REGLAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO

 

Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de marzo de 2004

 

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

el 29 de octubre de 2018

 

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general en el territorio del Distrito Federal, y tiene por objeto reglamentar la Ley Ambiental del Distrito Federal en materia de Impacto Ambiental y Riesgo.

 

Artículo 2. La aplicación de este Reglamento compete al Gobierno del Distrito Federal a través de las autoridades ambientales, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.

 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones contenidas en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se entenderá por:[1]

 

I. Área urbanizada: Superficie de suelo ubicada dentro de los centros de población o poblados rurales, que es utilizada para una función de habitación, producción, comercio o algún otro tipo de servicio comunitario, y que forma parte del conjunto de edificaciones y trazado de calles, incluyéndose los cascos antiguos y las superficies que, aún no estando edificadas, han sido objeto de traza vial y urbanización, con la aprobación de la autoridad competente y de conformidad con los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico;

 

II. Aviso de ejecución de obras o acciones: documento a través del cual los interesados informan a la Secretaría sobre la realización de las obras que no requieren de autorización previa en materia de impacto ambiental por así indicarlo este Reglamento;

 

II bis. Aviso de inicio de operaciones. Escrito mediante el cual, el representante legal o propietario de una autorización de impacto ambiental otorgada conforme al Capítulo VI bis de este Reglamento, hace del conocimiento de la Dirección General el inicio de operaciones de las actividades cubiertas por dicha autorización.[2]

 

III. Central de abasto: Instalaciones en un predio o lotes que en su conjunto tengan más de cinco mil metros cuadrados de superficie o diez mil metros cuadrados de construcción, que se destinen al almacenamiento, acopio, expendio y distribución de productos alimenticios perecederos o no perecederos, así como vehículos, maquinaria, madera, entre otros;

 

IV. Centro comercial: Instalaciones en predios de más de cinco mil metros cuadrados de superficie o de diez mil metros cuadrados de construcción que se destinen a la venta al público de bienes y servicios;

 

V. Centro de concentración masiva: Inmuebles, espacios abiertos o estructuras destinadas a actividades por las que llegan a reunirse cincuenta o más personas y los que se indican a continuación, sin importar el número de personas concentradas: escuelas y centros de enseñanza, hospitales, clínicas, iglesias, templos, centros comerciales, mercados, cines y teatros, entre otros;

 

VI. Condicionante. Acción, criterio, lineamiento, medida o disposición de carácter obligatorio, que la Dirección General establece en las resoluciones administrativas de impacto ambiental o riesgo ambiental que contienen las autorizaciones condicionadas en materia de impacto ambiental o riesgo ambiental, como condición para la instrumentación de los programas o la realización de las obras o actividades de que se trate, que deberá observarse por el promovente tanto en la etapa previa al inicio de la obra o actividad, como en sus etapas de construcción, operación, cierre, clausura o desarrollo de la actividad;

 

VI bis. Coordinación Estratégica: Coordinación Estratégica para Fortalecer el Desarrollo Urbano Sustentable en la Ciudad de México.[3]

 

VI ter. Criterio Estratégico: Acción, lineamiento, medida o disposición de carácter obligatorio, que la Dirección General establece en los dictámenes de Evaluación Ambiental Estratégica, como condición para la instrumentación de los planes, programas o proyectos de que se trate, que deberá observarse por el promovente tanto en la etapa previa al inicio de la obra o actividad, como en sus etapas de construcción, operación, cierre, clausura o desarrollo de la actividad;[4]

 

VII. Daño grave al ambiente: Alteración o modificación en cualquiera de los factores ambientales en uno o más predios, ocasionado por la incidencia puntual, acumulativa o sinérgica de impactos ambientales significativos y relevantes que lesionan u ocasionan la pérdida irreversible de uno o varios de los componentes de un ecosistema, afectando su estructura y función, y que en consecuencia repercute en la calidad y cantidad de los servicios ambientales que ofrece y modifica sus patrones de evolución natural;

 

VIII. Desequilibrio ecológico: Condición de inestabilidad, permanente o temporal, como consecuencia de la perturbación de las relaciones de interdependencia entre los elementos que conforman el ambiente, ocasionada por acciones antropogénicas, y que pone en riesgo el desarrollo del hombre y la existencia de los demás seres vivos;

 

VIII ter. Dictamen de Evaluación Ambiental Estratégica: Acto administrativo emanado de la Dirección General, para concluir el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, a través del cual se aprueba o rechaza la realización de planes, programas o proyectos, una vez que han sido evaluados sus posibles impactos regionales acumulativos, sinérgicos y significativos, que pudieran presentarse en la ejecución de los mismos, y mediante la cual se establecen medidas de prevención, mitigación y compensación, así como criterios estratégicos que deberá cumplir el promovente, así como, en su caso, los riesgos ambientales;[5]

 

VIII. bis. Dirección General. La Dirección General de Regulación Ambiental adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal.[6]

 

IX. Emergencia: Evento repentino e imprevisto que obliga a tomar medidas de prevención, protección y control, inmediatas, para minimizar sus consecuencias;

 

X. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones y construcciones destinados a prestar a la población, los servicios de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte, y otros, para satisfacer sus necesidades;

 

XI. Estaciones de autoconsumo: Estaciones que suministran combustible para uso exclusivo de flotillas de vehículos o parques automotores de propiedad de una empresa o entidad, sin realizar venta al público;

 

XII. Estaciones duales: Estaciones en las que se pueden suministrar simultáneamente gas natural comprimido y gasolina o diesel;

 

XIII. Estudio de impacto ambiental: Documento técnico de carácter interdisciplinario, cuyo fin es dar a conocer las características de un plan, programa, proyecto, obra o actividad, así como del predio donde pretende desarrollarse e identificar los impactos ambientales de su ejecución además de las medidas para prevenir, minimizar y compensar sus efectos adversos;[7]

 

XIV. Estudio de riesgo: Análisis mediante el cual el promovente da a conocer, con base en la revisión de las acciones proyectadas para el desarrollo de una actividad considerada riesgosa, los riesgos probables que éstas representan para los ecosistemas, la salud o el ambiente, y que incluye las medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes a mitigar o evitar los efectos adversos que se causen en caso de un posible accidente, durante la realización u operación normal de la obra o actividad de que se trate;

 

XIV bis. Estudio de riesgo ambiental sujeto a reporte y visto bueno. Análisis mediante el cual el promovente da a conocer, con base en la revisión de las acciones proyectadas para el establecimiento y operación de estaciones y terminales de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, combustibles, aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades, los riesgos probables que representa para los ecosistemas, la salud, la seguridad y el medio ambiente, y que incluye las medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad tendientes a mitigar o evitar efectos adversos que se causen en caso de un posible accidente durante el establecimiento, operación y/o cierre de la obra; las cuales deben de ser periódicamente reportadas a la Dirección General, para su visto bueno.[8]

 

XV. Evaluación de impacto ambiental: Es el instrumento de política ambiental y el procedimiento a través del cual la Secretaría, con base en el informe preventivo, manifestación de impacto ambiental o estudio de riesgo, presentado por el promovente, determina la procedencia ambiental de realizar un plan, programa, proyecto, obra o actividad, pública o privada, dentro del territorio de la Ciudad de México, e identifica las medidas que se impondrán de manera obligatoria, para evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños a éste y propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;[9]

 

XVI. Evaluación de riesgo ambiental: Procedimiento que se integra al de evaluación de impacto ambiental, a través del cual la autoridad califica la probabilidad de que se produzca un riesgo para los ecosistemas, la salud pública o el ambiente, como resultado de proyectar la realización de actividades consideradas riesgosas, así como de las medidas técnicas, preventivas, correctivas y de seguridad propuestas por el promovente en el estudio de riesgo;

 

XVII. Impacto ambiental acumulativo: El efecto integral, en el ambiente o uno de sus elementos, que en escala temporal y espacial, resulta del incremento de los impactos ambientales de acciones particulares;

 

XVIII. Impacto ambiental sinérgico: El efecto que sobre el ambiente o uno de sus elementos, resulta de la interacción temporal y espacial, de más de un impacto ambiental, el cual puede adquirir valores de significancia o relevancia que rebasa las estimaciones hechas sobre los efectos particulares o su simple acumulación;

 

XIX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquél que una vez ponderado en términos de su magnitud, extensión e importancia, se estima que afecta negativamente los ecosistemas, sus elementos o la salud, en virtud de que impide la existencia y desarrollo natural del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales;

 

XX. Informe preventivo: Documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una obra o actividad para efectos de determinar si se encuentra en los supuestos señalados en el presente Reglamento, o requiere ser evaluada a través de una manifestación de impacto ambiental;

 

XXI. Ley: La Ley Ambiental del Distrito Federal;

 

XXII. Ley general: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

 

XXIII. Medidas de prevención: Acciones que deberá ejecutar anticipadamente el promovente para evitar efectos adversos o negativos al ambiente;

 

XXIV. Medidas de mitigación: Acciones, instalaciones o equipos que el promovente debe implantar para atenuar los impactos negativos que las obras o actividades en el Distrito Federal puedan causar a los ecosistemas o sus componentes, con la finalidad de reducir los efectos adversos o restablecer las condiciones originales de los componentes ambientales;

 

XXV. Medidas de compensación: Acciones que deberá de ejecutar el promovente para resarcir el deterioro ocasionado por la obra o actividad proyectada, en un elemento natural distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación anterior en el elemento afectado;

 

XXVI. Parque o zona industrial: La superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la planta industrial, conforme a lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico, en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su operación;

 

XXVI Bis. Plan: conjunto de procedimientos e instrumentos técnicos a través de los cuales se formulan objetivos y estrategias para la ejecución de programas, proyectos, obras o actividades a desarrollarse dentro de la Ciudad de México, con la finalidad de sistematizarlos dentro de los ámbitos espacial, temporal, económico, material y social, bajo criterios de desarrollo ambiental sustentable previstos en la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.[10]

 

XXVII. Programa: Instrumento de planeación de obras o actividades, públicas o privadas, por medio del cual se proyectan en una escala espacial y temporal las acciones requeridas para su emplazamiento, ejecución y operación;

 

XXVIII. Prestador de servicios de impacto ambiental y riesgo: La persona física o moral que elabora informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental o estudios de riesgo, por cuenta propia o de terceros, y que es responsable del contenido de los mismos;

 

XXIX. Promovente: El interesado, persona física o moral, con personalidad jurídica, que solicita autorización de impacto ambiental o riesgo, y somete a consideración de la autoridad competente los informes preventivos, las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo o los avisos que correspondan;

 

XXIX Bis. Proyecto: Conjunto de actividades generales de obras, ya sean funcionales, formales, constructivas o económicas, que proporcionan información sobre su diseño, presentación y ejecución en cada una de las etapas que lo conforman; asimismo, se refiere al conjunto de planos, memorias descriptivas y de cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y definen los aspectos constructivos y ambientales.[11]

 

XXX. Predios de cobertura forestal significativa: Aquellos que contengan superficies de vegetación forestal mayor a mil metros cuadrados;

 

XXXI. Resolución administrativa de impacto ambiental o riesgo ambiental. Acto administrativo emanado de la Dirección General, para concluir el procedimiento de evaluación de un informe preventivo o de una manifestación de impacto ambiental, estudio de riesgo ambiental o cualquier otro estudio ambiental en su caso requerido, en cualquiera de sus modalidades, a través del cual se otorga o se niega la autorización para la realización de programas, obras o actividades, una vez que han sido evaluados sus posibles impactos negativos o daños al ambiente, y mediante la cual se establecen medidas de prevención, mitigación y compensación, así como condicionantes que deberá cumplir el promovente, así como, en su caso, los riesgos ambientales;[12]

 

XXXII. Reglamento: El Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo;

 

XXXIII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente;

 

XXXIV. Suelo de conservación: El territorio determinado en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal;

 

XXXV. Suelo urbano: El territorio del Distrito Federal sujeto a las regulaciones de uso del suelo de los programas de desarrollo urbano;

 

XXXVI. Vegetación de galería: La que crece circundante a los cuerpos de agua y en las laderas de las depresiones orográficas o pendientes; y

 

XXXVI bis. Visto Bueno. Procedimiento a través de cual la Dirección General otorga su autorización al programa de cumplimiento de obligaciones en materia de impacto y riesgo ambiental, otorgada conforme al Capítulo VI Bis de este Reglamento, incluyendo el reporte de cumplimiento de las condicionantes impuestas, así como de la implementación de las medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad a ser ejecutadas para mitigar o evitar efectos adversos que se causen acaso de un posible accidente durante el establecimiento, operación y/o cierre de la obra y actividades.[13]

 

XXXVII. Yacimiento pétreo: Todo aquél depósito de material en su estado natural de reposo, como arena, grava, tepetate, tezontle, arcilla, piedra o cualquier otro material derivado de las rocas, que sea susceptible de ser utilizado como material de construcción.

 

Artículo 4. Corresponde a la Secretaría además de las atribuciones ya existentes:

 

I. Evaluar el impacto ambiental y riesgo, así como emitir los dictámenes y resoluciones correspondientes para la realización de planes, programas, proyectos, obras o actividades a que se refiere la Ley y el presente Reglamento, así como emitir los dictámenes sobre la aplicación de estudios de impacto ambiental y riesgo, y los dictámenes de daños causados al ambiente, así como los relativos a la evaluación ambiental estratégica en los supuestos que se establecen en el Capítulo II Bis de este Reglamento.[14]

 

II. Formular, publicar y poner a disposición del público las guías para elaborar y presentar los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental en sus diversas modalidades, estudios de riesgo, consultas sobre la aplicación de estudios de impacto ambiental y riesgo, y avisos de ejecución de obras o acciones;

 

III. Solicitar la opinión de otras dependencias y de expertos en la materia para que sirvan de apoyo en las evaluaciones de impacto ambiental y riesgo que se formulen;

 

IV. Conducir el proceso de consulta pública cuando lo considere pertinente durante el proceso de la evaluación de impacto ambiental;

 

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, así como la observancia de las resoluciones previstas en el mismo, e imponer las sanciones y demás medidas de control y de seguridad necesarias, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y

 

VI. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas relativas a la materia.

 

Artículo 5. Compete a las Delegaciones del Distrito Federal emitir las resoluciones correspondientes de los informes preventivos en los supuestos previstos en este Reglamento y en los acuerdos de coordinación que al efecto suscriban con la Secretaría, o bien, determinar que las obras o actividades de que se trate requieren la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

 

CAPÍTULO II

DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO

 

Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o actividades, previamente a su ejecución requerirán obtener la autorización en materia de impacto ambiental, en la modalidad que se indica, de la Secretaría:[15]

 

A) Se deroga.[16]

 

I. Se deroga.[17]

 

II. Se deroga.[18]

 

III. Se deroga.[19]

 

B) NUEVAS OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN SUELO DE CONSERVACIÓN:

 

I. Actividades de manejo y aprovechamiento de recursos y elementos naturales;

 

II. Obras de equipamiento urbano o infraestructura de competencia del Gobierno del Distrito Federal;

 

III. Obras o actividades que generen contaminantes, que puedan afectar la calidad del agua o suelo; y

 

IV. Los establecimientos comerciales o de servicio, excepto los que se realicen en las áreas urbanizadas de los poblados rurales.

 

C) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS O ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL:

 

I. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas naturales protegidas, cuya realización se encuentre permitida por la Ley, los decretos que las establezcan y los programas de manejo respectivos, y

 

II. Obras o actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental, siempre que su realización se encuentre permitida por los decretos que las establezcan y los programas de manejo respectivos.

 

D) OBRAS O ACTIVIDADES DENTRO DE SUELO URBANO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

 

I. Las que colinden con áreas naturales protegidas, suelos de conservación y con vegetación de galería;

 

II. Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para el Distrito Federal.

 

Las actividades de la industria manufacturera o de los sectores comercio, servicios o servicios comunales y sociales, que involucren el uso de calderas cuya capacidad sea mayor a los diez caballos caldera, o que efectúen teñido o curtido, o que pertenezcan a cualquiera de las siguientes clases:

 

1. Fabricación de alambre y productos de alambre.

 

2. Fabricación de anteojos, lentes, aparatos e instrumentos ópticos, telescopios, binoculares y microscopios, así como sus partes.

 

3. Fabricación de aparatos de refrigeración comercial.

 

4. Fabricación de aparatos e instrumentos de medida y control técnico científico incluyendo balanzas de precisión, brújulas y calibradores.

 

5. Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar.

 

6. Fabricación de aparatos fotográficos, protectores de películas y microcintas.

 

7. Fabricación de aparatos y sistemas de aire acondicionado.

 

8. Fabricación de artículos metálicos arquitectónicos.

 

9. Fabricación de artículos no estructurales de concreto.

 

10. Fabricación de artículos y útiles para oficina, dibujo y pintura artística en establecimientos mayores de 250 metros cuadrados.

 

11. Fabricación de auto partes troqueladas y estampadas.

 

12. Fabricación de azulejos y losetas cerámicas.

 

13. Fabricación de baleros o rodamientos.

 

14. Fabricación de baterías de cocina.

 

15. Fabricación de cajas y otros bienes por corte y doblez de metales.

 

16. Fabricación de calderas industriales y reductores de calor.

 

17. Fabricación de calentadores y quemadores.

 

18. Fabricación de cerraduras, candados y llaves.

 

19. Fabricación de cilindros y otros contenedores metálicos.

 

20. Fabricación de clavos, tachuelas y similares.

 

21. Fabricación de envases metálicos.

 

22. Fabricación de cuchillería y similares.

 

23. Fabricación de concreto premezclado.

 

24. Fabricación de equipos de automatización.

 

25. Fabricación de equipo de bombeo.

 

26. Fabricación de equipo de cómputo y sus periféricos con más de 10 empleados.

 

27. Fabricación de equipo e instrumental médico y de cirugía, así como de aparatos ortopédicos.

 

28. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para aeronaves.

 

29. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para embarcaciones.

 

30. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para ferrocarriles.

 

31. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico para uso automotriz.

