitativas y satisfactorias; así como a la protección contra el desempleo.

El Gobierno, por conducto de las autoridades correspondientes, implementará el seguro de desempleo; promoverá la generación de nuevas fuentes de empleo bien remuneradas; consolidará las existentes bajo una perspectiva de inclusión laboral y empleo digno; pondrá en operación programas y acciones de capacitación que fortalezcan y eleven las capacidades, la calidad y la productividad de la fuerza de trabajo; y propiciará el tránsito de la informalidad hacia la formalidad en los casos en que sea procedente.

Son principios para garantizar el derecho al trabajo:

1. Disponibilidad: contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a las personas para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él;

2. Accesibilidad: los mercados de trabajo deben estar al alcance de toda persona; y

3. Aceptabilidad y calidad: las personas trabajadoras deben acceder a condiciones justas y favorables en el empleo, en particular a condiciones laborales seguras, respetar su derecho a constituir sindicatos, así como a elegir y aceptar libremente el empleo.

Artículo 64. Las personas trabajadoras que presten sus servicios ante alguna autoridad local tienen derecho al trabajo digno y al goce de los beneficios en condiciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres, que aseguren la integridad física y mental, así como a un nivel económico decoroso para ellas y ellos, y su familia, en un marco de libertad y dignidad, no discriminación y libre de violencia.

Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el trabajo digno, mismo que deberá promoverse y protegerse sin distinciones entre las personas trabajadoras del servicio público por motivo de género, edad, etnia, preferencias políticas, religiosas o culturales, condición socioeconómica, cultural, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales o cualquier categoría que pueda considerarse discriminatoria.

Artículo 65. El Gobierno impulsará, la inversión social productiva, la economía social solidaria, el fomento económico, el desarrollo productivo y del empleo, buscando en todo momento el desarrollo social inclusivo, la mejora de las condiciones de vida de la población, el bienestar económico y social de las personas, la redistribución del ingreso y la erradicación de las brechas de desigualdad.

La estrategia de inversión social productiva planteará que las provisiones de bienestar deben ser productivas, capacitadoras y orientadas a los servicios. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsarán en conjunto con el sector privado y las y los trabajadores, el tránsito hacia una economía del conocimiento, hacia la producción de bienes y servicios con mayor valor agregado a escala global, a los encadenamientos productivos de las empresas pequeñas y medianas con las empresas competitivas en el exterior; a la transferencia de capacidades tecnológicas, organizacionales y laborales, y a la creación de incubadoras de negocios.

Artículo 66. En la Ciudad se garantiza el pleno respeto a la propiedad social, colectiva y privada; así como el goce de los derechos humanos de las personas campesinas y pequeñas propietarias.

El Gobierno garantizará este derecho mediante el desarrollo de estrategias y mecanismos que impulsen la producción, comercialización y distribución de los productos agropecuarios y tradicionales; las figuras asociativas para la producción rural con respeto al medio ambiente y desarrollo sustentable, y bajo una perspectiva de seguridad alimentaria; y las demás que se establezcan en las leyes de la materia. De igual modo, garantizará el bienestar y desarrollo de las personas campesinas y pequeños propietarios.

Capítulo VI.

De la Ciudad incluyente

Artículo 67. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias y bajo orientación del Programa de Derechos Humanos eliminarán progresivamente las barreras y obstáculos que mantienen las desigualdades estructurales e impiden el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de los grupos de atención prioritaria, para lo cual adoptarán las medidas necesarias que promuevan y garanticen su inclusión efectiva en la sociedad a través de las siguientes medidas, entre otras:[30]

1. La transversalización de la igualdad sustantiva;

2. El diseño, implementación y evaluación de políticas y programas en materia de empleo, educación, salud, desarrollo social, vivienda, movilidad, entre otros, con enfoque de derechos humanos y de género, que atiendan las necesidades específicas de los grupos de atención prioritaria;

3. La promoción de la participación paritaria;

4. La no criminalización, represión, reclusión o acoso motivado por cualquiera de las condiciones de la diversidad humana y social;

5. La planeación, desarrollo y ejecución de obras en la Ciudad accesibles, aceptables, adaptables y de calidad, con un enfoque de diseño universal;

6. Campañas permanentes para combatir la discriminación, la exclusión y la violencia en todas sus formas;

7. La adopción de medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, atendiendo las causas multifactoriales de la discriminación; y

8. El desarrollo e implementación de estrategias para su visibilización y promoción de sus derechos.

Artículo 68. Las autoridades desarrollarán, implementarán, difundirán y operarán estrategias, políticas públicas y programas que coadyuven a la visibilización, empoderamiento e inclusión de los grupos de atención prioritaria. Estas medidas deberán contar, como mínimo, con los siguientes elementos:

1. Ser equitativas;

2. Favorecer la inclusión; y

3. Ser transversales en toda la política pública.

Artículo 69. En la Ciudad las mujeres gozan de todos los derechos humanos.

La igualdad de género entre mujeres y hombres implica la modificación de las circunstancias que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública, para lo cual se deberá:

1. Garantizar que las mujeres no sean discriminadas directa ni indirectamente, ni en el ámbito público y ni en el privado;

2. Garantizar las características de interseccionalidad en el reconocimiento de sus derechos.

3. Garantizar su derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos de la vida pública y privada;

4. Mejorar la situación de facto de las mujeres, adoptando políticas y programas concretos y eficaces;

5. Garantizar la modificación y eliminación de estereotipos de género que permean en las acciones individuales, las leyes y estructuras e instituciones jurídicas y sociales; y

6. Respetar el derecho a la autodeterminación en especial en materia de derechos sexuales y reproductivos.

La legislación en la materia establecerá las acciones afirmativas y mecanismos institucionales orientados a eliminar las desigualdades de género y a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, a fin de establecer los criterios que orienten a las autoridades de la Ciudad para lograr la igualdad sustantiva, reducción de brechas de desigualdad estructural y la paridad de género.

Artículo 70. El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad será el encargado de coordinar la elaboración de mecanismos que garanticen la participación de las niñas, niños y adolescentes en los procesos que les atañen, así como la elaboración de políticas públicas en la materia para asegurar el ejercicio efectivo e irrestricto de sus derechos.

De igual manera, este sistema llevará a cabo las acciones necesarias y suficientes para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia de las personas en la Ciudad.

La actuación de las personas servidoras públicas que integren dicho Sistema, deberán regirse conforme a los estándares internacionales en la materia, procurando siempre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 71. En la Ciudad, las políticas públicas, proyectos y acciones dirigidas a las personas jóvenes deberán llevarse a cabo desde una perspectiva de juventud, de género y no discriminación. Asimismo, deberá observarse lo establecido en el Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los derechos humanos de las personas jóvenes, y el Plan Estratégico para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los derechos humanos de las personas jóvenes.

De manera particular, se deberá asegurar la inclusión y participación política, la capacitación para el empleo y el acceso a éste, el abatimiento de la deserción escolar y las salidas transversales, el acceso a servicios e información en materia de salud, salud sexual y reproductiva, el fomento de las actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas, entre otras, que se establezcan en la normatividad de la materia.

Artículo 72. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad implementarán las políticas, mecanismos y programas que permitan garantizar el ejercicio de derechos de las personas jóvenes, así como su participación en la vida pública, en la planeación y en el desarrollo de la Ciudad.

Artículo 73. Para garantizar el debido respeto a la identidad individual y colectiva de las personas jóvenes, se adoptarán las medidas necesarias que permitan el libre desarrollo y formación de su personalidad, evitando en todo momento situaciones que les discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad.

Artículo 74. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberán crear y facilitar las condiciones educativas, económicas y sociales para que las personas jóvenes puedan ejercer su autonomía, independencia y, en su caso, su derecho a la emancipación; procurando su continuo desarrollo personal, educativo, formativo y laboral.

Artículo 75. Las personas jóvenes tienen derecho a la participación política, económica, social, ambiental y cultural de la Ciudad. Para ello, las autoridades del Gobierno de la Ciudad deberán promover políticas y mecanismos que incentiven a jóvenes de todos los sectores de la sociedad a involucrarse de manera activa en temas de interés social, a fomentar su participación en foros de análisis y discusión, y en general, en todas aquellas actividades que hagan efectiva su participación y alienten su inclusión en la sociedad.

