LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

el 19 de febrero de 2018

 

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

el 29 de septiembre de 2019

 

LIBRO PRIMERO

DE LAS VÍCTIMAS Y SUS DERECHOS

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

CAPÍTULO ÚNICO

INTERPRETACIÓN, OBJETO, APLICACIÓN Y DEFINICIONES

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en la Ciudad de México, sus disposiciones se interpretarán favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México, conforme al principio pro-persona y en términos de lo dispuesto por los artículos 17, 20 y 73 fracciones XXIX y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales celebrados sobre derechos humanos y ratificados por el Estado Mexicano, Constitución Política de la Ciudad de México la Ley General de Víctimas y la Constitución Política de la Ciudad de México.

 

Artículo 2.- Es objeto de la presente Ley:

 

I. Garantizar el ejercicio de los derechos de las víctimas;

 

II. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

 

III. Establecer competencias de las autoridades de la Ciudad de México en la materia, así como definir esquemas de coordinación interinstitucionales entre las mismas; y

 

IV. Establecer las medidas, mecanismos y procedimientos de organización, supervisión, evaluación y control que sean necesarios para la efectiva protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.

 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

 

I. Asesora o Asesor Jurídico: A la persona profesional en derecho con cédula registrada ante la Secretaría de Educación Pública, encargada de brindar asesoría jurídica a las víctimas;

 

II. Asesoría Jurídica: A la orientación y representación legal proporcionada a las víctimas por los organismos e instituciones facultados para ello, o por particulares;

 

III. Asistencia: El conjunto de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo de las autoridades de la Ciudad de México, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindándoles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política;

 

IV. Asistencia Integral: Es el conjunto de medidas de ayuda inmediata, de asistencia, atención e inclusión, así como de reparación integral, que tienen como objetivo restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindándoles condiciones para llevar una vida digna incorporándose a los ámbitos social, económico y político;

 

V. Atención: La acción de proveer información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral;

 

VI. Comisión de Derechos Humanos: A la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal;

 

VII. Comisión de Víctimas: A la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México;

 

VIII. Comisión Ejecutiva: A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Sistema Nacional;

 

IX. Compensación: A la erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley;

 

X. Daño: Afectación a la esfera de derechos de la víctima como consecuencia de una violación a sus derechos humanos o la comisión de un delito en su agravio. El daño puede ser material o inmaterial;

 

XI. Daño inmaterial: Tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia;

 

XII. Daño material: Las consecuencias patrimoniales del delito o de las violaciones de derechos humanos que hayan sido declaradas, la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso;

 

XIII. Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales;

 

XIV. Desplazamiento forzado interno: La condición de aquellas personas o grupos de personas obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia, como resultado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sin que ello implique que crucen una frontera estatal internacionalmente reconocida;

 

XV. Fiscalía: A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;

 

XVI. Fondo: Al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Gobierno Federal;

 

XVII. Fondo de la Ciudad de México: Al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México;

 

XVIII. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte, y la Constitución Política de la Ciudad de México;

 

XIX. Investigaciones Victimológicas: Aquellos estudios con enfoque de derechos humanos que aplican metodologías cualitativas y/o cuantitativas referentes a los tipos de víctimas, las victimizaciones, los procesos de victimización y la victimidad, relacionadas con fenómenos victimológicos en la Ciudad de México, con el fin de aportar información sustantiva para la creación de política victimológica y de prevención victimal;

 

XX. Ley: A la Ley de Víctimas para la Ciudad de México;

 

XXI. Ley General: A la Ley General de Víctimas;

 

XXII. LGBTTTI: A la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual;

 

XXIII. Lucro Cesante: Al salario, ganancias o ingresos que dejó de percibir la víctima a causa del hecho victimizante;

 

XXIV. Medidas de Asistencia, Atención e Inclusión: Aquellas que se brindan a las víctimas durante los procedimientos administrativos y penales, de tipo económico, educativas y de desarrollo;

 

XXV. Medidas de Ayuda Inmediata: Son aquellas que se otorgan a las víctimas, inmediatamente después del hecho victimizante, atendiendo a sus necesidades prioritarias, como son médica, psicológica, alojamiento, alimentación, transporte y protección;

 

XXVI. Medidas de Reparación Integral: El conjunto de medidas que se determinarán e implementarán a favor de la víctima, de acuerdo a la acreditación del daño cometido por el hecho victimizante.

 

Estas medidas comprenden las de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y prevención para la no repetición;

 

XXVII. Modelo de Atención Integral a Víctimas: Es aquel que engloba y materializa la aplicación práctica de medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención, inclusión y reparación integral, para restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, y contribuir a la desvictimización, a través de la implementación de la atención integral individualizada, para ejecutarse de forma secuencial y complementaria, con enfoque diferencial y especializado, psicosocial y transformador, brindando a las víctimas herramientas y condiciones para construir una vida digna incorporándose a los ámbitos social, económico y político;

 

XXVIII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas, previsto en la Ley General;

 

XXIX. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;

 

XXX. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México;

 

XXXI. Recursos de Ayuda: La partida presupuestal destinada a gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación;

 

XXXII. Registro: Al Registro de Víctimas de la Ciudad de México;

 

XXXIII. Registro Nacional: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas;

 

XXXIV. Sistema de Atención: Al Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México;

 

XXXV. Sistema de Auxilio: Al Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito, de la Fiscalía;

 

XXXVI. Sistema Nacional: Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

 

XXXVII. Sistema DIF-CDMX: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;

 

XXXVIII. Víctima: Persona física o colectivo de personas, que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de un hecho victimizante;

 

XXXIX. Víctima directa: Personas físicas y colectivo de personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de un hecho victimizante;

 

XL. Víctima indirecta: Familiares o aquellas personas físicas dependientes de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella;

 

XLI. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren, o bien colectivos de personas cuyos derechos pueden verse afectados o estar en riesgo, por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos humanos o la comisión de un delito; y,

 

XLII. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuando la persona sea servidora pública en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por una persona servidora pública, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de una persona servidora pública.

 

Artículo 4.- El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las autoridades siguientes:

 

I. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento, mediante sentencia ejecutoriada;

 

II. El juez de control o tribunal de enjuiciamiento que tiene conocimiento de la causa;

 

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

 

IV. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia, y

 

V. La Comisión de Víctimas, que podrá tomar en consideración las determinaciones de:

 

a) El Ministerio Público;

 

b) La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

 

c) Los organismos públicos de protección de los derechos humanos; o,

 

d) Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia.

 

El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto que la víctima pueda acceder a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en el Reglamento.

 

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

 

CAPÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES

 

Artículo 5.- Los servicios de protección, ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de dichos servicios en la presente Ley, se regirán por los principios siguientes:

 

I. Acceso a la información: Las autoridades deberán garantizar en todo momento, y sin perjuicio de los medios empleados, que las víctimas puedan solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información oficial necesaria para lograr el ejercicio de sus derechos en términos de las leyes aplicables.

 

II. Asesoría Jurídica adecuada: Las autoridades en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos que permitan a las víctimas la orientación y representación jurídica que garantice el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, en términos de la normatividad aplicable en la materia.

 

III. Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

 

IV. Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

 

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

 

V. Confidencialidad: Las autoridades velarán por la protección de toda la información relativa a las víctimas, manteniendo la confidencialidad y restringiendo el acceso a ella, lo anterior con la finalidad de salvaguardar su intimidad en términos de las leyes locales en materia de protección de datos personales y de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.

 

VI. Consentimiento informado: Las personas tienen derecho a conocer su situación en un lenguaje comprensible, así como conocer las opciones o alternativas que tiene, los alcances, las limitantes y efectos de las decisiones que pueda tomar. Además de tener la posibilidad de consultar otras opiniones previa toma de decisiones libres.

 

VII. Cultura Jurídica: Las autoridades de la Ciudad de México promoverán en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones destinadas a proporcionar a las víctimas la información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos para garantizar un efectivo acceso a la justicia. Lo anterior con la finalidad de incentivar la difusión de una cultura jurídica que se vea reflejada en la concientización y divulgación de los derechos de las víctimas.

 

VIII. Debida diligencia: El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

 

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.

 

IX. Debido Proceso: Las autoridades en el ámbito de su competencia, deberán sustanciar los procedimientos siguiendo las formalidades establecidas en las normas correspondientes.

 

X. Desvictimización: Las autoridades que deban aplicar la Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán que todas las medidas a las que tienen derecho las víctimas estén enfocadas a que puedan retomar o, en su caso, construir un proyecto de vida en el que estén en condición de disfrutar del máximo nivel posible de goce y ejercicio de sus derechos.

 

XI. Dignidad: La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares.

 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.

 

En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona.

 

XII. Enfoque diferencial y especializado: Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, identidad o expresión de género, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno. En todo momento se reconocerá el interés superior de la niñez.

 

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

 

XIII. Enfoque transformador: Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

 

XIV. Gradualidad: Las autoridades competentes diseñarán herramientas operativas que permitan escalonadamente la implementación de los programas, planes y proyectos de ayuda, atención, asistencia y reparación integral.

 

XV. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima.

 

XVI. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, identidad o expresión de género, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

 

XVII. Indivisibilidad: Todos los derechos señalados en esta Ley tienen la misma condición como derechos y no pueden ser clasificados, a priori, por orden jerárquico.

 

XVIII. Principio Pro Víctima: Todas las autoridades en la interpretación y aplicación de la Ley, para el ejercicio de los derechos de las víctimas, deberán estar a lo más favorable a éstas.

 

XIX. Integralidad: La asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas, se realizarán de forma multidisciplinaria y especializada.

 

XX. Interdependencia: Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí.

 

XXI. Interés superior de la niñez: El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

 

XXII. Máxima protección: Toda autoridad debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.

 

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.

 

XXIII. Mínimo existencial: Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático, y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia.

 

XXIV. No criminalización: Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

 

Ninguna autoridad o particular deberá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

 

XXV. No victimización secundaria: El Estado no podrá implementar mecanismos o procedimientos que agraven la situación de víctima, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de las personas servidoras públicas. Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad de víctima.

 

XXVI. Participación conjunta: Para poder superar el hecho victimizante, las autoridades deberán implementar medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como reparación integral, para lo cual podrán contar con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado.

 

XXVII. Progresividad y no regresividad: Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

 

XXVIII. Protección: Las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, velarán por la aplicación más amplia de las medidas de protección a la dignidad, la libertad y seguridad, a fin de salvaguardar la integridad de las víctimas de cualquier práctica intimidante o cualquier otra que atente contra sus derechos.

 

XXIX. Publicidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

 

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

 

XXX. Recursos de Ayuda: Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstos en los títulos segundo, tercero y cuarto de la Ley, con cargo al Fondo o a los Fondos estatales, según corresponda.

 

XXXI. Rendición de cuentas: Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas.

 

XXXII. Transparencia: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes, en términos de las leyes locales en materia de protección de datos personales y de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas.

 

XXXIII. Universalidad: Todos los derechos contemplados en esta Ley y todas las personas tienen derecho a ellos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

 

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

 

Artículo 6.- Los derechos de las víctimas deberán ser interpretados y aplicados, favoreciéndolas en todo tiempo y brindándoles la protección más amplia.

 

Las víctimas además de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, en la Ley General, la Constitución Política de la Ciudad de México, así como la demás normatividad en la materia, tendrán los siguientes:

 

I. Derecho al trato digno, entendiéndose como tal el ser atendidas con sensibilidad, con base en el respeto, la privacidad y la dignidad, a fin de evitar la revictimización;

 

II. Derecho a la información, que significa ser informadas sobre sus derechos, así como de los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley, en que intervengan, para garantizar un efectivo acceso a la justicia, debiendo tomar en cuenta las necesidades específicas que pudieran presentar las víctimas, tales como grado de alfabetización, limitaciones visuales, auditivas, o cualquier otra que requiera de algún traductor o intérprete;

 

III. Derecho a la salud y asistencia psicosocial, que implica recibir en todo momento asistencia integral, la cual en términos de salud se refiere a servicios médicos, psicológicos, sociales y emocionales, por personal especializado, explicando en todo momento sus alcances, dicha asistencia se brindará con consentimiento informado, pudiendo, si así lo desea, contar con la presencia de una persona de su confianza;

 

IV. Derecho a que se respete su integridad psicofísica, de acuerdo al cual las autoridades emplearán mecanismos efectivos para adoptar a favor de las víctimas las medidas oportunas, tendentes a garantizar su bienestar físico y psicológico, así como su seguridad, dignidad y propiedad, con la finalidad de no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas;

 

V. Derecho a la no revictimización, que implica no exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos, ni la expongan a sufrir un daño;

 

VI. Derecho de acceso a la justicia y a la verdad, que les permita participar activamente en todas las etapas del procedimiento, garantizándoles su derecho a ser escuchadas, a aportar datos o medios de prueba, a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, así como a la reparación de su daño;

 

VII. Derecho a la reincorporación social para la realización de su proyecto de vida, a través del cual podrán ser beneficiadas de manera preferente por los programas sociales públicos vigentes encaminados a proteger sus derechos o al desarrollo de su persona, de conformidad con las reglas de operación de los mismos;

 

VIII. Derecho a la confidencialidad y secrecía de los procedimientos en los que interviene la víctima, que consiste en la protección de sus datos personales, por el cual las autoridades velarán por el resguardo de toda la información que detenten, con motivo de la participación de las víctimas en cualquier procedimiento;

 

IX. Derecho a la legitimación, a través del cual deberá reconocérsele su carácter de parte en el procedimiento penal, así como la posibilidad de ejercer la acción penal privada en los términos que establece la Ley;

 

X. Derecho a acceder a los mecanismos de justicia alternativa, los cuales pueden lograr el acceso a la justicia y reparación integral del daño; y,

 

XI. Derecho a la igualdad y a la no discriminación, que conlleva que las víctimas gozarán de los derechos y prerrogativas contemplados en la normatividad aplicable, quedando prohibido todo acto discriminatorio ya sea por razón de sexo, raza, color, origen nacional o étnico, género, orientación sexual e identidad de género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil o cualquier otro tendente a menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las víctimas en condiciones de igualdad.

 

Artículo 7.- Las víctimas accederán a programas sociales de la Ciudad de México que tengan compatibilidad directa y derivada de la afectación del hecho victimizante ocurrido en su territorio.

 

TÍTULO TERCERO

DE LA ASISTENCIA INTEGRAL

 

CAPÍTULO I

NORMAS BASE

 

Artículo 8.- Las víctimas tendrán derecho a las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como reparación integral, las cuales deben ser proporcionadas con enfoque transversal de género y diferencial, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, con cargo al Fondo de la Ciudad de México.

 

Artículo 9.- Las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión no sustituyen, ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo de las erogaciones en que incurran las autoridades de la Ciudad de México, en la prestación de los servicios de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.

 

Cuando la víctima tenga acceso a apoyos económicos diversos, dicha situación no será impedimento ni condicionante para negarle el acceso a la reparación integral que contempla esta Ley.

 

Artículo 10.- Las medidas de ayuda inmediata serán proporcionadas por todas las dependencias e instituciones competentes, en el marco de lo dispuesto por esta Ley.

 

Artículo 11.- Las medidas de ayuda inmediata relacionadas con la emergencia médica, se regirán por los principios siguientes:

 

I. Atención adecuada. Se deberá garantizar una atención de calidad por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada, especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual, para lo cual deberá contar con un componente de atención psicosocial para atención de víctimas. En ese contexto, deberá brindar la terapia específica diferenciada por la afectación y la naturaleza de los daños;

 

II. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las Víctimas y al dictamen emitido por el equipo de profesionales;

 

III. Gratuidad. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios de salud, incluyendo el acceso a medicamentos y la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea necesario;

 

IV. Multidisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos por profesionales en derecho, psicología, psiquiatría, trabajo social, medicina, enfermería y promotoría comunitaria, así como con el demás personal que sea requerido, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines; y

 

V. Proactividad. Los servicios de atención deben buscar el acercamiento a las víctimas.

 

Artículo 12.- Las víctimas tendrán, en materia de salud, además de los señalados en la Ley General y demás normatividad aplicable, los derechos siguientes:

 

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de las unidades médicas públicas de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del hecho victimizante. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque las víctimas hayan recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina la instancia de salud correspondiente, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;

 

II. Tratándose de lesiones, enfermedades y trauma emocional, que no pongan en peligro la vida de la víctima, la atención médica y psicológica será proporcionada de manera gratuita en la Red de Hospitales Públicos del Gobierno de la Ciudad de México, teniendo la obligación los profesionistas en medicina de rendir el dictamen respectivo, haciendo la clasificación legal y señalando el tiempo que tardará la curación y las consecuencias que dejaron o proporcionando el certificado de sanidad, según el caso;

 

III. A recibir gratuitamente tratamiento postraumático para su pronta recuperación física y mental, contando con los servicios especializados necesarios;

 

IV. A estar acompañada por un familiar o persona que autorice durante la exploración física, quedando estrictamente prohibido cualquier acto de intimidación o fuerza física para tal efecto, en caso de delitos de violación y lesiones, o cuando así lo solicite la víctima;

 

V. A que la exploración y atención médica, psiquiátrica, ginecológica o de cualquier tipo, cuando se trate de delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, esté a cargo de persona facultada de su mismo sexo, salvo cuando solicite lo contrario la víctima o su representante legal;

 

VI. A recibir la receta médica y medicamentos que correspondan, previa valoración médica general o especializada que se haya realizado, y en su caso ser canalizada a los especialistas para el tratamiento integral que proceda;

 

VII. A recibir atención en el ámbito de salud mental en caso de requerirlo la víctima, cuando quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente por el hecho victimizante; y,

 

VIII. A recibir atención materno-infantil permanente cuando sea el caso, incluyendo programas de nutrición.

 

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos a ninguna víctima, independientemente de su origen o lugar de residencia.

 

Artículo 13.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus dependencias e instituciones de salud pública, implementará lo necesario para otorgar citas médicas en el menor tiempo posible y no mayor al contemplado en la Ley General, previa solicitud, salvo en casos de urgencia, en los que la atención será inmediata.

 

Artículo 14.- Cuando no se cuente con infraestructura hospitalaria o médica y se requiera brindar medidas de ayuda inmediata relacionadas con emergencia médica, se deberá hacer la debida derivación a los centros de salud especializados, conforme a la normatividad aplicable, a fin de garantizar el acceso de las víctimas a éstos.

 

Artículo 15.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus dependencias e instituciones de salud pública, que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas, en los términos que fije el Reglamento de la presente Ley.