 

32. Fabricación de equipo para soldar.

 

33. Fabricación de equipos, accesorios y piezas dentales.

 

34. Fabricación de equipos y aparatos electrónicos para uso médico.

 

35. Fabricación de espumas uretánicas y sus productos.

 

36. Fabricación de estructuras metálicas.

 

37. Fabricación de fibras y lana de vidrio.

 

38. Fabricación de filtros de uso industrial y automotriz.

 

39. Fabricación de focos, tubos y bombillas para iluminación.

 

40. Fabricación de herramientas de corte sin motor.

 

41. Fabricación de herramientas de mano.

 

42. Fabricación de ladrillos y tabiques de arcillas no refractarias.

 

43. Fabricación de ladrillos y similares de arcillas refractarias.

 

44. Fabricación de muebles cerámicos.

 

45. Fabricación de muebles metálicos.

 

46. Fabricación de otros artículos forjados y troquelados.

 

47. Fabricación de otros productos metálicos.

 

48. Fabricación de partes estructurales de concreto.

 

49. Fabricación de productos a partir del corte, pulido y laminado de piedras de cantera.

 

50. Fabricación de productos abrasivos.

 

51. Fabricación de tanques metálicos para almacenamiento.

 

52. Fabricación de tornillos, tuercas y similares.

 

53. Fabricación de válvulas metálicas.

 

54. Fabricación de maquinaria para editoriales e imprentas.

 

55. Fabricación de maquinaria para envasar y empacar.

 

56. Fabricación de maquinaria para ganadería.

 

57. Fabricación de maquinaria para la industria de la construcción.

 

58. Fabricación de maquinaria para la industria extractiva.

 

59. Fabricación de maquinaria para la industria textil.

 

60. Fabricación de maquinaria para procesar alimentos y bebidas.

 

61. Fabricación de maquinaria para procesar hule y plástico.

 

62. Fabricación de maquinaria para procesar minerales no metálicos.

 

63. Fabricación de maquinaria para trabajar madera.

 

64. Fabricación de maquinaria para trabajar metales.

 

65. Fabricación de maquinaria para transportar y levantar.

 

66. Fabricación de máquinas de coser de uso industrial.

 

67. Fabricación de máquinas de oficina.

 

68. Fabricación de máquinas fotocopiadoras.

 

69. Fabricación de motores de diesel de uso industrial.

 

70. Fabricación de motores eléctricos y equipo para la generación, transformación y utilización de energía eléctrica, solar o geotérmica.

 

71. Fabricación de maquinaria para otras industrias específicas.

 

72. Fabricación de otra maquinaria y equipo de uso general.

 

73. Fabricación de partes y piezas en máquinas herramientas.

 

74. Fabricación de partes para el sistema de frenos automotriz.

 

75. Fabricación de partes para el sistema de transmisión automotriz.

 

76. Fabricación de partes para el sistema de suspensión y dirección automotriz.

 

77. Fabricación de productos laminados y aglutinados a partir de madera.

 

78. Fabricación de tintas para impresión y escritura.

 

79. Fabricación de transformadores y generadores eléctricos.

 

80. Galvanoplastía en piezas metálicas.

 

81. Impresión de periódicos y revistas.

 

82. Impresión de libros y similares.

 

83. Impresión de directorios y bases de datos.

 

84. Impresión de formas continuas y otros materiales en establecimientos mayores de 250 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

85. Industria química dedicada a la fabricación de jabones, limpiadores, cosméticos, perfumes, aceites esenciales y otras preparaciones de tocador, así como adhesivos, impermeabilizantes y selladores, que involucren el manejo de sustancias peligrosas en cantidades de reporte de competencia local de conformidad con los listados de actividades altamente riesgosas, expedidos por la Federación.

 

86. Preparación, hilado y tejido de fibras duras naturales.

 

87. Preparación, hilado y tejido de fibras blandas.

 

88. Producción de asfalto y sus mezclas para pavimentación y techado.

 

89. Producción de artículos cerámicos no estructurales en establecimientos mayores de 250 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

90. Refinación de grasas y aceites animales no comestibles.

 

91. Revitalización de llantas.

 

92. Transformación de aceites, lubricantes y aditivos.

 

93. Comercio de desechos plásticos en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

94. Comercio de fierro viejo en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

95. Comercio de material de demolición en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

96. Comercio de papel y cartón usado en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

97. Comercio de trocería y productos de vidrio en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

98. Comercio de otros materiales de desecho en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

99. Beneficio y envasado de arroz.

 

100. Elaboración de almidones, fécula, levaduras, aceites y grasas vegetales comestibles.

 

101. Elaboración de bebidas alcohólicas destiladas.

 

102. Elaboración de bebidas fermentadas de uva.

 

103. Elaboración de café soluble.

 

104. Elaboración de cerveza y malta.

 

105. Elaboración de cigarros.

 

106. Empacado y congelación de carne fresca.

 

107. Elaboración de concentrados, jarabes y colorantes naturales para alimentos.

 

108. Elaboración de concentrados para caldos de carne de res, pollo, pescado, mariscos y verduras.

 

109. Preparación de conservas y embutidos, incluyendo la fundición de cebo.

 

110. Elaboración de gelatinas, flanes y postres en polvo.

 

111. Elaboración de grasas y aceites animales comestibles en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

112. Elaboración de hielo.

 

113. Elaboración de pan y pasteles que requiera el uso de calderas cuya capacidad unitaria o en conjunto sea igual o mayor a los diez caballos caldera.

 

114. Elaboración de productos de molino a partir de cereales y leguminosas, incluyendo harinas de todo tipo en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

115. Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas.

 

116. Elaboración de sidra.

 

117. Elaboración de sopas y guisos preparados, así como de salsas a base de tomate.

 

118. Empacado y congelación de pescados y mariscos.

 

119. Molienda, procesamiento y empacado de trigo.

 

120. Tostado, molienda y envasado de café en establecimientos mayores de 500 metros cuadrados o donde operen más de 10 empleados.

 

121. Servicios de revelado de fotografía y películas.

 

122. Construcción y operación de baños públicos.

 

123. Construcción y operación de cementerios.

 

124. Construcción y operación de centros comerciales.

 

125. Construcción y operación de deportivos.

 

126. Construcción y operación de edificios públicos.

 

127. Construcción y operación de hospitales, clínicas o sanatorios con caldera, incinerador o laboratorio.

 

128. Construcción y operación de hoteles y moteles con caldera, salón de fiestas o servicio de lavandería o tintorería.

 

129. Construcción y operación de mercados públicos.

 

130. Construcción y operación de obras de infraestructura para alumbrado y servicio telefónico, de más de un kilómetro de longitud.

 

131. Construcción y operación de obras o instalaciones relativas al transporte público de pasajeros o de carga.

 

132. Construcción y operación de plantas de tratamiento de agua.

 

133. Construcción y operación de planteles educativos que consideren la instalación de laboratorios o talleres.

 

134. Construcción y operación de talleres de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones, incluyendo hojalatería y pintura de carrocerías, lavado y lubricación y recarga de aire acondicionado.

 

135. Construcción y operación de talleres para la reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de servicios.

 

136. Demolición de inmuebles con superficie de construcción igual o mayor a los diez mil metros cuadrados, o que involucren instalaciones industriales, talleres de la industria metal mecánica o estaciones para el suministro de combustible.

 

137. Avicultura y cunicultura.

 

138. Cría de animales destinados a laboratorios y a fines no alimenticios.

 

139. Cría de porcinos.

 

140. Ganadería de bovinos productores de carne.

 

141. Ganadería de bovinos productores de leche.

 

142. Ganadería de bovinos de doble propósito.

 

143. Ganadería de equinos.

 

144. Ganadería de ovicaprinos.

 

145. Matanza de ganado y aves.

 

III. Obras o actividades o cambios de uso de suelo, que se pretendan realizar en predios con cobertura forestal significativa o que colinden con cuerpos de agua.

 

E) OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y YACIMIENTOS DE ARENA, CANTERA, TEPETATE, PIEDRA Y ARCILLA Y, EN GENERAL, CUALQUIER YACIMIENTO PÉTREO:

 

Todas las obras o actividades que se ubiquen en este supuesto, siempre que los materiales y substancias objeto de ellas no se encuentren reservadas a la Federación, se destinen exclusivamente a la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras, y los trabajos que se requieran se hagan a cielo abierto.

 

F) OBRAS O ACTIVIDADES QUE AFECTEN LA VEGETACIÓN Y LOS SUELOS DE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES, BARRANCAS, CAUCES, CANALES Y CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN GENERAL, CUALQUIER OBRA O ACTIVIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN DE CAPA VEGETAL.

 

Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría.

 

G) VÍAS DE COMUNICACIÓN DE COMPETENCIA DEL DISTRITO FEDERAL:

 

I. Mantenimiento, rehabilitación y adecuaciones de calles, avenidas y distribuidores o ejes viales.

 

II. Construcción de puentes y túneles vehiculares o ferroviarios, de más de un kilómetro de longitud o de tipo radial.

 

H) ZONAS Y PARQUES INDUSTRIALES DE COMPETENCIA LOCAL.

 

Todas las zonas y parques industriales de competencia local.

 

I) CENTRALES DE ABASTO Y COMERCIALES:

 

Todas las centrales de abasto y centros comerciales que cuenten con las características mencionadas en las fracciones III y IV y del artículo 3º del presente Reglamento.

 

J) CONJUNTOS HABITACIONALES DE DOS O MÁS VIVIENDAS:

 

I. Conjuntos habitacionales que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

 

1) Que el conjunto involucre el manejo de sustancias peligrosas en la cantidad y estado físico establecidos en los listados a que se refiere el artículo 7º de este Reglamento.

 

2) Que el conjunto incluya la construcción de salón de fiestas, alberca, establecimiento comercial, o instalaciones de servicios distintas de las necesarias para la operación de la vivienda, cuando estas obras o instalaciones no formen parte del cuerpo de la edificación destinada para vivienda.

 

3) Que el conjunto pretenda localizarse en un predio con cobertura forestal significativa en los términos que establece la fracción XXX del artículo 3º de este Reglamento.

 

4) Que el lindero del predio más cercano a los tanques y dispensarios de estaciones de gasolina, diesel, gas natural o gas licuado de petróleo y a instalaciones donde se manejen o almacenen sustancias incluidas en los listados a los que se refiere el artículo 7º de este Reglamento, se encuentre a una distancia igual o menor a veinticinco metros.

 

5) Que dentro del predio existan ductos para el transporte de sustancias peligrosas.

 

6) Que sea necesario el cambio de uso de suelo a partir de un uso industrial, de gasolinera o taller mecánico; o que no siendo necesario el cambio de uso del suelo, se cambien o modifiquen las actividades que se realizan, o se hayan realizado previamente en el predio, a partir de los mismos usos.

 

7) Que el predio se encuentre sobre una falla geológica, zona de minas o cavernas, o a menos de 150 metros de ellas.

 

II. Conjuntos habitacionales cuyos predios que afecten barranca, cañada, suelo de conservación, cuerpo de agua o área natural protegida.

 

K) ACTIVIDADES CONSIDERADAS RIESGOSAS EN TÉRMINOS DE LA LEY:[20]

 

I. Tratamiento y envasado de leche;

 

II. Elaboración de leche condensada, evaporada y en polvo;

 

III. Destilado de alcohol etílico;

 

IV. Curtido y acabado de cuero;

 

V. Curtido y acabado de pieles sin depilar;

 

VI. Fabricación y reparación de calderas industriales;

 

VII. Fabricación de tractores, maquinaria e implementos agrícolas;

 

VIII. Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas;

 

IX. Fabricación de automóviles y camiones, así como de sus motores y partes;

 

X. Fabricación de reparación de aeronaves;

 

XI. Fabricación de productos diversos de P.V.C.;

 

XII. Fabricación de fibra de vidrio y sus productos;

 

XIII. Fabricación de abrasivos;

 

XIV. Laminación, extrusión y estiraje de metales no ferrosos, de cobre o de sus aleaciones;

 

XV. Fabricación de soldaduras a base de metales no ferrosos;

 

XVI. Fabricación de estructuras metálicas para la construcción;

 

XVII. Fabricación y reparación de tanques metálicos;

 

XVIII. Fabricación de puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de herrería que usen abrasivos, solventes, niquelado o cromado;

 

XIX. Fabricación y reparación de muebles metálicos y accesorios que usen abrasivos, solventes, niquelado o cromado;

 

XX. Fabricación de chapas, candados, llaves y similares que utilicen abrasivos, solventes, niquelado o cromado;

 

XXI. Fabricación de maquinaria y equipo para las industrias extractivas y de la construcción;

 

XXII. Fabricación de orfebrería de oro y plata;

 

XXIII. Construcción y operación de plantas industriales;

 

XXIV. Derogada;[21]

 

XXV. Producción o elaboración y almacenamiento de explosivos relacionados con juegos pirotécnicos, cohetes y otros artículos elaborados a base de pólvora;

 

XXVI. Estaciones de diesel, gas licuado de petróleo, gas natural y gasolina; estaciones de abastecimiento duales (gasolinas, diesel y gas natural comprimido) y estaciones de autoconsumo;

 

XXVII. Terminales de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y aditivos, que no rebasen la cantidad de reporte establecida en los listados federales de actividades altamente riesgosas;

 

XXVIII. Construcción y operación de tintorerías y lavanderías industriales, y

 

XXIX. Las demás que se determinen en los listados que al efecto expida la Secretaría, los cuales estarán referidos a los listados de actividades altamente riesgosas publicados en el Diario Oficial de la Federación.

 

L) INSTALACIONES PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY Y LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL.

 

I. Construcción y operación de nuevas plantas, estaciones y centros de almacenamiento, acopio, separación, transferencia, reuso y reciclaje de residuos sólidos.

 

II. Construcción y operación de nuevas plantas para el tratamiento, incineración y disposición final de residuos sólidos.

 

M) OBRAS O ACTIVIDADES QUE, ESTANDO RESERVADAS A LA FEDERACIÓN, SE DESCENTRALICEN A FAVOR DEL DISTRITO FEDERAL:

 

I. Obras o actividades que se realicen en predios con cobertura forestal significativa, o localizados en o en colindancia con: suelo de conservación, áreas naturales protegidas, barrancas, predios con vegetación de galería o cuerpos de agua competencia del Distrito Federal, y

 

II. Obras o actividades que se realicen en predios localizados en suelo urbano.

 

N) OBRAS DE MÁS DE DIEZ MIL METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN U OBRAS NUEVAS QUE SE REALICEN EN PREDIOS DE MÁS DE CINCO MIL METROS CUADRADOS PARA USO DISTINTO AL HABITACIONAL.

 

Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría, siempre que se realicen en suelo urbano.

 

O) OBRAS Y ACTIVIDADES QUE NO ESTANDO EXPRESAMENTE RESERVADAS A LA FEDERACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL, CAUSEN O PUEDAN CAUSAR DESEQUILIBRIOS ECOLÓGICOS, REBASEN LOS LÍMITES Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS REFERIDAS A LA CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

 

En todas las obras y actividades comprendidas en el anterior inciso, se observará el procedimiento previsto en el artículo 11 de este Reglamento.

 

Artículo 7. Para los efectos previstos en la última fracción del apartado K) del artículo anterior, la Secretaría deberá publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los listados de las actividades consideradas riesgosas, tomando en cuenta los siguientes criterios:

 

I. Las características de los materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, de acuerdo a lo previsto en el artículo 176 de la Ley;

 

II. El volumen de manejo de los materiales, considerando un porcentaje mayor al treinta y menor al cien por ciento de la cantidad de reporte que se determina en los listados de actividades altamente riesgosas, expedidos por la Federación, y

 

III. La ubicación del establecimiento.

 

Artículo 8. La realización de las obras o actividades a que se refiere el artículo 6º del Reglamento, no requerirán obtener la autorización de impacto ambiental y riesgo cuando:

 

I. Existan normas oficiales mexicanas, normas ambientales locales u otras disposiciones reglamentarias que regulen los impactos ambientales negativos que puedan producir; y

 

II. Las obras o actividades formen parte de un programa de obras o actividades, u otro proyecto, que haya sido evaluado en materia de impacto ambiental o riesgo por la Secretaría y cuente con la autorización correspondiente vigente.

 

CAPÍTULO II BIS

DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA[22]

 

Artículo 8 bis 1. La evaluación ambiental estratégica de planes, programas y proyectos tiene por objeto considerar los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y significativos, en la formulación y ejecución de los instrumentos de planeación de obras o actividades, públicas o privadas, que contemplen en una escala espacial y temporal las acciones requeridas para su implementación, a efecto de analizar sus efectos y consecuencias, así como para establecer medidas y recomendaciones que permitan mitigar y disminuir las externalidades detectadas.[23]

 

Artículo 8 bis 2. Los planes, programas y proyectos que serán objeto de la evaluación ambiental estratégica son:[24]

 

A. Planes y programas en los que todos o algunos de los proyectos de obras o actividades que los integren incidan directamente o colinden con el suelo de conservación, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas o cuerpos de agua competencia de la Ciudad de México, que de manera enunciativa más no limitativa, se refieran a:

 

I. Programas dirigidos a la conservación, protección o restauración en suelo de conservación, áreas naturales protegidas, áreas de valor ambiental, barrancas o cuerpos de agua.

 

B. Programas que prevean el aprovechamiento de los recursos naturales en el ámbito de competencia de la Ciudad de México, que de manera enunciativa más no limitativa, se refieran a:

 

I. Aprovechamiento forestal;

 

II. Aprovechamiento de flora o fauna silvestre;

 

III. Aprovechamiento agropecuario, y

 

IV. Otros que impliquen el aprovechamiento de los recursos naturales de la Ciudad de México.

 

C. Planes y programas sectoriales, institucionales y especiales en materia de medio ambiente, cambio climático, salud, educación, desarrollo urbano, ciencia y tecnología, tenencia de la tierra, servicios públicos, obra pública, espacio público, movilidad y protección civil, que de manera enunciativa más no limitativa, se refieran a:

 

I. Programas Parciales de Desarrollo Urbano;

 

II. Áreas de Gestión Estratégica;

 

III. Sistemas de Actuación por Cooperación;

 

IV. Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;

 

V. Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra;

 

VI. Programas para la Creación de Reserva Territorial;

 

VII. Programas para la Creación de Parques Industriales;

 

VIII. Programa de Obras Públicas;

 

IX. Programa Integral de Movilidad, Transporte y Vialidad;

 

X. Programa para la Prevención y Control de Riesgos Ambientales, y

 

XI. Programas de Vivienda y Vivienda Sustentable.

 

D. También estarán sujetas a la evaluación ambiental estratégica las actualizaciones de las que sean objeto los planes y programas referidos en el apartado anterior.

 

E. Proyectos que cumplan una o más de las siguientes condiciones:

 

I. Proyectos cuya superficie del predio a desarrollarse sea igual o mayor a 100,000 metros cuadrados;

 

II. Proyectos cuya superficie de construcción total a desarrollarse sea igual o mayor a 100,000 metros cuadrados, en cuyo caso se contabilizará la construcción sobre nivel de banqueta y bajo nivel de banqueta;

 

III. Proyectos cuyo monto de inversión sea igual o mayor a mil millones de pesos, moneda nacional, o su equivalente en moneda extranjera;

 

IV. Proyectos que requieran cambios de uso de suelo o modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano en una superficie igual o mayor a 100,000 metros cuadrados; y

 

V. Proyectos de vivienda que contemplen 500 o más unidades, considerando el total de viviendas a desarrollarse.

 

Se exceptuarán de la aplicación de las fracciones de este apartado, aquellos proyectos que formen parte de alguno de los programas sometidos a evaluación ambiental estratégica señalados en los apartados A, B y C del presente artículo.

 

Artículo 8 bis 3. Como parte del proceso de evaluación y a efecto de determinar políticas, estrategias y acciones para el Desarrollo Sustentable que deberán ser observadas durante la evaluación ambiental estratégica, la Secretaría solicitará los informes u opiniones a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Centralizada que correspondan, necesarios para resolver el asunto.[25]

 

El tiempo de respuesta para que las instancias correspondientes puedan emitir su opinión, no deberá exceder de veinte días contados a partir de la recepción de la petición; en caso contrario, se entenderá como opinión favorable.