Artículo 76. Para garantizar el derecho de las personas jóvenes a la educación, las autoridades del Gobierno de la Ciudad impartirán instrucción en todos los niveles y modalidades con un carácter integral, continuo, pertinente y de calidad. Este derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo de su preferencia y la participación activa en el mismo.

Artículo 77. Para que las personas jóvenes puedan ejercer su derecho a un trabajo digno, se deberán adoptar las políticas, mecanismos y programas que permitan crear opciones de empleo en igualdad de oportunidades, evitando en todo momento la explotación económica y el trabajo que ponga en peligro la salud, la educación y su desarrollo físico y psicológico. Asimismo, se les reconocerá la igualdad de derechos laborales que al resto de las personas trabajadoras.

Artículo 78. Para que las personas jóvenes puedan tener acceso a una vivienda digna y de calidad, se deberán impulsar planes accesibles de financiamiento, así como medidas que permitan asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de una vivienda.

Artículo 79. En la Ciudad, las personas mayores, en los términos de la legislación aplicable gozan del derecho a la dignidad, autonomía e integración a la familia y la sociedad, para lo cual:

1. Tendrán derecho al reconocimiento de su identidad jurídica, por lo que será responsabilidad de las autoridades garantizar este derecho a través del otorgamiento gratuito de los documentos con los que se acredite la misma, así como de otorgar las facilidades para su obtención;

2. Queda prohibido todo tipo de discriminación por razones de edad. Las autoridades deberán tomar las medidas necesarias para sancionar aquellas conductas o acciones que propicien o exacerben los estigmas o inciten a la discriminación contra las personas mayores; asimismo, deberán incorporar la perspectiva de género y el enfoque de curso de vida y multicultural en todas las políticas públicas y programas dirigidos a hacer efectivos los derechos humanos de las personas mayores;

3. Las autoridades deberán tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de las personas mayores, atendiendo a sus específicas necesidades y circunstancias, priorizando programas de prevención que erradiquen las causas culturales de la discriminación y mecanismos especializados para atender de manera incluyente los múltiples factores de discriminación que viven;

4. Gozarán de la mayor protección contra toda forma de violencia, maltrato, abandono y discriminación. Las autoridades deberán interpretar las normas de acuerdo al principio pro persona y realizar las medidas afirmativas que correspondan con un enfoque de atención diferencial, atendiendo a las causas de la discriminación multifactorial que afectan a las personas mayores;

5. Se garantizará y vigilará la calidad, accesibilidad, adaptabilidad, suficiencia y aceptabilidad de los servicios e instalaciones que presten las instituciones públicas, sociales y privadas a las personas mayores. En el caso de los servicios públicos de salud, movilidad, educación, recreación y cultura deberá garantizarse su atención preferente, prioritaria y especializada y la disponibilidad de recursos para proporcionarlos en gratuidad;

6. Las autoridades deberán promover el impulso de programas de educación incluyente e intergeneracional y con perspectiva de género, para lograr la transformación de paradigmas excluyentes que propician la discriminación, violencia, privación ilegal de su libertad, maltrato, abandono, aislamiento y abuso de las personas mayores;

7. Se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar en todo momento el respeto a su dignidad humana, libertad, autonomía, participación y toma de decisiones de manera libre e informada en todo lo que a ellas les concierna;

8. Las personas mayores deberán contar con los mecanismos y procedimientos adecuados para ejercer su derecho a la vida activa, comunitaria, plena y productiva; para su eficaz cumplimiento, deberá asegurarse que las instalaciones y los servicios comunitarios estén a su disposición y sean accesibles;

9. Las autoridades generarán la normatividad y programas pertinentes para garantizar el derecho de las personas mayores a un trabajo decente, con ingresos adecuados y protección social, con igualdad de oportunidades y de trato digno en el ámbito laboral;

10. Las familias, la sociedad y las autoridades en su conjunto, concurrirán para la protección, atención e inclusión de las personas mayores promoviendo su autodeterminación, integración a la vida activa, afectiva, social, comunitaria, cultural, política y económica, garantizando su bienestar;

11. Tendrán derecho a participar ampliamente en la planeación, elaboración, implementación y evaluación de la legislación y políticas públicas de la Ciudad;

12. Tendrán derecho a expresar su opinión libremente para el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, así como a participar en decisiones dentro de su ámbito familiar y comunitario. De igual forma, deberán generarse los mecanismos necesarios y sistemas de apoyo para el reconocimiento y respeto de su personalidad jurídica en todo procedimiento administrativo o judicial, que afecte sus esferas públicas y privadas;

13. Las autoridades garantizarán a las personas mayores que no cuenten con recursos propios, programas sociales y servicios públicos en materia de alojamiento, salud, seguridad social integral y alimentación, en particular en el caso de las personas mayores que viven y sobreviven en la calle;

14. Las autoridades promoverán un entorno urbano diseñado de manera accesible y universal que permita el libre acceso y desplazamiento para las personas de todas las edades;

15. Las personas mayores tendrán derecho a contar con un lugar para vivir, en un entorno sano, seguro, digno y accesible; características indispensables para la prevención de accidentes y seguridad de las personas mayores. Las autoridades vigilarán los servicios e instalaciones que prestan los albergues y casas de estancia;

16. Las autoridades garantizarán el desarrollo integral y el acceso a una vida digna a las personas mayores que viven y transitan en la Ciudad, a fin de implementar medidas específicas con pertinencia cultural y enfoque diferenciado que les permitan el ejercicio y goce de todos sus derechos;

17. Las personas mayores contarán con asesoría jurídica gratuita y defensa adecuada e integral en todos los casos en que sufran violencia, así como para la protección de su patrimonio personal y familiar. En caso de ser víctimas de un delito deberán ser atendidas prioritariamente a efecto de acortar su tiempo de espera y que se les procure justicia de manera pronta y gratuita; y

18. Las personas mayores tendrán derecho a la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos, para ello se deberá instaurar un sistema integral para su atención y defensa de cualquier tipo de violencia, con el objeto promover, proteger sus derechos humanos y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los entes públicos.

Artículo 80. En la Ciudad las personas con discapacidad cuentan con un apoyo de acuerdo a la legislación aplicable y autoridades competentes, a cargo del Gobierno.

Las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones, reconociéndose las diferencias y requerimientos específicos para asegurar la igualdad de oportunidades. Son principios rectores en materia de derechos de las personas con discapacidad, los que siguen:[31]

1. El respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;

2. La no discriminación;

3. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana;

5. La igualdad de oportunidades;

6. La accesibilidad;

7. Difundir información en formatos accesibles, incluidos el braille, la lengua de señas, la lectura fácil y los formatos electrónicos, de las vías y procedimientos para la interposición de quejas, incluyendo dicha información en lenguas indígenas;

8. Instaurar mecanismos de monitoreo, mecanismos de queja y sanciones efectivas por incumplimiento de las leyes sobre accesibilidad.

9. La igualdad entre el hombre y la mujer;

10. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Se garantizará que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.

11. La revisión y armonización de la legislación aplicable, en particular la del Código Civil, para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus hijos; así como para eliminar expresiones peyorativas para referirse a las personas con discapacidad. A dicha revisión, se invitarán a participar a organismos de derechos humanos, así como a organizaciones de personas con discapacidad.

La ley en la materia establecerá las medidas y acciones que contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las personas con discapacidad, garantizando en todo momento su participación activa.

Artículo 81. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad en los ámbitos de sus respectivas competencias, pondrán en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales de las demarcaciones territoriales de la Ciudad, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación.

Artículo 82. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad adoptarán medidas para asegurar que los planes de accesibilidad incluyan los edificios existentes y no solamente las nuevas edificaciones.

Artículo 83. Las autoridades de Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consideración de los niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales, bajo el principio de igualdad de condiciones con los demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, prestando particular atención a quienes viven en zonas rurales y en comunidades indígenas.

Asimismo, implementarán un sistema de salvaguardias y apoyos, con objeto de proteger el derecho de los niñas, niños y adolescentes con discapacidad a ser consultados en todas las cuestiones que les afecten, garantizando una asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad.

Artículo 84. En la Ciudad se reconocen y protegen los derechos a una vida libre de estigma, violencia y discriminación de las personas por razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales como parte de su derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad.

Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias observarán los siguientes principios:

1. Establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión, estigmatización o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales;

2. Desarrollarán medidas positivas de oportunidades y de trato igualitario para las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI);

3. Reconocerán y otorgarán la capacidad jurídica de las personas LGBTTTI, a la protección de su vida e integridad personal, a un trato digno y respetuoso de su condición humana libre de acoso y tortura por parte de personal médico, paramédico, policial, ministerial, administrativo, jurisdiccional. En el caso del Sistema Penitenciario, éste deberá reconocer la identidad sexual de las personas implicadas. Además, castigarán las detenciones arbitrarias motivadas por el rechazo a la orientación sexual -homofobia- y por la repulsa a la identidad de género -transfobia- y brindarán procuración e impartición de justicia libre de estereotipos, en particular en casos de agresiones y homicidios por odio que deberán ser sancionados de manera ejemplar por la violencia que representan;

4. Garantizar el derecho de todas las personas a ser inscritas en el Registro Civil al momento de su nacimiento con el sexo identificable y tendrán el derecho a modificarlo en función de la autopercepción de su identidad de género durante el desarrollo de su vida. Las autoridades deberán garantizar el registro de personas que al momento del nacimiento presentan características sexuales que impiden tener certeza en la asignación del sexo. En esos casos se deberá inscribir en una de las dos categorías vigentes a fin de asegurar el derecho de las personas a la identidad jurídica y permitir su libre desarrollo sin discriminación, en observancia de su derecho a la autonomía corporal e integridad física.[32]

5. Establecerán las medidas necesarias para brindar educación libre de acoso y discriminación;

6. Vigilarán que se le brinde prevención y atención a la salud integral, libre de estigma o patologización que permita su pleno desarrollo emocional, físico o psíquico;

7. Otorgarán capacitación, oferta, contratación, ingreso, permanencia y promoción del trabajo, el acceso al deporte, la cultura, y tendrán derecho a la libre asociación y reunión pacífica y en general a todos los derechos que otorga esta Ley;

8. Reconocerán el derecho de personas LGBTTTI a fundar y recomponer una familia, a la protección y libre desarrollo de sus integrantes, al matrimonio y al concubinato, a la reproducción humana asistida, a la adopción y a vivir libres de injerencia arbitraria en la vida familiar; y

9. Garantizarán el acceso efectivo a todos los derechos, políticas y programas que les permitan el desarrollo pleno, el bienestar y una vida digna a través de medidas y acciones que contribuyan a lograr la igualdad sustantiva para su plena integración al desarrollo económico, social, cultural y político de la Ciudad.

Artículo 85. En la Ciudad, las personas migrantes, sujetas de protección internacional y desplazadas internas y sus familiares, que residen, en tránsito o retorno, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, Constitución Local, los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Ninguna persona migrante, sujeta de protección internacional o desplazada interna será objeto de discriminación, estigma o exclusión por su condición migratoria o por causa del fenómeno migratorio de movilidad humana, incluyendo todas las formas discriminación previstas en la presente Ley.

El Gobierno, bajo orientación del Programa de Derechos Humanos, adoptará las medidas necesarias, con perspectiva de género y con especial atención a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados o no acompañados, para la protección efectiva de los derechos de este sector de la población, especialmente de su integridad personal, seguridad jurídica, y acceso a servicios públicos con enfoques de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad, corresponsabilidad y de derechos humanos, que garanticen la inclusión social y su desarrollo personal y colectivo, bajo el principio de igualdad y no discriminación.[33]

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:

1. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas, campañas y acciones orientadas a garantizar, de manera enunciativa más no limitativa, el acceso al derecho a la alimentación, a los servicios de salud, empleo, expedición de documentos de identidad, promoción de la equidad, cohesión e integración social de las personas migrantes, sujetas de protección internacional y desplazadas internas y sus familias;

2. Promover actividades de capacitación a organizaciones sin fines de lucro, instituciones de asistencia privada e instituciones académicas, que contribuyan a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres huéspedes, migrantes y sus familias;

3. Fortalecer la integración económica para detonar el bienestar de este sector de la población y promover su inclusión laboral, procurando la protección contra todas las formas de explotación y abuso, y garantizando el trabajo digno, de conformidad con el artículo 63 de la presente Ley, que contribuya a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres;

4. Crear un padrón de huéspedes de la Ciudad como instrumento de política pública, de atención y seguimiento. Este padrón tendrá como objetivo promover el ejercicio de los derechos humanos de los migrantes, así como la orientación en los procesos de regularización;

5. Fomentar la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas indígenas e idiomas distintos al español de las comunidades migrantes con mayor presencia en la Ciudad, cuyos integrantes estén en vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en el ejercicio de sus derechos humanos;

6. Implementar acciones para la educación de todas las personas, encaminadas promover la interculturalidad y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes;

7. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana para la Ciudad.

Artículo 86. En la Ciudad se reconocen y protegen los derechos de las personas, grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos individuales o colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos humanos. Los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos son: asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y los señalados en las demás leyes aplicables.

Las autoridades de la Ciudad deberán actuar, en su relación con las víctimas, conforme a los principios de asesoría jurídica adecuada, buena fe, complementariedad, confidencialidad, consentimiento informado, cultura jurídica, debida diligencia, debido proceso, desvictimización, dignidad, gratuidad, principio pro víctima, interés superior de la niñez, máxima protección, no criminalización, no victimización secundaria, participación conjunta y las demás leyes señaladas en las leyes aplicables. Asimismo, brindarán atención inmediata en materias de salud, educación y asistencia social. Además, deberán implementar medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención, inclusión y reparación integral, las cuales deben proporcionarse con enfoque transversal de género y diferencial, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 87. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus facultades, deberán diseñar, organizar, difundir e implementar medidas que garanticen los derechos de las personas en situación de calle, a efecto de garantizar el respeto y ejercicio de todos sus derechos e inhibir la violación de los referidos derechos ya sea por actos de autoridad o de particulares. Con al menos los siguientes criterios:

1. Identificar las prácticas discriminatorias y excluyentes, con el fin de erradicarlas;

2. Evitar los retiros forzados de las vías públicas;

3. Respeto a la propiedad privada de las personas pertenecientes a dicha colectividad;

4. No criminalización;

5. Enfoque de derechos humanos, género y diversidad sexual;

6. Acceso a los servicios de salud;

7. No separación injustificada de los integrantes de sus familias;

8. Investigación eficaz y en su caso sanción de las acciones u omisiones que pudieran derivar abusos durante los desalojos y operativos llevados a cabo por las personas servidoras públicas;

9. Elaborar un plan de medidas destinadas a superar su situación de calle, que considere escenarios y alternativas de trato humanitario y en su caso, de superación y reincorporación a entornos grupal o familiar si así lo desea la persona de que se trate; y

10. Difusión y promoción de sus derechos humanos.

Artículo 88.

A. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a respetar, proteger y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Las personas privadas de su libertad gozarán, entre otros, de los siguientes derechos:

1. Salud;

2. Alimentación adecuada;

3. Agua;

4. Espacio digno;

5. Educación;

6. Trabajo;

7. Acceso a la Información;

8. Contacto con el exterior;

9. Integridad personal;

10. Debido Proceso; y

11. Reinserción social.

El Gobierno deberá establecer mecanismos de coordinación con las instancias correspondientes para garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad.[34]

B. Asimismo, a fin de que las personas recobren un sentido de vida digno, una vez cumplidas las sanciones impuestas, la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y las autoridades correspondientes del sistema penitenciario correspondientes, impulsarán el diseño y ejecución de programas de atención postpenitenciaria, dirigidos a fortalecer la participación de las familias y grupos sociales de apoyo con herramientas para facilitar la reinserción social y de ser el caso, como personal de acompañamiento para inhibir y erradicar la reincidencia.[35]

Artículo 89. El Gobierno está obligado a diseñar y ejecutar políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y comunidades, con la finalidad de revertir situaciones de sufrimiento social.

Son objetivos de la asistencia social en la Ciudad: crear un entorno seguro, afectivo, comprensivo y libre de violencia; la protección física, mental y social de las personas que residen en instituciones de asistencia social; lograr la incorporación de las personas a una vida plena y productiva o su reintegración a la vida familiar; el respeto de los derechos de las personas asistidas; y las demás que se establezcan en la ley en la materia.