 

Artículo 16.- En el caso de víctimas niñas, niños y adolescentes, serán representados por la Defensoría de los Derechos de la Infancia, dependiente del Sistema DIF-CDMX, quienes actuarán conforme a las atribuciones que se desprendan de su normatividad.

 

 

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA

 

Artículo 17.- La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará la prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las dependencias e instituciones de la Ciudad de México encargadas de brindarles atención y tratamiento, buscando en todo momento evitar la revictimización.

 

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, población indígena, comunidad LGBTTTI y personas en situación de desplazamiento forzado interno.

 

Artículo 18.- Las medidas de ayuda inmediata relacionadas con la emergencia médica, se integrarán por los servicios siguientes:

 

I. Hospitalización;

 

II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis, órtesis y demás instrumentos que la víctima requiera para su movilidad, conforme al diagnóstico dado por el médico o especialista en la materia;

 

III. Medicamentos, incluyendo los medicamentos de prescripción controlada;

 

IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;

 

V. Análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;

 

VI. Atención médica brindada en unidades móviles;

 

VII. Transporte y ambulancia;

 

VIII. Atención psicológica o psiquiátrica en aquellos casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, la víctima lo necesite;

 

IX. Atención odontológica, reconstructiva, por los daños causados como consecuencia del hecho victimizante;

 

X. Interrupción voluntaria del embarazo, en los casos permitidos en la ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima; y,

 

XI. La atención para la salud sexual de las víctimas.

 

En caso de que la unidad médica a la que acuden o son enviadas las víctimas no cuente con lo señalado en las fracciones II, III y V, cuyos costos hayan sido cubiertos por las víctimas, las autoridades competentes lo reembolsarán de manera completa y sin demora indebida, con cargo al Fondo de la Ciudad de México y en los términos que establezca esta Ley.

 

Artículo 19.- En los casos en que del hecho victimizante se derive la muerte, se apoyará con los gastos funerarios de las víctimas a sus familiares, por parte de la Comisión de Víctimas. Por ningún motivo se impedirá a las víctimas indirectas constatar la identidad de sus familiares.

 

Artículo 20.- A las víctimas de delitos que afecten su libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual y la libertad reproductiva, se les garantizará, en su caso, el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, así como de la profilaxis post exposición para Virus de Inmunodeficiencia Humana y otras enfermedades de transmisión sexual, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico, así como tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

 

Artículo 21.- La atención integral en salud tendrá un enfoque encaminado a determinar las medidas individuales, físicas y mentales, que permitan a las víctimas, su familia y entorno social superar las secuelas de la victimización y desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social, y ejercer sus derechos. Se dará trato preferencial y diferenciado a las niñas, niños, mujeres y adultos mayores, así como a los hijos de las víctimas y a personas adultas mayores dependientes de éstas.

 

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE ALOJAMIENTO,

ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE

 

Artículo 22.- Las medidas de alojamiento y alimentación, consisten en proporcionar a las víctimas el espacio y alimentos adecuados, en condiciones de seguridad, dignidad e higiene, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad, de amenaza, o en situación de desplazamiento forzado interno.

 

Para ello, la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema DIF-CDMX, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y cualquier otra dependencia o institución facultada para ello, en el ámbito de sus atribuciones, otorgarán o, en su caso, gestionarán dichas medidas a través de albergues o centros destinados para ello.

 

Artículo 23.- El alojamiento y la alimentación se brindarán a las víctimas durante el tiempo que sea necesario para garantizar que superen las condiciones de emergencia y puedan retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar. Las dependencias e instituciones señaladas en el artículo anterior podrán crear los albergues necesarios o, en su caso, celebrar convenios con instituciones privadas para la prestación de estos servicios.

 

Artículo 24.- La atención de que sean objeto las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, personas en situación de calle, personas con discapacidad, adultas mayores, personas pertenecientes a pueblos indígenas, integrantes de la comunidad LGBTTTI y personas en situación de desplazamiento forzado interno, se brindará a través de programas especiales que atiendan a las necesidades propias de cada grupo poblacional.

 

Artículo 25.- Los apoyos de traslado comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación. La dependencia o institución que se encuentre conociendo del hecho victimizante, solicitará a la Comisión de Víctimas que, a través del Fondo de la Ciudad de México, cubra los gastos relacionados con dichos apoyos, siempre que la víctima lo requiera para los trámites siguientes:

 

I. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;

 

II. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, las Comisiones Nacional o Estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;

 

III. Solicitar a alguna institución nacional medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional; y,

 

IV. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, pública, o privada cuando así sea autorizado en términos del artículo 6 de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

 

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

 

Artículo 26.- Las medidas de protección, son aquellas otorgadas por la autoridad ministerial o jurisdiccional, a las víctimas, familiares, así como a las personas físicas cuya integridad o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, cuando se encuentren amenazadas en su integridad personal, o en su vida, siempre que existan razones fundadas para presumir que estos derechos se encuentran en riesgo.

 

Dichas medidas se determinarán atendiendo el nivel de riesgo, el cual derivará de la evaluación que se haga para cada caso particular.

 

Artículo 27.- Las medidas de protección a las víctimas, se deberán implementar con base en los principios siguientes:

 

I. Principio de celeridad: Deberán adoptarse de manera oportuna, sin dilación y con diligencia;

 

II. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser clasificada como confidencial para los fines de la investigación o del proceso respectivo, en términos de las leyes locales en materia de protección de datos personales y de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas;

 

III. Principio de necesidad y proporcionalidad: Deberán responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;

 

IV. Principio de oportunidad y eficacia: Deberán ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes, asimismo otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo; y,

 

V. Principio de prioridad: Es la protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personales, evitando generar con su actuación riesgos adicionales.

 

Artículo 28.- Las medidas de protección que se otorguen a favor de las víctimas de delito serán regulados de conformidad con lo señalado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando el enfoque de género, así como el diferencial y especializado.

 

Artículo 29.- Las medidas de protección que se otorguen a favor de las víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos, deberán ajustarse a los lineamientos contemplados en esta Ley.

 

Artículo 30.- Las medidas precautorias serán procedentes cuando exista un riesgo para la vida, la integridad física o psicoemocional de las víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos, para lo cual se considerarán los factores siguientes:

 

I. La naturaleza y gravedad del hecho victimizante;

 

II. Los vínculos entre la persona beneficiaria de la medida y los presuntos responsables del delito o de las violaciones de derechos humanos;

 

III. Los antecedentes de riesgo o daño previos al hecho victimizante;

 

IV. Los antecedentes del hecho victimizante;

 

V. Los antecedentes de la o las personas presuntas responsables del delito o de las violaciones de derechos humanos; y,

 

VI. Las características de vulnerabilidad de las víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos, de acuerdo con el enfoque diferencial y especializado.

 

Artículo 31.- Las medidas de protección serán fijadas de acuerdo a la evaluación de riesgo que se establezca para el caso concreto del delito o de violación de derechos humanos, y podrán consistir en:

 

I. Brindar seguridad policial mientras se mantengan las circunstancias de peligro;

 

II. Proporcionar residencia temporal en albergues o establecimientos reservados;

 

III. Facilitar el cambio de residencia, lugar de trabajo o centro de estudios;

 

IV. Proporcionar los números telefónicos del personal responsable del cuadrante correspondiente de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México;

 

V. Implementar el código de visita domiciliaria de las personas integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México;

 

VI. Instalar cámaras, puertas, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en el lugar donde se ubique a la víctima;

 

VII. Evitar que consten los datos generales de las personas protegidas en las diligencias administrativas o de carácter judicial, ni en cualquier otro documento que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para referirse a ellas un número o cualquiera otra clave;

 

VIII. Fijar la sede que designe el Comité de Medidas de Protección como domicilio de las personas protegidas, para efectos de citaciones y notificaciones;

 

IX. Procurar que las personas protegidas sean conducidas a cualquier lugar donde hubiere de practicarse alguna diligencia o a su domicilio, de la manera que disponga el Comité de Medidas de Protección;

 

X. Facilitar, durante el tiempo que las personas protegidas permanezcan en los lugares en que se lleve a cabo la diligencia, un sitio reservado y custodiado;

 

XI. Utilizar, cuando las personas protegidas comparezcan para la práctica de cualquier diligencia, las formas o medios necesarios para imposibilitar su identificación visual;

 

XII. Cambiar el número telefónico de las personas protegidas o entregar equipo celular o radio;

 

XIII. Impedir que las personas protegidas sean fotografiadas o que se capte su imagen por cualquier otro medio;

 

XIV. Prohibir que cualquier persona revele datos que permitan identificar a las personas protegidas;

 

XV. Proporcionar chalecos antibalas y autos blindados;

 

XVI. Brindar atención psicosocial; y,

 

XVII. Otorgar, aquellas que se consideren pertinentes.

 

Artículo 32.- Las personas beneficiarias de medidas de protección tendrán los derechos siguientes:

 

I. Recibir, en forma gratuita, asistencia psicológica, psiquiátrica, jurídica, social o médica de urgencia;

 

II. Tener una ocupación laboral estable o una contraprestación económica razonable, cuando la medida de protección otorgada implique la separación de su actividad laboral anterior;

 

III. Obtener apoyos para realizar las gestiones que faciliten la salida del país y la residencia en el extranjero, cuando resulte necesario para proteger su vida o su integridad personal;

 

IV. Ser escuchados, antes del otorgamiento, la modificación o la supresión de la medida de protección que se le haya conferido;

 

V. Solicitar el cese de las medidas o rechazar su aplicación;

 

VI. Impedir que se capten y/o se transmitan imágenes de su persona y de sus familiares que permitan su identificación, y,

 

VII. Conservar la confidencialidad de la información sobre su domicilio, familiares, números telefónicos y demás datos que pudieran poner en riesgo o peligro su seguridad.

 

Artículo 33.- Las personas beneficiarias de medidas de protección tendrán las obligaciones siguientes:

 

I. Cumplir las instrucciones y órdenes que se hayan dictado para proteger su integridad personal;

 

II. Mantener absoluta y estricta confidencialidad respecto de su situación de protección y de las medidas que se le otorguen;

 

III. No divulgar información sobre los lugares de atención o protección de su persona o de otras personas que estén en la misma condición, aun cuando ya no sea beneficiaria de éstas;

 

IV. No revelar ni utilizar información relativa al caso o a las medidas de protección otorgadas, para obtener ventajas en provecho propio o de terceros;

 

V. Someterse a las pruebas psicológicas y los estudios socioeconómicos que permitan evaluar la clase de medida por otorgarle y su capacidad de adaptación a ella, con pleno respeto a los principios de voluntariedad, consentimiento informado y dignidad;

 

VI. Atender las recomendaciones que le formulen en materia de seguridad;

 

VII. No concurrir a lugares que impliquen riesgo o peligro;

 

VIII. Abstenerse de frecuentar personas que puedan poner en situación de riesgo o peligro su seguridad o la de su familia, así como de comunicarse con ellas;

 

IX. Observar los límites impuestos en las medidas de protección y las instrucciones que se impartan para tal efecto; y,

 

X. Respetar a las autoridades y todo el personal encargado de velar por su protección y brindarles un trato decoroso y digno.

 

Artículo 34.- La solicitud para el otorgamiento de medidas deberá ser realizada por la víctima del delito o de violaciones de derechos humanos, salvo que ésta se encuentre impedida por alguna causa, en cuyo caso podrá ser presentada a su nombre por familiares, terceras personas, alguna organización que la represente o cualquier autoridad que tenga conocimiento de la situación de riesgo. Una vez que desaparezca el impedimento, la persona beneficiaria deberá otorgar su consentimiento. La solicitud será presentada por escrito, por comparecencia o cualquier otro medio idóneo ante cualquier dependencia.

 

La dependencia que reciba la solicitud, la canalizará inmediatamente al Comité de Medidas de Protección quién dará el trámite correspondiente.

 

Artículo 35.- En el supuesto que la víctima declare que su vida, libertad, integridad física esté en peligro inminente, o esto se desprenda de los hechos relatados, el caso será considerado de alto riesgo. En estos casos se deberán implementar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar la vida, libertad e integridad física de las personas en peligro inminente con un máximo de dos horas.

 

A partir de la recepción de la solicitud el Comité de Medidas de Protección comenzará a recabar la información inicial para elaborar en un máximo de 24 horas el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata, que permita confirmar o modificar las medidas iniciales.

 

Artículo 36.- Para determinar las medidas de protección necesarias la Comisión de Víctimas tendrá un término de diez días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, para:

 

I. Elaborar una Evaluación de Riesgo;

 

II. Determinar el nivel de riesgo y personas beneficiarias; y,

 

III. Proponer las Medidas que serán presentadas, a más tardar en la siguiente sesión del Sistema de Atención para su aprobación.

 

Artículo 37.- El Estudio de Evaluación de Riesgo y el Estudio de Evaluación de Acción Inmediata se realizarán de conformidad con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas, incluyendo la perspectiva de género.

 

Artículo 38.- Las medidas de protección se cancelarán, previo dictamen de los equipos técnicos evaluadores, por los motivos siguientes:

 

I. Las personas beneficiarias de las medidas de protección incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ley;

 

II. Las personas beneficiarias realicen conductas que contravengan la eficacia de las medidas de protección otorgadas;

 

III. Las personas beneficiarias proporcionen, deliberadamente, información falsa para que se les otorguen las medidas de protección;

 

IV. Desaparezca el riesgo o el peligro;

 

V. Las personas beneficiarias renuncien voluntariamente a las medidas de protección; y,

 

VI. Cualquier otra circunstancia razonable que haga innecesario el mantenimiento de la medida.

 

Artículo 39.- En los casos en que las víctimas sean mujeres, se deberá tener en cuenta, al otorgar las medidas de protección, el enfoque de género, así como el diferencial y especializado, aplicándose en lo procedente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México.

 

Artículo 40.- Las autoridades ministeriales y jurisdiccionales deberán llevar un registro de las medidas de protección otorgadas, a fin de garantizar que la protección se realice de forma coordinada, integral y efectiva.

 

Artículo 41.- Cuando las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan conocimiento de situaciones de riesgo, lo harán del conocimiento de la autoridad competente designada de acuerdo a los programas de protección, para que inicien el procedimiento tendente a la protección de las víctimas, de acuerdo a la evaluación de riesgo.

 

Artículo 42.- El programa de protección deberá incluir los criterios siguientes:

 

I. Adopción de las medidas proporcionales al nivel de riesgo de las víctimas, antes, durante y después de su participación en procesos jurisdiccionales o administrativos. Estas medidas deberán tomar en consideración los aspectos diferenciales por género, capacidad y cultura;

 

II. Valoración e identificación del riesgo y factores que lo generan, debiendo ser evaluados periódicamente para actualizar las medidas;

 

III. Protección, de las víctimas cuya vida, seguridad y libertad estén en riesgo por motivo de su participación en procesos judiciales o administrativos; y,

 

IV. Coordinación permanente con los programas de atención a víctimas, con el fin de atender el daño causado por el delito o la violación a los derechos humanos y la situación de riesgo generada.

 

Artículo 43.- Las medidas de protección deberán ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de las personas beneficiarias. Una vez decidida la medida por parte de la autoridad que corresponda, la víctima podrá sugerir medidas alternativas o complementarias si considera que ésta no resulta adecuada para las circunstancias particulares del caso.

 

Artículo 44.- Las entrevistas realizadas con las víctimas dentro del marco de la protección, deberán efectuarse en espacios que garanticen la seguridad, confianza y confidencialidad.

 

Artículo 45.- Las dependencias e instituciones públicas obligadas por las disposiciones de la Ley, deberán dar información permanente a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales, con la finalidad de que en el transcurso de la vigencia de la medida se tenga en cuenta la situación de las víctimas, a fin de determinar su permanencia, modificación o conclusión.

 

Artículo 46.- La Comisión de Víctimas brindará de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares y velará por su cumplimiento.

 

TÍTULO CUARTO

MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCIÓN E INCLUSIÓN

 

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

 

Artículo 47.- Son medidas de asistencia, atención e inclusión, aquellas que comprenden el otorgamiento de apoyos que permitan a las víctimas el acceso a la educación a fin de iniciar o continuar con sus estudios e incentivar su formación escolar; medidas que promuevan su desarrollo personal, productivo y social, así como otras relativas a la atención, asistencia y apoyo en procuración e impartición de justicia.

 

Artículo 48.- Estas medidas de asistencia, atención e inclusión deberán otorgarse tomando en cuenta el enfoque diferencial para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas, integrantes de la comunidad LGBTTTI y personas en situación de desplazamiento forzado interno.

 

Para los efectos del párrafo anterior, la Comisión de Víctimas emitirá los lineamientos respectivos, los cuales serán observados por las dependencias e instituciones, de acuerdo a su ámbito de competencia.

 

La Comisión de Víctimas garantizará que el registro de las víctimas se haga de manera efectiva, rápida y diferencial para su acceso a las medidas de asistencia, atención e inclusión establecidas en la presente Ley.

 

CAPÍTULO II

MEDIDAS ECONÓMICAS,

DE EDUCACIÓN Y DE DESARROLLO

 

Artículo 49.- El acceso de las víctimas a la educación, será a través de políticas y acciones que promuevan su ingreso o permanencia en el sistema educativo y les permitan superar las circunstancias que, en su caso, se lo impidan.

 

Las dependencias e instituciones del sistema educativo establecidas en la Ciudad de México tomarán las acciones necesarias para que las víctimas que derivado del hecho victimizante tuvieren afectaciones respecto a su proyecto educativo, se incorporen con prontitud a los programas de educación, o bien, impulsar el acercamiento al sistema educativo cuando la falta del mismo fuere factor para incrementar la situación de víctima; a fin de acelerar su reintegración a la sociedad y desarrollar una actividad productiva.

 

Artículo 50.- Las víctimas, sus familiares o dependientes, tendrán el derecho a recibir becas económicas en instituciones públicas de estudio, como mínimo hasta la educación media superior para sí o los dependientes que lo requieran. Igualmente, se buscará garantizar mecanismos de apoyo económicos para que las víctimas accedan a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Dichas becas serán a cargo de los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México.

 

Artículo 51.- Las instancias e instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, en el marco de su competencia, deberán garantizar que las víctimas que pertenezcan al grupo etario de niñas, niños y adolescentes, cuenten con los paquetes escolares y uniformes, para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

 

Artículo 52.- Se establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula, que permitan a las que así lo requieran, acceder a los Programas Académicos ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado, así como podrán implementar medidas para el acceso preferencial de las víctimas.