 

Artículo 8 bis 4. Para atender cabalmente al objetivo del presente instrumento, la Secretaría llevará a cabo, entre otras, las siguientes acciones.[26]

 

I. Compartir información en tiempo real respecto de las demoliciones y obras que se inicien para que la acción institucional sea integral, colegiada y transparente;

 

II. Difundir los canales de captación de quejas y denuncias, por parte de la ciudadanía;

 

III. Difundir los criterios estratégicos;

 

IV. Proponer reformas a leyes y reglamentos, así como establecer mejoras al esquema operativo;

 

V. Proponer el desarrollo de sistemas de información necesarios para el desarrollo de sus funciones; y,

 

VI. Las demás que se requieran para dar cumplimiento al presente instrumento.

 

Artículo 8 bis 5. La persona física o moral, pública o privada, promovente deberá entregar a la Secretaría la información que conformará la evaluación ambiental estratégica de planes y programas, cumpliendo con los siguientes requisitos:[27]

 

I. Información General sobre el promovente del plan, programa o proyecto;

 

II. Diagnóstico de la problemática ambiental, social y económica de la zona donde se pretende realizar el plan, programa o proyecto;

 

III. Vinculación del plan, programa o proyecto, en relación con el marco de actuación general del Gobierno de la Ciudad de México;

 

IV. Delimitación geográfica del sistema territorial de aplicación;

 

V. Descripción del sistema ambiental;

 

VI. Instrumentos de comunicación e información al público y ejercicios ciudadanos de planeación participativa;

 

VII. Aspectos críticos y vulnerabilidad;

 

VIII. Relación entre la problemática objeto del plan, programa o proyecto con la estructura y funcionamientos del sistema ambiental;

 

IX. Impactos urbano-ambientales y sobre el desarrollo sustentable;

 

X. Medidas preventivas, de mitigación, minimización y compensación propuestas;

 

XI. Mecanismos de evaluación y seguimiento de la implementación del plan, programa o proyecto relacionados con la prevención o control de efectos ambientales;

 

XII. Indicadores de evaluación y seguimiento del plan, programa o proyecto;

 

XIII. Definición de escenarios sobre el desarrollo económico, beneficio social, habitabilidad, movilidad, ordenamiento territorial, gobernanza y afectación ambiental, esperados como resultado del cumplimiento de los objetivos y metas del plan, programa o proyecto;

 

XIV. Definición de responsabilidades para llevar a cabo el plan, programa o proyecto, integrando criterios ambientales bajo una lógica de transversalidad y gobernanza para supervisar el cumplimiento de las actividades para la prevención o control de efectos adversos al ambiente;

 

XV. Estimación del presupuesto necesario para la ejecución de las consideraciones ambientales, las preventivas, de mitigación, minimización y compensación propuestas, así como para el seguimiento y evaluación ambiental del plan, programa o proyecto; y

 

XVI. Descripción de la metodología empleada para definir la estructura del plan, programa o proyecto, considerando criterios ambientales y de sustentabilidad.

 

Artículo 8 bis 6. El procedimiento para la evaluación ambiental estratégica de planes, programas y proyectos, se sujetará a los siguientes lineamientos:[28]

 

I. La persona física o moral, pública o privada, que pretenda elaborar un plan, programa o realizar un proyecto, solicitará a la Secretaría el inicio del proceso de evaluación ambiental estratégica;

 

II. La Secretaría solicitará la opinión de los entes públicos encargados de determinar las políticas, estrategias y acciones para el Desarrollo Sustentable;

 

III. El promovente del plan, programa o proyecto designará a un prestador de servicios ambientales de impacto ambiental y riesgo, debidamente acreditado ante la propia Secretaría, para participar en el proceso de elaboración del plan, programa o proyecto de que se trate;

 

IV. La Secretaría compilará las opiniones, observaciones y comentarios de los entes públicos, mismos que se harán del conocimiento de la persona física o moral, pública o privada, promovente del plan, programa o proyecto;

 

V. El promovente, con la participación del prestador de servicios de impacto ambiental y riesgo designado, en seguimiento al proceso de evaluación ambiental estratégica y considerando las opiniones que al efecto emitan los entes públicos encargados de determinar las políticas, estrategias y acciones para el Desarrollo Sustentable, propondrá las adecuaciones y medidas de prevención, mitigación y compensación adicionales a implementar en el plan, programa o proyecto de que se trate;

 

VI. Para continuar con el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, la Secretaría conforme a la opinión a que se refiere fracción II del presente artículo, solicitará la validación de los entes públicos encargados de determinar las políticas, estrategias y acciones para el Desarrollo Sustentable, de la información las adecuaciones y medidas de prevención, mitigación y compensación adicionales a implementar en el plan, programa o proyecto de que se trate.

 

Artículo 8 bis 7. Para emitir el dictamen de evaluación ambiental estratégica de planes, programas o proyectos, la Secretaría considerará los criterios siguientes:[29]

 

I. Que observe una perspectiva de sustentabilidad;

 

II. Que abarque el análisis integral del contexto social, económico, ambiental, legal e institucional donde se aplicará el plan, programa o proyecto;

 

III. Que contemple el análisis, estudio y determinación de los efectos ambientales acumulativos, sinérgicos y significativos sobre el medio ambiente, provocados por el plan, programa o proyecto, según sea el caso;

 

IV. Que incluya decisiones que prevengan, controlen o mitiguen los impactos ambientales adversos y efectos negativos sobre la dinámica urbana derivados de su implantación; y

 

V. Que contribuya a la toma de decisiones sobre la aplicación o modificación del plan, programa o proyecto, en aras de la sustentabilidad ambiental del desarrollo de la Ciudad de México.

 

Artículo 8 bis 8. La Secretaría emitirá el dictamen de evaluación ambiental estratégica y lo notificará a la persona física o moral, pública o privada, promovente del plan, programa o proyecto.[30]

 

A través del dictamen de evaluación ambiental estratégica, la Secretaría podrá:

 

I. Aprobar la instrumentación de los planes, programas o proyectos de que se trate, sujetándose al establecimiento de criterios estratégicos y medidas de prevención, mitigación y compensación que deberá cumplir el promovente con el fin de minimizar los costos y riesgos ambientales y urbanos, derivados de su puesta en operación; o

 

II. Rechazar la instrumentación de los planes, programas o proyectos, cuando:

 

a) Se contraponga con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales del Distrito Federal, los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables;

 

b) Se afecte a la población en su salud o una o más especies en riesgo de conformidad con las categorías establecidas en la normatividad aplicable, o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico o algún o algunos ecosistemas en particular; y

 

c) La instrumentación de los planes, programas o proyectos no garanticen la integridad del ambiente, la conservación y protección del medio ambiente de forma indefinida, se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, o se vulnere el derecho a la protección de la salud de las personas.

 

El cómputo de plazos a que se sujetarán las formalidades contenidas en el presente capítulo, se estará a lo dispuesto por los capítulos IV, V y VI del presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

 

Artículo 8 bis 9. La Secretaría publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las guías y formatos de solicitud de evaluación ambiental estratégica, conforme a los cuales se detallarán los requisitos que deberá contener la carpeta de la evaluación ambiental estratégica.[31]

 

Artículo 8 bis 10. La Secretaría informará a la Coordinación Estratégica, sobre el cumplimiento de criterios en materia de evaluación ambiental estratégica en los planes, programas y proyectos.[32]

 

Todos los entes públicos que conforman la Coordinación Estratégica participarán e implementarán las acciones que correspondan, en el ámbito de sus atribuciones, sosteniendo comunicación permanente sobre el seguimiento de cada uno de los procesos de construcción, ampliación, reparación o modificación de inmuebles en la Ciudad de México.

 

Artículo 9. Las obras o actividades que, ante la inminencia de un desastre, se realicen con fines preventivos, o bien las que se ejecuten para salvar una situación de emergencia, no requerirán de previa evaluación de impacto ambiental, pero en todo caso se deberá dar aviso a la Secretaría de su realización, en un plazo que no exceda de setenta y dos horas contadas a partir de que las obras se inicien, con objeto de que ésta, cuando así proceda, ordene las medidas necesarias para atenuar los impactos al medio ambiente que las obras hubieren causado.

 

En caso de que por negligencia o indebidamente se pretenda aplicar el supuesto descrito en el párrafo anterior sin que se justificara la inminencia de un desastre o una situación de emergencia, la Secretaría procederá al establecimiento de las medidas de seguridad que procedan y la sanción administrativa que corresponda.

 

El aviso de ejecución de obras correspondiente deberá contemplar, como mínimo, la siguiente información:

 

I. Sitio donde se realizaron las obras y actividades.

 

II. Dictamen de la autoridad competente o declaratoria de la situación de emergencia.

 

III. Descripción de las obras y actividades realizadas.

 

Artículo 10. Quienes hayan iniciado una obra o actividad para prevenir o controlar una situación de emergencia, además de dar el aviso a que se refiere el artículo anterior deberá presentar, dentro de un plazo de veinte días hábiles, un informe de las acciones realizadas y de las medidas de prevención, mitigación o compensación que apliquen o pretendan aplicar como consecuencia de la realización de dicha obra o actividad.

 

Artículo 11. Cuando la Secretaría o la Dirección General tengan conocimiento de que pretende iniciarse un plan, programa, proyecto, obra o actividad o de que, ya iniciada ésta, su desarrollo cause o pueda causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, notificará inmediatamente al interesado su determinación para que someta dicho plan, programa, proyecto, obra o actividad al procedimiento de evaluación ambiental estratégica o de evaluación de impacto ambiental o riesgo, según corresponda, explicando las razones que la motiven, con el propósito de que aquél presente los informes, dictámenes y consideraciones que juzgue convenientes, en un plazo no mayor a diez días hábiles.[33]

 

Una vez recibida la documentación, la Secretaría o la Dirección General, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, comunicará al interesado si procede o no la presentación de una evaluación ambiental estratégica o de algún estudio de impacto ambiental, indicando, en su caso, la modalidad y el plazo en que deberá hacerlo. Asimismo, cuando se trate de obras o actividades que se hubiesen iniciado, deberá presentarse el estudio de daño ambiental a que hace referencia la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, sin perjuicio de que la Secretaría aplique las medidas de seguridad que procedan.[34]

 

Artículo 12. Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación, conservación, restauración y el mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades señaladas en los artículos 6º y 81, no requerirán de la autorización en materia de impacto ambiental, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos siguientes:

 

I. Que las obras o actividades cuenten con la autorización respectiva, o cuando no hubieren requerido de ésta;

 

II. Que las acciones no impliquen incremento en el nivel de impacto ambiental o riesgo, en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances;

 

III. Que su realización sea compatible con las disposiciones establecidas en materia de desarrollo urbano correspondiente, y los programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal y, en general, las disposiciones sobre el ordenamiento territorial; y

 

IV. Que las obras no impliquen modificación de los elementos determinantes de impacto ambiental y riesgo en más de un diez por ciento, respecto de los originalmente autorizados.

 

En los supuestos anteriores, las obras o actividades a que se refiere el primer párrafo de este artículo quedarán exentas de la presentación de la manifestación de impacto ambiental, en virtud de que su ejecución no producirá impactos ambientales significativos, o no causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasarán los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la conservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.

 

Para efectos del presente artículo, los interesados presentarán un aviso de ejecución de obras a la Secretaría, previamente a la realización de dichas acciones, explicando las características de éstas y anexando, en su caso, los planos correspondientes.

 

Artículo 13. En el suelo de conservación, las siguientes acciones no estarán sujetas a la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental, ni a la presentación del informe preventivo, pero los interesados deben presentar previamente a la Secretaría un aviso de ejecución de obras o acciones:

 

I. La rehabilitación, mantenimiento u operación de obras existentes compatibles con los programas de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, que no impliquen un incremento mayor al diez por ciento de la superficie ocupada por la infraestructura existente, o signifiquen un cambio de giro; y

 

II. La modificación de actividades primarias y secundarias existentes, cuando no involucren la instalación de nueva infraestructura.

 

Artículo 14. En áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, la conservación, rehabilitación y el mantenimiento de obras existentes en el predio, que no impliquen un incremento del área que ocupan las instalaciones existentes o signifiquen un cambio de giro, no estarán sujetas a la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental, ni a la presentación del informe preventivo.

 

En estos casos, el interesado deberá presentar un aviso de ejecución de obras a la Secretaría, previamente a la realización de las acciones pretendidas.

 

Artículo 15. El aviso de ejecución de obras o acciones a que se refieren los artículos 12, 13 y 14, deberá presentarse en la Secretaría, en original y copia, previamente a la ejecución de las actividades pretendidas, y ajustarse al siguiente contenido:

 

I. Formato de registro que para el efecto publique la Secretaría.

 

II. Documentación probatoria de los datos de identificación asentados en el formato de registro.

 

III. Declaración firmada por el promovente, en la que bajo protesta de decir verdad, manifiesta las consideraciones bajo las cuales se ubica su proyecto que lo eximen de obtener la autorización en materia de impacto ambiental, incluyendo la documentación legal que respalde tales consideraciones.

 

IV. Fechas de inicio y conclusión de las actividades.

 

V. Descripción del proyecto.

 

El aviso de ejecución de obras o acciones podrá presentarse por medio electrónico, en cuyo caso el acuse de recibo oficial correspondiente será válido únicamente cuando el interesado hubiere presentado la documentación probatoria indicada.

 

Artículo 16. La Secretaría asignará al aviso de ejecución de obras o acciones a que se refieren los artículos precedentes, un número de expediente y devolverá al promovente la copia sellada.

 

Para efectos de verificación y seguimiento por parte de la Secretaría, la copia del aviso sellado deberá permanecer en el predio durante la ejecución de las actividades pretendidas.

 

Artículo 17. Quienes indebidamente presenten a la Secretaría el aviso de ejecución de obras a que se refieren los artículos contenidos en los capítulos II y III del presente Reglamento, para evadir el procedimiento de obtención de la autorización del impacto ambiental en los términos de la Ley y de este Reglamento, se le tendrá por no presentado el aviso y se le seguirá el procedimiento respectivo para la imposición de medidas de seguridad y sanciones.

 

CAPÍTULO III

DE LA REGULACIÓN DE OBRAS O ACTIVIDADES EXENTAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

 

Artículo 18. La realización de conjuntos habitacionales que no se ubiquen en ninguno de los supuestos del apartado J del artículo 6º de este Reglamento, no requerirán obtener autorización en materia de impacto ambiental, pero deberá sujetarse invariablemente al cumplimiento de las siguientes disposiciones de protección ambiental:

 

I. En materia de agua:

 

a) Las instalaciones hidráulicas y sanitarias incluirán en su diseño y colocación el uso de dispositivos de ahorro o bajo consumo de agua potable, de acuerdo con las disposiciones aplicables, tales como las contenidas en: el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas. Estos dispositivos podrán ser regaderas de flujo limitado, lavamanos y grifos de contacto, cajas o tanques de sanitarios de capacidad reducida, y otros que resulten aplicables a las instalaciones.

 

b) Las aguas residuales que se generen en la preparación del sitio o en la construcción y que se descarguen al alcantarillado se sujetarán a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

 

c) Cuando resulte necesario el desalojo de las aguas del nivel freático:

 

i) Se prohibe arrojarlas o descargarlas a la calle o a coladeras pluviales.

 

ii) Se deberá obtener el permiso de la autoridad competente e instalar con la debida anticipación un albañal que conecte al drenaje.

 

iii) Se deben colocar filtros de retención de los sólidos en suspensión para evitar el azolve del alcantarillado.

 

d) Queda prohibida la infiltración de agua residual.

 

e) Se deben instalar dispositivos que favorezcan el reuso del agua.

 

f) Los conjuntos habitacionales de más de veinte viviendas deben cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para realizar acciones de compensación de los efectos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, de acuerdo con lo señalado en el Código Financiero del Distrito Federal.

 

II. En materia de arbolado y áreas verdes:

 

a) El derribo, poda y trasplante de árboles que fueren necesarios, y en su caso la restitución o compensación correspondiente, se podrán realizar con la autorización de la delegación correspondiente y en apego a lo dispuesto en la normatividad ambiental para el Distrito Federal que corresponda.

 

b) La plantación de árboles en las áreas verdes deberá realizarse en apego a lo dispuesto en la normatividad ambiental aplicable, considerando las especies idóneas de acuerdo con las características ambientales de la zona.

 

c) Las características de las áreas verdes del conjunto deben sujetarse a lo dispuesto por las normas de ordenación urbana y las ambientales que corresponda.

 

III. En materia de ruido:

 

a) Las emisiones de ruido y sus niveles, así como lo correspondiente a las vibraciones se ajustarán a la normatividad correspondiente.

 

IV. En materia de residuos:

 

a) La disposición de residuos dentro del predio del proyecto únicamente podrá ser temporal; la disposición en la vía pública o cualquier otro sitio deberá contar con la autorización de la autoridad competente.

 

b) Los residuos de la preparación e ingesta de alimentos en el sitio de la obra, deben colectarse en contenedores metálicos con tapa, identificados con la leyenda "basura orgánica", a razón de uno por cada 35 trabajadores, y colocarse éstos en sitios apropiados dentro del predio. Su contenido será entregado al servicio de recolección de la delegación correspondiente o en sitios autorizados por ésta.

 

c) Durante la etapa de construcción, se deberá instalar dentro del predio un sanitario portátil, excusado o letrina, por cada veinticinco trabajadores de la obra o fracción excedente de quince, según lo establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. En ningún caso podrán colocarse en la vía pública.

 

d) La disposición final de los residuos de demolición o de construcción que no sean reciclables, deberá realizarse en depósitos debidamente autorizados, debiendo conservar en el sitio de la obra, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos que establece la normatividad en la materia, así como los comprobantes de ingreso de los camiones transportistas, que acrediten la cantidad de material recibida y la fecha de recepción.

 

El manejo, transporte y aprovechamiento de estos residuos se realizará de acuerdo con las disposiciones que establece la legislación y reglamentación correspondiente para el Distrito Federal.

 

e) Si se generasen residuos catalogados como peligrosos por la normatividad federal, éstos deben manejarse, almacenarse temporalmente y disponerse conforme a lo dispuesto por la legislación federal en la materia.

 

f) El diseño del proyecto deberá considerar la construcción de un cuarto para el depósito de basura durante la operación del conjunto, el cual se localizará en un sitio dentro del predio que no ocasione molestias a los habitantes ni vecinos.

 

g) Los responsables de las obras deben incorporar en el reglamento de condóminos y en los contratos de compraventa, un programa de manejo de residuos domésticos que incluya la clasificación y separación de residuos orgánicos e inorgánicos, así como de cualquier residuo considerado como de manejo especial, como pilas o baterías.

 

V. En materia de aire:

 

a) En toda etapa de ejecución del proyecto se prohibe la quema de cualquier residuo.

 

b) Los vehículos que se utilicen para el transporte de materiales y residuos hacia o desde el predio del proyecto, deben circular siempre con la caja o sección destinada a la carga cerrada o cubierta con lona, aún cuando circulen vacíos.