Las instituciones que ofrecen servicios de asistencia social lo harán sin fines de lucro, sin ningún tipo de discriminación, mediante personal calificado y responsable, garantizando el respeto pleno de sus derechos humanos, así como la dignidad e integridad personal de los sujetos de asistencia social.

Las personas residentes en las instituciones de asistencia social tienen derecho a realizar actividades externas que les permitan el contacto con la comunidad, así como disfrutar de espacios para la participación, el descanso, el esparcimiento y recibir visitas de familiares y personas cercanas.

Las autoridades competentes de la Ciudad de México vigilarán y garantizarán el cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. La Ley de Desarrollo Social establecerá las características del Sistema de Asistencia Social y su relación con el Sistema General de Bienestar Social.

Artículo 90. Las personas afrodescendientes gozan de los derechos reconocidos por la Constitución Local. El Gobierno, en el marco del Programa de Derechos Humanos, implementará políticas públicas, programas y acciones dirigidas a las personas afrodescendientes, que les garanticen una vida libre de violencia, discriminación y racismo, que incluirán de manera enunciativa, mas no limitativa, lo siguiente:

1. El derecho a la identidad y la diversidad cultural;

2. Acceso a la salud;

3. Acceso efectivo a la justicia;

4. Asesoría para la interposición de denuncias en las que las personas afrodescendientes sean víctimas de discriminación;

5. Inclusión;

6. No criminalización;

7. Visibilización y sensibilización;

8. Igualdad;

9. No discriminación, ni racismo; y

10. Protección y promoción de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico, ya sea material o inmaterial;

Artículo 91. El derecho a la auto adscripción es la acción mediante la cual una persona o colectivo se identifican como miembros de un pueblo indígena debido a la existencia de un vínculo cultural, ideológico, histórico, lingüístico, político o de otra naturaleza.

El Gobierno deberá tomar en cuenta este derecho para la implementación de planes, programas, políticas públicas y demás acciones relacionadas con los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de esta Ciudad.

Las autoridades encargadas de la impartición y administración de justicia y de la justicia cívica, deberán observar de manera obligatoria el derecho a la auto adscripción, en particular por lo que respecta al acceso a la justicia y debido proceso, con la finalidad de proporcionar la asistencia de intérpretes de lenguas indígenas.

Artículo 92. Las personas que integran las minorías religiosas en la Ciudad no podrán ser objeto de discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y violaciones a sus derechos y libertades.

El Gobierno garantizará los siguientes derechos y libertades en materia religiosa:

1. Las personas y las entidades religiosas poseen por igual el derecho a tener o adoptar la creencia religiosa que más les agrade y practicar, en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de su preferencia, independientemente del credo que profesen, sea este mayoritario o minoritario;

2. Crear instituciones y asociaciones para fines que les sean propios y aquellas otras de tipo asistencial, benéfico, informativo y educativo que deseen, así como a financiar dichas actividades;

3. No ser objeto de inquisición judicial o administrativa por la manifestación de ideas religiosas; y

4. Tomar medidas para la creación de condiciones favorables, de manera proporcional, para las minorías; a fin de que las personas pertenecientes a éstas puedan expresar sus características y desarrollar su religión, tradiciones y costumbres sin ningún tipo de preferencia, restricción, exclusión, distinción o privilegio a favor de alguna religión.

Capítulo VII.

El Derecho a La Ciudad

Artículo 93. El derecho a la Ciudad es el derecho de todas las personas, presentes y futuras, para usar, ocupar, producir y disfrutar una ciudad justa, democrática, inclusiva, sustentable, habitable y disfrutable, considerada como un bien común esencial para una vida plena.

El derecho a la ciudad encuadra e interrelaciona todos los derechos civiles políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reconocidos en los tratados, convenios y convenciones internacionales. Consiste en el usufructo equitativo de la ciudad de acuerdo con los principios de justicia social y espacial, sustentabilidad y convivencialidad, equidad e igualdad social y de género, al tiempo que confiere a sus habitantes legitimidad de acción y de organización para ejercer su derecho a la autodeterminación y a una vida digna.

El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social y ambiental de la propiedad y de la Ciudad, su gestión democrática, la inclusión social y productiva de sus habitantes, el manejo sustentable y responsable de los bienes ambientales y de los recursos económicos; la distribución equitativa y el disfrute de los bienes públicos, el fortalecimiento del tejido social y de la convivencia; el respeto a la composición pluricultural de la Ciudad y a los derechos de los pueblos indígenas.

Garantiza la preservación de los ecosistemas, las áreas de conservación y patrimonio natural, las no urbanizables, el patrimonio cultural construido, la gestión y mitigación de riesgos por causas naturales o antropogénicas, asegura la justicia territorial.

Privilegia la accesibilidad, el transporte público de calidad sobre el privado e individual, la generación de vías seguras para los peatones y para vehículos no motorizados.

Reconoce la participación ciudadana en la vida pública, la producción social de la Ciudad y del hábitat, así como la producción privada, la economía solidaria, los emprendimientos cooperativos, las expresiones culturales, tanto las tradicionales como las innovadoras.

Capítulo VIII.

De la Ciudad habitable

Artículo 94. Toda persona tiene derecho a vivir y desarrollarse en un medio ambiente sano y a contar con los servicios públicos básicos para su salud y bienestar.

El derecho a disfrutar un medio ambiente sano incluye el deber de conservarlo y la obligación por parte de las autoridades de velar por la conservación y preservación de los recursos naturales, así como de mantener el equilibrio natural y optimizar la calidad de vida de las personas, tanto en el presente como en el futuro.

Para el ejercicio de este derecho, se garantizará la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tendrán las siguientes obligaciones:

1. Fomentar la protección al ambiente y la salud;

2. Coordinar acciones que impulsen la construcción de resiliencia en materia ambiental;

3. Reparar los daños causados en caso de inducir cualquier actividad que afecte el ambiente y la disponibilidad futura de los recursos naturales;

4. Promover y aplicar acciones correctivas para restaurar el ambiente en forma coordinada, concertada, y corresponsable con la sociedad en general, así como con otras autoridades competentes; y

5. Las autoridades establecerán sanciones relevantes, conforme a la normatividad aplicable, con el objeto de disuadir e inhibir los daños ambientales o patrimoniales.

Artículo 95. Para una ciudad habitable, y buscando el respeto del derecho de las personas a un medio ambiente sano, se garantizará la protección más amplia a los animales, conforme a los siguientes principios:

1. Los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante toda su vida;

2. Quedará expresamente prohibido el uso de los animales con fines de explotación y cualquier otro que pudiera causarles daño;

3. Todo animal debe recibir atención, cuidados, protección, alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador;

4. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir y reproducirse libremente en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático;

5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano y que no sea perjudicial para la salud de éste y demás seres vivos, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie;

6. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía, tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar;

7. Se crearán establecimientos para la atención de animales en abandono, fomentando la cultura de la adopción;

8. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal se sancionará conforme a lo establecido por las leyes aplicables en la materia;

9. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales se sancionará conforme a lo establecido por las leyes aplicables en la materia;

11. (sic) Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal; y

12. Se implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos y programas, destinadas a fomentar en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la población en general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los derechos de los animales.

Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana integrarán, equiparán y operarán brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo. Además, implementarán operativos en esta materia y coadyuvarán con asociaciones civiles en la protección y canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues.

Artículo 96. Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por la Constitución Local y la legislación de la materia. El Gobierno de la Ciudad adoptará las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar los espacios públicos de la Ciudad, tales como plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás lugares de encuentro.

Artículo 97. El Gobierno, por conducto de las dependencias y entidades competentes, en conjunto con las alcaldías, estarán encargados de la creación, rescate y rehabilitación de espacios públicos, así como de la implementación de proyectos encaminados al aprovechamiento de la infraestructura existente en favor de las mayorías, la mejora de la imagen urbana, la protección de áreas verdes e implementación de políticas enfocadas al mejoramiento de espacios para el peatón.

En las zonas de mediana, alta y muy alta marginalidad de la Ciudad, se implementarán, con la participación ciudadana, programas de mejoramiento barrial comunitario, cuyo objetivo es fomentar el uso, rehabilitación y recuperación de espacios públicos ubicados en dichas zonas.

Artículo 98. Las personas tienen derecho a la movilidad, que consiste en el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones suficientes, frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con seguridad para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo.