 

Artículo 53.- Las Instituciones de Educación Superior Privada en la Ciudad de México, podrán crear Programas Específicos de becas, créditos educativos y demás programas de apoyo cuyos beneficiarios sean víctimas, que contribuyan para el desarrollo integral de los mismos.

 

Artículo 54.- El Gobierno de la Ciudad de México, dentro de la Política de Desarrollo Social, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima pueda acceder a los beneficios de dicha política conforme a sus necesidades, particularmente aquellas que hayan sufrido daños graves.

 

Las dependencias e instituciones en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y aplicarán políticas y programas, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingresos, en beneficio de las víctimas, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

 

 

 

 

CAPÍTULO III

MEDIDAS EN PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

 

Artículo 55.- Las medidas de asistencia, atención e inclusión en materia de procuración e impartición de justicia, comprenderán la atención, asistencia y apoyo que se le otorguen a la víctima durante los procedimientos respectivos, las que serán permanentes.

 

Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría que dé a la víctima la Asesora o Asesor Jurídico.

 

Cuando en la investigación o en el proceso penal se requiera la intervención de expertos independientes o peritos internacionales, podrán contratarse cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia, lo cual deberá informarse a la víctima.[1]

 

Cuando la víctima dentro de la investigación o en el proceso penal perdiera la confianza en los expertos o peritos nacionales asignados al caso, podrá solicitar la contratación de expertos o peritos independientes o internacionales, siempre y cuando sustente ante la instancia correspondiente dicha pérdida de confianza, a fin de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación integral.[2]

 

La Comisión de Víctimas deberá cubrir con cargo al Fondo de la Ciudad de México los gastos que se originen con motivo de la contratación de expertos independientes o peritos internacionales a los que se refiere el párrafo anterior, requeridos para la investigación de casos en cualquier etapa del proceso.

 

Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesora o Asesor Jurídico o la persona que consideren.

 

TÍTULO QUINTO

MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 56.- Para la determinación e implementación de medidas objeto de reparación integral, se generará un plan individual de reparación, donde se determinen los derechos afectados, el daño cometido por el hecho victimizante, y se establezcan las medidas necesarias para garantizar la reparación integral y sus términos. Las medidas desarrolladas para la Reparación Integral se tendrán con cargo al Fondo de la Ciudad de México.

 

Artículo 57.- El plan individual de reparación se establecerá de acuerdo a los parámetros contenidos en los conceptos de daño material o daño emergente y daño inmaterial. Única y exclusivamente, en los casos en que así lo determine la autoridad judicial, la Comisión de Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos u Órganos Internacionales de Derechos Humanos; y que queden perfectamente identificados con datos que no dejen lugar a duda acerca de su identidad en la resolución, recomendación o conciliación correspondiente.

 

Por daño material, que puede ser o daño emergente y/o lucro cesante, entendemos las consecuencias patrimoniales de la comisión del hecho victimizante, que hayan sido declaradas, así como la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.

 

El cálculo de la indemnización por daño material debe realizarse tomando en cuenta las pretensiones de las víctimas, las pruebas aportadas para ello y los argumentos de las partes.

 

En los casos de muerte de la víctima, como consecuencia de la comisión del delito o el hecho victimizante, el cálculo para el lucro cesante se realizará tomando en cuenta la pérdida de ingresos por la actividad que desempeñaba la víctima, una proyección inflacionaria anual y la esperanza de vida para el año en que ocurrió la muerte.

 

Los mismos criterios se considerarán cuando la víctima quedara imposibilitada para desempeñar actividad laboral alguna con motivo del hecho victimizante. Si la víctima pudiera, con posterioridad a los hechos delictuosos, desempeñar alguna actividad laboral, el cálculo para el lucro cesante únicamente abarcará el tiempo que duró la imposibilidad; en casos de imposibilidad permanente se ajustarán a los mismos criterios del párrafo anterior.

 

En el caso del daño inmaterial, éste comprende las afectaciones de carácter psicológico y emocional causadas a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.

 

Atendiendo a las circunstancias de cada caso, a las afectaciones psicológicas y emocionales que los hechos hubieran podido causar a las víctimas, el cambio en las condiciones de existencia de todas ellas y las demás consecuencias de orden no pecuniario que hubieran sufrido, podrá estimarse el pago de una compensación, conforme a la equidad; mismas que deberá considerar la percepción e impacto que las conductas delictuosas o violatorias de derechos humanos, generaron en las víctimas, por lo que, en la medida de lo posible y sin que se vuelvan desproporcionadas, se debe acercar a las pretensiones de la víctima para poder determinar la indemnización, así como a los impactos psicosociales y psicoemocionales que generaron los hechos victimizantes, en el caso en concreto.

 

Artículo 58.- Para el cálculo de la indemnización correspondiente, se valorará el momento de la consumación del delito o la temporalidad de la ocurrencia de la violación de derechos humanos de que se trate, según sea el caso, así como el impacto biopsicosocial en la vida de la víctima.

 

A cada una de estas categorías se deberá asignar un monto genérico independiente y diferenciado, atendiendo al distinto nivel de gravedad de cada una de las violaciones antes aludidas, cuyo cálculo será a partir de la estimación del costo del tratamiento del estrés postraumático o de los costos de tratamiento para la rehabilitación psicofísica, siempre de conformidad con los hechos victimizantes, acreditados en las recomendaciones o conciliaciones, así como en las resoluciones jurisdiccionales respectivas.

 

Estos montos serán ajustados porcentualmente, en los casos en los en que la valoración psicosocial y/o psicoemocional arroje una afectación agravada.

 

El costo del tratamiento del estrés postraumático, de la rehabilitación psicofísica o de la atención psicoemocional, así como los costos inherentes para su desarrollo, serán los parámetros utilizados para la cuantificación del daño inmaterial, sin que ello implique que la indemnización que se otorgue a la víctima por este concepto tenga que ser utilizada para la satisfacción de estos rubros.

 

Todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos serán compensadas en los términos de la recomendación que emita el órgano u organismo competente, o en su caso, la conciliación.

 

En los casos de las víctimas de delitos, la Comisión de Víctimas determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo de la Ciudad de México, en términos de la presente Ley.

 

El Gobierno de la Ciudad de México compensará de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en su legislación penal vigente, así como en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito.

 

 

 

 

CAPÍTULO II

DE LA RESTITUCIÓN

 

Artículo 59.- Las medidas de restitución, son aquellas que buscan restablecer a las víctimas en sus derechos, bienes y propiedades, de los que fueron privados a consecuencia del hecho victimizante y comprenden las siguientes:

 

I. Restablecimiento de la libertad, los derechos jurídicos, relacionados con los bienes y propiedades; la identidad; la vida en sociedad y unidad familiar; así como la ciudadanía y los derechos políticos;

 

II. Regreso digno y seguro al lugar de origen o residencia;

 

III. Reintegración a la vida laboral, en su caso;

 

IV. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido asegurados, decomisados o recuperados por las autoridades, siempre que se observen las disposiciones que al efecto se establezcan en la normatividad aplicable, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuere posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, se deberá garantizar la entrega de un objeto igual o similar, sin necesidad de recurrir a pruebas periciales; y,

 

V. La eliminación de los registros relativos a los antecedentes penales, cuando la autoridad jurisdiccional competente, revoque una sentencia condenatoria.

 

CAPÍTULO III

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN

 

Artículo 60.- Las medidas de rehabilitación son aquellas que se van a otorgar a la víctima para la recuperación de su salud psicofísica, la realización de su proyecto de vida, y su reintegración a la sociedad cuando éste haya sido afectado por el hecho victimizante; dentro de las que se incluyen, las siguientes:

 

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;

 

II. Atención y asesoría jurídica tendentes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su pleno ejercicio;

 

III. Atención social, orientados a garantizar el pleno ejercicio y restablecimiento de los derechos de las víctimas en su condición de persona y ciudadana;

 

IV. Programas de educación, orientados a la formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;

 

V. Programas de capacitación laboral, orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida; y,

 

VI. Todas aquellas medidas tendentes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo o comunidad.

 

CAPÍTULO IV

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

 

Artículo 61.- Las medidas de compensación, tienen por objeto resarcir a las víctimas, por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente cuantificables que, como consecuencia de la comisión del hecho victimizante, cause afectación en la vida, la libertad y la integridad física o mental, incluyendo el error judicial, al que se refiere la Ley General.

 

Dichas medidas comprenderán:

 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;

 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por ése, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;

 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;

 

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;

 

V. La indemnización por los daños patrimoniales generados como consecuencia del hecho victimizante;

 

VI. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del hecho victimizante, sean necesarios para la recuperación de la salud psicológica y física de la víctima;

 

VII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación, que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en lugar distinto al del enjuiciamiento o donde recibe la atención, respectivamente.

 

La Comisión de Víctimas expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación y no se incurra en un doble pago; y,

 

VIII. Derivado de una determinación judicial, el pago a cargo del responsable, o en su caso, del Gobierno de la Ciudad de México.

 

En caso de que de la resolución judicial fueran dos o más autoridades las responsables, el Comité Interdisciplinario Evaluador verificará que no se incurra en un doble pago por los mismos hechos victimizantes.

 

Los entes públicos de la Ciudad de México y las alcaldías responsables de hechos victimizantes o de las violaciones a derechos humanos, en términos del artículo 3, fracciones XVIII y XLII de esta Ley, tendrá la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, compensación que será determinada por la Comisión de Víctimas en el plan de reparación integral que corresponda.[3]

 

Artículo 62.- Las niñas, niños y adolescentes menores víctimas tienen el derecho a obtener una indemnización o compensación. Las madres, padres, tutores, representantes legales o en su defecto, la autoridad competente, podrán elevar la solicitud, como representantes legales de la niña, niño o adolescente, de la compensación a la que ellos tengan derecho. La autoridad judicial u órgano competente ordenará, en todos los casos, la constitución de un encargo fiduciario o fondo establecido a favor de la persona beneficiaria, asegurándose que se trate del que haya obtenido en promedio los mayores rendimientos financieros en los últimos seis meses. La suma de dinero les será entregada una vez que cuenten con la mayoría de edad.

 

Artículo 63.- En el caso de que se abra procedimiento judicial, surgirá la obligación de indemnizar o compensar una vez se dicte sentencia que haya causado ejecutoria y en los términos de la misma. En el caso de que el responsable se hubiera sustraído a la acción de la justicia, la autoridad judicial fijará la compensación cuando dicha situación se consolide, mediante la correspondiente resolución.

 

En casos en que la víctima demuestre extrema vulnerabilidad con ocasión de la ocurrencia del acto delictivo, la Comisión de Víctimas podrá reconocer, en calidad de indemnización provisional y anticipada, los montos a que diera lugar de manera parcial o total.

 

Artículo 64.- La compensación subsidiaria a la víctima de delito o de violación a derechos humanos, será otorgada por una sola ocasión; se establecerá que la misma tendrá que otorgarse observando un mínimo de 50 y un máximo de 1500 veces la Unidad de Medida y Actualización.[4]

 

Artículo 65.- Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará el pago, con cargo al patrimonio de éste o, en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

 

Artículo 66.- Para que la víctima pueda tener derecho a la compensación subsidiaria, deberá manifestar que no ha sido reparada, exhibir todos los elementos de prueba a su alcance que lo demuestren y presentar sus alegatos. Los elementos de prueba, podrán ser, entre otros:

 

I. Las constancias de las que se desprenda, que las circunstancias de hecho hacen imposible la formulación de la imputación, en la carpeta de investigación, con o sin detenido;

 

II. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar. En el incidente o expediente respectivo, la reparación obtenida y como consecuencia de ello, los conceptos que el sentenciado no pudo reparar; o,

 

III. La resolución emitida por autoridad competente o la Comisión de Derechos Humanos, de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacerla.

 

Artículo 67.- La Comisión de Víctimas fijará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo de la Ciudad de México, en términos de la Ley General y esta Ley, así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

 

I. La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído a la acción de la justicia, haya muerto, desaparecido o se haya aplicado un criterio de oportunidad;

 

II. La resolución firme emitida por la autoridad judicial; y,

 

III. La gravedad del daño sufrido.

 

El pronunciamiento de la Comisión de Víctimas se hará dentro del plazo de noventa días contados a partir de la emisión de la determinación ministerial o resolución judicial. El monto de la compensación subsidiaria, a la que se podrá obligar al Gobierno de la Ciudad de México, será hasta de 1500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

 

Artículo 68.- La compensación subsidiaria a favor de las víctimas, se cubrirá con cargo al Fondo de la Ciudad de México en términos de la Ley y su Reglamento. La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.

 

Artículo 69.- Los apoyos que se otorguen o se hayan otorgado derivados de otras disposiciones como ayudas sociales, de los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México, así como el apoyo económico del Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito, no serán tomados bajo ningún concepto como reparación del daño, ni será impedimento para acceder al Fondo de la Ciudad de México, ni a la compensación subsidiaria a que se refiere esta Ley.

 

Artículo 70.- Si con posterioridad al reconocimiento de la compensación, se demostrare que la persona no tenía la calidad de víctima o de beneficiario, o lo hubiere acreditado de manera engañosa o fraudulenta, se revocarán la compensación otorgada, se ordenará el reintegro de los recursos que se hubieren reconocido y entregado por este concepto, y se remitirán copias autorizadas a la autoridad competente para la investigación y el deslinde de responsabilidades a que haya lugar.

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, tendrá derecho a exigir, por la vía legal procedente, que la persona sentenciada o responsable, restituya al Fondo de la Ciudad de México los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada.

 

CAPÍTULO V

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN

 

Artículo 71.- Las medidas de satisfacción son aquellas acciones que contribuyen a mitigar el daño ocasionado a las víctimas, mediante su dignificación, la determinación de la verdad, el acceso a la justicia y el reconocimiento de responsabilidades, las cuales son enunciativas mas no limitativas.

 

Artículo 72.- Las medidas de satisfacción, previstas tanto en la Ley General como en la presente Ley, comprenden las siguientes:

 

I. La verificación de los hechos y, en su caso, la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de las víctimas;

 

II. La búsqueda de las personas ausentes o extraviadas, desaparecidas, secuestradas, retenidas, sustraídas y no localizadas, o en su caso, de sus cuerpos u osamentas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

 

III. La declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas, así como del núcleo familiar y/o social inmediato;

 

IV. La disculpa pública de parte de las dependencias e instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, de los autores u otras personas involucradas, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables del hecho victimizante;

 

VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas;

 

VII. El reconocimiento público de la situación de víctimas, de su dignidad, nombre y honor, ante la sociedad y las personas responsables del hecho victimizante;

 

VIII. La publicación de resoluciones administrativas o jurisdiccionales, siempre que así lo haya determinado la autoridad emisora; y,

 

IX. La reparación simbólica, que implica el reconocimiento del hecho victimizante a favor de las víctimas o de la comunidad en general, que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, el perdón público, para el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

 

Artículo 73.- En casos de afectaciones colectivas y/o comunitarias, se adoptarán acciones especiales para la reconstrucción del tejido social, las cuales tendrán como objetivo establecer actividades y buscar herramientas que contribuyan a la reparación del daño causado por el hecho victimizante en espacios colectivos.

 

CAPÍTULO VI

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN

 

Artículo 74.- Las medidas de no repetición, son aquellas que se adoptan para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de hechos victimizantes y que contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Éstas consistirán en las siguientes:

 

I. El ejercicio de un control efectivo de las dependencias e instituciones de seguridad pública;

 

II. La garantía de que los procedimientos penales y administrativos se ajusten a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de México y demás normatividad federal y local, relativa a la competencia de las autoridades jurisdiccionales y administrativas, con respeto al debido proceso;

 

III. El fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial de la Ciudad de México;

 

IV. La exclusión de las personas servidoras públicas responsables de planear, instigar, ordenar o cometer delitos dolosos o graves violaciones de los derechos humanos, en las actividades del Gobierno o en las dependencias e instituciones de seguridad pública de la Ciudad de México;

 

V. La protección de las personas profesionistas, que se desarrollen en las áreas del derecho, la salud, la información y demás que coadyuven con los objetivos de esta Ley;

 

VI. La protección de las personas defensoras de los derechos humanos;

 

VII. La educación, prioritaria y permanente, de todos los sectores de la sociedad en materia de derechos humanos; en específico, la capacitación de las personas servidoras públicas encargadas de hacer cumplir la ley, así como integrantes de las dependencias e instituciones de seguridad públicas;

 

VIII. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y normas éticas, en particular, los definidos en Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, por las personas servidoras públicas, especialmente las pertenecientes a dependencias e instituciones de seguridad pública y centros penitenciarios, y en general al personal de medios de información, servicios médicos, psicológicos y sociales, así como empresas comerciales;

 

IX. La revisión y, en su caso, reforma de las normas generales con el fin de evitar que su interpretación y aplicación contribuya a la violación de derechos humanos contenidos en las normas locales o en los Tratados Internacionales; y,

 

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales.

 

Artículo 75.- Se entienden como medidas, que recaen sobre la persona responsable del hecho victimizante, y que buscan garantizar la no repetición del mismo, las siguientes:

 

I. Supervisión de la autoridad;

 

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él en caso de existir peligro inminente para la víctima;

 

III. Determinación y caución de no ofender;

 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos;

 

V. La asistencia a tratamiento de rehabilitación dictada por un Juez en caso de adicción, sí ésta hubiera sido causa del hecho victimizante; y,

 

VI. La asistencia al tratamiento terapéutico ordenado a procesados y sentenciados en el delito de violencia familiar.

 

Artículo 76.- Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de los sentenciados, por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad. Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, se reduzca la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.

 

Las autoridades del sistema penitenciario de la Ciudad de México, garantizarán la implementación de esta medida de acuerdo a la normatividad aplicable.

 

Artículo 77.- Durante la tramitación del procedimiento, el Ministerio Público y la o el Juez, dentro de los límites y condiciones que se fijen en la resolución respectiva, adoptarán las medidas necesarias para proteger la integridad física y moral de la víctima y podrán exigir a la persona imputada o sentenciada, respectivamente, una garantía de no ofender o de acceder a un lugar determinado o que resida en él, siempre que ello pueda afectar a la seguridad de las víctimas.

 

Cuando la persona haya sido sentenciada por delito cometido bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.