 

c) Cualquier movimiento de tierra y el retiro de materiales de demolición o residuos de la construcción del predio, se deberá realizará (sic) utilizando para ello agua cruda o tratada. De la misma manera se procederá con los materiales de construcción, cuando sea técnicamente posible debido a la naturaleza o uso del material.

 

d) Cuando se entreguen materiales a granel que generen emisiones fugitivas de partículas suspendidas totales (grava, arena, agregados, otros) la descarga dentro del predio deberá realizarse en áreas que cuenten con protección para reducir las emisiones.

 

e) Los vehículos automotores y maquinaria que para su combustión utilicen diesel deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana relativa a los niveles máximos permisibles de opacidad de humo proveniente de los escapes de ese tipo de vehículo.

 

VI. En materia de suelo:

 

a) Cuando sea necesaria alguna reparación o mantenimiento emergente de maquinaria, ésta deberá realizarse sobre un área impermeable habilitada para tal efecto dentro del predio. Si se tratase de aplicación o cambio de lubricantes, sobre el área impermeable se colocarán charolas para contener cualquier posible derrame.

 

VII. En materia de energía:

 

a) En la iluminación de áreas comunes o cubos de luz, se deben instalar interruptores con sensores de movimiento.

 

b) En las instalaciones hidráulicas se deben instalar bombas de arranque suave.

 

c) La iluminación en los pasillos del inmueble se deberá realizar con lámparas fluorescentes compactas.

 

d) En las áreas exteriores del inmueble se deben utilizar lámparas fluorescentes compactas o normales, o lámparas de vapor de sodio de alta presión o de consumo de energía equivalente o más eficiente, evitando las de vapor de mercurio y las de luz mixta. Asimismo, se deberá observar lo establecido en las normas oficiales mexicanas que se refieren a la eficiencia energética e instalaciones eléctricas que se encuentren vigentes.

 

VIII. Generales:

 

a) No deben estacionarse vehículos de carga en lugares prohibidos, aceras o de forma tal que ocasionen trastornos a la vialidad, o entorpezcan el flujo vehicular o peatonal.

 

b) No deberá ubicarse fuera del predio ninguna instalación relacionada con las obras del conjunto.

 

c) Se deben colocar las protecciones necesarias para evitar que las radiaciones ultravioletas que emite la soldadura eléctrica sean visibles desde el exterior del predio.

 

d) Cuando se utilicen gases para soldadura, deberá construirse dentro del predio del proyecto, una caseta para el almacenamiento temporal de los tanques de gases, ubicada independiente de cualquier otra obra auxiliar y en un lugar seguro. La caseta será techada, construida con materiales incombustibles y ventilada naturalmente.

 

e) No podrá modificarse el número de lugares de estacionamientos autorizados por la autoridad competente, ni la superficie del conjunto que debe destinarse para áreas verdes.

 

f) Se deberá elaborar y aplicar un Reglamento Interno de Condóminos, en el cual se estipule el respeto a las áreas libres del predio y el número de cajones de estacionamiento, así como se informe sobre las disposiciones contenidas en el presente artículo en materia de uso eficiente de agua, energía, control de residuos y emisiones, aplicables a la operación del conjunto. En el contrato de venta correspondiente se incluirá dicho reglamento.

 

Artículo 19. Los interesados en construir conjuntos habitacionales de más de veinte viviendas, que no se ubiquen en los supuestos señalados en el apartado J del artículo 6° de este Reglamento, además de cumplir con las disposiciones de protección ambiental descritas en el artículo anterior, deben presentar a la Secretaría, directamente o a través de la ventanilla única Delegacional que corresponda, previo al inicio de la obra, el aviso de ejecución de obra con el siguiente contenido:

 

I. Formato de registro que para el efecto publique la Secretaría.

 

II. Documentación probatoria de los datos de identificación asentados en el formato de registro.

 

III. Comprobante sellado del pago de aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior.

 

IV. Declaración firmada por el promovente, en la que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el proyecto respectivo y el predio donde se construirá el conjunto habitacional no se encuentra en ninguno de los casos supuestos descritos en las fracciones I y II del inciso J del artículo 6º de este Reglamento.

 

V. Descripción de las características de diseño del proyecto que dan cumplimiento a las disposiciones de protección ambiental establecidas en el artículo 18 del presente Reglamento y el programa calendarizado de las acciones específicas que se realizarán para dar cumplimiento a las disposiciones de protección ambiental que deben observarse en las etapas de preparación del sitio, construcción y operación del conjunto habitacional. El programa contendrá para cada disposición las acciones específicas para cumplirlas y el tiempo -fecha estimada- en que cada acción se cumplirá.

 

VI. Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias. Las fotografías o el video deben haber sido tomados previamente a cualquier modificación que pretenda realizarse en el predio para dar lugar a las obras del proyecto, e incluir fecha de las tomas.

 

VII. Memoria descriptiva del proyecto, acompañada de planos de conjunto y fachadas, así como la tabla con los siguientes datos:

 

Concepto

Superficie(m2)

         %

Superficie total de predio

 

 

Superficie de donación o restricción (en su caso)

 

 

Superficie aprovechable para el proyecto

 

 

Superficie de desplante S. N. B.*

 

 

Superficie libre S. N. B.

 

 

Superficie de construcción S. N. B.

 

 

Superficie de desplante B. N. B.**

 

 

Superficie de construcción B. N. B.

 

 

Superficie permeable

 

 

Superficie no permeable

 

 

Superficie de construcción total

 

 

Volumen de excavación (m3)

 

 

Volumen de demolición (m3)

 

 

Número de cajones de estacionamiento

 

 

* S. N. B. = Sobre nivel de banqueta.

** B. N. B. = Bajo nivel de banqueta.

 

El responsable de la ventanilla única Delegacional remitirá el aviso a la Secretaría en un plazo de dos días hábiles, de conformidad con el procedimiento que al efecto se establezca.

Artículo 20. La Secretaría determinará las modalidades para el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental en el caso de los programas de vivienda de interés social o popular promovidos por la Administración Pública local.

 

Artículo 21. El promovente deberá presentar el aviso de ejecución de obra al que refiere el artículo 19, en original y copia, previamente al inicio de cualquier obra relacionada con el proyecto de que se trate. La Secretaría asignará un número de expediente y devolverá al promovente la copia debidamente sellada. El aviso podrá presentarse por medio electrónico.

 

Artículo 22. Para efectos de verificación y seguimiento por parte de la Secretaría, el responsable de la obra debe conservar en el predio una copia del aviso de ejecución de obra sellado y un juego completo de los planos arquitectónicos del proyecto, durante las etapas de preparación del sitio, construcción y terminación de obra.

 

La entrega de la obra debe incluir la documentación a que se refiere este artículo, para su resguardo por quien resulte responsable en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

 

Artículo 23. Los responsables de la realización de conjuntos habitacionales sujetos a la presentación del aviso de ejecución de obras que se indica en el artículo 21 del Reglamento, deben informar por escrito a la Secretaría las fechas de inicio y conclusión de las obras de construcción dentro de los cinco días hábiles en que ocurra cada supuesto.

 

Artículo 24. Si a través de los avisos de ejecución de obras y en el ejercicio de sus atribuciones de inspección y vigilancia, la Secretaría detectara la construcción de un conjunto habitacional que corresponda con los supuestos del inciso J del artículo 6º del Reglamento, sin contar con la autorización de impacto ambiental respectiva, ordenará la suspensión de la obra con la finalidad de mantener el estado de las cosas, mientras se realiza la evaluación de impacto ambiental correspondiente; e indicará al propietario la modalidad de manifestación de impacto ambiental que debiera presentar.

 

Artículo 25. El desazolve de presas, lagunas y vasos reguladores de competencia local, no estará sujeto a la obtención de la autorización del impacto ambiental, pero las autoridades responsables de su realización deben sujetarse invariablemente al cumplimiento de las siguientes disposiciones de protección ambiental:

 

I. Generales:

 

a) En las vialidades cercanas se deberá colocar un sistema de señalizaciones para conductores y peatones con carácter informativo, preventivo y restrictivo de sus movimientos, basado en elementos verticales y horizontales fijos, pintados, luminosos, fosforescentes o eléctricos, con la finalidad de guiar y advertir al usuario, así como para permitir un flujo vehicular ordenado.

 

b) Se deberá instalar un sanitario portátil, excusado o letrina, por cada veinticinco trabajadores de la obra o fracción excedente de quince, según lo establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. En ningún caso podrán colocarse en la vía pública.

 

c) Sólo podrán instalarse campamentos temporales para el resguardo de material, equipo y maquinaria, dentro del área de maniobras. Al término de los trabajos se procederá a su desmantelamiento y retiro total y se restituirán las condiciones del sitio anteriores a su instalación.

 

d) Se prohibe estrictamente la apertura de nuevos caminos. Sólo podrán utilizarse los caminos existentes anteriormente abiertos.

 

e) El volumen máximo de almacenaje de combustibles para la maquinaria no excederá del requerimiento estimado para una semana de operación.

 

II. En materia de suelo:

 

a) No podrán realizarse actividades de mantenimiento de maquinaria y equipo en el área del proyecto e inmediaciones de la presa o laguna.

 

b) Cuando sea necesaria alguna reparación de emergencia de maquinaria, ésta deberá realizarse sobre un área impermeable habilitada para tal efecto. Si se tratase de aplicación o cambio de lubricantes, sobre el área impermeable se colocarán charolas para contener cualquier posible derrame.

 

c) Únicamente podrá realizarse la preparación de terracerías con material de tepetate, para el paso y tránsito de maquinaria y camiones.

 

III. En materia de arbolado:

 

a) Se prohibe derribar, podar o trasplantar la vegetación arbórea en las inmediaciones de la presa o laguna. En caso de requerir el retiro de vegetación deberá obtenerse la autorización correspondiente.

 

IV. En materia de aire:

 

a) Se deberá efectuar el riego de las zonas secas de maniobra y las terracerías durante los trabajos del desazolve.

 

V. En materia de residuos sólidos:

 

a) Se prohibe la disposición de cualquier tipo de residuos sólidos en las inmediaciones de la presa o laguna, la vía pública o cualquier otro sitio, sin contar con la autorización de la autoridad competente.

 

b) Deberá realizarse la clasificación del material de azolve extraído, para separar los materiales de desecho inorgánico (llantas, plástico, recipientes metálicos, etc.) y asegurar su disposición en los sitios que indique la autoridad correspondiente.

 

c) La zona que se utilizará para la deshidratación del azolve por medio del extendido y secado al sol, deberá localizarse en un lugar estratégico del sitio que carezca de vegetación arbolada.

 

d) Para instalar las estructuras temporales que se utilizarán para reincorporar los lixiviados a las zonas desazolvadas, deberá considerarse la topografía del terreno.

 

e) El secado del material de azolve extraído deberá asegurar la obtención de material de peso constante a temperatura ambiente.

 

f) Se deben aplicar las técnicas pertinentes para la estabilización y desinfección del material de azolve extraído, previamente a su disposición final.

 

g) Una vez deshidratado, el material de azolve deberá cubrir con lonas que eviten la dispersión de polvos.

 

h) La disposición final del material de azolve deberá realizarse en sitios o depósitos debidamente autorizados. Su manejo, transporte y aprovechamiento se realizará de acuerdo con las disposiciones que establece la legislación y reglamentación correspondiente para el Distrito Federal.

 

i) En caso de que el material de azolve extraído presente características idóneas para ser utilizado en el relleno o nivelación de áreas agrícolas (chinampas, terrenos de cultivo, etc.), el interesado en su utilización deberá obtener la autorización de impacto ambiental correspondiente en los términos de este Reglamento.

 

Artículo 26. La autoridad responsable de ejecutar acciones de desazolve de presas y lagunas, además de cumplir con las disposiciones de protección ambiental descritas en el artículo anterior, deberá presentar a la Secretaría, previamente al inicio de las actividades, un aviso con el siguiente contenido:

 

I. Formato de registro que para el efecto publique la Secretaría.

 

II. Programa calendarizado de las actividades específicas para el desazolve y de las acciones que se realizarán para dar cumplimiento a las disposiciones de protección ambiental, indicando el tiempo -fecha estimada- en que cada acción se cumplirá.

 

Memoria descriptiva del proyecto, incluyendo los datos relativos al volumen de material de azolve extraído y el sitio donde será depositado.

 

Artículo 27. Quien realice acciones de desazolve de presas y lagunas, deberá presentar el aviso de ejecución de acciones al que refiere el artículo anterior, en original y copia, previamente al inicio de cualquier actividad. La Secretaría asignará un número de expediente y devolverá al promovente la copia debidamente sellada.

 

El aviso podrá presentarse por medio electrónico, una vez que la Secretaría instrumente el sistema correspondiente, en cuyo caso los documentos electrónicos se presentarán protegidos contra modificaciones.

 

Artículo 28. Para efectos de inspección y seguimiento por parte de la Secretaría, una copia del aviso de ejecución de acciones de desazolve deberá permanecer en el predio durante las actividades, incluyendo copia de los comprobantes de depósito del material de azolve extraído en un sitio autorizado.

 

Artículo 29. Los responsables de la ejecución de acciones de desazolve de presas y lagunas, deben informar por escrito a la Secretaría las fechas de inicio y conclusión de las actividades dentro de los cinco días hábiles en que ocurra cada supuesto.

 

Artículo 30. Quienes indebidamente presenten a la Secretaría el aviso de ejecución de obras a que se refieren los artículos contenidos en el capítulo III del presente Reglamento, para evadir el procedimiento de obtención de la autorización del impacto ambiental en los términos de la Ley y de este Reglamento, se le tendrá por no presentado, y se le seguirá el procedimiento respectivo para la imposición de medidas de seguridad y sanciones.

 

Artículo 31. Las demoliciones de inmuebles en suelo urbano, que se realicen por medios mecánicos, que no involucren instalaciones industriales, talleres de la industria metal mecánica o estaciones de abastecimiento de combustibles, y no rebasen los diez mil metros cuadrados de superficie de construcción, no requerirán obtener la autorización de impacto ambiental, pero su realización deberá sujetarse al cumplimiento de las siguientes disposiciones:

 

a) Los trabajos de demolición deben realizarse entre las 8:00 y las 18:00 horas.

 

b) Previamente al inicio de la demolición y durante su ejecución, se deben proveer todos los señalamientos, acordonamientos, tapiales, puntuales o elementos de protección de colindancias y vía pública que determine en cada caso la autoridad correspondiente.

 

c) Se prohibe utilizar los fustes de los individuos arbóreos para cualquier actividad inherente a la demolición, retiro de cascajo y mobiliario u otras actividades.

 

d) Únicamente se podrá establecer un campamento temporal dentro del predio para el resguardo del equipo a utilizar. Al término de los trabajos de demolición, se deberá proceder a su desmantelamiento y retiro total.

 

e) Los escombros, materiales o desechos producto de una demolición podrán colocarse momentáneamente en las banquetas de la vía pública, sin invadir la superficie de rodamiento, durante el horario de las 8:00 a las 18:00 horas, y siempre deben estar vallados y no obstruir por completo el paso peatonal.

 

f) Se deberá minimizar la dispersión de polvos regando con agua tratada las áreas de mayor movimiento y emisión de partículas, debiendo conservar en el sitio los comprobantes de suministro del agua tratada.

 

g) Los escombros, materiales o desechos producto de la demolición deben retirarse, en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir del término de la demolición y bajo las condiciones que establezcan las autoridades competentes.

 

h) Los camiones transportistas que trasladen los residuos de la demolición al sitio de destino final, deben circular en los horarios permitidos por la autoridad competente y por rutas debidamente programadas y controladas, procurando que sean las más convenientes a fin de evitar conflictos viales.

 

i) Los vehículos que se empleen para el traslado de los residuos hacia el sitio de disposición final deben circular siempre cubiertos con lonas, incluso vacíos, para evitar las fugas de material y la emisión de polvo.

 

j) La disposición final de los residuos de demolición que no sean reciclables, deberá realizarse en depósitos debidamente autorizados, debiendo conservar en el sitio de la obra, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos que establece la normatividad en la materia, así como los comprobantes de ingreso de los camiones transportistas, que acrediten la cantidad de material recibida y la fecha de recepción.

 

El manejo, transporte y aprovechamiento de estos residuos se realizará de acuerdo con las disposiciones que establece la legislación y reglamentación correspondiente para el Distrito Federal.

 

k) Los materiales susceptibles de ser reciclados, como fierro estructural, tubular, cancelería y vidrio, concreto armado, concreto limpio, tabiques, ladrillos, adocretos, materiales cerámicos, mortero, block, mampostería, materiales arcillosos o tepetatosos, y fresado de carpeta asfáltica, entre otros, deben ser puestos a disposición de empresas autorizadas en el manejo y reciclaje de estos residuos.

 

l) Los residuos orgánicos que resultaren de los trabajos de demolición se deben depositar en contenedores debidamente identificados y que cuenten con tapa, ubicados en lugares estratégicos del sitio, con la finalidad de facilitar su acopio. Su número estará en función del volumen del contenedor, del número de trabajadores y de la generación diaria de dichos residuos, a razón de 0.2 kg/trabajador/día.

 

m) Se deben tomar las medidas necesarias para que todas las actividades cumplan con la normatividad aplicable en materia de ruido.

 

Artículo 32. Las actividades de demolición señaladas en el artículo anterior, que consideren inmuebles de más de sesenta metros cuadrados y hasta diez mil metros cuadrados de construcción, además de cumplir con las disposiciones anteriores, requerirán de la presentación de un aviso ante la Secretaría, mediante la presentación de un escrito, el cual deberá contener la siguiente información:

 

1) Datos generales del propietario del inmueble objeto de la demolición (nombre o razón social, copia de identificación oficial vigente o R.F.C., domicilio para oír y recibir notificaciones y teléfono).

 

2) Croquis o plano de localización del inmueble y planos arquitectónicos a escala, en planta, donde se indiquen las superficies a demoler y se cuantifique el total de éstas.

 

3) Programa de las acciones específicas que se implementarán para dar cumplimiento a cada una de las disposiciones de protección ambiental establecidas en el artículo 31 de este Reglamento.

 

4) Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad.

 

Para fines de verificación de lo anterior, mientras se realicen las actividades, deberá siempre existir durante la jornada de trabajo, una copia del escrito con acuse de recibo por parte de la Secretaría.

 

CAPÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO, Y DE LAS MODALIDADES

 

Artículo 33. Los promoventes de las obras o actividades establecidas en el Capítulo II de este Reglamento, deben presentar ante la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto de la obra o actividad respecto de la que se solicita autorización.

 

La información que contenga la manifestación de impacto ambiental deberá referirse a circunstancias ambientales relevantes, vinculadas con la realización del proyecto. La Secretaría elaborará y dará a conocer las guías para facilitar la integración, presentación y entrega de la manifestación de impacto ambiental, conforme a lo previsto en el presente Capítulo.

 

Artículo 34. En los casos de obras relacionadas con la construcción de conjuntos habitacionales y edificios de oficinas, que además de la autorización de impacto ambiental requieran el dictamen de impacto urbano, los interesados podrán realizar un único estudio de impacto urbano-ambiental, de conformidad con las guías que para tal efecto publiquen la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

 

Artículo 35. La evaluación y dictaminación de los estudios integrados de impacto urbano-ambiental se sujetará a la normatividad correspondiente en las materias de impacto urbano e impacto ambiental. En estos casos, la ventanilla única de ingreso será la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien enviará a la Secretaría un ejemplar del estudio.

