REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Reglamento publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

el 22 de octubre de 2018

 

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

 Artículo 1.- El presente ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México en cuanto a las atribuciones, estructura y procedimientos de esta Procuraduría.

 

 Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento, además de las definiciones y referencias que se contienen en la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se entenderá por:

 

I. Administración Pública: El conjunto de órganos que componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México;

 

II. Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Deberá entenderse también como medio ambiente;

 

III. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, consciente, constituido por diferentes tejidos, con un sistema nervioso especializado que le permita moverse y reaccionar de manera coordinada ante los estímulos;

 

IV. Arbitraje: Mecanismo alternativo de solución de controversias, en virtud del cual las partes en conflicto nombran a la Procuraduría como árbitro, para que resuelva en amigable composición o en estricto derecho, la controversia planteada;

 

V. Bienes y servicios ambientales: Aquellos elementos naturales de la Ciudad de México y los beneficios que éstos brindan de manera natural o por medio del manejo sustentable de los mismos; y que suponen dominio público, en los que se llevan a cabo diversidad de actividades, de los que derivan derechos que por su naturaleza difusa e intangible, sólo son susceptibles de conservarse y protegerse mediante la tutela pública y las acciones colectivas;

 

VI. Bienes y servicios urbanos: Aquellos elementos artificiales o inducidos por los seres humanos que suponen dominio público en los que se llevan a cabo actividades operativas por parte de la Administración Pública por sí o a través de un tercero con el fin de atender en forma continua, uniforme y permanente las necesidades colectivas relacionadas con la prestación de los servicios de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial, espacios públicos y áreas verdes, limpia y alumbrado público, gestión integral de los residuos sólidos urbanos, así como el mejoramiento de la imagen urbana de la Ciudad de México;

 

VII. Capacitación: Acciones de desarrollo, fortalecimiento y actualización de conocimientos, aptitudes, habilidades y competencias;

 

VIII. Comité: Comité Técnico Asesor de la Procuraduría;

 

IX. Conciliación: Mecanismo alternativo de solución de controversias llevado a cabo por la Procuraduría mediante el cual dos o más personas denominadas conciliados, involucradas en alguna controversia, en libre ejercicio de su autonomía, voluntariamente buscan, proponen y construyen opciones de solución satisfactoria a la controversia;

 

X. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

 

XI. Consejo: Consejo de Gobierno de la Procuraduría;

 

XII. Dictamen: Opinión técnica emitida por la Procuraduría de forma escrita sobre un tema en específico en materia ambiental o del ordenamiento territorial;

 

XIII. Espacio público: Ámbito conformado por el conjunto de bienes y servicios ambientales, así como por los bienes y servicios urbanos destinados al ejercicio de derechos colectivos e individuales de acuerdo a su función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa;

 

XIV. Estrados electrónicos: Es la herramienta publicada en el portal de la Procuraduría mediante la cual se hacen del conocimiento público los acuerdos y resoluciones de la Procuraduría que así requieran ser notificados y que constituye la notificación de sus determinaciones en los términos previstos en este Reglamento;

 

XV. Estudio Técnico: Documento que contiene el análisis, reflexiones y resultados de una investigación sobre un tema o asunto específico relacionado con el ámbito de las atribuciones y facultades de la Procuraduría;

 

XVI. Formación: Acciones de profesionalización para las personas servidoras públicas de la Procuraduría, en el marco del Servicio Público de Carrera;

 

XVII. Interés legítimo: Situación especial de las personas para activar la actuación pública en aras de que se declare o constituya un derecho, se imponga una sanción, se solucione un conflicto o bien tenga el interés contrario a ello; se defienda el interés público y la protección del orden jurídico contenidos en las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México;

 

XVIII. Las y los Consejeros Ciudadanos: Son las y los designados de conformidad con el artículo 15 BIS 2 de la Ley;

 

XIX. Las y los Consejeros Gubernamentales: Titular representante de cada una de las Secretarías señaladas en el artículo 12 fracción II de la Ley;

 

XX. La o el Presidente del Comité: Persona encargada de conducir las sesiones del Comité Técnico Asesor de la Procuraduría;

 

XXI. La o el Presidente del Consejo: Jefe o Jefa de Gobierno o la persona designada por el mismo; quien será la persona encargada de conducir las sesiones del Consejo de Gobierno de la Procuraduría;