 

LIBRO SEGUNDO

DE LAS BASES ORGÁNICAS Y DE FUNCIONAMIENTO

 

TÍTULO PRIMERO

DE LA COORDINACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

 

CAPÍTULO I

DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL SISTEMA NACIONAL

 

Artículo 78.- Con el fin de asegurar la adecuada coordinación y articulación con el Sistema Nacional, al Gobierno de la Ciudad de México a través de las dependencias, instituciones, órganos desconcentrados y entidades, en el ámbito de sus respectivas funciones y facultades, le corresponderá lo siguiente:

 

I. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General, la Constitución Política de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables, reconocen en favor de las víctimas;

 

II. Coadyuvar en el cumplimiento de políticas, lineamientos, modelos u otros acuerdos adoptados por el Sistema Nacional;

 

III. Instrumentar y articular las políticas públicas de la Ciudad de México, en concordancia con la política nacional en materia de atención integral a víctimas, para la adecuada atención y protección a las víctimas, tomando en consideración las políticas diseñadas para tal efecto por el Sistema Nacional;

 

IV. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley;

 

V. Participar en la elaboración del Programa;

 

VI. Fortalecer e impulsar la creación y reestructuración de las instancias públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

 

VII. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional;

 

VIII. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal y con los demás poderes de la Ciudad de México y alcaldías de sus demarcaciones territoriales, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas de acuerdo con el Programa de Atención Integral a Víctimas a que se refiere la Ley General;

 

IX. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres víctimas y mejorar su calidad de vida;

 

X. Impulsar la creación de albergues, refugios y casas de emergencia para las víctimas, tomando en consideración el modelo base de atención que para el efecto acuerde el Sistema Nacional;

 

XI. Promover programas de información en la materia;

 

XII. Impulsar programas educativos integrales para los imputados;

 

XIII. Promover el intercambio de información, experiencias y estrategias con los miembros del Sistema Nacional;

 

XIV. Impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, en la ejecución de las actividades relacionadas al cumplimiento de esta Ley;

 

XV. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley;

 

XVI. Difundir el contenido de esta Ley, particularmente en lo relativo a los derechos de las víctimas y las medidas para garantizarlos;

 

XVII. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales ante el Sistema;

 

XVIII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas en la Ciudad de México, con base en los resultados de las investigaciones que al efecto se realicen;

 

XIX. Recibir de las organizaciones privadas las propuestas y recomendaciones sobre atención y protección de las víctimas, a fin de mejorar los mecanismos en la materia;

 

XX. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para su elaboración; y,

 

XXI. Celebrar convenios de coordinación y concertación en la materia con las dependencias e instituciones que conforman el Sistema Nacional u otras autoridades o instituciones públicas que tengan por objeto realizar acciones conjuntas para el cumplimiento de esta Ley y de la Ley General.

 

CAPÍTULO II

DEL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Artículo 79.- Se crea el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, como una instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, la cual tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.

 

Artículo 80.- El Sistema de Atención estará integrado de la manera siguiente:

 

I. Poder Ejecutivo de la Ciudad de México por la persona titular de:

 

a) La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien lo presidirá;

 

b) La Secretaría de Gobierno;

 

c) La Secretaría de Seguridad Pública;

 

d) La Secretaría de Salud;

 

e) La Secretaría de Desarrollo Social;

 

f) La Secretaría de Educación;

 

g) La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades;

 

h) La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;

 

i) La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

 

j) La Secretaría de Cultura;

 

k) La Fiscalía;

 

l) La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y,

 

m) El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 

II. El Congreso de la Ciudad de México por la persona que presida: [5]

 

a) La o el Presidente de la Mesa Directiva en funciones; [6]

 

b) La Comisión de Atención Especial a Víctimas; y,[7]

 

c) La Comisión de Derechos Humanos.[8]

 

III. La persona que presida el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;

 

IV. Una persona representante de las alcaldías;

 

V. La persona titular de la Comisión de Víctimas;

 

VI. Cuatro personas propuestas por grupos, colectivos de víctimas u organizaciones de la sociedad civil con reconocida especialización en los temas materia de esta Ley; y,

 

VII. Cuatro personas propuestas por instituciones académicas, con reconocida especialización en los temas materia de esta Ley.

 

Para el caso de las fracciones VI y VII, en su designación se atenderá el principio de paridad de género.

 

Artículo 81.- Las personas integrantes del Sistema de Atención se reunirán en Pleno o en Comisiones, por lo menos una vez cada seis meses, a convocatoria de su Presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar tomando en consideración las recomendaciones de la Comisión de Víctimas y, en forma extraordinaria, cuando exista una situación emergente que así lo requiera, a solicitud de cualquiera de los integrantes del Sistema de Atención.

 

Artículo 82.- Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema de Atención, las personas titulares de las instancias siguientes:

 

I. El Sistema DIF-CDMX;

 

II. El Instituto de las Mujeres;

 

III. El Instituto de la Vivienda;

 

IV. El Instituto para la Atención y Prevención a las Adicciones;

 

V. El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad;

 

VI. El Instituto de la Juventud;

 

VII. El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores;

 

VIII. El Instituto de Asistencia e Integración Social; y,

 

IX. La Comisión de Derechos Humanos.

 

Además, serán invitadas las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos o grupos de víctimas, y los organismos nacionales o internacionales que, por acuerdo del Pleno de la Comisión de Víctimas, deban participar en la sesión que corresponda. El Reglamento establecerá el mecanismo de participación correspondiente.

 

Las y los invitados acudirán a las reuniones con derecho a voz pero sin voto.

 

Artículo 83.- Para las reuniones del Sistema de Atención el quórum se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho a voto. En sus ausencias el Presidente del Sistema de Atención será suplido por la persona Titular de la Secretaría de Gobierno. Los integrantes del Sistema de Atención podrán designar a un representante con poder de decisión.

 

En caso de empate, la persona que preside el Sistema de Atención tendrá voto de calidad.

 

Artículo 84.- El Sistema de Atención tendrá las atribuciones siguientes:

 

I. Establecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias, instituciones, entidades públicas locales, órganos desconcentrados, alcaldías y organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención y defensa de los derechos humanos;

 

II. Impulsar la participación social en las actividades de atención a víctimas;

 

III. Formular propuestas a la Comisión Ejecutiva sobre las políticas nacionales en materia de protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

 

IV. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y sus derechos;

 

V. Promover la uniformidad de criterios jurídicos al interior de las dependencias e instituciones de la Ciudad de México en las materias que regula esta Ley;

 

VI. Formular propuestas para la elaboración del Programa y demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;

 

VII. Analizar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión de Víctimas;

 

VIII. Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas;

 

IX. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro del personal de las dependencias e instituciones de atención a víctimas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

 

X. Promover una estrategia de fortalecimiento en el desarrollo profesional y la especialización conjunta de los miembros de las dependencias e instituciones que prestan servicios de atención a víctimas;

 

XI. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas por el incumplimiento de esta Ley y demás disposiciones legales en la materia, al personal de las dependencias e instituciones que prestan servicios de atención a víctimas, por incumplimiento de esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;

 

XII. Fijar criterios de coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de las víctimas, así como de gestoría de trabajo social respecto de las mismas;

 

XIII. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, en relación con la atención a víctimas;

 

XIV. Establecer lineamientos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;

 

XV. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;

 

XVI. Aprobar la reglamentación propuesta por la persona titular de la Comisión de Víctimas; y,

 

XVII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.

 

CAPÍTULO III

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Artículo 85.- Las dependencias, instituciones, entidades, órganos desconcentrados, y alcaldías, competentes en las materias de seguridad pública, desarrollo social, desarrollo integral de la familia, salud y educación de la Ciudad de México, dentro del ámbito de sus atribuciones, deberán:

 

I. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes, programas, líneas de acción y convenios de coordinación, entre otros, para garantizar los derechos de las víctimas;

 

II. Llevar a cabo las acciones necesarias tendentes a capacitar a su personal, para asegurar el acceso a los servicios especializados que éstas proporcionen a las víctimas, y con ello lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reinserción a la vida cotidiana;

 

III. Proporcionar a las víctimas ayuda, atención y protección especializada, canalizándolas cuando sea necesario a las dependencias e instituciones correspondientes;

 

IV. Generar, tomar, realizar e implementar las acciones que sean necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos y el respeto de los derechos establecidos en la Ley General y en el presente ordenamiento;

 

V. Implementar programas de prevención y erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas, personas adultas mayores e integrantes de la comunidad LGBTTTI;

 

VI. Participar, ejecutar y dar seguimiento activamente a las acciones del Programa que les corresponda, con la finalidad de diseñar nuevos modelos de prevención y atención a las víctimas, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente Ley;

 

VII. Definir y promover al interior de cada Institución, políticas que promuevan el respeto irrestricto de los derechos humanos, con base en los principios establecidos en la presente Ley, a fin de fomentar la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas;

 

VIII. Denunciar ante la autoridad competente, cuando tenga conocimiento del delito o de violaciones de derechos humanos;

 

IX. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar la investigación del delito o de violaciones de derechos humanos, proporcionando la información que sea requerida por las mismas; y,

 

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley, las normas reglamentarias respectivas y el Programa.

 

En materia educativa, las autoridades competentes promoverán y gestionarán, en coordinación con el Sistema Nacional, un programa de becas permanente para el caso de las víctimas que se encuentren cursando los niveles de educación primaria, secundaria, preparatoria o universidad en instituciones públicas, con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios. Estos apoyos continuarán hasta el término de su educación superior, siempre y cuando cumplan las disposiciones reglamentarias.

 

En los casos en que la víctima esté cursando sus estudios en una institución particular, el apoyo se brindará hasta la conclusión del ciclo escolar en curso.

 

Las dependencias e instituciones del sector salud, de manera integral e interdisciplinaria brindarán atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que en la prestación de los servicios se respeten sus derechos humanos.

 

En cada una de las entidades públicas que brinde servicios, asistencia y atención a las víctimas se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con enfoque transversal de género.

 

Las dependencias e instituciones de seguridad pública deberán salvaguardar la vida, integridad, libertad y patrimonio de las víctimas en situación de peligro, cuando se vean amenazadas por disturbios y otras situaciones que impliquen violencia o riesgos inminentes o durante la prevención de la comisión de algún delito o violación a sus derechos humanos.

 

Artículo 86.- Las dependencias e instituciones de la Ciudad de México que en el ámbito de su competencia, proporcionarán las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión y de reparación integral a las víctimas, serán las siguientes:

 

I. La Secretaría de Gobierno;

 

II. La Secretaría de Seguridad Pública;

 

III. La Secretaría de Salud;

 

IV. La Secretaría de Desarrollo Social;

 

V. La Secretaría de Educación;

 

VI. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades;

 

VII. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;

 

VIII. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

 

IX. La Secretaría de Cultura;

 

X. La Fiscalía;

 

XI. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

 

XII. El Sistema DIF-CDMX;

 

XIII. La Comisión de Derechos Humanos;

 

XIV. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

 

XV. El Instituto de las Mujeres;

 

XVI. El Instituto de la Vivienda;

 

XVII. El Instituto para la Atención y Prevención a las Adicciones;

 

XVIII. El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad;

 

XIX. El Instituto de la Juventud;

 

XX. El Instituto para la Atención de los Adultos Mayores;

 

XXI. El Instituto de Asistencia e Integración Social; y,

 

XXII. Las alcaldías.

 

Artículo 87.- Las dependencias e instituciones referidas, proporcionarán a las víctimas las medidas de ayuda inmediata, de conformidad con la Ley General, esta Ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás normatividad aplicable, desde el momento en que tengan conocimiento del hecho victimizante, a fin de garantizarles:

 

I. La satisfacción de sus necesidades de alimentación;

 

II. El aseo personal;

 

III. La atención médica y psicológica de emergencia, incluyendo el abastecimiento de medicamentos; y,

 

IV. El transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras.

 

Artículo 88.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Vigilar, en el ámbito administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades de la Ciudad de México, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos en materia de víctimas, así como dictar las medidas administrativas que requiera su cumplimiento;

 

II. Promover la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección de derechos humanos, por las personas servidoras públicas, incluido el personal de corporaciones de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;

 

III. Formular programas de apoyo para el adelanto y desarrollo de las mujeres víctimas, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos;

 

IV. Normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de las mujeres víctimas en los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos;

 

V. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones del Jefe de Gobierno en materia de atención integral de víctimas;

 

VI. Establecer y fortalecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias, instituciones, órganos desconcentrados, entidades, alcaldías y organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención y defensa de los derechos humanos de la Ciudad de México, en materia de atención integral de víctimas;

 

VII. Impulsar la formulación de convenios de coordinación y concertación en la materia con las dependencias e instituciones que conforman el Sistema Nacional u otras autoridades o instituciones públicas que tengan por objeto realizar acciones conjuntas para el cumplimiento de esta Ley y de la Ley General; y,

 

VIII. Coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico, en lo concerniente a la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, así como el reconocimiento público de la situación de víctimas, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor.

 

Artículo 89.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Capacitar a su personal adscrito en materia de atención y protección de víctimas;

 

II. Diseñar la política integral para la prevención del delito;

 

III. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Fiscalía, acciones congruentes con la política criminal, establecida en las leyes penales, que incidan en la prevención de hechos victimizantes, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia;

 

IV. Diseñar e implementar programas de prevención y erradicación de la violencia;

 

V. Coordinar, en conjunto con la Comisión de Víctimas, los servicios de seguridad pública en materia de atención a víctimas;

 

VI. Auxiliar a víctimas, en el lugar de los hechos, en cumplimiento de la normatividad aplicable que requieran protección, auxilio o atención, por lo que determinará su canalización para su debida atención, según corresponda;

 

VII. Colaborar, a petición de autoridades y organismos competentes, en la protección de la integridad física de las víctimas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, violencia o riesgo inminente, evitando que el delito genere consecuencias ulteriores;

 

VIII. Garantizar que se requisite el llenado del Informe Policial Homologado aplicable;

 

IX. Supervisar que se le informe a la víctima los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables;

 

X. Fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información con las autoridades competentes a fin de proporcionar protección a las víctimas;

 

XI. Establecer mecanismos de coordinación con instituciones policiales municipales y de las entidades federativas colindantes con la Ciudad de México, para la debida atención y protección de víctimas;

 

XII. Ejecutar las medidas cautelares y de protección que le ordene el Ministerio Público o la autoridad judicial;

 

XIII. Colaborar con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía, y demás autoridades, en todas las actuaciones policiales requeridas;

 

XIV. Implementar registros de las acciones preventivas, de apoyo y de atención a las víctimas que brinde en el ejercicio de sus atribuciones;

 

XV. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia, en concordancia con los principios previstos en esta Ley;

 

XVI. Mantener actualizado el Registro en cumplimiento de la Ley General y esta Ley, conforme a su competencia; y,

 

XVII. Establecer mecanismos de comunicación directa de atención con víctimas, con la finalidad de brindar el apoyo inmediato en casos de urgencia.

 

Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría de Salud, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General, esta Ley y la Ley de Salud local, las atribuciones siguientes:

 

I. Reglamentar la estructura, funciones y la forma en que operará la Atención Integral en Salud para las víctimas;

 

II. Organizar, desarrollar, dirigir y adecuar las medidas necesarias, a través de planes programas, líneas de acción y convenios de coordinación entre otros, para garantizar los servicios de emergencia médica, quirúrgica y hospitalaria; así como atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas, que le garantice a la víctima superar las secuelas de la victimización;

 

III. Instrumentar mecanismos, programas y acciones para identificar y disminuir los factores de riesgo en materia de salud de las víctimas;

 

IV. Brindar a las víctimas los servicios de emergencia médica, quirúrgica y hospitalaria, de forma gratuita, con respeto a sus derechos humanos, enfoque transversal de género, diferencial y especializado, así como durante el tiempo necesario para asegurar que las mismas superen las condiciones de necesidad inmediata;

 

V. Brindar a las víctimas de delito de violencia sexual, los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, así como de la profilaxis post exposición para Virus de Inmunodeficiencia Humana, además de aquellos que contemplen y prevean la Ley General y esta Ley, con absoluto respeto a los derechos humanos y a la voluntad de las víctimas; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana;

 

VI. Brindar atención médica y coordinar la atención psicológica y psiquiátrica especializada, con respeto a sus derechos humanos, enfoque transversal de género, diferencial y especializado, que le garantice a la víctima superar las secuelas de la victimización;

 

VII. Impulsar la formulación de convenios de coordinación en la materia de salud con dependencias, instituciones y entes que conforman el Sistema Nacional u otras autoridades o instituciones públicas que tengan por objeto realizar acciones conjuntas para el cumplimiento de la Ley General y esta Ley;

 

VIII. Impulsar la celebración de convenios de colaboración con Instituciones Privadas, a fin de garantizar que las víctimas accedan a los servicios de emergencia médica, quirúrgica y hospitalaria, en casos urgentes o de extrema necesidad;

 

IX. Definir los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica, que permita atender lesiones transitorias y permanentes, así como las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con el hecho victimizante;

 

X. Coadyuvar con el Sistema de Atención en el establecimiento de criterios de colaboración y coordinación para la atención médica y psicológica de las víctimas;

 

XI. Capacitar al personal en materia de derechos humanos de las víctimas, a fin de asegurar el acceso a los servicios especializados en materia de salud que se proporcionen a las víctimas;

 

XII. Definir y promover políticas que promuevan el respeto de los derechos humanos, con base en los principios establecidos en la presente Ley, a fin de fomentar la cultura de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas;

 

XIII. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en materia de salud realicen las alcaldías de la Ciudad de México;

 

XIV. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica, establecidos en la Ley General y en esta Ley;

 

XV. Denunciar ante la autoridad, cuando tenga conocimiento de un hecho victimizante;

 

XVI. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación en atención integral de víctimas y promover el intercambio con otras dependencias e instituciones;

 

XVII. Desarrollar actividades tendentes al mejoramiento y especialización de los servicios de salud que se brinden a las víctimas; y,

 

XVIII. Promover la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por el personal de salud.

 

Artículo 91.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Elaborar e implementar acciones de política de desarrollo social, que garanticen que toda víctima reciba los beneficios de desarrollo social conforme a sus necesidades, y en particular para atender a aquellas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante;

 

II. Formular y aplicar políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello;

 

III. Fortalecer la coordinación interinstitucional para optimizar programas sectoriales de desarrollo social con igualdad e inclusión, para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos de las víctimas, bajo los principios de igualdad y no discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros;

 

IV. Promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de las víctimas en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social;

 

V. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación en materia de alimentación vinculados con las víctimas;

 

VI. Establecer, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia de asistencia social a las víctimas en la Ciudad de México;

 

VII. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas de prevención y atención a víctimas pertenecientes a grupos sociales de alta vulnerabilidad como son: niñas y niños en situación de calle, víctimas de violencia familiar, población con adicciones, personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales o personas en situación de calle;

 

VIII. Promover, fomentar y coordinar acciones para restablecer la unidad familiar, considerando el interés superior de la niñez;

 

IX. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables;

 

X. Asegurar que el servicio público telefónico LOCATEL oriente a las víctimas en aspectos relacionados con la Ley General y la presente Ley, con la finalidad de que puedan acceder a la atención integral que brinda, así como se le proporcione por este medio asistencia médica, legal y psicológica;

 

XI. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las víctimas a las dependencias e instituciones correspondientes;

 

XII. Diseñar y promover campañas de información de prevención de hechos victimizantes;

 

XIII. Impulsar la creación de Albergues, Centros de Refugio y Casas de Emergencia para víctimas;

 

XIV. Fomentar la coordinación local y nacional con los Albergues del Sistema DIF-CDMX, Centros de Refugio y Casas de Emergencia para mujeres víctimas de violencia;

 

XV. Supervisar y verificar las condiciones en las que operan los Albergues del Sistema DIF-CDMX, Centro de Refugio o Casas de Emergencia en la Ciudad de México;

 

XVI. Elaborar e instrumentar mecanismos, programas y acciones para identificar hechos victimizantes;

 

XVII. Promover la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos;

 

XVIII. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las instituciones académicas y de investigación y de la sociedad en general, en el diseño instrumentación y operación de las políticas y programas que garanticen que las víctimas reciban los beneficios de desarrollo social conforme a sus necesidades;

 

XIX. Fomentar la reconstrucción del tejido social urbano con base en el orgullo de pertenencia a la ciudad y la comunidad, el respeto de los derechos de todos los habitantes y la superación de toda forma de discriminación, violencia y abuso en las relaciones entre los habitantes;

 

XX. Establecer los mecanismos para que el Gobierno de la Ciudad de México garantice que toda víctima tenga acceso a los beneficios del desarrollo social que establece la Ley General y esta Ley; y,

 

XXI. Diseñar e implementar, en conjunto con la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, un programa para identificar inmuebles que puedan ser destinados al alojamiento temporal de las víctimas y sus familias en los términos del Capítulo III del Título Tercero del Libro Primero de esta Ley, en concordancia con el Modelo de Atención establecido en la presente Ley.