 

El procedimiento de evaluación y dictaminación ambiental de los estudios de impacto urbano-ambiental se regirá por las disposiciones de la Ley y este Reglamento, que sean aplicables a la obra o actividad de acuerdo con la modalidad de manifestación de impacto ambiental que corresponda si se solicitara la autorización de impacto ambiental de manera independiente.

 

La Secretaría emitirá el dictamen ambiental respectivo y lo enviará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que ésta lo incorpore íntegramente en el dictamen de impacto urbano-ambiental. La emisión de un dictamen negativo en materia de impacto ambiental será causa para que el dictamen integrado de impacto urbano-ambiental determine la improcedencia de realizar el proyecto.

 

Artículo 36. Las manifestaciones de impacto ambiental deben presentarse en alguna de las siguientes modalidades:

 

I. General;

 

II. Específica, y

 

III. Con estudio de riesgo ambiental.[35]

 

Tratándose de obras o actividades incluidas en el apartado K) fracciones XXVI y XXVII del artículo 6 del presente ordenamiento, el estudio de riesgo ambiental a que se refiere la fracción III del presente artículo, estará sujeto a un reporte y visto bueno, conforme a las disposiciones y el procedimiento establecido por el Capítulo VI Bis del presente Reglamento.[36]

 

Artículo 37. Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad general, cuando se refieran a obras o actividades incluidos en los apartados: C) fracción II; D) fracción II; G) fracción II; H); I); J) fracción I; L) fracción I; M) fracción II; N); y O) del artículo 6º, del presente ordenamiento.[37]

 

Artículo 38. Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad específica, cuando se refieran a obras o actividades incluidos en los apartados: B) fracciones I, II y III; C) fracción I; D) fracciones I y III; E); F); J) fracción II; L) fracción II; y M) fracción I del artículo 6º, del presente ordenamiento.[38]

 

Artículo 39. Las manifestaciones de impacto ambiental con estudio de riesgo ambiental se presentarán cuando se trate de obras o actividades incluidas en el apartado K) fracciones I a XXV y XXVIII a XXIX del artículo 6 del presente ordenamiento, o aquéllas contempladas en la fracción I del apartado J) que impliquen la incineración.[39]

 

Las manifestaciones de impacto ambiental con estudio de riesgo ambiental sujeto a reporte y visto bueno se presentarán cuando se trate de obras o actividades incluidas en el apartado K) fracciones XXVI y XXVII del artículo 6.

 

Artículo 40. La manifestación de impacto ambiental en modalidad general deberá contener la siguiente información:

 

I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio y teléfono de quien pretenda realizar la obra o actividad para la cual se solicita autorización;

 

II. Datos generales de la persona física o moral responsable de elaborar la manifestación de impacto ambiental, así como el nombre del representante legal en ambos casos;

 

III. Descripción del proyecto de obra o actividad pretendida, abarcando la etapa de selección del sitio, preparación, construcción o ejecución, operación o desarrollo de la obra o actividad, debiendo contener:[40]

 

a) Localización, medidas y superficie del terreno requerido;

 

b) Programas de preparación del sitio (demolición o nivelación), de construcción y, en su caso, de trasplante o retiro de árboles;

 

c) Montaje de instalaciones y operación correspondiente;

 

d) Tipo de actividad;

 

e) En su caso, volúmenes de producción previstos y número de trabajadores a emplear en la obra o actividad, cuando esté en operación;

 

f) Costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales, y

 

g) Tipo y cantidad de recursos naturales que son susceptibles de afectación.

 

IV. Plan para el manejo de los residuos que se generen durante las diferentes etapas de ejecución de la obra o actividad: de la construcción, industriales, peligrosos, domésticos;

 

V. Programa para el cierre o clausura de las obras o el cese de las actividades;

 

VI. Aspectos generales del medio natural o socioeconómico donde pretende desarrollarse la obra o actividad;

 

VII. Normas y regulaciones sobre uso del suelo que aplican en el área correspondiente;

 

VIII. Identificación y descripción de los impactos ambientales que ocasionaría la ejecución del proyecto o actividad, en sus distintas etapas: preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, clausura;

 

IX. Medidas de prevención, mitigación o compensación para los impactos ambientales identificados en cada una de las etapas con énfasis en las medidas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales que ocasionará el proyecto;

 

X. En su caso, alternativas relacionadas con la adecuación o modificación del proyecto, como resultado de las medidas señaladas en el inciso anterior;

 

XI. Escenario modificado con la construcción y operación del proyecto, y

 

XII. Metodologías utilizadas, planos, fotografía, u otros mecanismos utilizados.

 

Artículo 41. La manifestación de impacto ambiental en modalidad específica deberá contener, además de la información señalada en el artículo anterior, la siguiente:

 

I. Memoria técnica del proyecto, que deberá incluir:

 

a) Planos de geomorfología e hidrología, en los que se mencionen los elementos naturales cuyo estado pueda verse significativamente modificado por la realización del proyecto;

 

b) Plano en el que se describa la situación que guardan los ecosistemas fundamentales existentes en el predio, y

 

c) Plano que contenga la localización de las áreas naturales protegidas y suelos de conservación cercanos al sitio, la situación que guardan y su vinculación con el proyecto.

 

II. Descripción detallada de las características biológicas del área del proyecto, la cual deberá contemplar el inventario de flora y fauna silvestre del predio así como las condiciones en las que se mantienen, señalando las especies de flora y fauna silvestre endémicas, raras, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a un régimen de protección especial, que existen en el predio en el área de influencia del proyecto;

 

III. Descripción detallada de los ecosistemas y del paisaje existente en el área del proyecto, la cual debe mencionar:

 

a) Las características del paisaje, el estado que guarda, las variaciones que sufrirá como consecuencia de la realización del proyecto y su relación con éste, y

 

b) Las características de los ecosistemas existentes en el área, las modificaciones que puedan causárseles y su relación con el proyecto, y

 

IV. Descripción del escenario ambiental modificado, la que deberá contemplar:

 

a) Proyecto de alternativas de solución para el caso de afectación del ambiente y de los recursos naturales, incluyendo tanto los costos económicos como los ambientales, y

 

b) Escenarios sobre la posible modificación de las condicionantes originales del área del proyecto en los cuales se incluyan los efectos de las medidas de mitigación, prevención y compensación propuestas.

 

Artículo 42. La manifestación de impacto ambiental con estudio de riesgo ambiental deberá contener la siguiente información:[41]

 

I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio y teléfono de quien pretenda realizar la obra o actividad para la cual se solicita autorización;

 

II. Datos generales de la persona física o moral responsable de elaborar la manifestación de impacto ambiental con estudio de riesgo, así como el nombre del representante legal en ambos casos;

 

III. Datos correspondientes al proyecto que incluyan:

 

a) Localización, medidas y superficie del terreno requerido;

 

b) Descripción de accesos, servicios y usos del suelo en los predios colindantes;

 

c) Programas de preparación del sitio (demolición o nivelación), de construcción y, en su caso, de trasplante o retiro de árboles;

 

IV. Descripción de la actividad; de las líneas de producción y proceso, manejo y volúmenes de materia primas, productos y subproductos considerados en el listado de actividades riesgosas, características de los recipientes, reactores y demás equipos de operación y de proceso, equipos auxiliares, instrumentos de control; condiciones de operación, incluidas las extremas, y volúmenes de producción;

 

V. Descripción de drenajes y afluentes acuosos, incluyendo registros, monitoreo, tratamiento o disposición, y condiciones de descarga, colectores o cuerpos de descarga de aguas residuales;

 

VI. Descripción de los residuos generados, incluyendo, en su caso, tecnologías y sistemas de manejo y descripción de emisiones atmosféricas;

 

VII. Escenarios resultantes del análisis de los riesgos ambientales, relacionados con el proyecto;

 

VIII. Estudio de características de suelo y evaluación de riesgo ambiental asociado a la presencia de contaminantes en suelo conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;[42]

 

IX. Descripción de los radios de afectación y de las zonas de riesgo, así como de las zonas de protección en torno a las instalaciones, en su caso;

 

X. Programa de Prevención de Accidentes, y

 

XI. Costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de seguridad y de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales.

 

Artículo 42 bis. La manifestación de impacto ambiental con estudio de riesgo ambiental que se encuentre sujeta a reporte y visto bueno, además de lo establecido por el artículo 42, deberá contener la siguiente información:[43]

 

I. Resultados del estudio de caracterización de sitio conforme a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, mediante el cual se acredite que, en su caso, los niveles de hidrocarburos y metales pesados presentes en el suelo y subsuelo se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles;

 

II. Programa calendarizado de evaluación y monitoreo semestral de emisión de vapores; la Dirección General, podrá solicitar información adicional respecto de los elementos suelo, subsuelo y agua, o cualquier otro que a juicio de la Dirección por el tipo de actividad se requiera en términos de lo dispuesto por las Normas Oficiales Mexicanas, Normas ambientales para el Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables;

 

Dentro de este programa calendarizado se deberá incluir un apartado específico donde se reporte el cumplimiento de:

 

(a) Los estándares y requisitos que conforme a: (i) las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales para el Distrito Federal y (ii) la legislación y reglamentación local y federal, que resulten aplicables, y

 

(b) Cuando menos, los Criterios de Operación y Mantenimiento establecidos en los Manuales de Operación que para tal efecto expida Petróleos Mexicanos. Dichos criterios se tomarán como un estándar mínimo de referencia para todas las estaciones y terminales de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, combustibles, aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades. Lo anterior en el entendido que dicho requisito podrá ser sustituido en el futuro por nueva reglamentación y normalización expedida por las autoridades federales o locales competentes.

 

III. Contar con póliza de seguros que ampare:

 

1.- La responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas y/o bienes con un límite de responsabilidad de por lo menos $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.)

 

2.- La responsabilidad civil por daños causados al ambiente con un límite de responsabilidad de por lo menos $3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.)

 

El concesionario deberá presentar la póliza vigente con el recibo de pago correspondiente por el periodo amparado en la póliza. Las cantidades mencionadas en los numerales 1 y 2 de esta fracción, se actualizarán anualmente de conformidad con el incremento al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

 

IV. En su caso, las justificaciones, estudios técnicos, avales de y autorizaciones a que se refiere el artículo 76 octies, y

 

La documentación a que se refiere el presente artículo deberá ser entregada por el promovente en original, para su cotejo.

 

Artículo 43. La Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las guías y formatos de solicitud de autorización, conforme a los cuales se detallarán los requisitos previstos en este ordenamiento, de acuerdo a la modalidad que corresponda.

 

Artículo 44. El promovente deberá presentar a la Secretaría el formato de solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, debidamente requisitado, anexando:

 

I. La manifestación de impacto ambiental en la modalidad que corresponda, debidamente firmada por el responsable de su elaboración;

 

II. Un resumen en archivo magnético del contenido de la manifestación de impacto ambiental, elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de este ordenamiento;

 

III. Una copia sellada de la constancia de pago de derechos correspondiente;

 

IV. Certificado, constancia o el documento oficial expedido por la autoridad correspondiente, que indique el uso del suelo permitido en el predio donde se pretende desarrollar el proyecto;

 

V. Planos de localización del predio en donde se pretenda desarrollar el proyecto, y

 

VI. Solicitud de inscripción en el registro de fuentes fijas y de descargas residuales del Distrito Federal, o de Licencia Ambiental Única, en su caso.

 

Artículo 45. Cuando se trate de obras o actividades que requieran la presentación de una manifestación de impacto ambiental con estudio de riesgo, en modalidad general que se someta a consulta pública o en modalidad específica, el promovente deberá publicar a su costa, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la integración del expediente, un resumen del proyecto.[44]

 

El resumen del proyecto de la obra o actividad contendrá, por lo menos, la siguiente información:

 

a) Nombre de la persona física o moral responsable de la ejecución del proyecto;

 

b) Breve descripción de la obra o actividad de que se trate, indicando los elementos que la integran;

 

c) Ubicación del lugar en el que la obra o actividad se pretenda ejecutar, indicando la demarcación o demarcaciones territoriales y haciendo referencia a los ecosistemas existentes y su condición al momento de realizar el estudio;

 

d) Identificación de los efectos ambientales negativos que puede generar la obra o actividad, así como las medidas de prevención, mitigación, compensación, control y seguridad que se proponen, y

 

e) Datos generales de la persona física o moral responsable de elaborar la manifestación de impacto ambiental o el estudio de riesgo, así como el nombre del representante legal en ambos casos.

 

El promovente deberá remitir a la Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del resumen, la página original completa del diario o periódico donde ésta se hubiere realizado, con el fin de que sea incorporada al expediente respectivo.

 

Artículo 46. El formato de solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental, sus anexos y, en su caso, la información adicional que se solicite, deben presentarse en original y una copia que contendrá la leyenda "para consulta del público" que se destinará para ese fin.

 

De así requerirlo, el promovente incluirá con su solicitud un escrito firmado en el cual indique la información o documentación que deberá mantenerse como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

 

Artículo 47. Si dentro del procedimiento de evaluación la Secretaría requiriera copias adicionales de la manifestación de impacto ambiental, sus anexos e información adicional, con fines de consultar a otras autoridades, ésta la solicitará por escrito al promovente, explicando las causas que motivan la petición. El promovente deberá hacer entrega de las copias solicitadas en el término de tres días hábiles.

 

Artículo 48. Con el objeto de no retardar el inicio del procedimiento de evaluación, la Secretaría podrá indicar al promovente, en el momento en que éste presente la solicitud y sus anexos, si existen deficiencias formales que puedan ser corregidas en ese mismo acto.

 

En caso de que el promovente no pueda subsanar las deficiencias en el mismo acto de entrega, la Secretaría admitirá la solicitud y emitirá el acuerdo de prevención correspondiente en el término de cinco días hábiles contados a partir de que reciba la solicitud.

 

El promovente contará con cinco días hábiles a partir de haber sido notificado del acuerdo respectivo, para presentar en la Secretaría los documentos que subsanen las deficiencias.

 

Artículo 49. Cuando la solicitud y sus anexos se presenten completos y cumpliendo con los requisitos formales de admisión, La Secretaría, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recepción, integrará el expediente respectivo; en ese lapso, procederá a la revisión de los documentos para determinar si se ajustan a las disposiciones de la Ley y de este Reglamento.

 

Si la Secretaría hubiese emitido un acuerdo de prevención para subsanar deficiencias, insuficiencias u omisiones de los documentos presentados, y éstos se presenten dentro del plazo concedido para ello, se procederá a la integración del expediente en un término no mayor a cinco días hábiles.

 

Cuando no se presente la documentación en el plazo concedido, la Secretaría expedirá el acuerdo en el que se declare la imposibilidad de integrar debidamente el expediente correspondiente y se dé de baja la solicitud de autorización presentada.

 

Artículo 50. Cuando la manifestación de impacto ambiental, y en su caso, el estudio de riesgo, presenten insuficiencias que impidan la evaluación del proyecto, la Secretaría podrá solicitar al promovente, por única vez y dentro de los veinte días hábiles siguientes a la integración del expediente, que presente las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones de su contenido.

 

Una vez transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que se hubiere hecho requerimiento alguno al particular, o una vez que éste hubiere entregado la información solicitada, la Secretaría dispondrá de diez días hábiles para determinar que se ha integrado la información necesaria para expedir la resolución correspondiente, la cual se deberá emitir y notificar al particular quince días hábiles después de que se dé dicha integración.

 

En caso de que se requiera información adicional al promovente, éste deberá proporcionarla en original y una copia identificada "para consulta del público", dentro del plazo que se le conceda para hacerlo, el cual no podrá ser menor a cinco días hábiles ni mayor a quince. Cuando no se presente la información en el plazo concedido, la Secretaría procederá a expedir la resolución que corresponda, con los elementos con que se cuente en el expediente.

 

El plazo que otorgue la Secretaría estará en función de la complejidad de la información requerida y su determinación deberá encontrarse debidamente fundada y motivada.

 

Artículo 51. La Secretaría podrá solicitar, dentro del procedimiento de evaluación, la opinión técnica de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública del Distrito Federal, cuando por el tipo de obra o actividad así se requiera y sin que esto sea obstáculo para que emita su resolución de acuerdo al procedimiento y plazos a que se refiere el artículo anterior.

 

Asimismo, la Secretaría podrá consultar a grupos de expertos, cuando por la complejidad o especialidad de las circunstancias de ejecución y desarrollo se estime que sus opiniones pueden proveer de mejores elementos para la formulación de la resolución correspondiente.

 

En ambos casos, notificará al promovente los propósitos de la consulta y le remitirá una copia de las opiniones recibidas para que éste, durante el procedimiento, manifieste lo que a su derecho convenga.

 

La Secretaría deberá mantener, al momento de realizar la consulta, la reserva de información restringida, en los términos de la Ley en la materia.

 

Artículo 52. Con el fin de contar con mayores elementos de evaluación y, en su caso, de esclarecer la información contenida en la manifestación de impacto ambiental o sus anexos, y con fundamento en el Capítulo de inspección y vigilancia de la Ley, la Secretaría podrá realizar visitas técnicas al sitio donde se pretenda desarrollar el proyecto. Las visitas deben efectuarse, en todo caso, dentro de los quince días hábiles siguientes a la integración del expediente.

 

Las visitas técnicas serán practicadas por el personal autorizado de la Secretaría, quien levantará una acta circunstanciada de la visita, en la que se asienten las observaciones realizadas.

 

Si durante la visita se identificara cualquier inconsistencia de la solicitud y la manifestación de impacto ambiental con los hechos o se detecte alguna violación a la normatividad ambiental, el acta circunstanciada que se levante hará prueba en términos de la Ley.

 

La falta de realización de visitas no será motivo de interrupción del procedimiento administrativo de evaluación.

 

Artículo 53. Iniciado el trámite de evaluación, la Secretaría debe integrar al expediente:

 

I. La información adicional que se genere;

 

II. Las opiniones técnicas que se hubiesen solicitado;

 

III. En su caso, los comentarios y observaciones que realicen los interesados en el proceso de consulta pública, así como el resumen del proyecto que durante dicho proceso se haya publicado;

 

IV. La resolución;

 

V. El resultado de las visitas que se hubiesen practicado;

 

VI. Las garantías otorgadas;

 

VII. Las modificaciones al proyecto que se hubieren realizado, y

 

VIII. Los documentos que se generen como resultado del cumplimiento de condicionantes de la resolución y de la inspección y vigilancia que practique la Secretaría.

 

Artículo 54. Cuando se realicen modificaciones al proyecto de obra o actividad durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, el promovente deberá hacerlas del conocimiento previo de la Secretaría con el objeto de que ésta, en un plazo no mayor de diez días hábiles, proceda a:

 

I. Solicitar información adicional para evaluar los efectos al ambiente derivados de tales modificaciones, o

 

II. Notificar que deberá iniciarse un nuevo procedimiento a través de la presentación de una nueva manifestación de impacto ambiental, cuando las modificaciones propuestas puedan causar desequilibrios ecológicos, daños a la salud, causar impactos acumulativos o sinérgicos o cuando excedan el diez por ciento de la construcción total solicitada originalmente.