 

XXII. La o el Secretario Técnico del Comité: Integrante del Comité Técnico Asesor de la Procuraduría;

 

XXIII. La o el Secretario Técnico del Consejo: Integrante del Consejo de Gobierno de la Procuraduría;

 

XXIV. Ley: La Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;

 

XXV. Mediación: Mecanismo alternativo de solución de controversias, llevado a cabo por la Procuraduría, mediante el cual dos o más personas involucradas en alguna controversia denominadas mediados, en libre ejercicio de su autonomía, voluntariamente buscan, proponen y construyen opciones de solución satisfactoria a la controversia;

 

XXVI. Participantes: Personas que asisten a las sesiones del Consejo de Gobierno y/o del Comité Técnico Asesor de la Procuraduría, sin que tengan el carácter de Consejeros o Consejeras;

 

XXVII. Procurador o Procuradora: Titular de la Procuraduría;

 

XXVIII. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;

 

XXIX. Profesionalización: Acciones para actualizar las competencias y capacidades de las personas servidoras públicas de la Procuraduría con el fin de contar con conocimiento experto, dominio de habilidades y determinación para ser competitivo en términos de su profesión;

 

XXX. Reconocimientos: Son aquellos otorgados por la Procuraduría a las personas que ajustan sus actividades al estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; con excepción a lo relativo a los programas de autorregulación y auditorías ambientales y demás reconocimientos que emita la Secretaría. Sin que ello implique una licencia, permiso o autorización oponible en un procedimiento administrativo de verificación, inspección o jurisdiccional;

 

XXXI. Reglamento: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;

 

XXXII. Reporte: Documento oficial que muestra los procedimientos y resultados de una investigación de manera concisa en materia ambiental, del ordenamiento territorial y protección y bienestar a los animales;

 

XXXIII. Representación del interés legítimo: Atribución de la Procuraduría para ejercer ante órganos jurisdiccionales acciones de defensa de los derechos ambientales y territoriales de la población de la Ciudad de México;

 

XXXIV. Secretaría: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México;

 

XXXV. Servicio Público de Carrera: Es el sistema de la Administración Pública de la Ciudad de México que garantiza la formación y el desarrollo profesional de los servidores públicos, fundado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la movilidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias laborales, así como en la no discriminación por motivos de género, origen étnico, religión, estado civil o condición socioeconómica;

 

XXXVI. Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo: Las que asisten técnica y operativamente al Procurador o a la Procuradora, Subprocuradurías y Coordinaciones y, que son las Direcciones, las Subdirecciones, las Jefaturas de Unidad Departamental, Líderes Coordinadores de Proyectos y Enlaces, de acuerdo a las necesidades del servicio, que estén autorizadas en el presupuesto y con funciones determinadas en el Manual Administrativo de la Procuraduría, y

 

XXXVII. Vigilancia: Actos que tienen por objeto identificar posibles violaciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, en el ámbito de competencia de la Procuraduría.

 

Artículo 3.- Para efectos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 3° de la Ley y en este Reglamento, sin perjuicio de lo que establezcan otros ordenamientos que regulen las materias relacionadas con el objeto de esta Procuraduría, se considerarán disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México, las contenidas en las siguientes leyes, sus reglamentos y las disposiciones que de ellas se deriven:

 

I. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal;

 

II. Ley de Aguas del Distrito Federal;

 

III. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México;

 

IV. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal;

 

V. Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal;

 

VI. Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México;

 

VII. Ley de Movilidad del Distrito Federal;

 

VIII. Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal;

 

IX. Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México;

 

X. Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal;

 

XI. Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal;

 

XII. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal;

 

XIII. Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal;

 

XIV. Ley para la Retribución por la Protección de los Servicios Ambientales del Suelo de Conservación del Distrito Federal, y

 

XV. Las demás disposiciones jurídicas de carácter general de las que deriven derechos de toda persona en materia ambiental o del ordenamiento territorial.

 

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURADURÍA

 

Artículo 4.- La Procuraduría se integrará por las Unidades Administrativas señaladas en el artículo 6 de la Ley y contará además con Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo.

 

Artículo 5.- La Procuraduría de acuerdo con el presupuesto que le corresponde y de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, contará para el eficaz ejercicio de sus funciones con las personas servidoras públicas que realicen acciones de investigación y verificación en materia de protección y bienestar a los animales, quienes estarán debidamente acreditadas y contarán con las facultades y funciones establecidas en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones de carácter administrativo aplicables.