 

Artículo 92.- Corresponde a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que garanticen el acceso de las víctimas a la educación y su permanencia en el sistema educativo, si como consecuencia del hecho victimizante se interrumpen los estudios;

 

II. Garantizar que la educación permita a las víctimas incorporarse con prontitud a la sociedad y en su oportunidad;

 

III. Desarrollar y ejecutar programas de apoyo social que incidan en el proceso educativo, tales como el derecho a recibir becas completas de estudio en instituciones públicas; la entrega de paquetes escolares y uniformes; y el acceso a los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios;

 

IV. Desarrollar y ejecutar programas de apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos, para lo cual propondrán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado; y,

 

V. Fomentar, en conjunto con el Sistema DIF-CDMX, programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida.

 

Artículo 93.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Promover el empleo en el medio rural de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; como un derecho de desarrollo para las víctimas, establecido en los diversos ordenamientos;

 

II. Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación a las víctimas que sean productores rurales de la Ciudad de México;

 

III. Diseñar, operar y ejecutar planes, programas y proyectos destinados a garantizar los derechos pluriculturales y pluriétnicos de la población indígena radicada o es originaria de la Ciudad de México; a fin de evitar que dicha población sea víctima o vuelva a ser objeto de violaciones de sus derechos, para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza; concertando acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de las y los indígenas; y,

 

IV. Participar y organizar foros, seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre asuntos étnicos e indígenas en su calidad de víctimas de la Ciudad de México.

 

Artículo 94.- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Formular políticas públicas y programas para el fomento al empleo y la capacitación laboral, orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida;

 

II. Incorporar en la supervisión de las condiciones laborales de los centros de trabajo, la vigilancia en el cumplimiento de las normas en materia de igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso y la permanencia de las víctimas; y,

 

III. Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre hechos victimizantes, así como de las dependencias e instituciones que atienden a las víctimas.

 

Artículo 95.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Fomentar el diseño de programas para la obtención de crédito y mejoramiento de vivienda a favor de las víctimas; y

 

II. Diseñar e implementar, en conjunto con la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, un programa para identificar inmuebles que puedan ser destinados al alojamiento temporal de las víctimas y sus familias en los términos del Capítulo III del Título Tercero del Libro Primero de esta Ley, en concordancia con el Modelo de Atención establecido en la presente Ley.

 

Artículo 96.- Corresponde a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Promover a través de los programas y actividades culturales, los derechos humanos de las víctimas establecidos en normas internacionales y nacionales;

 

II. Diseñar programas para que las víctimas dispongan de espacios para el esparcimiento, juegos y actividades recreativas, y participen en la vida cultural y artística;

 

III. Desarrollar con otras dependencias e instituciones, encargadas de promover la cultura, campañas para prevenir hechos victimizantes;

 

IV. Elaborar programas artísticos y culturales, que difundan y promuevan una cultura de respeto a las víctimas y sus derechos;

 

V. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los derechos humanos y desarrollo integral de las víctimas, a través de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas; y,

 

VI. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las víctimas, en los centros de promoción de la cultura o en los espacios donde se desarrollen las actividades culturales y artísticas.

 

Artículo 97.- Corresponde a la Fiscalía, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, acciones de política criminal que incidan en la prevención de hechos victimizantes, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia;

 

II. Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan proponer políticas públicas que prevengan delitos;

 

III. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación y concertación, a efecto de que las víctimas del delito reciban una adecuada ayuda, atención, asistencia e inclusión y tengan expeditos los derechos que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General, la Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley y demás normatividad aplicable;

 

IV. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las víctimas a las dependencias e instituciones correspondientes;

 

V. Brindar asistencia consistente en proporcionar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral;

 

VI. Proporcionar atención psicológica de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente;

 

VII. Brindar a la víctima de delito la atención, asistencia e inclusión; así como apoyo médico, psicológico y de trabajo social, cuando lo requiera;

 

VIII. Procurar, coordinar y vigilar que se proporcionen la atención, asistencia y apoyo en materia de procuración y administración de justicia, concertando las acciones con organismos públicos o privados, y otras dependencias e instituciones que con motivo de sus funciones, deban entrar en contacto con las víctimas del delito;

 

IX. Dirigir y coordinar la Asesoría Jurídica en el ámbito de su competencia;

 

X. Solicitar la reparación del daño, en los casos que ésta proceda;

 

XI. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a las víctimas y sus derechos;

 

XII. Desarrollar campañas de difusión sobre los derechos que tienen las víctimas de delitos y las agencias especializadas o Fiscalías que las atienden;

 

XIII. Desarrollar campañas de difusión de los servicios que prestan los centros que integran el Sistema de Auxilio;

 

XIV. Promover la profesionalización y actualización de las personas servidoras públicas en materia de respeto, garantía y protección de los Derechos Humanos de las víctimas; y,

 

XV. Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticos sobre fenómenos y dinámicas de victimización en la Ciudad de México.

 

Artículo 98.- Corresponde a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Participar, junto con las demás dependencias e instituciones competentes, en la actualización y simplificación del marco normativo jurídico en materia de atención integral de víctimas; y,

 

II. Proponer a la autoridad competente un programa de exención de pagos de los servicios que brinde el Registro Civil a las personas en su calidad de víctimas, cuando éstas así lo requieran a causa de los hechos victimizantes.

 

Artículo 99.- Corresponde al Sistema DIF-CDMX, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Creación de albergues para niñas, niños y adolescentes víctimas, debiendo adoptarse las medidas y requerimientos necesarios para su funcionamiento;

 

II. Formular, diseñar y ejecutar programas especiales que atiendan las necesidades propias de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas pertenecientes a pueblos indígenas que tengan la calidad de víctima;

 

III. Fomentar acciones que favorezcan el restablecimiento de la unidad familiar de las víctimas;

 

IV. Promover, en conjunto con la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas, con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;

 

V. Promover, en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;

 

VI. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental, social y cultural de las niñas y niños, en calidad de víctimas y en situación de vulnerabilidad sujetos de la asistencia social;

 

VII. Prestar asistencia jurídica y de orientación social a las niñas, niños, personas con discapacidad y en general a toda persona en estado de vulnerabilidad, con calidad de víctima;

 

VIII. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las víctimas a las dependencias e instituciones correspondientes; y,

 

IX. Coordinar y realizar acciones en colaboración con asociaciones, sociedades civiles y demás entidades privadas, con la finalidad de complementar los programas referentes a las víctimas.

 

Artículo 100.- Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Conocer e investigar quejas relacionadas con las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos;

 

II. Brindar la ayuda, asistencia, atención e inclusión, protección y servicios que ésta Ley señala, de manera integral y especializada a las víctimas de violación de derechos humanos que lo requieran;

 

III. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación y concertación, a efecto de que las víctimas reciban una adecuada ayuda, atención, asistencia y tengan expeditos los derechos que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General, esta Ley y demás normatividad aplicable;

 

IV. Impulsar la observancia de los derechos humanos de las víctimas en la Ciudad de México;

 

V. Proponer a las diversas autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, la formulación de proyectos de las modificaciones a las disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos;

 

VI. Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos de las víctimas;

 

VII. Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos humanos de las víctimas;

 

VIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias e instituciones competentes, para impulsar el cumplimiento de los tratados, convenciones, acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de derechos humanos. Para ello, elaborará y actualizará de manera constante, una recopilación de dichos documentos, que divulgará de manera amplia entre la población;

 

IX. Brindar la asistencia jurídica a las víctimas para que la o las denuncias sean presentadas ante las autoridades correspondientes, cuando a raíz de una investigación practicada, se presuma la comisión de un delito o faltas administrativas;

 

X. Practicar visitas e inspecciones a los Centros de Asistencia Social e Instituciones de Asistencia Privada donde se presten servicios asistenciales a víctimas, como son: casas hogares, casas asistenciales, instituciones y organismos que trabajen con la niñez; instituciones para el tratamiento y apoyo a enfermos mentales; instituciones donde se preste asistencia y apoyo a personas con discapacidad, así como a personas adultas mayores; centros de asistencia e integración social; instituciones y centros de salud; y, demás establecimientos de asistencia social en la Ciudad de México, en los que intervenga cualquier autoridad pública local, para cerciorarse del absoluto respeto a los derechos humanos de las víctimas; y,

 

XI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

 

Artículo 101.- Corresponde al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Promover y proteger el derecho humano a la no discriminación de las víctimas en la Ciudad de México, así como velar por la aplicación de las medidas positivas que garanticen la efectividad del derecho a la no discriminación;

 

II. Brindar la asistencia jurídica a las víctimas y, en su caso, recibir quejas o denuncias por presuntas conductas discriminatorias provenientes tanto de las personas servidoras públicas o autoridades de la Ciudad de México, como de particulares, y remitirlas ante las instancias correspondientes para los efectos a que haya lugar;

 

III. Promover la participación ciudadana, a efecto de escuchar opiniones y experiencias en materia de no discriminación;

 

IV. Impulsar la celebración de convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales y de los Estados de la República, con los diversos órganos que componen la administración centralizada, desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México, con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con las leyes respectivas, en beneficio de la promoción, protección y defensa del derecho humano a la no discriminación a las víctimas;

 

V. Requerir a las autoridades competentes adopten las medidas positivas a favor de las víctimas en situación de discriminación para erradicar, combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que produzcan discriminación;

 

VI. Diseñar los indicadores para la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de no discriminación a las víctimas;

 

VII. Realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos vigentes, y proponer, en su caso, las modificaciones que correspondan en el tema de la no discriminación a las víctimas;

 

VIII. Emitir opinión ante el Poder Legislativo de la Ciudad de México en relación con las iniciativas de leyes o decretos en materia de no discriminación a las víctimas;

 

IX. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de no discriminación a las víctimas, así como promover su cumplimiento por parte de los entes públicos de la Ciudad de México;

 

X. Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias a las víctimas en los medios de comunicación masiva; y,

 

XI. Las demás que establezca la presente Ley para favorecer la aplicación de la misma.

 

Artículo 102.- Corresponde al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas y la cultura de la denuncia ciudadana ante las autoridades competentes por la violación de los mismos;

 

II. Impulsar y coordinar con las dependencias e instituciones de la Administración Pública acciones y políticas públicas contra la violencia y en materia de salud, educación, empleo, capacitación y deporte tendientes a garantizar la igualdad de oportunidades de las víctimas;

 

III. Formular programas de apoyo para el desarrollo de las mujeres víctimas, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos;

 

IV. Normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de las mujeres víctimas en los diversos ámbitos del desarrollo;

 

V. Difundir las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes a favor de las mujeres víctimas, en el ámbito internacional, nacional y local;

 

VI. Establecer y fortalecer vínculos de coordinación con organismos públicos, privados y sociales e impulsar iniciativas de ley que garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio para el desarrollo de las mujeres víctimas;

 

VII. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, los servicios de asesoría, orientación y capacitación integral a las mujeres víctimas en general, a través del mismo Instituto y de sus Unidades en cada alcaldía de la Ciudad de México;

 

VIII. Asesorar a las mujeres víctimas para potenciar sus capacidades a efecto de acceder y aprovechar los programas que las beneficien;

 

IX. Establecer vinculación permanente con la Comisión de Derechos Humanos con la finalidad de combatir la discriminación hacia las mujeres víctimas;

 

X. Fomentar, a través del sistema educativo y los medios de comunicación, la cultura de respeto de las mujeres víctimas y su dignidad;

 

XI. Establecer vinculación permanente con las autoridades de procuración e impartición de justicia, con el objeto de contribuir con la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres víctimas; y,

 

XII. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones vigentes.

 

Artículo 103.- Corresponde al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Establecer las medidas conducentes a asegurar el cumplimiento de los programas y orientaciones aprobados por el Jefe de Gobierno en materia de vivienda; en particular, fijar prioridades para las víctimas cuando fuere necesario en los aspectos no previstos en las normas generales y asignar en consecuencia los recursos; y,

 

II. Fomentar el diseño de políticas y programas para el financiamiento u otorgamiento y mejoramiento de vivienda a favor las víctimas, en específico, las que se encuentren en situación vulnerable de bajos recursos económicos o en situación de riesgo, mismos que serán considerados como personas sujetas de subsidio o de ayuda de beneficio social.

 

Artículo 104.- Corresponde al Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Proponer e impulsar los programas específicos para personas con discapacidad que tengan la calidad de víctimas;

 

II. Impulsar acciones que en beneficio de las personas con discapacidad que tengan la calidad de víctimas se desarrollen en la Ciudad de México;

 

III. Realizar las investigaciones jurídicas y los análisis legislativos que contribuyan a la integración al desarrollo de las personas con discapacidad que tengan la calidad de víctima en la Ciudad de México;

 

IV. Elaborar las propuestas legislativas que contribuyan a la reforma integral a la legislación vigente, garantizando en todo momento el interés y beneficio de las personas con discapacidad que tengan la calidad de víctimas;

 

V. Promover y difundir en la sociedad una cultura de respeto e inclusión de las personas con discapacidad que tengan la calidad de víctimas, resaltando sus valores y habilidades residuales;

 

VI. Luchar contra los estereotipos y prejuicios respecto de las personas con discapacidad que tengan la calidad de víctimas;

 

VII. Realizar campañas periódicas de difusión y respeto por los derechos de las personas con discapacidad que tengan la calidad de víctimas;

 

VIII. Promover la sensibilización y concienciación de todos los miembros de la sociedad respecto de las personas con discapacidad que tengan la calidad de víctima, haciendo especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes en los diferentes niveles educativos; y,

 

IX. Promover la participación de los diferentes medios de comunicación en la difusión de los diferentes programas y acciones a favor de las personas con discapacidad que tengan la calidad de víctimas.

 

Artículo 105.- Corresponde al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Coordinar, articular e instrumentar la política pública dirigida a las personas jóvenes que tengan la calidad de víctimas, dentro de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México;

 

II. Respetar y promover los derechos humanos de la población joven que tengan calidad de víctima, en la Ciudad de México;

 

III. Crear mecanismos de coordinación institucional entre el Sistema de Atención, instancias del Gobierno de la Ciudad de México, alcaldías, organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles que realizan trabajo con jóvenes que tengan calidad de víctimas;

 

IV. Dar seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones dirigidas a las personas jóvenes que tengan calidad de víctimas;

 

V. Incluir en el Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y Autonomía de la Persona Joven acciones específicas a favor de personas jóvenes que tenga la calidad de víctima;

 

VI. Coordinar y desarrollar el Sistema de Información e investigación de la juventud que tenga la calidad de víctima, en la Ciudad de México;

 

VII. Proponer los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de las personas jóvenes que tengan la calidad de víctimas, en la Ciudad de México;

 

VIII. Capacitar, y en su caso, proponer esquemas de capacitación dirigida a las personas servidoras públicas que trabajen con las personas jóvenes que tengan la calidad de víctimas;

 

IX. Diseñar programas interinstitucionales para promover el desarrollo, protección y participación de las personas jóvenes que tengan la calidad de víctimas;

 

X. Impulsar acciones que contribuyan a evitar y resolver la visión tutelar hacia las personas jóvenes que tengan la calidad de víctimas;

 

XI. Instrumentar la capacitación permanente al personal del Instituto, en materia de derechos humanos;

 

XII. Concertar acciones en los ámbitos gubernamental, social y privado a favor de las personas jóvenes que tengan la calidad de víctimas, en la Ciudad de México;

 

XIII. Diseñar programas especiales para los grupos juveniles que tengan la calidad de víctimas;

 

XIV. Incluir en el repositorio de información los derechos de la población joven que tenga la calidad de víctima, en la Ciudad de México; y,

 

XV. Las demás que determine la presente Ley, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

 

Artículo 106.- Corresponde al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Dar cumplimiento y ejecutar las políticas públicas en materia de pensión alimentaria, reconocimiento y ejercicio de derechos, promoción de la salud, visitas médicas domiciliarias, estudios y diagnósticos sobre situación social y familiar de las personas adultas mayores que hayan sido víctimas de conformidad con las disposiciones de esta Ley;

 

II. Promover, entre los sectores social y privado, los programas de gobierno a favor de las personas adultas mayores que tengan calidad de víctimas;

 

III. Impulsar ante las instancias competentes, la capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas y el personal que atiende a las personas adultas mayores que tengan calidad de víctimas, en materia de promoción y educación para la salud, geronto-geriatría y aspectos de participación social y comunitaria, así como en materia de los derechos humanos;

 

IV. Promover la formación y fortalecimiento de redes sociales de apoyo para las personas adultas mayores que tengan calidad de víctimas, involucrando de manera coordinada a la familia, la comunidad y a las instituciones de gobierno;

 

V. Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas adultas mayores que tengan calidad de víctimas;

 

VI. Fomentar, promover y fortalecer grupos de ayuda mutua para personas adultas mayores que tengan calidad de víctimas;

 

VII. Gestionar alojamiento y alimentación en Centros de Día para personas adultas mayores que tengan calidad de víctimas, durante el tiempo que sea necesario para garantizarles que superen las condiciones de emergencia ocasionadas por el hecho victimizante y puedan retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar; y,

 

VIII. Implementar programas de asesoría y capacitación a personas adultas mayores que tengan calidad de víctimas, a través de acompañantes voluntarios y cuidadores primarios.