 

Artículo 55. Si el promovente pretende realizar modificaciones al proyecto después de emitida la autorización en materia de impacto ambiental, deberá someterlas previamente a su ejecución, a la consideración de la Secretaría, la que, en un plazo no mayor a diez días hábiles determinará:

 

I. Si es necesario el inicio de un nuevo procedimiento de evaluación y, por lo tanto, la cancelación de la autorización emitida;

 

II. Si las modificaciones propuestas no afectan el contenido de la autorización otorgada, o

 

III. Si la autorización otorgada requiere ser modificada con objeto de imponer nuevas condiciones a la realización de la obra o actividad de que se trata.

 

En este último caso, las modificaciones a la autorización deben ser dadas a conocer al promovente en un plazo máximo de veinte días hábiles.

 

Artículo 56. Transcurrido el plazo a que se refieren los artículos anteriores sin que la Secretaría notifique el particular cualquiera de las determinaciones posibles, se entenderá que el particular no requiere realizar ningún trámite adicional y que los términos y condiciones de la autorización emitida son aplicables para las modificaciones del proyecto.

 

CAPÍTULO V

DE LA CONSULTA PÚBLICA

 

Artículo 57. Los expedientes integrados ante la Secretaría con motivo de la evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental, estarán a disposición de cualquier persona que requiera allegarse de la información en ellos contenida.

 

El promovente, desde la fecha de presentación de su solicitud de evaluación en materia de impacto ambiental, podrá solicitar, por escrito, se mantenga restringida la información de carácter personal y la confidencial que señale; y en reserva, aquella información que, de hacerse pública, afectaría el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro, así considerado por disposición legal o que se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas. Asimismo, la información reservada permanecerá bajo responsabilidad y custodia de la Secretaría, en los términos de esta Ley, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de las demás disposiciones legales aplicables.

 

Artículo 58. La consulta de los expedientes podrá realizarse en horas y días laborables, en las oficinas de la unidad administrativa responsable de la evaluación.

 

La Secretaría publicará en un medio electrónico y colocará en las oficinas de recepción de las solicitudes, el listado de las manifestaciones de impacto ambiental que hubiere recibido y cuya evaluación aún se encuentre en trámite. Dicho listado deberá actualizarse cada dos días hábiles.

 

Artículo 59. La Secretaría a solicitud de cualquier persona que considere que de establecerse o desarrollarse el plan, programa o proyecto, la obra o la actividad proyectada, o en las que dicho plan, programa o proyecto, obra o actividad, pueda generar un efecto negativo sobre el ambiente, podrá llevar a cabo una consulta pública, respecto de los programas o proyectos sometidos a su consideración a través de manifestaciones de impacto ambiental.[45]

 

La solicitud a que se refiere al párrafo anterior deberá presentarse por escrito dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir de la integración del expediente o, cuando se trate de planes, programas o proyectos, obras o actividades sujetas a autorización a través de una manifestación ambiental en su modalidad específica, contados a partir de la publicación del proyecto.[46]

 

La solicitud debe precisar:

 

a) La obra o actividad de que se trate;

 

b) El nombre de la autoridad a la que se dirige;

 

c) El nombre, domicilio y copia de la identificación oficial del solicitante, y de ser el caso, los comprobantes que acrediten su representación, y

 

d) La demás información que el particular desee agregar.

 

Artículo 60. La consulta pública podrá realizarse sin necesidad de solicitud previa cuando, a juicio de la Secretaría, la realización del proyecto pueda ser de interés de la sociedad por sus implicaciones ambientales, o rebase los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas referidas a la conservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

 

Artículo 61. La Secretaría, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 59, notificará al interesado su determinación de dar o no inicio a la consulta pública.

 

Cuando la Secretaría decida llevar a cabo una consulta pública, deberá hacerlo conforme a las bases que a continuación se mencionan:

 

I. Dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que resuelva iniciar la consulta pública, emitirá y publicará una convocatoria en la que expresará el objeto de la consulta, así como el día, la hora y el lugar en que deberá efectuarse.

 

La convocatoria se publicará en un periódico de amplia circulación por lo menos siete días hábiles antes de que tenga verificativo la consulta pública. Cuando la Secretaría lo estime necesario, podrá utilizar cualquier medio de comunicación adicional con el propósito de darle mayor difusión a la consulta.

 

II. La consulta pública se llevará a cabo en un solo día y durante ella se recibirán todas las opiniones que las personas deseen presentar.

 

III. Las personas que hayan participado en la consulta pública podrán, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su celebración, presentar a la Secretaría observaciones, comentarios y sugerencias adicionales, las cuales se agregarán al expediente.

 

Las observaciones y propuestas a que se refiere el párrafo anterior deben formularse por escrito y contendrán el nombre completo de la persona física o moral que las hubiese presentado y su domicilio, y

 

IV. Una vez presentados los comentarios y observaciones, la Secretaría los ponderará y considerará al momento de emitir la resolución correspondiente en materia de impacto ambiental.

 

CAPÍTULO VI

DE LA EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO

 

Artículo 62. Al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental la Secretaría debe considerar:

 

I. Los efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación;

 

II. La utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos;

 

III. Las medidas preventivas, de mitigación, de compensación y las demás que sean propuestas de manera voluntaria por el solicitante, para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, y

 

IV. En su caso, los proyectos de alternativas de adecuación o modificación al proyecto original, como resultado de las medidas señaladas en la fracción anterior.

 

Artículo 63. Para analizar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental con estudio de riesgo ambiental relativas a obras o actividades determinadas como riesgosas, las autoridades competentes deben considerar los siguientes criterios, tendientes a garantizar la conservación, preservación e integridad del ambiente y de las personas:[47]

 

I. La densidad de estaciones de servicio de gasolina y diesel por delegación, no deberá exceder de una por cada dos kilómetros cuadrados de la superficie total de la delegación;

 

II. Las estaciones de abastecimiento de combustibles en operación, que incorporen la venta de gas natural comprimido dentro de sus instalaciones, se evaluarán integradamente como una sola actividad riesgosa;

 

III. Las obras o actividades riesgosas no podrán asentarse en el suelo de conservación, terrenos de recarga de acuíferos, terrenos cavernosos o que hubiesen sido minas de materiales de construcción o sitios vulnerables en función de fallas geológicas, así como en una zona perimetral de trescientos metros en torno a los mencionados elementos;

 

IV. Deberá estimarse un distanciamiento mínimo de cincuenta metros desde los puntos relevantes de riesgo de una actividad riesgosa, que incluyen, pero no se limitan, a despachadores o tanques de combustible, hasta los límites de predios destinados a vivienda, independientemente de su tipo o densidad, y

 

V. La distancia mínima deberá ser de cien metros desde los puntos relevantes de riesgo, que incluyen, pero no se limitan, a despachadores o tanques de combustible, hasta centros de concentración masiva.

 

VI. Los criterios ambientales establecidos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial aplicable conforme a la Unidad Administrativa que corresponda y/o a cualquier programa vigente;[48]

 

VII. Los decretos, programas de manejo y planes rectores de áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, y[49]

 

VIII. Los demás que se establezcan en otras disposiciones jurídicas aplicables a la materia.[50]

 

Artículo 64. Para evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental con estudio de riesgo relativas a estaciones de autoconsumo, en los términos que las define la fracción XI del artículo 3 de este Reglamento, la Dirección General deberá considerar los siguientes criterios, tendientes a garantizar la integridad del ambiente:[51]

 

I. Deberá existir un distanciamiento de al menos cien metros entre los puntos relevantes de riesgo de dos estaciones de autoconsumo;

 

II. Deberá existir un distanciamiento de al menos cuatrocientos metros entre los puntos relevantes de riesgo de una estación de autoconsumo a predios donde se desarrollen otras actividades riesgosas;

 

III. No deben asentarse o desarrollarse en el suelo de conservación, terrenos de recarga de acuíferos, terrenos cavernosos o que hubiesen sido minas de materiales de construcción o sitios vulnerables en función de fallas geológicas, así como en una zona perimetral de ciento cincuenta metros en torno a los mencionados elementos;

 

IV. Deberá estimarse un distanciamiento mínimo de veinticinco metros desde los puntos relevantes de riesgo, que incluyen a despachadores o tanques, hasta los límites de predios destinados a vivienda, independientemente de su tipo o densidad, y

 

V. Deberá estimarse un distanciamiento mínimo de cincuenta metros desde los puntos relevantes de riesgo, como despachadores o tanques, a centros de concentración masiva, incluyendo aquellos que se encuentren dentro de los predios donde se pretende instalar la estación de autoconsumo.

 

Artículo 65. En la evaluación de las actividades riesgosas, la Secretaría, además de los criterios indicados en el artículo anterior, tomará en consideración las medidas de seguridad propuestas por el promovente en la manifestación de impacto ambiental con estudio de riesgo respectiva, así como las medidas adicionales que considere pertinentes de conformidad con la obra o actividad a desarrollar y con la ubicación y las colindancias del predio.

 

Artículo 66. En la evaluación de impacto ambiental de los conjuntos habitacionales a que se refiere el punto 4 de la fracción I del apartado J del artículo 6º de este Reglamento, la Secretaría considerará el análisis de los factores de riesgo, así como las medidas de seguridad industrial y de prevención, mitigación y control de riesgos y accidentes, conque cuente la estación de abastecimiento de combustibles o actividad riesgosa.

 

Artículo 67. Una vez concluida la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría deberá emitir en forma fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:

 

I. Autorizar la instrumentación de los programas, o la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;

 

II. Autorizar de manera condicionada la instrumentación de los programas, o la realización de la obra o actividad de que se trate, sujetándose a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención, mitigación o compensación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen, los impactos ambientales adversos, susceptibles de ser producidos en la ejecución del proyecto, así como en el caso de accidentes.

 

Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, la Secretaría deberá considerar los proyectos alternativos que, en su caso, se hubieren presentado; o

 

III. Negar la autorización solicitada, cuando:

 

a) La instrumentación de los programas, o la realización de la obra o actividad se contraponga con lo establecido en la Ley, este Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales en el Distrito Federal, los planes y programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables;

 

b) La obra o actividad afecte a la población en su salud o una o más especies amenazadas o en peligro de extinción, o a las zonas intermedias de salvaguarda y elementos que contribuyen al ciclo hidrológico, o a algún o algunos ecosistemas en particular, o

 

c) Exista falsedad en la información presentada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales asociados con su instrumentación o realización.

 

Artículo 68. Los estudios de impacto ambiental y riesgo ambiental para la realización de conjuntos habitacionales en predios que colinden con una actividad riesgosa o con estaciones de gasolina, diesel, gas natural o gas licuado de petróleo, cuyo lindero más cercano a los tanques de combustible, despachadores y dispensarios o a instalaciones donde se manejen o almacenen sustancias incluidas en los listados a los que se refiere el artículo 7 de este Reglamento, se encuentren a una distancia igual o menor a los 25 metros, o bien cuando dentro del predio existan ductos para el transporte de sustancias peligrosas, deben incluir además de los criterios y estudios señalados en el artículo 63 del presente Reglamento, una propuesta de medidas de seguridad para prevenir el daño y/o impacto ambiental y minimización de los riesgos, mismos que la Dirección General podrá aceptar como parte de medidas condicionantes para la realización de la obra e impondrá otras adicionales que resulten necesarias para dichos efectos.[52]

 

Artículo 69. En los casos de autorizaciones condicionadas, la Secretaría establecerá las condicionantes y requerimientos que deban observarse tanto en la etapa previa al inicio de la obra o actividad, como en sus etapas de construcción, operación, cierre o clausura.

 

Artículo 70. La Secretaría podrá condicionar la realización de obras o actividades, a la aportación económica al Fideicomiso Fondo Ambiental para realizar acciones de compensación de los efectos negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, cuando las medidas de mitigación sean de ejecución difícil o incosteable en el predio, o cuya implantación sea de mayor efectividad al realizarla conjuntamente con otros proyectos.

 

Artículo 71. Las autorizaciones que expida la Secretaría o, en su caso, la Delegación, sólo podrán referirse a los aspectos ambientales y de riesgo de los programas, obras o actividades de que se trate y su vigencia será indeterminada, salvo que por la naturaleza de la obra o la actividad ésta deba indicarse, en cuyo caso no podrá exceder del tiempo propuesto para su ejecución o desarrollo.

 

Artículo 72. La Secretaría podrá determinar plazos de ejecución para la realización de las etapas de preparación del sitio, construcción, operación y cierre o clausura de la obra o actividad, teniendo en consideración el programa de ejecución propuesto en la manifestación de impacto ambiental o informe preventivo presentado por el promovente.

 

Si el promovente no diera inicio a la preparación del sitio o construcción de la obra o actividad en el plazo fijado por la autoridad, la autorización otorgada perderá su vigencia, en cuyo caso podrá solicitar a ésta su revalidación con quince días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo determinado, explicando las razones por las cuales no fue posible su inicio, manifestando si el proyecto ha sido modificado y si las características del predio continúan siendo las mismas que dieron sustento a la autorización.

 

En dicho caso, se deberá anexar a la solicitud presentada el comprobante del pago de derechos correspondiente a la modalidad de manifestación de impacto ambiental que dio origen a la autorización.

 

Artículo 73. En los casos previstos en el artículo anterior, la Secretaría analizará la solicitud y determinará de manera fundada y motivada si es posible revalidar la autorización en los mismos términos que la otorgada inicialmente, si se requiere modificar las condicionantes establecidas en ella, o si es necesario evaluar nuevamente la obra o actividad de que se trate.

 

Las revalidaciones de autorizaciones que emita la Secretaría no podrán exceder de dos. Si la obra o actividad no diera inicio dentro del segundo periodo de revalidación y el promovente del proyecto de obra o actividad pretendiera ejecutarlo posteriormente, deberá presentar una nueva manifestación de impacto ambiental que actualice las condiciones ambientales del predio y su entorno.

 

Artículo 74. Los promoventes deben informar a la Secretaría el inicio y la conclusión de las obras o actividades, y, en su caso, del cambio de titularidad del responsable de ellas, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se actualice el supuesto respectivo.

 

Artículo 75. Tratándose de programas de obras o actividades, la Secretaría podrá emitir autorizaciones parciales de las diferentes etapas de ejecución que los conformen, en cuyo caso establecerá las condiciones y plazos de instrumentación o realización de las obras o actividades que los conforman, pudiendo requerir al promovente la presentación de las manifestaciones de impacto ambiental, informes o estudios particulares de detalle que sean necesarios para la instrumentación integral del plan o programa.

 

Artículo 76. Todo promovente que decida no ejecutar una obra o actividad sujeta a autorización en materia de impacto ambiental deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría para que ésta proceda a:

 

I. Desechar la solicitud y archivar el expediente que se hubiere integrado, si la comunicación se realiza durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o

 

II. Dejar sin efectos la autorización cuando la comunicación se haga después de que aquélla se hubiere otorgado.

 

En el caso a que se refiere la fracción anterior, cuando se hayan causado efectos dañinos al ambiente la Secretaría hará efectivas las garantías que se hubiesen otorgado respecto del cumplimiento de las condicionantes establecidas en la autorización, iniciará las acciones tendientes a exigir la reparación del daño y ordenará la adopción de las medidas de mitigación que correspondan.

 

CAPÍTULO VI BIS

DE LAS ACTIVIDADES SUJETAS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL QUE REQUIEREN ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL SUJETO A REPORTE Y VISTO BUENO[53]

 

Artículo 76 bis. Las disposiciones del presente Capítulo son de orden público y serán aplicables a las obras o actividades incluidas en el apartado K) fracciones XXVI y XXVII del artículo 6 de este Reglamento y prevalecerán sobre cualquier otra disposición ya sea prevista por este Reglamento u otro, que se oponga a lo previsto por el presente Capítulo. [54]

 

Artículo 76 ter. En el establecimiento, operación y cierre de las actividades reguladas por el presente Capítulo, los particulares responsables deberán procurar la implementación de cualquier tipo de tecnología, metodología, ingeniería y/o procedimiento que sirvan como herramienta para prevenir y mitigar los daños ambientales que pudieran causarse por su operación. Lo anterior, debiendo observar cada uno de los requisitos necesarios para la obtención de la autorización de impacto ambiental conforme al presente Capítulo. [55]

 

Artículo 76 cuater. Para la elaboración de los estudios técnicos que conforme al presente Capítulo se requieran para la instalación y operación de las obras y actividades correspondientes, se deberá aplicar la tecnología, metodología y procesos contenidos en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales para el Distrito Federal aplicables. [56]

 

En caso de no existir Normas Oficiales Mexicanas o Normas Ambientales para el Distrito Federal en la materia que corresponda, se deberán utilizar los Criterios de Operación y Mantenimiento establecidos en los Manuales de Operación que para tal efecto expida Petróleos Mexicanos. Dichos criterios se tomarán como un estándar mínimo de referencia para todas las estaciones y terminales de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, combustibles, aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades. Lo anterior en el entendido que dichos criterios podrán ser sustituidos en el futuro por nueva reglamentación y normalización expedida por las autoridades federales o locales competentes.

 

Artículo 76 quintus. Para la evaluación del impacto ambiental de las obras y actividades reguladas por el presente Capítulo, se estará al procedimiento general establecido por los Capítulos IV, V y VI de este Reglamento, en tanto no se oponga a lo establecido de manera específica en este Capítulo. [57]

 

Artículo 76 sextus. La evaluación de impacto ambiental de las obras y actividades previstas por el presente Capítulo, deberá realizarse a través de una manifestación de impacto ambiental con estudio de riesgo ambiental el cual estará sujeto a reporte y visto bueno, la cual deberá contener la información a que se refieren los artículos 42 y 42 Bis del presente Reglamento. [58]

 

Artículo 76 septimus. En el establecimiento de las obras relacionadas con las actividades a que se refiere el presente Capítulo, el responsable deberá en todo momento apegarse a las reglas y disposiciones aplicables en materia de imagen urbanística y publicidad exterior, con el fin de lograr armonía visual entre las obras nuevas y las ya existentes. [59]

 

Artículo 76 octies. La Dirección General podrá autorizar la instalación de una estación de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades, que se encuentre bajo alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 63 y 64 del presente Reglamento, siempre y cuando el promovente acredite mediante las justificaciones técnicas y estudios correspondientes que su establecimiento y operación no implica riesgo, o bien, el riesgo puede ser prevenido mediante la propuesta de medidas de prevención y mitigación específicas, las cuales deberán describirse de manera exhaustiva y detallada en el estudio de riesgo correspondiente. [60]

 

Para analizar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental con estudio de riesgo ambiental sujeto a reporte y visto bueno en términos de lo dispuesto por este artículo, la Dirección General deberá considerar los siguientes criterios, tendientes a garantizar la conservación, preservación e integridad del ambiente:

 

I. Cuando se pretenda establecer una estación de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades dentro de terrenos cavernosos o que hubiesen sido minas de materiales de construcción o sitios vulnerables en función de fallas geológicas, el promovente deberá incluir en el estudio de riesgo ambiental sujeto a reporte y visto bueno correspondiente, la justificación y estudios técnicos mediante los cuales se acredite que el establecimiento de dichas estaciones no implica riesgo ambiental o bien, el riesgo ambiental puede ser prevenido mediante la propuesta de medidas de prevención y mitigación específicas, las cuales deberán describirse de manera exhaustiva y detallada.