 

En la designación de las personas servidoras públicas de la Procuraduría se mantendrá una proporción equitativa entre hombres y mujeres sin que ninguno de los géneros exceda el 60 por ciento.

 

En las políticas y estrategias laborales de la Procuraduría, se contemplará la contratación de adultos mayores y personas con discapacidad.

 

Artículo 6.- La Procuraduría contará con un Órgano Interno de Control, que dependerá jerárquica, técnica y funcionalmente de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, que tendrá las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.

 

CAPÍTULO TERCERO

DEL CONSEJO DE GOBIERNO

SECCIÓN I. DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

 

Artículo 7.- El Consejo tendrá las atribuciones y funciones establecidas en los artículos 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México y 14 de la Ley, además de las siguientes:

 

I. Apoyar las labores de la Procuraduría a fin de que ésta cumpla con sus funciones de protección y bienestar a los animales, del medio ambiente y el adecuado ordenamiento territorial de la Ciudad de México;

 

II. Aprobar o en su caso modificar el orden del día de las sesiones del Consejo;

 

III. Recibir y opinar respecto del informe periódico que sobre el cumplimento de las atribuciones de la Procuraduría le presente el Procurador o la Procuradora;

 

IV. Invitar al Procurador o a la Procuradora a todas sus sesiones ordinarias y extraordinarias de forma permanente;

 

V. Encomendar a las y los Consejeros asuntos en el ámbito de la competencia que cada uno represente;

 

VI. Invitar a personas especialistas y representantes de los sectores público, social y privado en calidad de invitados cuando por la naturaleza de los asuntos que se discutan se requieran o se considere pertinente contar con sus opiniones;

 

VII. Nombrar y remover a la o el Secretario Técnico a propuesta de la o el Presidente;

 

VIII. Autorizar la formalización del Servicio Público de Carrera, en términos de la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, y

 

IX. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.

 

En el supuesto de ausencia por caso fortuito o fuerza mayor, por remoción o renuncia del Procurador o de la Procuradora, el Consejo designará a la o el Titular de la Procuraduría interino en los términos establecidos en el párrafo tercero del artículo 9 de la Ley, en tanto el Congreso designa a la persona que ocupara el cargo, conforme a lo que establece el artículo 7 de la Ley.

 

SECCIÓN II.

DE LA O EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

 

 Artículo 8.- La o el Presidente del Consejo, será la persona encargada de conducir las sesiones de este órgano.

 

 La o el Presidente del Consejo, podrán designar una persona encargada de conducir las sesiones en su ausencia.

 

Para el ejercicio de esta facultad le corresponde:

 

I. Proponer al Consejo la designación de la o el Secretario Técnico;

 

II. Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Consejo, de conformidad con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento;

 

III. Declarar el inicio y el término de las sesiones;

 

IV. Decretar los recesos que considere necesarios durante el desarrollo de cada sesión;

 

V. Adoptar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las sesiones del Consejo;

 

VI. Someter a la consideración del Consejo, en votación económica, si los temas del orden del día han sido suficientemente discutidos;

 

VII. Solicitar a la o el Secretario Técnico del Consejo someter a votación los proyectos de acuerdo y resoluciones del Consejo;

 

VIII. Vigilar la aplicación de este Reglamento respecto de la conservación del orden durante las sesiones, dictando las medidas necesarias para ello;

 

IX. Declarar al Consejo en sesión permanente, cuando así lo acuerde la mayoría de sus miembros;

 

X. Suspender la sesión por causa de fuerza mayor;

 

XI. Firmar junto con las y los Consejeros y los demás participantes que intervengan en la sesión respectiva, cada uno de los acuerdos o resoluciones que apruebe el Consejo, y

 

XII. Las demás que le confieren la Ley y este Reglamento.

 

SECCIÓN III.

DE LAS Y LOS CONSEJEROS GUBERNAMENTALES

 

Artículo 9.- Las y los Titulares de las Secretarías de Medio Ambiente; Desarrollo Urbano y Vivienda; Obras y Servicios; y Movilidad; o sus representantes, serán las y los Consejeros Gubernamentales, quienes podrán acudir a las sesiones del Consejo de manera permanente.