El Gobierno por conducto de las autoridades correspondientes, diseñará e implementará políticas, programas y acciones públicas con el fin de garantizar el derecho a la movilidad, observando los principios de seguridad, accesibilidad, igualdad, calidad, con innovación tecnológica y que en general contribuyan a disminuir de manera progresiva las emisiones contaminantes en el medio ambiente.

En la Ciudad se dará prioridad a los peatones y vehículos no motorizados, y al transporte público masivo, eléctrico y de bajas emisiones contaminantes.

Artículo 99. En la Ciudad se reconoce y garantiza el derecho al tiempo libre, consistente en el uso constructivo que las personas hacen de su tiempo, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva, que tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica.

El Gobierno, a través de las autoridades competentes, garantizará la realización, difusión y acceso, preferentemente gratuito, a las más diversas actividades culturales, artísticas, educativas, lúdicas, deportivas y demás, que permitan a las personas el disfrute de este derecho.

Artículo 100. El Gobierno garantizará a todos los ciudadanos y visitantes el derecho al acceso a la cultura, uso, disfrute y protección de los derechos culturales y al patrimonio cultural y natural, material e inmaterial en condiciones de igualdad, diversidad, accesibilidad, equidad y no discriminación en las condiciones que establezca la Constitución Local, la Ley en la materia y otros instrumentos nacionales e internacionales.

Se garantizará que las personas, pueblos, barrios originarios, comunidades y colectivos tengan acceso a la cultura, participen activamente y coadyuven a la protección, investigación, promoción y difusión de los derechos culturales y del patrimonio material e inmaterial, cultural y natural y que puedan participar en aquella que sea de su elección en condiciones de igualdad, dignidad humana, no discriminación y sin censura, en los términos establecidos por la Constitución Local, las leyes en la materia y otros instrumentos nacionales e internacionales.

Será responsabilidad del Gobierno local y el Congreso, la elaboración de políticas o instrumentos que garanticen el derecho a la cultura según las características de los grupos de población.

Capítulo IX.

De la Ciudad segura

Artículo 101. En la Ciudad se garantiza a todas las personas el derecho a vivir libres de riesgos derivados de las condiciones físicas del suelo y subsuelo, de la infraestructura y el equipamiento urbano, a disminuir de forma progresiva las vulnerabilidades y a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico.

Para lograr una Ciudad habitable, segura y resiliente en términos de desastres y accidentes, las personas gozarán de los siguientes derechos:

1. Seguridad personal e integridad física frente a riesgos y desastres;

2. Vivienda segura y adecuada, en términos estructurales, de materiales y de ubicación.

3. Espacios seguros dónde desarrollar actividades individuales y colectivas;

4. Información y educación en materia de protección civil;

5. Estudios sobre las vulnerabilidades y riesgos que permitan la elaboración de políticas públicas y acciones tendientes a su disminución progresiva; y

6. A la transparencia en la información relativa a riesgos y vulnerabilidades.

Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. En el caso de construcciones, servicios e infraestructura brindada por particulares, el gobierno de la Ciudad vigilará la calidad y apego a la normatividad, y garantizará que se hagan cargo de la reparación de daños en caso de accidentes o catástrofes cuando incurran en responsabilidad, de la misma manera establecerá las sanciones pertinentes y la garantía de no repetición.

El Gobierno, a través de las dependencias y entidades responsables, deberá salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, así como mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servicios vitales y los sistemas estratégicos de la Ciudad. De igual manera, vigilará permanentemente que las construcciones de viviendas sean seguras y revisadas periódicamente para, en su caso, definir medidas de reforzamiento estructural, reubicación y demás que resulten procedentes.

Las políticas de la materia de protección civil privilegiarán las acciones de prevención, mitigación y preparación de los habitantes de la Ciudad de México, haciendo énfasis en la difusión y capacitación de la población en lo correspondiente a las medidas de prevención, así como la realización de obras de mitigación para hacer frente a los fenómenos perturbadores que generen un riesgo, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad establecidas en los instrumentos de diagnóstico.

En la Ciudad existirá un mapa de riesgos que será público, difundido de manera amplia entre todas las personas y que se actualizará periódicamente debido a los cambios permanentes en el subsuelo de la Ciudad.

Artículo 102. En la Ciudad la seguridad ciudadana está relacionada con la protección de las personas frente amenazas como el delito y todas las formas de violencia, se dirige a la tutela de derechos tales como la vida, el respeto a la integridad física, psíquica y material de la persona, y el derecho a tener una vida digna.

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:

1. Elaborar estudios, políticas púbicas, acciones y programas para atacar los factores detonantes de la delincuencia;

2. Adoptar medidas para brindar protección a las personas a través de mecanismos efectivos de vigilancia policial, inversión en infraestructura de seguridad ciudadana y de procuración e impartición de justicia;

3. Emitir e implementar políticas que privilegien el diseño e implementación de planes y programas de protección, prevención y sanción del delito;

4. Promover el diálogo entre autoridades y ciudadanía para buscar soluciones participativas, integrales y multidimensionales a los problemas de seguridad; y

5. Promover e implementar programas y acciones destinadas a la convivencia pacífica y a aumentar las capacidades y habilidades para la conciliación y solución pacífica de conflictos, así como a la prevención social de las violencias.

Capítulo X.

De la reparación integral

Artículo 103. Para la protección de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos en cualquier materia, las autoridades de la Ciudad de México deberán actuar conforme a los principios de asesoría jurídica adecuada, buena fe, complementariedad, confidencialidad, consentimiento informado, cultura jurídica, debida diligencia, debido proceso, desvictimización, dignidad, gratuidad, principio pro víctima, interés superior de la niñez, máxima protección, no criminalización, no victimización secundaria y participación conjunta; además de los señalados en las demás leyes. Asimismo, brindarán atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social.

El Gobierno implementará medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así́ como reparación integral, las cuales serán proporcionadas con enfoque transversal de género y diferencial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las demás en la materia.

La Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México será la encargada de desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias, instituciones públicas y privadas, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta ley en la materia y demás normas aplicables.

Artículo 104. El Gobierno garantizará a las personas víctimas de algún tipo de violencia, lo siguiente:

1. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima o de las víctimas indirectas;

2. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

3. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita.

4. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;

5. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia; y

6. Recibir información sobre el progreso de los trámites judiciales y administrativos que hayan iniciado con motivo de salvaguardar sus derechos.

Artículo 105. La reparación integral contemplará medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley. Cada una de estas medidas será́ implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así́ como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Los concesionarios de servicios públicos y las empresas que provean bienes y servicios a las autoridades de la Ciudad están obligados a reparar el daño por violaciones a los derechos, que resulten del desempeño de sus actividades, sin perjuicio de las demás responsabilidades previstas por la ley.

Las autoridades de la Ciudad tendrán responsabilidad solidaria y subsidiaria en la reparación integral correspondiente a las víctimas de violaciones a los derechos, cometidas por las personas servidoras públicas locales, en los supuestos que señale la ley.

Cada ente público será responsable en el cumplimiento de la reparación integral. El Congreso local establecerá partidas presupuestales anuales que hagan efectiva esta garantía, a través de un fondo administrado por los entes públicos responsables.

Artículo 106. Las autoridades de la Ciudad que se encuentren obligadas a reparar el daño de manera integral deberán observar lo establecido en las leyes generales y locales sobre víctimas.

Para llevar a cabo una reparación integral de daño efectiva se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

1. La doble dimensión de la reparación: como una obligación por parte del Estado y como derecho fundamental de las víctimas;

2. Las víctimas directas e indirectas;

3. Cuantificación del daño: inmaterial, daño moral y psicológico, físico, daño al proyecto de vida, daños colectivos y sociales, daño material, daño emergente, lucro cesante o pérdida de ingresos, daño al patrimonio familiar, entre otras; y

4. Aplicación de medidas de reparación integral que contemplen la restitución, rehabilitación, satisfacción de garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos, determinar responsables, sancionar y la indemnización compensatoria.

TÍTULO QUINTO

OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS

Capítulo I.

De las obligaciones de las autoridades locales

Artículo 107. Todas las autoridades locales coadyuvarán al cumplimiento de los objetivos de esta ley, de conformidad con las competencias previstas en la Constitución Local, el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.