 

Las justificaciones y estudios técnicos a que se refiere esta fracción, deberán ser elaborados por instituciones académicas y/o de investigación públicas reconocidas a nivel nacional;

 

II. En ningún caso se podrá autorizar el establecimiento de una estación de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades, que pretenda ubicarse debajo de puentes u obras análogas;

 

III. De existir oposición manifiesta de los vecinos para la implementación del proyecto correspondiente, el promovente deberá exhibir autorización por escrito del Comité Vecinal, mediante la cual se exprese su conformidad para la implementación del proyecto respectivo; y/o en su caso se inicie el procedimiento de consulta pública correspondiente, conforme a lo establecido por la Ley y este Reglamento;

 

IV. Cuando conforme a lo establecido en los artículos 63 y 64 del presente Reglamento, la densidad correspondiente ya haya sido excedida o cuente con alguna restricción de distanciamiento, la Dirección General solamente podrá autorizar el establecimiento de nuevas estaciones de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades, cuando el promovente acredite con un estudio de mercado que mediante el establecimiento de dicha estación de almacenamiento y distribución, se está satisfaciendo una necesidad relacionada con la demanda para el abastecimiento de combustible donde se pretenda ubicar, y;

 

V. Cualquier otro criterio que, conforme a las justificaciones técnicas correspondientes, la Dirección General considere necesario para garantizar la conservación, preservación e integridad del ambiente.

 

Artículo 76 novenus. En la evaluación de impacto ambiental de las obras y actividades reguladas por el presente Capítulo, la Dirección General tomará en consideración las medidas de seguridad propuestas por el promovente y, de ser necesario, ordenará la implementación de otras medidas adicionales de cualquier naturaleza, a efecto de garantizar la prevención de los riesgos ambientales que pudieran ocasionarse por el establecimiento y operación de dichas obras y actividades. [61]

 

En el caso de que la Dirección General advierta que debido a las condiciones y características específicas del proyecto y del sitio donde se pretende implementar, existe riesgo en la operación de una estación de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades, ésta podrá solicitar al promovente en cualquier momento del procedimiento de evaluación de impacto ambiental correspondiente, la realización de cualquier tipo de estudio técnico o justificativo adicional que sea necesario para establecer y/o implementar las medidas de prevención y mitigación a los riesgos detectados por la Dirección General.

 

Asimismo, para analizar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental con estudio de riesgo sujeto ha visto bueno que se encuentren bajo alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I y V del artículo 76 octies de este Reglamento, la Dirección General deberá solicitar y obtener de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal y/o de cualquier otra autoridad competente, su visto bueno el cual avale la justificación y estudios técnicos realizados por el promovente que efectivamente acreditan que el desarrollo del proyecto no implica riesgo o bien, el riesgo puede ser prevenido mediante las medidas de prevención y mitigación propuestas por el promovente.

 

Artículo 76 decimus. Una vez concluida la evaluación de impacto ambiental, la Dirección General deberá emitir en forma fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: [62]

 

I. Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, bajo los términos solicitados;

 

II. Autorizar de manera condicionada la realización de la obra o actividad de que se trate, estableciendo condicionantes y medidas adicionales de prevención, mitigación y, en su caso compensación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos y los riesgos ambientales que pudieran derivarse por la instalación y operación del proyecto, y;

 

III. Negar la autorización solicitada.

 

Artículo 76 undecimus. Previo al inicio de la operación de las actividades cubiertas por la autorización de impacto ambiental otorgada conforme a las disposiciones de este Capítulo, el representante legal o propietario deberá presentar a la Dirección General un aviso de inicio de operaciones, el cual deberá incluir por lo menos lo siguiente: [63]

 

I. Fecha en la que se pretende dar inicio a las actividades contempladas por la autorización correspondiente;

 

II. Certificado Único de Zonificación;

 

III. Licencia o Manifestación de Construcción;

 

IV. Autorización de Uso y Ocupación;

 

V. Visto Bueno de Seguridad y Operación, conforme al artículo 68 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

 

VI. Visto Bueno del Programa Interno de Protección Civil;

 

VII. Dictamen de Seguridad Estructural, conforme al artículo 71 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal;

 

VIII. En su caso, autorización del proyecto de la obra en materia de publicidad exterior, ordenamiento de paisaje, imagen y mobiliario urbano, y;

 

IX. Cualquier otra autorización, permiso, visto bueno o similar, que conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito

Federal y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás aplicables, se requiera para tal efecto.

 

Una vez presentado el aviso de inicio de operaciones, la Dirección General evaluará la información presentada y en un término que no podrá exceder de 30 días hábiles, en su caso, expedirá su conformidad para que el representante legal o propietario inicie la operación de las actividades amparadas por la autorización de impacto ambiental correspondiente. Una vez transcurrido el mencionado plazo sin que la Dirección General haya expedido la conformidad respectiva, se entenderá como negada.

 

La conformidad de inicio de operaciones por parte de la Dirección General a que se refieren los párrafos anteriores, será necesaria para que el representante legal o propietario de la autorización de impacto ambiental correspondiente pueda dar inicio a las obras y actividades cubiertas por la misma.

 

Artículo 76 duodecies. Una vez obtenida la conformidad para el inicio de operaciones a que se refiere el artículo anterior, el representante legal o propietario de la autorización de impacto ambiental otorgada conforme a las disposiciones de este Capítulo, deberá presentar bajo protesta de decir verdad de manera semestral a la Dirección General un reporte de evaluación y cumplimiento, el cual deberá contener por lo menos la siguiente información. [64]

 

I. Cantidad de gasolina, diesel, combustibles, aceites, lubricantes y aditivos, adquirida para su venta durante dicho período;

 

II. Cantidad de gasolina, diesel, combustibles, aceites, lubricantes y aditivos vendida durante dicho período;

 

III. Relación detallada de accidentes y contingencias derivadas de la operación de la obra o actividad, relacionados con derrame o liberación de cualquier tipo de sustancia, material o residuos, al suelo, subsuelo, cuerpos de agua y atmósfera, incluyendo entre otros la manifestación de la emisión de vapores de los equipos instalados, siendo que dicha medición deberá ser realizada por institutos previamente autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente, así como las medidas que se llevaron a cabo para combatir el accidente o contingencia;

 

IV. Resultados de la implementación del programa calendarizado de evaluación y monitoreo de las condiciones ambientales del sitio, a que se refiere el artículo 42 Bis de este Reglamento;

 

V. Contar con una póliza de seguros que ampare:

 

1.- La responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas y/o bienes con un límite de responsabilidad de por lo menos $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

 

2.- La responsabilidad civil por daños causados al ambiente con un límite de responsabilidad de por lo menos $3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.).

 

El concesionario deberá presentar la póliza vigente con el recibo de pago correspondiente por el periodo amparado en la póliza. Las cantidades mencionadas en los numerales 1 y 2 de esta fracción, se actualizarán anualmente de conformidad con el incremento al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

 

VI. Reporte de cumplimiento de las medidas condicionantes impuestas por la autorización de impacto correspondiente;

 

VII. Reporte de cumplimiento de las medidas de mitigación o compensación propuestas en la manifestación de impacto ambiental con estudio de riesgo ambiental sujeto a reporte y visto bueno;

 

VIII. Licencia Ambiental Única vigente y/o actualización vigente, y

 

IX. De ser aplicable, las autorizaciones, permisos, vistos buenos y cualquier otro documento que conforme a la legislación aplicable, el establecimiento y operación de las actividades reguladas por este Capítulo, requieran conforme a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y demás aplicables.

 

La información y documentación a que se refieren las fracciones anteriores, así como cualquier otra que se incluya en el reporte semestral a que se refiere el presente artículo, deberá manifestarse y entregarse bajo protesta de decir verdad.

Derivado de la revisión del reporte de evaluación y cumplimiento a que se refiere este artículo, la Secretaría podrá imponer medidas de prevención y mitigación adicionales a las incluidas en la autorización correspondiente a fin de garantizar la integridad al ambiente y de las personas.

 

Artículo 76 terdecies. Con base en la documentación e información reflejada en el reporte semestral de evaluación y cumplimiento a que se refiere el artículo anterior, la Dirección General evaluará anualmente el nivel de cumplimiento del representante legal o propietario de la autorización de impacto ambiental otorgada conforme a las disposiciones de este Capítulo, con respecto a sus obligaciones ambientales previstas por la Ley, este Reglamento y cualquier otra disposición aplicable en la materia y, de ser procedente, en un término que no podrá exceder de 30 días hábiles a partir de la recepción del segundo reporte semestral, emitirá su visto bueno para continuar la operación de la obra o actividad de que se trate. Una vez transcurrido el mencionado plazo sin que la Dirección General haya expedido resolución al respecto, se entenderá como negado el Visto Bueno. [65]

 

En caso de que derivado de la revisión del reporte semestral de evaluación y cumplimiento, la Dirección General advierta que el representante legal o propietario de la autorización de impacto ambiental correspondiente, no se encuentra en cabal cumplimiento de sus obligaciones, no se emitirá el visto bueno correspondiente hasta en tanto el responsable acredite a la Dirección General que las irregularidades correspondientes han sido subsanadas.

 

Si durante la revisión de la documentación e información contenida en reporte de evaluación y cumplimiento correspondiente, la Dirección General advirtiera que el representante legal o propietario pudiera estar infringiendo alguna disposición de cualquier naturaleza, la Dirección General a través de la unidad administrativa que corresponda, deberá dar aviso a la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Ambiental de la Secretaría, así como a las autoridades correspondientes, incluyendo al Ministerio Público, a efecto de que éstas determinen lo conducente.

 

El visto bueno de la Dirección General será necesario para operar la obra o actividad materia de la autorización de impacto ambiental respectiva.

 

El visto bueno correspondiente especificará el periodo de operación que ampara, así como la fecha límite para tramitar su renovación.

 

Artículo 76 cuaterdecies. Para el caso de cierre de operaciones o desistimiento de las obras y actividades reguladas en este Capítulo, el representante legal o propietario de la autorización de impacto ambiental correspondiente, deberá dar aviso a la Dirección General del cierre de operaciones o desistimiento, incluyendo un estudio de caracterización de sitio donde se corrobore que el mismo no cuenta con presencia de hidrocarburos, metales pesados, emisión de vapores u otras sustancias peligrosas, por encima de los límites máximos permisibles contenidos en las disposiciones legales aplicables. [66]

 

Artículo 76 quindecies. La modificación del proyecto amparado por una autorización de impacto ambiental, incluyendo requerimientos técnicos, cambio de propietario y cambio de titular, requiere previa autorización por escrito de la Dirección General. [67]

 

CAPÍTULO VII

DE LOS SEGUROS Y LAS GARANTÍAS

 

Artículo 77. La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o garantías respecto del cumplimiento de las condicionantes establecidas en las autorizaciones cuando, durante la realización de las obras, puedan producirse daños graves a los ecosistemas o al ambiente.

 

Se considerará que pueden producirse daños graves a los ecosistemas o al ambiente, cuando:

 

I. Los proyectos se refieran a estaciones de gas o gasolina, o impliquen la realización de actividades consideradas riesgosas conforme a la Ley, este Reglamento, el reglamento respectivo y las demás disposiciones legales aplicables;

 

II. Las obras o actividades se lleven a cabo en suelo de conservación o en áreas naturales protegidas;

 

III. En los lugares en los que se pretenda realizar la obra o actividad existan cuerpos de agua del Distrito Federal, o

 

IV. Se afecten o puedan afectar especies bajo algún régimen de protección especial por la normatividad ambiental, zonas intermedias de salvaguarda o elementos que contribuyan al ciclo hidrológico.

 

Artículo 78. La Secretaría fijará el monto de los seguros y garantías considerando el valor total de la inversión, la inversión proyectada para la instrumentación de las medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales y el valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por el incumplimiento de las condicionantes impuestas en las autorizaciones.

 

En todo caso, el promovente sólo otorgará los seguros o garantías que correspondan a la etapa del proyecto que se encuentre realizando.

 

Si el promovente dejara de otorgar los seguros y las fianzas requeridas, la Secretaría podrá ordenar la suspensión temporal, parcial o total, de la obra o actividad hasta en tanto no se cumpla con el requerimiento.

 

Artículo 79. El promovente deberá, en su caso, renovar o actualizar anualmente los montos de los seguros o garantías que haya otorgado.

 

La Secretaría, dentro de un plazo de diez días hábiles, ordenará la cancelación de los seguros o garantías cuando el promovente acredite que ha cumplido con todas las condiciones que les dieron origen y haga la solicitud correspondiente.

 

Artículo 80. Los recursos que se obtengan por el cobro de seguros o la ejecución de garantías, se destinarán al Fideicomiso Fondo Ambiental constituido por la Secretaría.

 

Asimismo dichos recursos serán aplicados a la reparación de los daños causados por la realización de las obras o actividades de que se trate.

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII

DEL PROCEDIMIENTO DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PREVENTIVO

 

Artículo 81. Por su ubicación, dimensiones, características y alcances, la realización de las obras o actividades que se señalan a continuación no estará sujeta a la evaluación de impacto ambiental mediante una manifestación de impacto ambiental, por lo que sólo requerirá la autorización de un informe preventivo:

 

A) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN SUELOS DE CONSERVACIÓN:

 

I. Obras de infraestructura o actividades para el mantenimiento, conservación, protección y vigilancia del suelo de conservación y cuerpos de agua de competencia local;

 

II. Los establecimientos comerciales o de servicios que se realicen en las áreas urbanizadas de los poblados rurales;

 

III. Instalación de infraestructura relacionada con el desarrollo de actividades primarias y secundarias que se han estado realizando en el predio con anterioridad;

 

IV. Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura relacionada con el desarrollo de actividades que se han estado realizando en el predio, que impliquen un incremento del área que ocupan las instalaciones existentes o signifiquen un cambio de giro;

 

V. Ampliación de infraestructura relacionada con actividades que se han estado desarrollando en el predio, y

 

VI. Obras de equipamiento o infraestructura de competencia del Gobierno del Distrito Federal en cualquiera de sus etapas, modificaciones y ampliaciones que se realicen en poblados rurales.

 

B) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA DEL DISTRITO FEDERAL:

 

I. Las actividades de autoconsumo y uso doméstico, cuya ejecución esté contemplada y permitida en el decreto y programa de manejo que corresponda;

 

II. Nuevas obras o actividades indispensables para la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de las áreas naturales protegidas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

 

III. Ampliación o modificación de obras o infraestructura existente, cuando ello implique un incremento del área que ocupan las instalaciones.

 

C) OBRAS Y ACTIVIDADES DENTRO DE SUELO URBANO:

 

I. Las actividades de los sectores comercio, servicios o servicios comunales y sociales, a que se refiere la fracción II del apartado D) del artículo 6º de este reglamento, en las que se prevea la participación de hasta veinte trabajadores;

 

II. Las actividades de la industria a que se refiere la fracción II del apartado D) del artículo 6º de este Reglamento, en las que se prevea la participación de hasta treinta trabajadores;

 

III. Las edificaciones o construcciones señaladas en apartado D), fracción II, del artículo 6º de este Reglamento, que consideren menos de diez mil metros cuadrados de construcción, en uno o más lotes, o en un predio o conjunto de predios con superficie menor de cinco mil metros cuadrados; y

 

IV. El mantenimiento, rehabilitación y adecuaciones de calles, avenidas o ejes viales a que se refiere la fracción I del apartado G del artículo 6º de este Reglamento, cuando su realización pueda implicar la afectación de individuos forestales.

 

D) LA AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL APARTADO K DEL ARTÍCULO 6º, SIEMPRE QUE:

 

Las obras o actividades impliquen la modificación de los elementos determinantes de impacto ambiental y riesgo en un valor equivalente o superior al diez por ciento, respecto de los originalmente autorizados.

 

E) OBRAS O ACTIVIDADES QUE PRETENDAN REALIZARSE EN ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL SIEMPRE QUE SU EJECUCIÓN NO INTERFIERA CON SU PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

 

Artículo 82. El informe preventivo deberá contener:

 

I. El nombre y la ubicación del proyecto;

 

II. La descripción de la obra o actividad proyectada abarcando la etapa de selección del sitio, la de construcción o ejecución, la de operación o desarrollo y la de clausura o cese de actividades;

 

III. Los datos del promovente, tales como nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio y teléfono;

 

IV. Los datos del responsable de la elaboración del informe;

 

V. En su caso, datos de quien hubiere ejecutado los proyectos o estudios previos correspondientes;

 

VI. Documentos emitidos por la autoridad competente que determinen el uso del suelo autorizado permitido para el predio;

 

VII. Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la obra o actividad proyectada y, en su caso, los que vayan a obtener como resultado de dicha obra o actividad, incluyendo emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales, tipos de residuos y procedimientos para su disposición final;

 

VIII. Referencia, según corresponda, a los supuestos previstos en los dos artículos anteriores, incluyendo el número de trabajadores a emplear en la obra o actividad cuando esté en operación;

 

IX. Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad;

 

X. Medidas contempladas para la prevención o mitigación de impactos ambientales que pudiera ocasionarse con la realización de la obra o actividad;

 

XI. Costo previsto para la construcción del proyecto y monto destinado a la instrumentación de medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales; y

 

XII. Estudio de riesgo si se tratase de las acciones contempladas en el apartado D del artículo 81 de este Reglamento.

 

Artículo 83. El informe preventivo deberá acompañarse del formato de solicitud correspondiente y presentarse en original y una copia que contendrá la leyenda "para consulta del público", anexándose, además, la copia sellada del pago de derechos correspondiente y los documentos legales correspondientes.

 

De así requerirlo, el promovente incluirá con su solicitud un escrito firmado en el cual indique la información o documentación que deberá mantenerse como restringida en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

 

La Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los formatos y guías para la presentación del informe preventivo.

 

Artículo 84. La Secretaría o la autoridad competente de la Delegación analizará el informe preventivo y, en un plazo no mayor a veinte días hábiles emitirá la resolución correspondiente, en la que notificará al promovente:

 

I. Si procede la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y plazo para hacerlo, o

 

II. Que se encuentra en los supuestos de excepción previstos en este Capítulo y que, por lo tanto, se autoriza el informe preventivo; indicando, en su caso, las medidas de mitigación y condicionantes de ejecución que se requieran para la realización de la obra o actividad.

 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que la autoridad emita la resolución correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de la manifestación del impacto ambiental, y se tendrá por autorizado el informe preventivo.

 

Artículo 85. En aquellos casos en que por negligencia, dolo o mala fe, se ingrese el informe preventivo pretendiendo se aplique la afirmativa ficta, la Secretaría o Delegación, en su caso, tendrá por no presentado el trámite correspondiente, y en caso de que se hubiere emitido resolución o aplicado la referida afirmativa ficta, ésta se declarará sin efectos por la autoridad, independientemente de las sanciones que procedan.