 

Artículo 10.- Los representantes de las Secretarías deberán ser personas servidoras públicas que cuenten con nivel jerárquico suficiente para tomar decisiones y que de acuerdo con sus atribuciones sean los más apropiados para desempeñarse como Consejeros. En caso de ausencia de su representante, el o la Titular deberá designar un suplente que ostente el mismo nivel de jerarquía y características.

 

Los representantes de las Secretarías y/o sus suplentes deberán ser acreditados por las y los Consejeros Gubernamentales, mediante escrito dirigido a la o el Presidente del Consejo o a la persona que designe.

 

Artículo 11.- Las y los Consejeros Gubernamentales tendrán las siguientes facultades:

 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo;

 

II. Participar en las sesiones del Consejo en los términos establecidos por el artículo 15 de la Ley;

 

III. Informar al Consejo los resultados o avances obtenidos en las diferentes responsabilidades que les sean encomendadas por el mismo;

 

IV. Aprobar, en su caso, los asuntos sometidos a su consideración, o emitir las opiniones derivadas de sus facultades;

 

V. Firmar, junto con la o el Presidente del Consejo y demás participantes que intervengan en la sesión respectiva, todos los acuerdos o resoluciones que apruebe el Consejo, y

 

VI. Las demás que les confieren la Ley y el presente Reglamento.

 

SECCIÓN IV.

DE LAS Y LOS CONSEJEROS CIUDADANOS

 

Artículo 12.- Las y los Consejeros Ciudadanos integrantes del Consejo serán designados y ratificados conforme al procedimiento establecido en el artículo 15 BIS 2 de la Ley, debiendo ser hombres y mujeres con amplios conocimientos y experiencia en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

 

Artículo 13.- Las y los Consejeros Ciudadanos tendrán las siguientes facultades:

 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo;

 

II. Participar en las sesiones del Consejo en los términos establecidos por el artículo 15 de la Ley;

 

III. Informar al Consejo los resultados o avances obtenidos en las diferentes responsabilidades que les sean encomendadas por el mismo;

 

IV. Aprobar, en su caso, los asuntos sometidos a su consideración o emitir las opiniones derivadas de sus facultades;

 

V. Firmar, junto con la o el Presidente del Consejo y demás participantes que intervengan en la sesión respectiva, todos los acuerdos o resoluciones que apruebe el Consejo, y

 

VI. Las demás que les confieren la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 14.- Las y los Consejeros Ciudadanos no serán considerados como personas servidoras públicas, por lo que su participación en el Consejo no genera ningún tipo de relación laboral con la Procuraduría o con el Gobierno de la Ciudad de México.

 

Las y los Consejeros Ciudadanos se ceñirán a lo establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respecto de aquellos temas que por la naturaleza de sus funciones hayan tenido conocimiento y que requieran reserva o confidencialidad.

 

 

 

SECCIÓN V.

DE LA O EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO

 

Artículo 15.- La o el Secretario Técnico del Consejo será propuesto por la o el Presidente del Consejo y aprobado por el Consejo conforme a lo establecido en el artículo 70, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, le corresponderán las funciones siguientes:

 

I. Auxiliar a la o el Presidente del Consejo en la convocatoria a las y los participantes del Consejo de Gobierno, así como para hacerles llegar la documentación necesaria para su conocimiento y mejor desarrollo de la sesión, con anticipación de al menos cinco días hábiles cuando se trate de sesiones ordinarias, y de dos días hábiles en las extraordinarias;

 

II. Verificar que exista el quórum necesario para las sesiones del Consejo;

 

III. Solicitar la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos y que forman parte del orden del día;

 

IV. Recoger las votaciones que en cada sesión se realicen;

 

V. Levantar las actas de las sesiones y recabar las firmas;

 

VI. Remitir los originales de actas y acuerdos de las sesiones del Consejo para su guarda y custodia al Procurador o a la Procuradora;

 

VII. Dar el seguimiento correspondiente a los acuerdos, resoluciones y opiniones tomadas en el Consejo;

 

VIII. Publicar los acuerdos, resoluciones y opiniones, que hayan sido aprobados, a través de los medios de difusión a su alcance;

 

IX. Proporcionar la información relativa a las actividades del Consejo que en cualquier tiempo le soliciten sus miembros u otros participantes siempre y cuando no haya impedimento legal para proporcionarla, dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud, y

 

X. Las demás que el Consejo le encomiende.

 

SECCIÓN VI.