Artículo 108. Los poderes públicos de la Ciudad de México, las Alcaldías, los organismos autónomos y organismos descentralizados en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, tienen las siguientes obligaciones en materia de derechos:

1. Promover los derechos humanos mediante la formación, educación e información, a fin de favorecer su ejercicio;

2. Respetar los derechos humanos, por lo que se abstendrán de realizar acciones que puedan menoscabar, interferir u obstaculizar su disfrute y ejercicio;

3. Proteger los derechos humanos frente a injerencias de actores no estatales, a fin de prevenir y sancionar abusos cometidos contra las personas;

4. Garantizar los derechos humanos mediante la adopción de acciones afirmativas orientadas a favorecer su cumplimiento efectivo, ya sea mediante la generación de condiciones propicias para su ejercicio o por medio de la prestación directa de un servicio por parte del gobierno;

6. (sic) Garantizar los derechos de las personas sin discriminación y adoptar medidas apropiadas para su cumplimiento;

7. Transversalizar el enfoque de derechos en el desempeño de sus funciones y coordinarse con los diversos sistemas en las materias de su competencia;

8. Aplicar las perspectivas transversales y adoptar medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa en el ejercicio de sus funciones;

9. Identificar prácticas discriminatorias relacionadas con las materias de su competencia en el funcionamiento de su instancia y la prestación de servicios públicos, a fin de adoptar medidas concretas para modificarlas;

10. Adoptar medidas en contra de la discriminación, exclusión y violencia en todas sus formas, incluyendo campañas y programas de capacitación, tanto al interior de su instancia, como entre las entidades no estatales y la población en general;

11. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos;

12. Capacitar a su personal en materia de derechos y en los contenidos de la Constitución Política de la Ciudad de México y de la presente Ley;

13. Revisar que la normatividad relativa a su funcionamiento sea adecuada para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos;

14. Garantizar los estándares básicos de realización de los derechos humanos que de manera progresiva se irán definiendo por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, de acuerdo al máximo de recursos disponibles;

15. Prever partidas presupuestales para garantizar el cumplimiento de los derechos y la reparación integral por violación a los mismos;

16. Celebrar acuerdos institucionales e interinstitucionales para favorecer el cumplimiento de los derechos humanos y abstenerse de celebrar convenios o contratos con instituciones gubernamentales o privadas que puedan ocasionar retrocesos o violaciones a los derechos;

18. (sic) Implementar mecanismos que posibiliten la participación ciudadana en las materias de su competencia;

20. (sic) Garantizar el derecho a la ciudad de conformidad con lo previsto en la Constitución, las leyes, los planes y programas;

21. Elaborar materiales de difusión que permitan a las personas conocer los derechos que pueden ejercerse a través de dicha instancia y los procedimientos para exigir su cumplimiento;

22. Adoptar medidas para investigar, sancionar y erradicar las prácticas que atenten contra la integridad de las personas;

23. Garantizar el derecho a la buena administración, el gobierno abierto y el parlamento abierto, en los términos previstos por la Constitución Local y las leyes en la materia;

24. Establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante instancias especializadas imparciales;

25. Proporcionar en forma oportuna y veraz la información y datos solicitados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, observando las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

26. Promover la enseñanza de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en los términos previstos por la Constitución, esta ley y las demás disposiciones aplicables;

27. Respetar el derecho a la autoadscripción, a fin de adoptar las medidas de nivelación, inclusión o acción afirmativa pertinentes para garantizar los derechos de las personas involucradas;

28. Adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales tendientes a garantizar el acceso de las personas a una vida digna, en los términos previstos por la Constitución y las leyes en la materia;

29. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad de género;

30. Promover una cultura de paz y establecer mecanismos para la solución no violenta de conflictos y el respeto a la diversidad en la normatividad interna de todos los órganos de gobierno;

31. Adoptar medidas tendientes a conciliar la vida laboral, escolar y familiar, a fin de compatibilizarlas con las responsabilidades de cuidado, dirigidas a todo el personal que labora en las dependencias de la Ciudad e impulsar su adopción en el sector privado, las cuales podrán incluir esquemas de horarios flexibles, opción de combinar la jornada de trabajo en las oficinas y en el hogar, opción de compactar la jornada laboral en un horario corrido o esquema de trabajo a distancia, de conformidad con la normatividad aplicable;

32. Adoptar medidas para proteger el medio ambiente e impulsar la sustentabilidad;

33. Garantizar la protección de los animales en su carácter de seres sintientes y de las especies endémicas, originarias y representativas de la Ciudad, de conformidad con lo previsto en la Constitución Local y las leyes;

34. Adoptar las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a vulnerabilidades, riesgos y amenazas derivados de fenómenos naturales;

35. Garantizar el acceso, con el mínimo de formalidades, en la interposición de acciones administrativas y jurisdiccionales para la defensa de los derechos, en los términos establecidos en la Constitución Local;

36. Establecer procedimientos para facilitar el acceso de las personas a los mecanismos de democracia directa y participativa;

37. Garantizar la realización de consultas a pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México respecto a las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, conforme a los tratados e instrumentos internacionales, así como a los grupos de atención prioritaria;

38. Realizar las contrataciones de personal con apego estricto a las leyes laborales y asegurarse que sus proveedores, contratistas y actores sociales y privados que reciben recursos públicos cumplan con las leyes laborales en la relación con sus trabajadores;

39. Señalar en términos claros y accesibles para todas las personas y difundir ampliamente, las condiciones que se deben cumplir para acceder a los programas, acciones y servicios que por definición están dirigidos a determinados grupos de población con miras a cerrar brechas de desigualdad, discriminación y exclusión;

40. Hacer cumplir las leyes pertinentes en materia de derechos; y

41. Las demás previstas en la Constitución Local y demás instrumentos legales aplicables.

Artículo 109. La elaboración de la normatividad interna para el funcionamiento de las diversas instancias de los poderes públicos deberá atender las obligaciones generales y específicas de derechos humanos previstas en la Constitución Política de la Ciudad de México, en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, a fin de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades públicas en dicha materia.

Artículo 110. Las autoridades de la Ciudad de México eliminarán progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de atención prioritaria y elevar su inclusión efectiva en la sociedad a través de las siguientes medidas:

1. La no criminalización, represión, reclusión o acoso motivado por su condición, forma de vida, preferencia sexual, preferencia religiosa o participación política;

2. Se establecerán programas de capacitación para promover y facilitar el acceso al empleo, especialmente dirigidos a los grupos de atención prioritaria que así lo requieran;

3. En toda política pública de la Ciudad, se aplicarán las perspectivas transversales previstas en esta Ley;

4. La planeación, desarrollo y ejecución de obras en la Ciudad se realizarán garantizando la accesibilidad y el diseño universal de las mismas; y

5. Realizarán campañas para combatir la discriminación, la exclusión y la violencia en todas sus formas.

Artículo 111. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Justicia Administrativa, ambos de la Ciudad de México, aplicar y garantizar los derechos humanos en las resoluciones que se emitan de acuerdo con los principios y normatividad establecidos por esta Ley.

Artículo 112. Los órganos jurisdiccionales aplicarán en todas sus resoluciones el control difuso de constitucionalidad en materia de derechos humanos, ya sea de oficio o a petición de parte.[36]

Cuando existan varias normas e interpretaciones jurídicamente válidas, las autoridades jurisdiccionales deberán, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que sea acorde a los derechos humanos y favorezca la protección más amplia de éstos, a fin de evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

Artículo 113. La Comisión de Derechos Humanos coadyuvará en el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos locales en materia de derechos humanos. Podrá, para el ejercicio de su autonomía, realizar observaciones, dictámenes, iniciativas, recomendaciones, propuestas e informes sobre las disposiciones legislativas, administrativas y relativas a garantizar los derechos humanos, los cuales podrá decidir hacer públicos.

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México podrá, en términos de la ley que lo crea, desarrollar mecanismos para coordinar, diseñar, implementar y promover políticas públicas para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, así como para desarrollar mecanismos de coordinación con entes públicos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil y dar seguimiento y evaluar las acciones de los entes públicos en materia de prevención y erradicación de la discriminación.

Capítulo II.