 

Artículo 107.- Corresponde al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Implementar y ejecutar programas de vinculación con instituciones públicas, privadas y sociales, para la asistencia de tratamiento de rehabilitación para personas responsables del hecho victimizante, en caso de adicción, si ésta hubiere sido la causa del hecho victimizante;

 

II. Prestar los servicios de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, en la Ciudad de México, a personas responsables del hecho victimizante, en los términos que establece la presente Ley;

 

III. Emitir los criterios técnicos para la realización de campañas de promoción a la salud en materia de consumo de sustancias psicoactivas, los riesgos de la salud secundarios al uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, a fin de prevenir su consumo, dirigidas a víctimas y personas responsables del hecho victimizante;

 

IV. Coadyuvar con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y las autoridades sanitarias federales, en la vigilancia y control de los establecimientos especializados en adicciones que brindan atención a las personas responsables del hecho victimizante;

 

V. Diseñar programas de seguimiento, contención y cuidado continuo de las personas responsables del hecho victimizante;

 

VI. Suscribir convenios con instituciones relacionadas con el tratamiento al consumo de sustancias psicoactivas para personas responsables del hecho victimizante;

 

VII. Fomentar, asesorar y vigilar la constitución de establecimientos especializados en adicciones que proporcionen servicios de ayuda mutua y terapéutica a personas responsables del hecho victimizante.

 

VIII. Implementar programas de uso del tiempo libre y esparcimiento, culturales y deportivos dirigidos a personas responsables del hecho victimizante;

 

IX. Llevar a cabo actividades que involucren la participación familiar, social y comunitaria en que se desenvuelve la persona responsable del hecho victimizante;

 

X. Dar, en el ámbito de sus atribuciones, seguimiento a personas responsables del hecho victimizante y víctimas;

 

XI. Desarrollar y fomentar, en el ámbito de sus atribuciones, terapias grupales de ayuda mutua para víctimas y personas responsables del hecho victimizante;

 

XII. Llevar a cabo la investigación cuantitativa y cualitativa que permita conocer oportunamente el impacto de las intervenciones preventivas, curativas y de control del consumo de sustancias psicoactivas, a víctimas y personas responsables del hecho victimizante;

 

XIII. Evaluar que las acciones, programas y medidas que se adopten, relativos a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria de las personas responsables del hecho victimizante con uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, por los sectores público y privado que realizan acciones en materia de consumo de sustancias psicoactivas, se encuentren sustentados en un modelo integral y cumplan con los ordenamientos legales vigentes aplicables en la materia;

 

XIV. Desarrollar programas de capacitación técnica y profesional del personal que atiende a personas responsables del hecho victimizante con uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, dirigidos al personal de salud, educación, desarrollo social, impartición de justicia, organizaciones de la sociedad civil, grupos de ayuda mutua, asociaciones civiles y sociedad participativa; y,

 

XV. Fomentar la formación de profesionales en temas de consumo de sustancias psicoactivas de las personas responsables del hecho victimizante, con instituciones educativas públicas y privadas.

 

Artículo 108.- Corresponde al Instituto de Asistencia e Integración Social de la Ciudad de México, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Ejecutar las facultades en materia de asistencia social para personas en calidad de víctimas;

 

II. Promover, administrar, operar y prestar servicios de asistencia social para personas en calidad de víctimas, en la Ciudad de México;

 

III. Establecer los mecanismos y evaluar los programas y proyectos en materia de asistencia social para personas en calidad de víctimas, en vinculación con el sector público y concertación en sectores social y privado, en la Ciudad de México;

 

IV. Desarrollar, sancionar y evaluar modelos de atención en materia de asistencia social para personas en calidad de víctimas, en la Ciudad de México; y,

 

V. Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social tendentes al mejoramiento de los servicios, acciones y programas enfocados a personas en calidad de víctimas.

 

Artículo 109.- Corresponde a las alcaldías, de conformidad con su competencia y lo dispuesto en la Ley General y esta Ley, las atribuciones siguientes:

 

I. Instrumentar y articular políticas públicas para la adecuada atención y protección a las víctimas, en concordancia con las políticas nacional y local;

 

II. Coadyuvar con la Comisión de Víctimas en la ejecución de los acuerdos tomados por el Sistema Nacional;

 

III. Promover, en coordinación con las autoridades locales, cursos de capacitación para las personas servidoras públicas que atienden a víctimas;

 

IV. Apoyar la creación de refugios para las víctimas;

 

V. Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas;

 

VI. Celebrar convenios de coordinación y concertación en la materia;

 

VII. Prestar orientación jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, en beneficio de las personas habitantes de la respectiva demarcación territorial y que tengan la calidad de víctimas;

 

VIII. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las víctimas a las dependencias e instituciones correspondientes;

 

IX. Prestar en forma gratuita servicios funerarios, cuando se trate de personas víctimas en situación de calle, cuando no haya quien reclame el cadáver o sus deudos carezcan de recursos económicos;

 

X. Coordinar con otras dependencias, instituciones públicas o privadas y con los particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales a las víctimas;

 

XI. Organizar actos culturales, artísticos y sociales, así como promover el deporte y el turismo, en coordinación con las áreas centrales correspondientes, que coadyuven en la reintegración a la sociedad y la realización del proyecto de vida de las víctimas;

 

XII. Promover el respeto de las víctimas y su dignidad, fomentando las actividades que propendan a desarrollar el sentido de solidaridad social;

 

XIII. Realizar ferias, exposiciones y congresos vinculados a la promoción de actividades industriales, comerciales y económicas en general, dentro de su demarcación territorial y que promuevan beneficios de desarrollo social a las víctimas, conforme a sus necesidades;

 

XIV. Coordinar acciones de participación ciudadana en materia de prevención de hechos victimizantes; y,

 

XV. Promover, coordinar y fomentar los programas de salud, así como campañas para prevenir y combatir la farmacodependencia, el alcoholismo, la violencia o desintegración familiar, en el ámbito de su competencia territorial.

 

Artículo 110.- Las personas con calidad de servidoras públicas de la Ciudad de México, desde el primer momento en que tengan contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrán los deberes siguientes:

 

I. Identificarse plenamente ante la víctima, detallando nombre, cargo que detentan y adscripción;

 

II. Desarrollar, con la debida diligencia, las atribuciones señaladas en esta Ley, en cumplimiento de los principios establecidos en la normatividad aplicable;

 

III. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos;

 

IV. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen en la presente Ley;

 

V. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;

 

VI. Brindar atención especial a las víctimas, para que los procedimientos administrativos y jurídicos destinados a la impartición de justicia, concedan una reparación que no genere un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de las víctimas;

 

VII. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria o incriminación de la víctima;

 

VIII. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley;

 

IX. Dar vista al Ministerio Público o, en su caso, ante los organismos públicos de derechos humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta Ley reciban. Dicha presentación deberá hacerse dentro de los tres días hábiles contados a partir de que la víctima, o su representante, formuló o entregó la misma;

 

X. Tramitar la inscripción de la víctima en el Registro;

 

XI. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios, datos de prueba o medios de prueba que obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con la denuncia, queja o solicitud que la víctima haya presentado en los términos de la presente Ley;

 

XII. Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de sus derechos, así como de los mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta Ley;

 

XIII. Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las medidas necesarias para lograr que cese la violación de derechos humanos denunciada o evidenciada;

 

XIV. Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, así como conceder entrevistas y demás solicitudes que les requieran los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar presuntas violaciones de derechos humanos;

 

XV. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole; y,

 

XVI. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho.

 

El incumplimiento de los deberes señalados en esta Ley para las personas servidoras públicas, se sancionará con la responsabilidad administrativa y penal, según corresponda.

 

Artículo 111.- Las víctimas deberán:

 

I. Actuar de buena fe;

 

II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia, propiedades, posesiones o sus derechos humanos;

 

III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia;

 

IV. No cremar los cuerpos de familiares entregados, cuando la autoridad así lo requiera y por el lapso que se determine necesario; y,

 

V. Cuando tengan acceso a información reservada o confidencial, respetar y guardar la secrecía de la misma.

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV

COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Artículo 112.- Se crea la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, como organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria.

 

La Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece esta Ley.

 

La Comisión de Víctimas estará a cargo del Registro, el Fondo de la Ciudad de México y la Asesoría Jurídica, en los términos y con las excepciones que prevé esta Ley, en congruencia con lo que dispone la Ley General, así como de la coordinación, asesoría técnica y operativa, para los mismos fines, con el Sistema de Atención.

 

Con el fin de hacer plenamente accesibles los servicios brindados por la Comisión de Víctimas, ésta contará con Unidades de Atención Inmediata en instalaciones sede de las 16 alcaldías y puntos geográficos estratégicos.

 

Artículo 113.- El patrimonio de la Comisión de Víctimas se integra por:

 

I. Los recursos que le asigne el Órgano Legislativo local, a través del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;

 

II. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados; y,

 

III. Los demás ingresos, rendimientos, bienes y los que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

 

Artículo 114.- La Comisión de Víctimas cuenta con una persona Comisionada para su administración, una Junta de Gobierno para la toma de decisiones y una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, nombrada por la o el Jefe de Gobierno.

 

Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera directa, y las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes seleccionen la terna con los mejores perfiles, que enviaran a la o el Jefe de Gobierno para su designación correspondiente.[9]

 

Dicha persona Comisionada será nombrada por un periodo de cinco años, pudiendo ser ratificada por la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México para un segundo periodo. Además, durante su encargo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo actividades docentes, científicas o de beneficencia. La persona titular podrá ser destituida y, en su caso, sujeta a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la normatividad aplicable en la Ciudad de México.

 

El Estatuto Orgánico de la Comisión de Víctimas establecerá el procedimiento de sustitución para los casos de destitución, renuncia o ausencia de la persona titular de la Comisión.

 

La Junta de Gobierno designará, por tiempo determinado, a la persona Comisionada, en tanto se nombra a la persona titular conforme al párrafo segundo de este artículo.

 

Artículo 116.- Además de lo establecido en la normatividad aplicable en la Ciudad de México, para ser titular de la Comisión de Víctimas, la persona candidata deberá cumplir con los requisitos siguientes:

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;

 

II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por lo menos en los cinco años previos a su designación; y

 

III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido político, dentro de los cinco años previos a su designación;

 

Artículo 117.- La persona titular de la Comisión de Víctimas tendrá las facultades siguientes:

 

I. Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión de Víctimas;

 

II. Proponer al Sistema de Atención los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión de Víctimas;

 

III. Proponer al Sistema de Atención, el Estatuto Orgánico de la Comisión de Víctimas;

 

IV. Rendir cuentas a la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México cuando les sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la Comisión de Víctimas, relativos al Registro, a la Asesoría Jurídica y al Fondo de la Ciudad de México;

 

V. Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la Comisión de Víctimas;

 

VI. Elaborar los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que correspondan a la Comisión de Víctimas;

 

VII. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión de Víctimas se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, transparente, expedita y articulada;

 

VIII. Recabar información que pueda mejorar la gestión y desempeño de la Comisión de Víctimas;

 

IX. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptados por el Sistema Nacional y el Sistema de Atención;

 

X. Proponer políticas públicas para la prevención de hechos victimizantes en el ámbito local, así como para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a víctimas;

 

XI. Coordinar a las dependencias e instituciones competentes para la atención de víctimas en la Ciudad de México, en conjunto con el Sistema de Atención, de acuerdo con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, así como los establecidos en esta Ley y la Ley General;

 

XII. Velar por la aplicación eficaz de las medidas de ayuda inmediata en materia de salud establecidas en la Ley General, las cuales se brindarán con enfoque transversal, que incluyan los ámbitos psicosocial, de prevención, de promoción y de asistencia social;

 

XIII. Rendir un informe anual ante el Sistema Nacional y el Sistema de Atención, sobre los avances, en la Ciudad de México, del Plan Anual de Atención Integral a Víctimas previsto en la Ley General;

 

XIV. Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo de la Ciudad de México y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

 

XV. Solicitar al órgano competente, se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes, a las personas servidoras públicas que incumplan con lo dispuesto en la presente Ley;

 

XVI. Nombrar a las personas titulares del Fondo de la Ciudad de México, de la Asesoría Jurídica, excepto en materia penal, y del Registro;

 

XVII. Proponer al Sistema de Atención, el proyecto de Reglamento de la presente Ley, sus reformas y adiciones;

 

XVIII. Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y alcaldías de las demarcaciones territoriales, así como generar vínculos con las instancias federales, por medio de la Comisión Ejecutiva;

 

XIX. Diseñar e implementar una plataforma informática que permita integrar, desarrollar y actualizar la información sobre las víctimas a nivel local a fin de orientar políticas, programas, planes y demás acciones a favor de ellas, para la prevención de hechos victimizantes, ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral;

 

XX. Elaborar y adecuar los manuales, lineamientos, programas y demás acciones, acorde a lo establecido por la normatividad de la materia en sus protocolos;

 

XXI. Proponer, al Sistema de Atención, los programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral, en casos de graves violaciones de derechos humanos o delitos de alto impacto, cometidos en contra de un grupo de víctimas;

 

XXII. Realizar un diagnóstico local, que permita evaluar las problemáticas concretas, que enfrentan las víctimas en términos de prevención de hechos victimizantes;

 

XXIII. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades locales y de las alcaldías, en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran, para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas, cuando necesiten acciones de ayuda, apoyo, asistencia o acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral, de tal manera que sea disponible y efectiva. Estos diagnósticos servirán de base para la canalización o distribución de recursos y servicios de atención a víctimas;

 

XXIV. Promover, proteger, respetar y garantizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos que atienden a víctimas y colectivos de víctimas en la Ciudad de México, priorizando aquellas que se encuentren en lugares donde las condiciones de acceso a la ayuda, asistencia, atención y reparación integral sea difícil, debido a las condiciones precarias de desarrollo y marginación;

 

XXV. Implementar los mecanismos de control, con la participación de la sociedad civil, que permitan supervisar y evaluar las acciones, programas, planes y políticas públicas en materia de víctimas;

 

XXVI. Recibir y evaluar los informes rendidos por las personas titulares del Fondo de la Ciudad de México, del Registro, de la Asesoría Jurídica y de la Asesoría Jurídica en materia penal, y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad y transparencia;

 

XXVII. Elaborar el proyecto del Programa Anual, con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas Victimológicas y en materia de derechos de las víctimas, y proponerlo al Sistema de Atención para su aprobación;

 

XXVIII. Proponer al Sistema de Atención un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley;

 

XXIX. Desarrollar las labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las dependencias e instituciones integrantes del Sistema de Atención, con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones;

 

XXX. Proponer al Sistema de Atención las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas, cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo;

 

XXXI. Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de personas servidoras públicas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley;

 

XXXII. Proporcionar los servicios de asesoría jurídica, los cuales tendrán como objetivo el facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno, con excepción de la materia penal;

 

XXXIII. Coordinar y realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro y del Fondo de la Ciudad de México, mediante la creación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores, para implementar y vigilar el debido funcionamiento de dichos órganos;

 

XXXIV. Establecer las directrices para alimentar de información el Registro. La Comisión de Víctimas dictará los lineamientos para la transmisión de información de las dependencias e instituciones que forman parte del Sistema de Atención, cuidando la confidencialidad de la información, pero permitiendo que pueda haber un seguimiento de los casos;

 

XXXV. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia del hecho victimizante;

 

XXXVI. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos humanos, recursos técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas;

 

XXXVII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas al Registro, cuando sea procedente en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

 

XXXVIII. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para la prevención, atención e investigación de hechos victimizantes;

 

XXXIX. Suscribir convenios de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la ayuda, atención y asistencia a víctimas, para cumplir con los objetivos de la presente Ley;

 

XL. Celebrar bases, convenios o acuerdos con las alcaldías, con dependencias, instituciones y órganos desconcentrados de la Ciudad de México, que sean necesarios para cumplir con el objeto de la presente Ley;

 

XLI. Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados, que el Gobierno de la Ciudad de México proporcionará a las víctimas de hechos victimizantes, para lograr su reincorporación a la vida social;

 

XLII. Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema de Atención;

 

XLIII. Asegurar la participación de las víctimas, tanto en las acciones tendentes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales;

 

XLIV. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los términos de esta Ley y su Reglamento;

 

XLV. Hacer recomendaciones al Sistema de Atención, mismo que deberá dar respuesta oportuna a aquéllas;

 

XLVI. Proponer medidas, lineamientos o directrices de carácter obligatorio que faciliten condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral;

 

XLVII. Dirigir comunicaciones a las autoridades del Sistema Nacional, a través de la Comisión Ejecutiva, en temas de su competencia; y,

 

XLVIII. Las demás que se deriven de esta Ley, y demás normatividad aplicable.

 

Artículo 118.- La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno se regirá por lo dispuesto en esta Ley y las demás disposiciones aplicables, y estará integrada por:

 

I. Las personas titulares de los entes del Gobierno de la Ciudad de México siguientes:

 

a) Secretaría de Gobierno;

 

b) Secretaría de Finanzas;

 

c) Secretaría de Educación;

 

d) Secretaría de Salud;

 

e) Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;

 

f) Secretaría de Desarrollo Social;

 

g) Fiscalía;

 

h) Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y,

 

II. La persona titular de la Comisión de Víctimas, quien la presidirá.

 

Las y los integrantes referidos en la fracción I del párrafo anterior, podrán designar suplentes, quienes deberán tener el nivel de Subsecretaría, Dirección General o su equivalente.

 

Este cargo tendrá carácter honorario y en sus decisiones las personas integrantes tendrán derecho a voz y voto.

 

La Junta de Gobierno contará con una persona que fungirá como Secretaría Técnica.