 

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES COMUNES A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO, Y A LA AUTORIZACIÓN DEL INFORME PREVENTIVO

 

Artículo 86. El interesado podrá optar por presentar a la Secretaría, previamente a la manifestación de impacto ambiental o el informe preventivo y de acuerdo con la guía específica que al efecto expida y publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal dicha autoridad, una consulta sobre la aplicación de estudios de impacto ambiental o riesgo para su proyecto, para lo cual deberá dar a conocer en forma mínima las características del mismo.

 

En este supuesto, la Secretaría emitirá el dictamen correspondiente en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva, en el que determinará:

 

I. Si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental para el proyecto específico, indicando a estos efectos la modalidad correspondiente;

 

II. Si no requiere someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en virtud de que por las condiciones y características específicas del proyecto, se advierta que la obra o actividad no ocasionará impactos ambientales significativos, por lo que deberá de proceder a presentar el informe preventivo, o

 

III. Si no requiere efectuar trámite alguno, en virtud de no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en la Ley y el presente Reglamento.

 

Transcurrido el plazo previsto en el segundo párrafo de este artículo, sin que la Secretaría emita el dictamen correspondiente, se entenderá que la obra o actividad no requerirá ser sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental a través de una manifestación de impacto ambiental, y el interesado podrá proceder a la presentación del informe preventivo, en los términos previstos en este Reglamento.

 

Artículo 87. Las autorizaciones que se otorguen en la materia de este Reglamento, se referirán exclusivamente a las obras o actividades de que trata, incluyendo, en su caso, la aprobación de los proyectos alternativos.

 

Artículo 88. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental que emita la Secretaría para una obra o actividad que se realice dentro de suelo urbano, que involucre la afectación de individuos forestales, incluirá, en su caso, la autorización para la poda, trasplante o derribo de árboles o afectación de áreas verdes involucradas.

 

Cuando las obras y actividades del proyecto se ubiquen en suelo de conservación, áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas, y su realización requiera del derribo, poda o trasplante de arbolado, la resolución correspondiente en materia de impacto ambiental incluirá, en su caso, la autorización respectiva, en aquellos casos en que dichas acciones obedezcan a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.

 

Artículo 89. Las autorizaciones, licencias o permisos otorgados en contravención a lo dispuesto en la Ley y este Reglamento, serán nulas de pleno derecho, y los servidores públicos que los hayan otorgado serán sancionados de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos correspondiente, para cuyo efecto la Secretaría o Delegación, en su caso, informará el hecho de inmediato a la autoridad competente, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran aplicarse.

 

Artículo 90. La persona que construya una obra nueva, amplíe una existente, explote recursos naturales o realice una actividad sujeta a obtener autorización de impacto ambiental sin contar previamente con ésta, o que contando con ésta, incumpla los requisitos y condiciones establecidas en la misma, estará obligada a reparar los daños ambientales que con tal motivo hubiera causado a los recursos naturales o al ambiente en los términos de lo previsto en la Ley, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones respectivas.

 

En estos casos, la Secretaría podrá solicitar a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal el dictamen del daño causado y procederá a iniciar las acciones que correspondan para exigir su reparación.

 

 

CAPÍTULO X

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO

 

Artículo 91. Los informes preventivos y las manifestaciones de impacto ambiental podrán ser elaborados por prestadores de servicio de evaluación de impacto ambiental, o bien, por los interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales.

 

Artículo 92. Quienes elaboren los estudios deben observar lo establecido en la Ley, este Reglamento y las normas ambientales del Distrito Federal y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo deben firmar autógrafamente cada página del estudio respectivo e incluir una declaración firmada, bajo protesta de decir verdad, que en dichos documentos, se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y mitigación más efectivas para atenuar los impactos ambientales.

 

En caso de no incluir estos últimos requisitos, el estudio presentado no podrá considerarse válido.

 

Artículo 93. La responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá al prestador de servicios o, en su caso, a quien lo suscriba. Si se comprueba que en la elaboración de los documentos en cuestión la información es falsa, el responsable será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la Ley y este Reglamento, y se procederá a la cancelación de trámite de evaluación.

 

Artículo 94. Los prestadores de servicios de impacto ambiental son responsables de la calidad y veracidad de la información, así como del nivel profesional de los estudios que elaboren, y estarán obligados a recomendar a los promoventes sobre las modificaciones que requiera el proyecto para prevenir o minimizar los impactos ambientales adversos, así como sobre las más adecuadas medidas de prevención, mitigación y, en su caso, compensación, de los efectos ambientales negativos, derivadas de los referidos estudios.

 

En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley en los términos de lo previsto en este Reglamento.

 

Artículo 95. Los prestadores de servicios ambientales y quienes elaboren informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental o estudios de riesgo, deben cumplir con las siguientes obligaciones:

 

I. Elaborar los estudios de impacto y riesgo ambiental y los informes preventivos cumpliendo estrictamente con la normatividad ambiental y utilizando las mejores técnicas y metodológicas existentes;

 

II. Abstenerse de presentar información falsa o de cometer errores técnicos;

 

III. Abstenerse de prestar sus servicios cuando exista conflicto de intereses personales, comerciales o profesionales;

 

IV. Informar de inmediato a la Secretaría sobre la existencia de riesgos ambientales inminentes o daños graves al ambiente, los recursos naturales o la salud pública, que detecte con motivo de la prestación de sus servicios, y

 

V. Las demás que se establezcan en otras deposiciones jurídicas aplicables.

 

CAPÍTULO XI

DE LA INSPECCIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES

 

Artículo 96. La Secretaría y las autoridades delegacionales correspondientes realizarán los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven, e impondrán las medidas de seguridad y sanciones que resulten procedentes, observando para ello las disposiciones contenidas en el Título Séptimo de la Ley.

 

Asimismo, la Secretaría o Delegación, en su caso, podrá requerir a los responsables, la presentación de información y documentación relativa al cumplimiento de las disposiciones anteriormente referidas.

 

Artículo 97. Cuando exista riesgo ambiental inminente de desequilibrio ecológico, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para la salud, para los ecosistemas y sus componentes, o cuando se esté realizando una obra o actividad sujeta a obtener autorización de impacto ambiental o riesgo, sin contar con ésta, la Secretaría o Delegación, en su caso, fundada y motivadamente podrá ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo 211 de la Ley.

 

En todo caso, con la debida fundamentación y motivación, la autoridad competente deberá hacer constar en el acto que al efecto emita, las razones por las cuales considera que los hechos en cuestión ameritan el establecimiento de medidas de seguridad.

 

Asimismo la autoridad deberá indicar al interesado, cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades o condiciones que motivaron la imposición de medidas correctivas, de urgente aplicación o de seguridad, los plazos y condiciones a que se sujetará el cumplimiento de dichas medidas, así como los requerimientos para retirar estas últimas conforme a lo que se establece en el artículo 212 de la Ley.

 

Artículo 98. En los casos en que se lleven a cabo obras o actividades que requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental conforme a la Ley y al presente Reglamento, sin contar con la autorización correspondiente, la Secretaría, con fundamento en las disposiciones contenidas en el Título Séptimo de la ley, ordenará las medidas correctivas o de urgente aplicación que procedan.

 

Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas y del ejercicio de las acciones civiles y penales que resulten aplicables, así como de la imposición de medidas de seguridad que en términos del artículo anterior resulten necesarias.

 

Artículo 99. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este Capítulo, la Secretaría o Delegación, en su caso, deberá determinar la gravedad de la infracción cometida y, cuando ello sea posible, el grado de afectación ambiental ocasionado por la realización de obras o actividades de que se trata. Asimismo, sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental o riesgo las obras o actividades que aún no hayan sido iniciadas.

 

Artículo 100. Para los efectos del presente Capítulo, las medidas correctivas o de urgente aplicación tendrán por objeto evitar que se sigan ocasionando afectaciones al ambiente, los ecosistemas o sus elementos; restablecer las condiciones de los recursos naturales, que hubieren resultado afectados por obras o actividades; así como generar un efecto positivo alternativo y equivalente a los efectos adversos en el ambiente, los ecosistemas y sus elementos que se hubieren identificado en los procedimientos de inspección. En la determinación de las medidas señaladas, la autoridad deberá considerar el orden a que se refiere este precepto.

 

El interesado, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución mediante la cual se impongan medidas correctivas o de urgente aplicación, podrá presentar ante la autoridad competente una propuesta para la realización de medidas alternativas a las ordenadas por aquélla, siempre que dicha propuesta se justifique debidamente y busque cumplir con los mismos propósitos de las medidas ordenadas por la Secretaría o Delegación, en su caso.

 

En caso de que la autoridad no emita una resolución respecto a la propuesta antes referida dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a su recepción, se entenderá contestada en sentido afirmativo.

 

Los plazos ordenados en la resolución correspondiente, para la realización de las medidas correctivas o de urgente aplicación, se suspenderán en tanto la autoridad resuelva sobre la procedencia o no de las medidas alternativas propuestas respecto de ellas. Dicha suspensión procederá cuando lo solicite expresamente el promovente, y no se ocasionen daños y perjuicio a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable.

 

Artículo 101. Cuando el responsable de una obra o actividad autorizada en materia de impacto ambiental o riesgo incumpla con las condiciones previstas en la autorización y se den los casos del artículo 211 de la Ley, la Secretaría o Delegación, en su caso, ordenará la imposición de las medidas de seguridad que correspondan, independientemente de las medidas correctivas y las sanciones que corresponda aplicar.

 

Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales que procedan por las irregularidades detectadas por la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones de inspección y vigilancia.

 

Artículo 102. Si como resultado de una visita de inspección se ordena la imposición de medidas de seguridad, correctivas o de urgente aplicación, el inspeccionado deberá notificar a la autoridad del cumplimiento de cada una, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo concedido por aquélla para su realización.

 

Artículo 103. Cuando el infractor realice las medidas correctivas o de urgente aplicación o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, previamente a que la Secretaría o Delegación, en su caso, imponga una sanción, y lo haga del conocimiento de dicha autoridad, ésta deberá considerar tal situación como atenuante de la infracción cometida.

 

Artículo 104. Para los efectos establecidos en la ley y el presente Reglamento, se aplicarán las siguientes sanciones a las conductas que se determinan a continuación:

 

I. Multa de mil a cien mil días de salario mínimo y hasta clausura, a quien sin contar con la autorización correspondiente realice obras o actividades que requieran obtener autorización en materia de impacto ambiental o riesgo conforme a la Ley y este ordenamiento, mediante una manifestación de impacto ambiental; o quienes realicen obras o actividades mediante la presentación del aviso de ejecución de obras o acciones al que se refieren los artículos 9º, 12, 13, 14, 19, 26 y 32 de este Reglamento sin ubicarse en los supuestos de excepción respectivos.

 

II. Multa de mil a tres mil días de salario mínimo, a quien incumpla cualquiera de las condicionantes previstas en la autorización de impacto ambiental.

 

En caso de que con motivo del incumplimiento de las condicionantes, se provoquen impactos ambientales significativos o daños graves al ambiente, recursos naturales o la salud pública, la multa será de diez mil a cien mil días de salario mínimo.

 

III. Multa de quinientos a diez mil días de salario mínimo a quienes construyan conjuntos habitacionales, realicen acciones de desazolve de presas o lagunas, o realicen demoliciones, incumpliendo alguna de las disposiciones de protección ambiental contenidas en los artículos 19, 27 y 31 de este Reglamento.

 

En el caso de que con motivo del incumplimiento de las disposiciones de protección ambiental se provoquen impactos ambientales significativos o daños graves al ambiente, recursos naturales o a la salud pública, la multa será de treinta mil a cien mil días de salario mínimo y será exigible la reparación de los daños ocasionados.

 

IV. Multa de diez mil a treinta mil días de salario mínimo, y clausura temporal a quienes realicen obras o actividades a las que se refieren los artículos 9, 12, 13, 14, 19, 27 y 32 del presente Reglamento, sin presentar el aviso de ejecución de obras o acciones correspondiente.

 

V. Multa de quinientos a veinticinco mil días de salario mínimo, a quienes realicen modificaciones o ampliaciones a las obras o actividades autorizadas sin sujetarlas previamente a la evaluación de la Secretaría.

 

VI. Multa de doscientos a quinientos días de salario mínimo, a quienes incumplan lo establecido en el artículo 23 del presente Reglamento.

 

VII. Multa de mil a diez mil días de salario mínimo, a quienes realicen obras o actividades que requieran de la presentación de un informe preventivo en los términos de la ley y este ordenamiento, sin contar con la autorización correspondiente.

 

VIII. Multa de quinientos a tres mil días de salario mínimo, a los prestadores de servicio ambientales que presenten información falsa en relación con las manifestaciones de impacto ambiental, informes preventivos y manifestaciones de impacto ambiental con estudios de riesgo que suscriban.

 

IX. Multa de quince mil días de salario mínimo y hasta clausura a quienes presenten información falsa o tergiversada en el aviso de ejecución de obras o acciones al que se refieren los (sic) 9º, 12, 13, 14, 19, 21, 27 y 32 del Reglamento.

 

X. Multa de cien a tres mil días de salario mínimo, a quienes incumplan cualquier otra disposición prevista en la Ley y este Reglamento.

 

XI. Quien incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a las disposiciones de este Reglamento, en un período de dos años, a partir de que la Secretaría o Delegación, en su caso, hubiera determinado la infracción, se hará acreedor a una multa que podrá ser hasta dos veces el monto inicial impuesto sin exceder del máximo permitido, así como la clausura definitiva.

 

La Secretaría, además de las sanciones previstas en las fracciones anteriores podrá imponer una o más de las señaladas en el artículo 213 de la Ley, tomando en cuenta para ello los criterios establecidos en el artículo 214 de dicho ordenamiento.

 

CAPÍTULO XII

DE LA DENUNCIA CIUDADANA

 

Artículo 105. Toda persona física o moral podrá denunciar ante la autoridad ambiental competente todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravengan las disposiciones de la ley, y este reglamento en los términos de lo dispuesto en el Capítulo XII, del Título Tercero de la propia Ley.

 

Artículo 106. El denunciante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de su denuncia, deberá acudir ante la autoridad ambiental para ratificarla. En caso contrario la denuncia se tendrá por no presentada.

 

Artículo 107. En ningún caso se admitirá denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquellas en las que se advierta mala fe o aquellas en que no sea posible desprender petición alguna en relación con el objeto de dichas denuncias.

 

CAPÍTULO XIII

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

 

Artículo 108. Las resoluciones administrativas dictadas con motivo de la aplicación de este reglamento podrán ser impugnadas, sin que se requiera acreditar el interés jurídico, mediante el recurso de inconformidad, de acuerdo a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

 

TRANSITORIOS

 

Primero.- El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

 

Segundo.- Se deroga el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo publicado en la Gaceta oficial del Distrito Federal el 15 de diciembre de 2000, así como todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.

 

Tercero.- Todos los procedimientos de solicitudes de evaluación de impacto ambiental que se encuentren en trámite se resolverán de conformidad con el reglamento vigente en el momento de su presentación, excepto aquellos en los que los promoventes soliciten la aplicación del presente ordenamiento.

 

Cuarto.- Los acuerdos administrativos necesarios para la ejecución del presente reglamento, se expedirán dentro de los ciento veinte días siguientes a la publicación de este reglamento.

 

Quinto.- En tanto se expiden los listados a que se refiere el artículo 7º de este reglamento, quedan sujetas a la presentación de la manifestación de impacto ambiental y el estudio de riesgo respectivo, además de las actividades previstas en este reglamento, aquéllas realizadas en establecimientos industriales, comerciales o de servicios que manejen sustancias o materiales con características explosivas, tóxicas, inflamables y biológico infecciosas, en un volumen mayor al treinta por ciento y menor al cien por ciento de la cantidad de reporte que se establece en los listados correspondientes de actividades altamente riesgosas competencia de la Federación.

 

Sexto.- El Capítulo II del Acuerdo que establece el listado de obras o actividades que requieren autorización de impacto ambiental, las modalidades para su evaluación y los formularios e instructivos aplicables, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de abril de 1997, permanecerá vigente en tanto se publiquen en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las nuevas guías y formatos para la presentación de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y avisos de ejecución de obras y acciones.

 

Séptimo.- La Secretaría instrumentará un sistema electrónico para la presentación de los avisos a que se refieren los artículos 9º, 12, 13, 14, 21, 27 y 32 del Reglamento, mismo que entrará en vigor una vez publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2014

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

 

TERCERO. Aquellas personas que lleven a cabo actividades incluidas en el apartado K) fracciones XXVI y XXVII de este Reglamento bajo el amparo de una autorización de impacto ambiental otorgada con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, contarán con un término de 3 (tres) meses contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para llevar a cabo la actualización del estudio de riesgo que deberá sujetarse a reporte semestral y visto bueno de la Dirección General conforme a lo dispuesto por artículo 42 Bis; el cual en lo sucesivo se someterá al procedimiento de reporte y visto bueno previsto por el Capítulo VI Bis de este Reglamento.

 

CUARTO. Aquellas personas que lleven a cabo actividades incluidas en el apartado K) fracciones XXVI y XXVII de este Reglamento sin contar con la autorización de impacto ambiental correspondiente por no haberse requerido debido a la posterior entrada en vigor de la legislación ambiental en el Distrito Federal, deberán someter a consideración de la Dirección General el estudio de riesgo que deberá sujetarse a reporte semestral y visto bueno conforme a lo dispuesto por artículo 42 Bis dentro un término de 3 (tres) meses contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto y, en lo sucesivo, someterse al procedimiento de reporte y visto bueno previsto por el Capítulo VI Bis de este Reglamento.

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DE FECHA 24 DE MARZO DE 2017

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

 29 DE OCTUBRE DE 2018

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

 

TERCERO.- Los acuerdos administrativos necesarios para la implementación y ejecución de la evaluación ambiental estratégica, se expedirán dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto.

 

CUARTO.- En tanto se expidan las disposiciones administrativas que deriven de la presente reforma seguirán en vigor aquéllas que no la contravengan.

 

QUINTO.- Quedan excluidas las obras que se encuentren contempladas en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2017.

 

SEXTO.- Cualquier alusión al Distrito Federal contenida en el presente Reglamento, se entenderá hecha a la Ciudad de México.

 

SÉPTIMO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.

 


[1] Reforma publicada en la GODF el 28 de octubre de 2014

[2] Adición publicada en la GODF el 28 de octubre de 2014

[3] Adición publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018

[4] Adición publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018

 

[5] Adición publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018

[6] Adición publicada en la GODF el 28 de octubre de 2014

[7] Reforma publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018

[8] Adición publicada en la GODF el 28 de octubre de 2014

[9] Reforma publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018

[10] Adición publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018

[11] Reforma publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018

[12] Reforma publicada en la GODF el 28 de octubre de 2014

[13] Adición publicada en la GODF el 28 de octubre de 2014

[14] Reforma publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018

[15] Reforma publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018

[16] Reforma publicada en la GOCDMX el 29 de octubre de 2018