Corresponsabilidad de las personas y los particulares en materia de derechos humanos

Artículo 114. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Todos los miembros de la sociedad, las autoridades, los particulares, las familias, las comunidades, las organizaciones sociales y las de la sociedad civil y el sector empresarial privado, son responsables de la realización de los derechos en diversas medidas. Toda persona, entre otros, tiene los siguientes deberes en materia de derechos humanos:

1. Respetar la integridad física y mental, así como los derechos y libertades de las demás personas y no participar en violaciones a los mismos;

2. Participar en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de la sociedad, instituciones y procesos democráticos;

3. Brindar un trato respetuoso y sin discriminación a las demás personas;

4. No interferir con la libertad de expresión ni con el derecho de otras personas a tener opiniones;

5. Participar en la toma de decisiones públicas, de conformidad con los mecanismos de democracia directa, representativa y participativa;

6. Contribuir de manera equitativa con las tareas del cuidado y el sustento económico de su familia;

7. Respetar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas, absteniéndose de interferir de manera arbitraria, oculta o injustificada en la vida privada, familia, domicilio o comunicaciones de los demás; así como de realizar ataques contra su honra y reputación;

8. Respetar y proteger los recursos naturales; prevenir y evitar daños al medio ambiente y, en su caso, reparar los daños que hubiere causado;

9. Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los recursos naturales y ayudar en la medida de lo posible a establecer las condiciones que permitan garantizar la subsistencia y regeneración del ambiente y los recursos naturales;

10. Brindar un buen trato y respetar a los animales, no incurrir en prácticas de maltrato y abandono;

11. Conducirse de acuerdo con una cultura de paz y derechos humanos, y

12. Denunciar todo acto que atente contra el ejercicio de los derechos humanos ante las autoridades correspondientes.

TÍTULO SEXTO

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

Capítulo I.

Lineamientos para la implementación del enfoque de derechos humanos

Artículo 115. El enfoque de derechos humanos será el marco conceptual y normativo que orientará el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de la actividad pública y la planeación para el desarrollo en la Ciudad de México, guiará la acción e intervención de las autoridades a través de los diferentes planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas, legislativas y judiciales.

Este enfoque operacionalizará el marco de los derechos humanos en la Ciudad de México, por lo que determinará los parámetros que permitan definir las medidas institucionales y evaluarlas en función del grado de la realización progresiva de los derechos.

La transversalización del enfoque de derechos humanos en la función pública tendrá como propósito esencial redefinir las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía.

Artículo 116. Los principios que regirán la implementación del enfoque de derechos humanos serán, al menos, los siguientes:

a) Universalidad;

b) Exigibilidad y justiciabilidad;

c) Integralidad;

d) Igualdad y no discriminación;

e) Participación ciudadana;

f) Transparencia;

g) Rendición de cuentas;

h) Efectividad; y

i) Transversalidad.

Artículo 117. Para la adecuada implementación del enfoque de derechos humanos en la planeación y elaboración de planes, políticas públicas, programas y medidas legislativas, ejecutivas y judiciales deberán contemplarse, al menos, los siguientes elementos:

a) Identificar a las personas titulares de derechos y sujetos obligados, así como de las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de la no realización de los derechos;

b) Valorar la capacidad de titulares de derechos para ejercer y reclamar la garantía de los mismos y de los sujetos obligados para cumplir con sus deberes, a fin de elaborar las estrategias necesarias para fortalecer esas capacidades;

c) Orientar el diseño, vigilancia y evaluación conforme a los estándares, ejes rectores y principios de interpretación y aplicación de los derechos previstos en los instrumentos internacionales, en la Constitución Federal y en la Constitución Local;

d) Elaborar las estrategias necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos a todas las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, con especial énfasis en aquellas que pertenezcan a grupos de atención prioritaria y que se encuentren en situación de desventaja social;

e) Empoderar a las personas y grupos o comunidades para exigir sus derechos a través de la creación de instrumentos para su exigibilidad;

f) Responsabilizar a las autoridades del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos;

g) Crear mecanismos accesibles, transparentes y eficaces para garantizar la reparación del daño y la garantía de no repetición;

h) Incentivar la participación de la ciudadanía, de los diversos sectores sociales y considerar sus planteamientos y propuestas para la identificación, gestión, seguimiento y evaluación de la política pública;

i) Crear mecanismos de concertación entre las autoridades de la Ciudad de México bajo los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad de la acción pública;

j) Considerar la territorialidad en la elaboración de las políticas públicas, en relación con el proceso de desarrollo urbano y el derecho a la ciudad; y

k) Asignar los recursos adecuados para el avance progresivo en el cumplimiento de los derechos humanos, satisfaciendo los niveles mínimos esenciales de los derechos, bajo los principios del máximo uso de recursos disponibles y no regresividad, a través de objetivos, metas e indicadores.

Capítulo II.

Perspectivas transversales

Artículo 118. Serán transversales para todo el ejercicio de la función pública las siguientes perspectivas:

a) Género: es el enfoque analítico y crítico que permite comprender las desigualdades construidas entre mujeres y hombres, y orientar las acciones públicas para disminuir las brechas de desigualdad, la discriminación y violencia de género. La participación de las mujeres en las decisiones políticas, sociales y económicas y la erradicación de la discriminación por razones de sexo, deben ser objetivos prioritarios de las políticas públicas y de los presupuestos;

b) Igualdad y no discriminación: es el enfoque analítico y crítico que permite comprender que la desigualdad estructural se fundamenta en un orden social, constituye un proceso de acumulación de desventajas y genera discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y constantes riesgos de vulneración a los derechos y libertades fundamentales de algunas personas, grupos y comunidades.

Los planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas, legislativas y judiciales deberán contemplar la prevención y erradicación de todas las formas de discriminación, así como la promoción de igualdad de oportunidades y de trato, tanto en el ámbito público como en el privado. Los beneficios de las acciones públicas y la distribución del presupuesto deberán promover la igualdad en razón del acceso a oportunidades, al trato y al bienestar de todas las personas para mejorar las condiciones y calidad de vida de éstas y los grupos o comunidades para superar la desigualdad social, sus causas e impactos;

c) Inclusión: es el enfoque analítico y crítico que permite comprender la existencia de barreras en el entorno social que impiden la participación plena y efectiva de todas las personas en las diferentes esferas de la vida humana, en igualdad de condiciones. Todos los planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a lograr la plena titularidad de los derechos de todas las personas, a fin de garantizar su efectiva pertenencia a la sociedad y a la dinámica de desarrollo. Asimismo, se promoverá la adopción de medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa en los ámbitos público y privado;

d) Accesibilidad: los medios por los cuales se materializa un derecho deben estar al alcance de todas las personas sin discriminación alguna y en condiciones de disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y adecuación cultural;

e) Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: en todas las decisiones y actuaciones de las autoridades se garantizará de manera plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la alimentación, salud, educación, cuidado y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio guiará el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en la materia, considerando su condición de personas en desarrollo;

f) Etaria: todos los planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a la inclusión de las personas de todas las edades, considerando las necesidades específicas en las diversas etapas del ciclo de la vida;

g) Diseño universal: asegurar que los bienes, servicios públicos e infraestructura puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En todo momento deberá tenerse en cuenta el acceso a la información y las comunicaciones para todas las personas, enfatizando la integración e inclusión de personas mayores y las personas con discapacidad;

h) Interculturalidad: salvaguardar el respeto y ejercicio del derecho de toda persona, grupo o comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos socioculturales y diferencias, haciendo posible la interacción entre distintas culturas. La relación, comunicación y aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, deberán orientarse a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de las personas y colectivos, por encima de sus diferencias culturales y sociales; y

i) Sustentabilidad: todos los planes, políticas públicas, programas y medidas administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a garantizar el desarrollo integral con una visión de largo plazo, que respete y preserve el entorno natural y el patrimonio ambiental, salvaguardando los derechos de las generaciones presentes y futuras. Las autoridades de la Ciudad de México deberán garantizar la aplicación de las perspectivas transversales en todas sus actuaciones y procesos de la actividad pública para asegurar el bienestar de todas las personas, en particular de los grupos de atención prioritaria.

j) Integralidad: los derechos humanos constituyen una unidad, por lo cual no deben ser jerarquizados ni relegados unos de otros.[37]

Artículo 119. En el diseño, gestión, presupuestación, ejecución y evaluación de la actividad pública, todas las autoridades deberán atender las perspectivas de transversalidad e integralidad de conformidad con lo siguiente:

a) Dirigir la atención prioritaria hacia las personas que sufren discriminación y están desfavorecidas en cualquier contexto dado, especialmente los grupos más pobres y los que sufren discriminación múltiple por cuestión de interseccionalidad;

b) Fortalecer las capacidades de acopio y análisis de datos para garantizar que estos se encuentren desglosados, en la medida de lo posible, por criterios de origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil y cualquier otra categoría sospechosa;

c) Promover medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa para favorecer la igualdad sustantiva;

d) Colocar la información de los planes, programas, políticas y proyectos disponible en formatos accesibles para todas las personas que habitan la Ciudad, y;

e) Prever actividades en materia de educación cívica, campañas de comunicación y el fortalecimiento institucional para promover actitudes no discriminatorias y un cambio de comportamiento a favor del respeto a los derechos humanos.