 

Artículo 119.- Serán invitadas permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, las entidades del Gobierno de la Ciudad de México siguientes:

 

I. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades;

 

II. Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad;

 

III. Instituto de la Juventud;

 

IV. Instituto para la Atención de los Adultos Mayores;

 

V. Instituto de las Mujeres;

 

VI. Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA;

 

VII. Sistema DIF-CDMX;

 

VIII. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México;

 

IX. Quien presida la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México; y,

 

X. Cuatro integrantes de la Asamblea Consultiva.

 

Las personas integrantes designadas por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificadas por otro período igual por una sola ocasión, o hasta la terminación de su periodo como integrante de la Asamblea Consultiva.

 

Artículo 120.- La Junta de Gobierno, celebrará al menos una sesión ordinaria de manera trimestral y las extraordinarias siempre que la solicite quien la presida, o al menos tres de sus integrantes.

 

Artículo 121.- La Junta de Gobierno sesionará con la asistencia del cincuenta por ciento más uno de sus integrantes, siempre que esté presente la persona que presida la Junta de Gobierno o la persona que establezca el Estatuto Orgánico de la Comisión de Víctimas, en caso de ausencia de la persona titular. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de las personas integrantes que se encuentren presentes y, en caso de empate, la persona que ocupe la presidencia de la Comisión tendrá voto de calidad.

 

Artículo 122.- La Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:

 

I. Velar por el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión de Víctimas;

 

II. Elaborar, aprobar y modificar el Estatuto Orgánico de la Comisión de Víctimas;

 

III. Establecer las políticas generales para la conducción de la Comisión de Víctimas;

 

IV. Definir los criterios, prioridades y metas de la Comisión de Víctimas, que proponga su titular;

 

V. Conocer de los convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación que celebre la Comisión de Víctimas, de acuerdo con la presente Ley;

 

VI. Aprobar el proyecto de presupuesto que someta a su consideración la Comisión de Víctimas;

 

VII. Aprobar el informe anual de actividades de la Comisión de Víctimas;

 

VIII. Aprobar el Estatuto Orgánico de la Asamblea Consultiva; y,

 

IX. Las demás que le deriven de la presente Ley y otra normatividad.

 

Artículo 123.- La Comisión de Víctimas contará con una Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad.

 

Artículo 124.- La Asamblea Consultiva estará integrada por nueve personas representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, quienes serán electas por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

 

Dichas personas serán elegidas atendiendo al principio de paridad de género.

 

Artículo 125.- Para efectos de atender a lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión de Víctimas emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por la persona que sea Titular de la Comisión de Víctimas y atender, cuando menos, a criterios de experiencia nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas; así como, experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados en materias afines a la Ley.

 

Artículo 126.- La elección de quienes integrarán la Asamblea Consultiva deberá garantizar el respeto a los principios que rigen esta Ley, especialmente el de enfoque diferencial y especializado.

 

Las personas integrantes de la Asamblea Consultiva no podrán, de manera simultánea, ser parte del Sistema de Atención.

 

Artículo 127.- Serán funciones de la Asamblea Consultiva, las siguientes:

 

I. Emitir opiniones y consultas en temas relacionados con el actuar de la Comisión de Víctimas, con la finalidad de coadyuvar en el mejor funcionamiento del organismo, en favor de las víctimas;

 

II. Presentar opiniones, ante la Junta de Gobierno, relacionadas con el desarrollo de los programas y actividades que realice el Consejo;

 

III. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por la persona titular de la Comisión de Víctimas;

 

IV. Contribuir en el impulso y promoción de las acciones, políticas públicas, programas yproyectos, en favor de las víctimas;

 

V. Participar en las reuniones y eventos en los que la Comisión de Víctimas la convoque, para intercambiar experiencias e información de carácter local, nacional e internacional, que tengan relación con la materia; y

 

VI. Designar a cuatro de sus integrantes para formar parte de la Junta de Gobierno de la Comisión de Víctimas, en términos del artículo 121.

 

Artículo 128.- La Comisión de Víctimas operará un Programa Anual en materia de víctimas, mismo que comprenderá:

 

I. Un diagnóstico de atención a víctimas en la Ciudad de México;

 

II. La realización de investigaciones Victimológicas;

 

III. Criterios mínimos para el establecimiento y operación de centros, albergues e instituciones para la oportuna y eficaz atención a las víctimas;

 

IV. Un programa de vinculación de los servicios gubernamentales y no gubernamentales que se brindan a las víctimas en la Ciudad de México, a fin de optimizar los recursos y lograr la protección integral que otorga esta Ley;

 

V. La propuesta de una estrategia de colaboración interinstitucional;

 

VI. La identificación de los mecanismos de enlace con las instancias homólogas que brinden atención a víctimas en las demás entidades federativas;

 

VII. Una estrategia de comunicación con organismos nacionales dedicados a la planeación y al desarrollo del programa de protección a las víctimas;

 

VIII. El diseño, la programación y el calendario de cursos de sensibilización, capacitación y actualización, en temas relativos a la prevención y protección a las víctimas, para personal adscrito a las dependencias e instituciones que integran el Sistema de Atención y para organizaciones sociales y de carácter privado que, por razón de sus funciones, tengan contacto directo con víctimas;

 

IX. La elaboración de códigos de ética, manuales, instructivos y formatos para brindar un servicio eficiente;

 

X. Estrategias de difusión en los medios masivos de comunicación, de las acciones de atención a víctimas, así como de la información que sirva para sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de las víctimas;

 

XI. Elaboración de estrategias para favorecer una cultura de atención y apoyo para las víctimas; y,

 

XII. Establecimiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de las actividades del Fondo de la Ciudad de México.

 

Artículo 129.- Para su adecuado funcionamiento, la Comisión de Víctimas contará con las unidades administrativas que dispongan su Estatuto Orgánico y el Reglamento de esta Ley, debiendo contar entre dichas unidades administrativas con al menos una Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, así como un Comité Interdisciplinario Evaluador, que cumpla con las atribuciones que contempla el artículo 148 de la Ley General.

 

Artículo 130.- La Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto es el área de la Comisión de Víctimas encargada de brindar servicios de orientación para las víctimas sobre los derechos, procedimientos y servicios contemplados en esta Ley; proveer acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia y atención psicológica, médica y de trabajo social; así como gestionar aquellos servicios de emergencia con dependencias e instituciones de la Ciudad de México, y articular los esfuerzos de las dependencias e instituciones que forman parte del Sistema de Atención, para la adopción de las medidas de ayuda inmediata.

La Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, estará conformada al menos por una unidad de atención psicosocial, una de trabajo social y una de atención médica, integradas por profesionales de estas materias, especializados en la atención a víctimas; además, se coordinará con el área de asesoría jurídica.

 

Asimismo, la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto contará con unidades territoriales, cuyo número estará señalado en el Reglamento de la presente Ley.

 

Artículo 131.- Serán atribuciones de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, las siguientes:

 

I. Realizar la solicitud para inscripción de las víctimas en el Registro;

 

II. Proveer y gestionar, según sea el caso, las medidas de ayuda inmediata; y,

 

III. Gestionar las medidas de atención y asistencia, así como de reparación integral.

 

Artículo 132.- La atención médica, psicológica y de trabajo social que brinde la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, no sustituirán a la que están obligados a prestar a las víctimas las dependencias e instituciones señaladas en la Ley General, en esta Ley y otras disposiciones en la materia, sino que serán complementarias y habrá que privilegiar los servicios de emergencia médica, quirúrgica y hospitalaria, a cargo de la Secretaría de Salud.

 

Artículo 133.- Las medidas que proveerá y gestionará, según sea el caso, la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto y sus unidades territoriales, serán las siguientes:

 

I. En materia de ayuda, asistencia y atención en trabajo social:

 

a) Orientación a víctimas apoyándolas en la gestión personalizada, canalizándolas a las dependencias e instituciones competentes para atender cada una de sus necesidades y requerimientos, incluyendo la orientación para ingresar al Registro, recibir Asesoría Jurídica en cualquier materia, siempre que la relativa al área penal no sea atendida por otra institución obligada por esta Ley; y,

 

b) Acompañamiento a las víctimas en procesos de reintegración social.

 

II. En materia de ayuda, asistencia y atención psicológica y psiquiátrica, gestión de:

 

a) Atención psicológica o psiquiátrica de emergencia;

 

b) Terapia individual o grupal; y

 

c) Acompañamiento psicosocial durante procesos administrativos o judiciales.

 

III. En materia de ayuda, asistencia y atención médica, gestión de:

 

a) Diagnóstico de emergencia;

 

b) Dotación y aplicación de material médico-quirúrgico, de osteosíntesis, prótesis y órtesis;

 

c) Dotación de medicamentos;

 

d) Servicios de apoyo, tales como bancos de sangre, laboratorios, imágenes diagnósticas; y,

 

e) Traslado de emergencia para hospitalización.

 

Artículo 134.- La Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto contará con el personal necesario para garantizar el trato digno, así como la mayor comodidad y seguridad de las víctimas, para prevenir la victimización secundaria, para lo cual deberá estar habilitado con todos los servicios, instrumentos, herramientas y equipamiento necesarios.

 

En caso de que la víctima requiera atención que la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto no se encuentre en posibilidad de brindarle, se canalizará a la institución competente en los términos que determine el Estatuto Orgánico.

 

La Comisión de Víctimas emitirá los lineamientos y protocolos que estime pertinentes, para la conformación, garantía de capacidad institucional y atribuciones de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto; su operación, funcionamiento y atribuciones se establecerán en el Estatuto Orgánico.

 

Artículo 135.- Con el fin de lograr una atención integral hacia las víctimas, la Comisión de Víctimas contará con un Comité Interdisciplinario Evaluador, que es el área encargada de emitir opiniones técnicas sobre la inscripción de las solicitudes de las víctimas al Registro y de elaborar los proyectos de compensación subsidiaria para que sean aprobados, en su caso, por la Comisión de Víctimas. Son atribuciones del Comité Interdisciplinario Evaluador:

 

I. Recibir solicitudes y elaborar los dictámenes de ingreso al Registro y emitir las constancias respectivas;

 

II. Solicitar a las víctimas, sus familiares, dependencias e instituciones, el esclarecimiento de aspectos dudosos que se adviertan en las solicitudes de inscripción de víctimas al Registro;

 

III. Solicitar a las dependencias e instituciones del Sistema de Atención, información complementaria sobre las características del hecho victimizante, a efecto de integrar de manera completa la información que se incorporará al Registro;

 

IV. Elaborar los dictámenes de negativa de ingreso al Registro y, en su caso, los de cancelación del mismo, así como emitir las constancias respectivas; y,

 

V. Analizar la información de las declaraciones, solicitud de inscripción y el expediente de la víctima respecto del hecho victimizante, y remitirla a las personas titulares de la Asesoría Jurídica, de la Asesoría en materia penal y del Registro, para que adopten las acciones conducentes por cuanto a medidas de asistencia y atención, así como a reparación integral.

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL

A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Artículo 136.- La Comisión de Víctimas, en coordinación con las dependencias e instituciones que integran el Sistema de Atención, será responsable de la implementación del Programa de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, mediante el cual se formularán los mecanismos, directrices y lineamientos para la ejecución de los servicios y prestaciones relacionados con los derechos de ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. La Comisión de Víctimas será responsable de establecer pautas y esquemas de coordinación para el efectivo desarrollo del Programa. Todas las dependencias e instituciones de la Ciudad de México deberán participar en el desarrollo de este Programa, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y mediante los recursos financieros, humanos y materiales a su disposición para ese efecto.

 

Artículo 137.- La persona titular de la Comisión de Víctimas, y la persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas competencias, serán responsables de establecer mecanismos de coordinación con la Comisión Ejecutiva, para los efectos señalados en el artículo 32 de la Ley General, en materia de diseño y operación del Modelo Integral de Salud, que deberá contemplar el servicio a aquellas víctimas que no sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al cual se hallen afiliadas.

 

Artículo 138.- El Sistema DIF-CDMX y demás dependencias e instituciones que brinden servicios de desarrollo y asistencia social en el ámbito local, brindarán directamente alojamiento y alimentación, en condiciones de seguridad y dignidad a las niñas, niños y adolescentes víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del hecho victimizante. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

 

Se podrán establecer convenios de colaboración con instituciones privadas para la prestación de estos servicios.

 

Artículo 139.- El Sistema DIF-CDMX, con el auxilio de las dependencias e instituciones integrantes del Sistema de Atención, administrará los albergues temporales para las niñas, niños y adolescentes víctimas. Dichos albergues se regirán por el reglamento que a su efecto emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno, teniendo en cuenta las recomendaciones que al respecto realice la Comisión de Víctimas, la cual supervisará que su funcionamiento se apegue a lo dispuesto en la Ley General y en esta Ley.

 

La Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto de Asistencia Social, proporcionará alojamiento y alimentación de pernocta para las demás víctimas.

 

TÍTULO SEGUNDO

 

CAPÍTULO I

DEL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Artículo 140.- Se crea el Registro de Víctimas de la Ciudad de México como mecanismo técnico y administrativo a cargo de la Comisión de Víctimas, que tendrá a su cargo el proceso de ingreso y registro de las víctimas en la Ciudad de México. Las solicitudes de ingreso en el Registro se realizarán en forma gratuita y, en ningún caso, la persona servidora pública responsable podrá negarse a recibir la solicitud de registro.

 

Artículo 141.- Para el logro de sus fines, el Registro realizará lo siguiente:

 

I. Unificar los registros y sistemas de información que actualmente utilizan las diferentes dependencias, instituciones y órganos desconcentrados de la Ciudad de México, así como la Comisión de Derechos Humanos. En la unificación de la información, el Registro deberá identificar aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación;

 

II. Compartir, intercambiar o alimentar con el Registro Nacional la información del Registro, conforme a lo previsto en la Ley General de manera permanente y actualizada, para lo cual, contará con las herramientas tecnológicas e informáticas que se requieran;

 

III. Elaborar un plan de difusión, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración de la víctima y su trámite hasta la inclusión o no en el Registro. Este plan debe estar enfocado no sólo en las víctimas que soliciten su ingreso, sino a las diferentes personas servidoras públicas, asesores jurídicos, integrantes de organizaciones de víctimas y la población en general;

 

IV. Garantizar que las personas que soliciten el ingreso en el Registro sean atendidas y orientadas de forma digna y respetuosa;

 

V. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para la toma de la declaración;

 

VI. Orientar a la persona que solicite el ingreso, el procedimiento para el trámite y efectos de la inscripción en el Registro;

 

VII. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración, de conformidad con el principio de participación conjunta consagrado en la Ley General y en esta Ley;

 

VIII. Indagar las razones por la cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de registro;

 

IX. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por la persona declarante y relacionarlos como anexos adjuntos a la declaración;

 

X. Recibir la solicitud de registro de las víctimas en los términos de la presente Ley;

 

XI. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información, y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de inscripción para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley y a las relativas a la protección de datos personales;

 

XII. Dar cumplimiento a las disposiciones y medidas dictadas por la Comisión de Víctimas para garantizar la integración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro;

 

XIII. Entregar una copia, recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud; y,

 

XIV. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión de Víctimas.

 

Artículo 142.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades de salud y de procuración de justicia, así como la Comisión de Derechos Humanos y las alcaldías que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios a las víctimas, en el marco de sus competencias, serán las entidades obligadas a otorgar un carnet que identifique a las víctimas ante el Sistema de Atención y sus dependencias e instituciones, con base en la inscripción correspondiente en el Registro, sea de forma directa o mediante el registro. La ausencia de carnet de identificación por parte de la víctima no será impedimento para que las autoridades de la Ciudad de México cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley, en el marco de sus respectivas competencias.

 

Artículo 143.- La información del Registro se recabará e integrará, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la Ley General y en esta Ley, entre otras, por las fuentes siguientes:

 

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas, a través de su representante legal o de algún familiar o persona autorizada para ello ante la Comisión de Víctimas;

 

II. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier ente público de la Ciudad de México;

 

III. Los registros de víctimas existentes al momento de la entrada en vigor de la presente Ley que se encuentren en cualquier institución, dependencia o entidad del ámbito local, así como de la Comisión de Derechos Humanos, en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias, o bien, se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

 

Artículo 144.- Las dependencias e instituciones generadoras de información respecto de los registros de víctimas, la pondrán a disposición del Registro, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información. En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital y, en caso de no existir, dichas dependencias e instituciones certificarán esta circunstancia. Las dependencias e instituciones serán responsables por el contenido de la información que transmiten al Registro Nacional por medio del Registro. El Registro deberá actualizar la información sobre inscripciones de víctimas que envía al Registro Nacional de manera permanente.

 

Para que las autoridades competentes procedan a la inscripción de datos de la víctima en el Registro se deberá incluir como mínimo la información que establece el artículo 99 de la Ley General.

 

Artículo 145.- La solicitud de inscripción de la víctima no implica su ingreso automático al Registro. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma a dicho Registro y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único, junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato. Para mejor proveer, la Comisión de Víctimas podrá solicitar la información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades de la Ciudad de México, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días naturales.

 

Artículo 146.- Se podrá cancelar la inscripción en el Registro cuando, después de realizada la valoración, haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, se considere que la solicitud de registro es contraria a la verdad, de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general. La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse o a quien haya solicitado la inscripción, con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, el recurso que prevea el Reglamento, para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada.

 

La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación personal, se le enviará a la víctima, al número telefónico o a la dirección de correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en los demás sistemas de información, a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.

 

CAPÍTULO II

DEL INGRESO AL REGISTRO DE VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Artículo 147.- El ingreso de la víctima al Registro, se realizará por la denuncia, la queja o el conocimiento de los hechos victimizantes que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, la Comisión de Derechos Humanos, o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

 

Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración.

 

El Ministerio Público, las y los Defensores Públicos, las Asesoras y Asesores Jurídicos y la Comisión de Derechos Humanos, no podrán negarse a recibir dicha declaración y enviar el Formato Único a la Comisión de Víctimas, de acuerdo a lo establecido por la presente Ley.

 

Cuando la víctima sea mayor de 12 años, podrá solicitar su ingreso al Registro por sí misma o a través de sus representantes. En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades competentes para ello.

 

Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal o local para realizar su declaración, las cuales tendrán las obligaciones que la Ley General determine.

 

Una vez recibida la denuncia, queja o el conocimiento de los hechos, deberán comunicarla a la Comisión de Víctimas en un término que no excederá de veinticuatro horas.

 

En el caso de que la víctima se encuentre interna en un centro de reclusión de la Ciudad de México, las autoridades que estén a cargo de éste, estarán obligadas a recibir su declaración con la presencia de su representante jurídico, así como de representantes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Víctimas.

 

Artículo 148.- Estarán obligados a solicitar el registro de las víctimas las autoridades siguientes:

 

I. El Ministerio Público;

 

II. La Comisión de Derechos Humanos, específicamente en materia de violaciones de derechos humanos; y,

 

III. El Juzgador penal mediante sentencia ejecutoriada.

 

El Juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima, y los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que el Estado Mexicano les reconozca competencia, podrán solicitar el registro de las víctimas.

 

Artículo 149.- La Comisión de Víctimas deberá estudiar el caso y, de ser procedente, dar el reconocimiento formal de la situación de víctima. A dicho efecto deberá tener en cuenta los peritajes de las dependencias e instituciones públicas de los que se desprendan las situaciones para poder determinar que la persona que lo ha solicitado, podrá adquirir la situación de víctima.

 

Artículo 150.- El registro de la víctima facilitará el acceso a los recursos del Fondo de la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y la normatividad que de ella emane. El procedimiento y los elementos a acreditar se determinarán en el Reglamento correspondiente.

 

Artículo 151.- El reconocimiento de la situación de víctima tendrá como efecto:

I. El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de la Ley General, de esta Ley y las disposiciones reglamentarias; y,

 

II. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que la o el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

 

Al reconocerse su situación de víctima, ésta podrá acceder a los recursos del Fondo de la Ciudad de México y a la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la Ley General, la presente Ley y en su Reglamento. El procedimiento y los elementos a acreditar, se determinarán en el Reglamento correspondiente.

 

TÍTULO TERCERO

DEL FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y

REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Artículo 152.- Se crea el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México, el cual tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, en los términos previstos en la Ley General, en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

 

Artículo 153.- El Fondo de la Ciudad de México se conformará con:

 

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, conforme a los principios de progresividad y máximo uso de recursos, sin que pueda disponerse de éstos para fines diversos a los señalados por esta Ley;

 

II. Recursos provenientes de multas y sanciones pecuniarias impuestas por la autoridad administrativa o judicial, cuando se violen deberes reconocidos por esta Ley, en términos de la normatividad aplicable;

 

III. Recursos provenientes de multas y sanciones impuestas a la Ciudad de México por violaciones de derechos humanos, que en términos de esta Ley y su Reglamento se establezcan;

 

IV. Donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros, personas físicas o morales, de carácter público, privado o social, nacional o extranjera, de manera altruista;

 

V. Las sumas recuperadas por la Ciudad de México en los juicios de carácter civil, que se dirijan en contra de las personas servidoras públicas que hayan sido encontradas como responsables de haber cometido violaciones de los derechos humanos; y,

 

VI. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo de la Ciudad de México.

 

De los recursos que constituyen el patrimonio del Fondo de la Ciudad de México, se deberá mantener anualmente una reserva del 20% de su total, para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo de la Comisión Ejecutiva.

 

La aplicación de recursos establecidos en otros mecanismos a favor de las víctimas por el mismo hecho victimizante, no permitirán el acceso al Fondo de la Ciudad de México previsto en esta Ley.

 

Artículo 154.- Las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos del Fondo de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio fiscal vigente al momento de la solicitud. La Comisión de Víctimas velará por la optimización del uso de los recursos, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

 

Artículo 155.- Para ser beneficiario del apoyo del Fondo de la Ciudad de México, deberá tomarse en cuenta el tipo de medida que en cada caso se requiera, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y la normatividad que de ella emane.

 

Artículo 156.- Los recursos del Fondo de la Ciudad de México serán administrados y operados por la Comisión de Víctimas, a través de un Fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto se expida.

 

Artículo 157.- La persona titular del Fondo de la Ciudad de México, además de las atribuciones y deberes que el Reglamento de esta Ley le confiera, tendrá las siguientes:

 

I. Administrar los recursos que conforman el Fondo de la Ciudad de México, a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;

 

II. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo de la Ciudad de México ingresen oportunamente al mismo;

 

III. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas ante la persona titular de la Comisión de Víctimas;

 

IV. Crear mecanismos e incentivos para nutrir de recursos el Fondo de la Ciudad de México; y,

 

V. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo de la Ciudad de México.

 

Artículo 158.- Los recursos del Fondo de la Ciudad de México se aplicarán para otorgar gastos de ayuda inmediata, atención y rehabilitación previstos y asistencia o reparación integral, en los términos de la Ley General, la presente Ley y conforme el Reglamento que la desarrolle.

 

La persona titular del Fondo de la Ciudad de México será el responsable de entregar la indemnización o compensación que corresponda otorgar a la víctima, previa autorización que al respecto emita la Comisión de Víctimas. El pago de las indemnizaciones se regirá en los términos dispuestos por la presente Ley y su reglamento.

 

Artículo 159.- Para acceder a los recursos del Fondo de la Ciudad de México, la víctima, por sí o a través de su representante legal, o Asesora o Asesor Jurídico, deberá presentar su solicitud ante el Comité Interdisciplinario Evaluador, en términos del artículo 135. Las medidas establecidas, deberán ser acordadas con la víctima antes de resolverse a su favor.

 

Las resoluciones del Comité Interdisciplinario Evaluador serán impugnables en los términos que señale el Reglamento.

 

Artículo 160.- Las solicitudes que se presenten en términos de este Capítulo se atenderán considerando:

 

I. La condición socioeconómica de la víctima;

 

II. La naturaleza del hecho victimizante y los daños ocasionados en la esfera jurídica de la víctima;

 

III. La repercusión del daño en la vida familiar;

 

IV. La imposibilidad de obtener un ingreso lícito;

 

V. El número y la edad de los dependientes económicos;

 

VI. El enfoque diferencial; y,

 

VII. Los recursos disponibles en el Fondo de la Ciudad de México.

 

Artículo 161.- Si las autoridades obligadas por esta Ley no pudiesen hacer efectiva total o parcialmente la orden de reparación integral, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión de Víctimas, deberán justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor o gestionar lo pertinente, a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.

 

TÍTULO CUARTO

ASESORÍA JURÍDICA

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Artículo 162.- Se crea la Asesoría Jurídica para la atención a víctimas en la Ciudad de México como área especializada en asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico para víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos, dependiente de la Comisión de Víctimas.

 

Contará con una Dirección y las áreas administrativas que se requieran para el eficaz desempeño de sus atribuciones, incluyendo un área de archivo y las instalaciones adecuadas para la atención directa con víctimas, en los términos que señale el Reglamento de esta Ley.

 

Artículo 163.- La Comisión de Víctimas podrá contar, de manera excepcional, con el servicio de particulares u organizaciones sociales especializadas registradas ante la misma, para ejercer la función de asesoría jurídica.

 

Artículo 164.- La Asesora o Asesor Jurídico de atención a víctimas de la Ciudad de México, tendrá las mismas facultades y atribuciones que las contempladas para sus homólogos federales en la Ley General y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el ámbito de su respectiva competencia.

 

Artículo 165.- La Asesoría Jurídica y la Asesoría Jurídica estarán integradas por Asesores Jurídicos de atención a víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas. Todas las actuaciones que realicen las Asesoras o Asesores Jurídicos adscritos a la Asesoría Jurídica y a la Asesoría Jurídica en materia penal, deberán velar por la aplicación de las normas constitucionales y convencionales en materia de víctimas y de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículo 166.- La víctima tendrá derecho a nombrar una Asesora o un Asesor Jurídico, el cual elegirá libremente desde su solicitud. La víctima tendrá el derecho de que su Asesora o Asesor Jurídico comparezca a todos los actos en los que sea requerido. En caso de que no pueda nombrar una Asesora o Asesor Jurídico, la Asesoría Jurídica designará a uno.

 

El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las víctimas que así lo deseen o que no puedan contratar a un abogado particular y, en especial a:

 

I. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

 

II. Los miembros de los pueblos originarios o comunidades indígenas;

 

III. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos los trabajadores eventuales o subempleados; y,

 

IV. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios.

 

Artículo 167.- Las Asesoras y los Asesores Jurídicos, tendrá las funciones siguientes:

 

I. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;

 

II. Representar a la víctima de manera integral, en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte derivados del hecho victimizante, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales y administrativas tendentes a su defensa;

 

III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada, la información y la asesoría legal que requiera, en materia penal;

 

IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;

 

V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física, psiquiátrica y psicológica de las víctimas, así como su plena recuperación;

 

VI. Informar y asesorar al entorno familiar de la víctima o a las personas que ésta decida, que sean afectadas por el hecho victimizante, sobre los servicios con que se cuentan para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos de las víctimas establecidos en los Tratados Internacionales, la Constitución Política de la Ciudad de México, en la Ley General, en esta Ley y demás leyes aplicables;

 

VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;

 

VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;

 

IX. Vigilar la efectiva protección y goce de sus derechos en las actuaciones del Ministerio Público, en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de sus derechos por parte del Ministerio Público;

 

X. Interponer los recursos que la Ley le conceda a la víctima; y,

 

XI. Las demás que se le asignen en diversas disposiciones legales penales y de otra naturaleza aplicable, que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.

 

Artículo 168.- Son requisitos para ser Asesora o Asesor Jurídico, los siguientes:

 

I. Tener ciudadanía mexicana;

 

II. Estar en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

 

III. Contar con licenciatura en derecho con cédula profesional expedida por la autoridad competente;

 

IV. Contar con experiencia profesional en las materias relacionadas con la prestación de sus servicios y contar con conocimientos en materias: de equidad y género, derechos humanos, victimología y atención integral a víctimas;

 

V. No haber sido condenado por delito doloso; y,

 

VI. Constancia de no haber sido inhabilitado o destituido por la Contraloría General de la Ciudad de México o la Secretaría de la Función Pública.

 

Artículo 169.- La Asesoría Jurídica se proporcionará atendiendo a los principios de No victimización secundaria e Indivisibilidad. Especialmente en materia penal, la Asesoría Jurídica se proporcionará indistintamente por una o diversas personas Asesoras Jurídicas, según sea necesario, durante el procedimiento penal, sin que deba requerirse más trámite que la aceptación de dicha Asesoría Jurídica, por parte de la víctima.

 

Artículo 170.- Las Asesoras y los Asesores Jurídicos serán personal de servicio de carrera y tendrá percepciones económicas equivalentes a las percibidas por las abogadas y abogados defensores públicos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Para su ingreso y permanencia, deberán aprobar los exámenes de ingreso, oposición y permanencia, de conocimientos técnicos y de habilidades, que atiendan a sus funciones, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley.

 

El servicio de carrera para las Asesoras Jurídicas y Asesores Jurídicos que dependan de la Comisión de Víctimas, comprende la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones.

 

Este servicio de carrera se regirá por las disposiciones aplicables, tanto del Reglamento de la presente Ley.

 

Además, se contará con una figura de supervisión de las asesoras y asesores jurídicos, que también serán de servicio de carrera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO QUINTO

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Artículo 171.- La Comisión de Derechos Humanos, así como las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y demás organismos del Gobierno de la Ciudad de México, garantizarán:

 

I. La inclusión dentro de sus programas de formación y capacitación, contenidos temáticos sobre los principios, derechos, mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos por la Ley General y la presente Ley, así como las disposiciones específicas de derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y,

 

II. El diseño e implementación de un sistema de seguimiento que logre medir el impacto de la capacitación en los miembros de sus respectivas dependencias. A dicho efecto deberá tenerse en cuenta, entre otros aspectos, las denuncias y quejas hechas contra dichas personas servidoras públicas, las sanciones impuestas, las entrevistas y sondeos directos practicados a las víctimas.

 

Artículo 172.- Todo procedimiento de ingreso, selección, permanencia, estímulo, promoción y reconocimiento de personas servidoras públicas que, por su competencia, tengan trato directo o brinden su servicio a víctimas, en cumplimento de medidas de asistencia, ayuda, apoyo, reparación integral o cualquier mecanismo de acceso a la justicia, deberá incluir, dentro de los criterios de valoración, un rubro relativo a derechos humanos.

 

Artículo 173.- La Comisión de Víctimas creará un programa de capacitación y formación continuas para personas servidoras públicas que atienden víctimas, adscritos a las dependencias e instituciones integrantes del Sistema de Atención.

Este programa deberá garantizar como mínimo:

 

I. La formación en derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral;

 

II. Enfoque diferencial para mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, comunidades indígenas o pueblos originarios y otros grupos vulnerables;

 

III. Procedimientos administrativos y judiciales;

 

IV. Normatividad internacional, nacional y local relacionada; y,

 

V. Rutas y procedimientos de atención a víctimas.

 

Artículo 174.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno implementará una estrategia integral de difusión de los derechos de las víctimas, en todo el territorio de la Ciudad de México, que permita a la población en general conocer de los derechos contemplados en la presente Ley y demás normatividad aplicable, así como la forma de ejercerlos ante las autoridades competentes.

 

La Comisión de Víctimas y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, deberán disponer lo pertinente para que los contenidos temáticos señalados en la Ley General, la presente Ley y sus respectivas reglamentaciones, sean parte de las estrategias, políticas y modelos de profesionalización, así como los de supervisión de los programas correspondientes en los institutos de capacitación.

 

Artículo 175.- Los Institutos y Academias responsables de la capacitación, formación, actualización y especialización de las personas servidoras públicos ministeriales, policiales, periciales y victímales, así como de los funcionarios de atención a derechos humanos, deberán coordinarse entre sí con el objeto de cumplir cabalmente los Programas Rectores de Profesionalización señalados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General y los lineamientos mínimos establecidos en esta Ley.

 

Para tales efectos, se celebrarán convenios de colaboración con universidades, mediante la creación de cátedras y otras instituciones educativas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de brindar formación académica integral y de excelencia a las personas servidoras públicas de sus respectivas dependencias e instituciones.

 

Artículo 176.- Como parte de la asistencia, atención y reparación integral, se brindará a las víctimas, formación, capacitación y orientación ocupacional. A tal efecto, y sin perjuicio de los vínculos públicos que correspondan, se diseñarán programas en coordinación con entidades o empresas privadas que se integren al Programa. La formación y capacitación se realizará con enfoque diferencial y transformador. Se ofrecerá a la víctima, programas en virtud de su interés, condición y contexto, atendiendo a la utilidad de dicha capacitación o formación. El objeto es brindar a la víctima, herramientas idóneas para hacer efectiva la atención y la reparación integral, y favorecer el fortalecimiento y resiliencia de la víctima.

 

Asimismo, deberá brindarse a la víctima orientación ocupacional específica que le permita decidir y optar sobre los programas, planes de capacitación y formación más idóneos conforme su interés, condición y contexto. Para el cumplimiento de lo descrito, se aplicarán los programas existentes al momento de la expedición de la presente Ley, garantizando su coherencia con los principios rectores y los derechos de las víctimas.

 

 

 

TÍTULO SEXTO

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LAS

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

Artículo 177.- Las personas servidoras públicas, en cumplimiento de sus responsabilidades de atención a víctimas, prestará sus servicios bajo los principios de probidad, honradez, imparcialidad, eficacia, máxima diligencia, objetividad y profesionalismo. En el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las acciones necesarias para preservar la vida e integridad de las víctimas, como principal objetivo en sus actuaciones.

 

Artículo 178.- Las personas servidoras públicas que incumplan con lo previsto en la presente Ley, serán sancionadas de conformidad con la normatividad vigente en materia de responsabilidades administrativas y penales aplicables.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

 

TERCERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

 

CUARTO.- Se abroga la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas de Delito para el Distrito Federal y se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

 

QUINTO.- La Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México realizará las adecuaciones y modificaciones normativas a las leyes que correspondan para ser armónicas con la presente Ley.

 

SEXTO.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, emitirá el Reglamento de la presente Ley.

 

SÉPTIMO.- La persona Titular de la Comisión de Víctimas deberá elegirse dentro en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley. La Comisión de Víctimas se instalará con la designación de su titular. Hasta en tanto se instala la Comisión de Víctimas, las obligaciones que le están fijadas por esta Ley y la Ley General serán coordinadas por la Secretaría de Gobierno.

 

OCTAVO.- Por lo que refiere a los artículos 85 y 109 así como los demás referentes a las alcaldías, dichas facultades y atribuciones se entenderán para las delegaciones hasta en tanto no entre en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México.

 

NOVENO.- Las alcaldías, las dependencias e instituciones de la Ciudad de México, deberán adecuar la normatividad que les resulte aplicable, así como emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases, manuales de organización, protocolos, procedimientos o lineamientos que resulten necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que sean competencia respectiva, que se deriven de la presente Ley, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley. Asimismo, deberán regular sobre la capacitación de las personas servidoras públicas a su cargo, respecto al contenido del rubro denominado De la Capacitación, Formación, Actualización y Especialización, en la presente Ley.

 

DÉCIMO.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley.

 

DÉCIMO PRIMERO.- Las autoridades de la Ciudad de México promoverán de manera conjunta con la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México, la armonización del marco legislativo local cuyas materias estén relacionadas a lo previsto en la Ley General y en esta Ley, tanto para la adecuación de procedimientos judiciales o administrativos que tengan por objeto el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Los recursos que integran el Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas de Delito que contempla la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito para el Distrito Federal, al momento de entrar en vigor la presente Ley, pasarán a formar parte del Fondo de la Ciudad de México; las solicitudes de apoyo económico tramitadas, antes de la vigencia de esta Ley, serán atendidas de acuerdo a lo establecido en su Título Quinto, conforme al Principio de No victimización secundaria.

 

DÉCIMO TERCERO.- Por lo que refiere a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dichas facultades se entenderán para la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hasta en tanto no entre en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México.

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

09 DE ENERO DE 2019

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, a través de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Victimas y la de Derechos Humanos, cuentan con un término de 15 días hábiles, para emitir la convocatoria para la elección de la terna, que será enviada a la o el Jefe de Gobierno, quien designará a la o el titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, una vez que sea publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el presente decreto.

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

24 DE DICIEMBRE DE 2019

 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.


[1] Reforma publicada en la GOCDMX el 29 de septiembre de 2020

[2] Reforma publicada en la GOCDMX el 29 de septiembre de 2020

[3] Adición publicada en la GOCDMX el 24 de diciembre de 2019

[4] Reforma publicada en la GOCDMX el 29 de septiembre de 2020

[5] Reforma publicada en la GOCDMX el 09 de enero de 2019

[6] Reforma publicada en la GOCDMX el 09 de enero de 2019

[7] Reforma publicada en la GOCDMX el 09 de enero de 2019

[8] Reforma publicada en la GOCDMX el 09 de enero de 2019

[9] Reforma publicada en la GOCDMX el 09 de enero de 2019