Artículo 120. Para la aplicación de las perspectivas transversales, las autoridades deberán tomar en cuenta lo siguiente:

a) Se emplearán en todas las actuaciones y procesos de la actividad pública; y

b) Se considerarán los efectos de la actividad pública en el bienestar de grupos de personas, así como la importancia de fortalecer su autonomía y la participación en la toma de decisiones.

Capítulo III.

Niveles esenciales de los derechos

Artículo 121. Las autoridades de la Ciudad de México deberán destinar hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución Local, asegurar el disfrute más amplio de estos derechos y el cumplimiento de sus niveles esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

Artículo 122. En caso de incumplimiento de obligaciones, las autoridades de la Ciudad de México deberán demostrar que han utilizado todos los recursos que están a su disposición para satisfacer estas obligaciones mínimas y, en caso de escasez, garantizar el uso de los recursos públicos para atender a los grupos de atención prioritaria.

El sistema de indicadores de derechos humanos será el instrumento de información, medición, evaluación y seguimiento sobre la situación de dichos derechos en la Ciudad de México.

Capítulo IV.

De las medidas de nivelación y acciones afirmativas

Artículo 123. Las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, implementarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa para asegurar que toda persona reciba un trato digno y favorecer la igualdad sustantiva en la Ciudad.

Dichas medidas serán de carácter obligatorio y transversal, así como en el diseño, gestión, ejecución y evaluación de políticas públicas.

Artículo 124. Las medidas de nivelación son aquellas que tienen por objeto superar o eliminar las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades a grupos de atención prioritaria. Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:

1. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y comunicaciones;

2. Adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad;

3. Diseño y distribución de comunicaciones institucionales con base en un diseño universal o accesibles mediante escritura braille o en lenguas indígenas;

4. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicanas en los eventos públicos de las dependencias y entidades gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión;

5. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas y Lenguaje de Señas Mexicana;

6. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y de información;

7. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre otros;

8. Homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos de atención prioritaria;

9. Homologación de condiciones para ocupar puestos de toma de decisiones; y

10. Consolidación de una cultura de la economía del cuidado entre hombres y mujeres.

Artículo 125. Las medidas de inclusión son disposiciones de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:

1. La educación para la igualdad y la diversidad dentro y fuera del sistema educativo;

2. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación;

3. El desarrollo de políticas contra tratos discriminatorios;

4. Las acciones de sensibilización, profesionalización y capacitación dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo de combatir actitudes discriminatorias;

5. Llevar a cabo campañas de difusión al interior de los poderes públicos federales;

6. Acciones tendientes para eliminar la desigualdad y exclusión social;

7. Propiciar acciones para fomentar la igualdad de oportunidades en la ámbito laboral, educativo y social;

8. Asegurar que el desarrollo económico y de generación de empleos sean tendientes a eliminar la pobreza;

9. Fortalecer que las acciones presupuestarias y de políticas públicas destinadas al crecimiento de la infraestructura y de prestación de servicios de la Ciudad cuenten con perspectivas de accesibilidad y diseño universal.

Artículo 126. Las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad.

Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, medidas para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.

Capítulo V.

Políticas públicas

Artículo 127. Las políticas públicas tendrán como finalidad eliminar las inequidades, construir una sociedad más justa y equitativa, la realización y desarrollo de las personas en condiciones de equidad e igualdad y la plena efectividad de los derechos humanos de todas las personas y grupos de población, mediante programas integrales que faciliten el acceso pleno de éstos al ejercicio integral de los derechos humanos.

Artículo 128. Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación, el derecho internacional de los derechos humanos, diagnósticos realizados por el Sistema, y los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia, así como de la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables.

Artículo 129. Las entidades dedicadas a la generación de estadística e información en la Ciudad de México deberán considerar, con respeto a los derechos humanos, lo siguiente:

1. La definición de indicadores para medir la situación de los derechos humanos con datos desagregados por sexo, edad, grupo étnico y ubicación geográfica por Alcaldía, en formato de datos abiertos, compatibles y comparables con el resto de indicadores y mediciones locales, nacionales e internacionales que permitan evaluaciones de progresividad de largo plazo;

2. Información estadística descriptiva sobre la población atendida por los programas con enfoque de derechos humanos;

3. Información estadística sobre el número y tipo de violaciones a los derechos humanos en la Ciudad de México que generen las distintas dependencias y entidades;

4. El análisis del gasto público dirigido a programas, políticas y demás desde una perspectiva de derechos humanos;

5. La realización de estudios e investigaciones en materia estadística sobre los derechos humanos; y

6. La publicación de los resultados de sus actividades.

Capítulo VI.

De los recursos económicos en materia de derechos humanos

Artículo 130. El Presupuesto de Egresos deberá asegurar que la planeación presupuestal se realice con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos, acciones y convenios para asegurar la progresividad de los derechos humanos, conforme a los principios establecidos en el Título I de la presente Ley.

Toda la información sobre los fondos relativos a las políticas públicas, programas y acciones vinculadas con el respeto, protección, promoción y garantía de los Derechos Humanos, será pública de oficio. Las categorías y códigos de las partidas presupuestarias para este fin serán fijas.

El presupuesto de la Ciudad de México deberá asegurar la progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos. Deberá incrementarse en este aspecto cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los Criterios Generales de Política Económica, y en congruencia con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso.

Los programas, fondos y recursos destinados a estrategias específicas de incrementos al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos son prioritarios y de interés público. Podrán ser complementados con recursos provenientes del Gobierno Federal, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

A propuesta de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el Congreso destinará, a través del Presupuesto Anual de Egresos, los recursos económicos necesarios para el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos.

La distribución de los fondos relativos a las políticas públicas, programas y acciones vinculadas con el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos, se hará con criterios de equidad, transversalidad, integralidad, transparencia y progresividad, conforme a la normatividad aplicable y la presente Ley.

Artículo 131. Los programas, fondos y recursos destinados al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos son prioritarios y de interés público.

Artículo 132. A propuesta de la persona titular de la Jefatura, el Congreso destinará, a través del Presupuesto de Egresos, los recursos económicos desde una perspectiva de derechos humanos para contribuir en el respeto, protección, promoción y garantía de estos.

Artículo 133. La distribución de los fondos relativos a las políticas públicas, programas y acciones vinculadas con el respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos, se hará con criterios de equidad, transparencia y progresividad, conforme a la normatividad aplicable y la presente Ley.

Artículo 134. Los recursos presupuestales asignados al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos podrán ser complementados con recursos provenientes del Gobierno Federal, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México entrará en vigor el 1 de febrero de 2019, excepto por lo que hace a los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad que dependen de la instrumentación del Sistema Integral de Derechos Humanos, del Programa de Derechos Humanos, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, la cual será remitida a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, conservará dicha denominación, hasta la expedición y entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

7 DE JUNO DE 2019

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

7 DE JUNO DE 2019

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- Al entrar en vigor el presente Decreto, se deja sin efecto el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México aprobado el día 7 de mayo de 2019 por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

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[1] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[2] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[3] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[4] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[5] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[6] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[7] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[8] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[9] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[10] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[11] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[12] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[13] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[14] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[15] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[16] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[17] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[18] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[19] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[20] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[21] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[22] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[23] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[24] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[25] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[26] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[27] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[28] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[29] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[30] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[31] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[32] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[33] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[34] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[35] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[36] Reforma publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019

[37] Adición publicada en GOCDMX el 07 de junio de 2019