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO

 

Artículo 16.- Las sesiones del Consejo se celebrarán en el domicilio oficial de la Procuraduría. Sólo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a consideración de la o el Presidente del Consejo no garanticen el buen desarrollo de las sesiones, se podrá sesionar en otro lugar dentro de la Ciudad de México.

 

En las sesiones del Consejo participaran el Órgano Interno de Control, las personas que tengan el cargo de Comisarios propietario y suplente, así como las y los contralores ciudadanos correspondientes de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

 

Artículo 17.- Las sesiones del Consejo serán de carácter:

 

I. Ordinarias. Se celebrarán cuando menos cuatro veces al año, y

 

II. Extraordinarias. Se celebrarán cuantas veces sea necesario, o cuando se declare emergencia ecológica o contingencia ambiental, en los términos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, o sean convocadas con ese carácter por la o el Presidente del Consejo o a solicitud del Procurador o de la Procuradora.

 

Artículo 18.- La o el Presidente del Consejo convocará a las y los Consejeros y demás participantes por lo menos con cinco días hábiles de anticipación para las sesiones ordinarias. Este plazo se reducirá a dos días hábiles en los casos de sesiones extraordinarias.

 

Artículo 19.- La convocatoria a sesión deberá contener el día y la hora en que la misma se deba celebrar, su carácter ordinario o extraordinario y el orden del día.

 

La o el Secretario Técnico del Consejo enviará a las y los Consejeros y demás participantes dicha convocatoria, acompañada de los documentos y anexos correspondientes.

 

Artículo 20.- El orden del día de las sesiones ordinarias incluirá el apartado de asuntos generales. Las y los Consejeros podrán solicitar a la o el Presidente del Consejo incluir algún tema en el orden del día.

 

Artículo 21.- En el caso de las sesiones extraordinarias, sólo podrán tratarse aquellos asuntos para los que fueron convocadas, por lo que no podrá incluirse el punto de asuntos generales.

 

Artículo 22.- Para verificar la existencia de quórum en las sesiones ordinarias se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

Como quórum para llevar a cabo las sesiones extraordinarias del Consejo, se requerirá la asistencia de cuando menos las dos terceras partes del total de sus miembros.

 

Si en el transcurso de la sesión se ausentara algún miembro del Consejo o varios, y con ello la o el Presidente del Consejo verificara, a través de la o el Secretario Técnico del Consejo, que se pierde el quórum legal, se declarará un receso hasta que exista quórum.

 

Artículo 23.- Para tratar los asuntos a los que se refiera la convocatoria, el Consejo podrá constituirse en sesión permanente por mayoría de votos de sus integrantes. La sesión concluirá una vez que se hayan desahogado o resuelto los asuntos que la motivaron.

 

Artículo 24.- En el supuesto de que la o el Presidente del Consejo se ausente en forma definitiva de la sesión, éste propondrá a la o el Consejero que deberá continuar con la conducción de la sesión.

 

Cuando el Jefe o la Jefa de Gobierno o la persona que designe para fungir como la o el Presidente Designado no puedan acudir a la sesión convocada y los asuntos a tratar sean relevantes para la Ciudad, el Jefe o la Jefa de Gobierno designará de entre las y los Consejeros Gubernamentales a quién deberá fungir como la o el Presidente en dicha sesión.

 

Artículo 25.- Las decisiones del Consejo serán tomadas por consenso y en su caso, por mayoría simple de votos. Sus integrantes votarán levantando la mano para expresar el sentido de su voto.

 

La votación se tomará en el siguiente orden: se contarán los votos a favor, los votos en contra y, en su caso, las abstenciones. Cuando no haya unanimidad, se asentará en el acta el sentido del voto de las y los Consejeros.

 

En caso de empate, la o el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad, sin embargo, el Consejo procurará tomar sus decisiones por consenso.

 

Artículo 26.- A petición de algún miembro del Consejo, la o el Secretario Técnico, previa instrucción de la o el Presidente del Consejo, dará lectura a los documentos que le soliciten para ilustrar la discusión.

 

Artículo 27.- Las personas participantes del Consejo sólo podrán hacer uso de la palabra con la autorización previa de la o el Presidente del Consejo.

 

Artículo 28.- De cada sesión se levantará un acta que contendrá los datos de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, el sentido de las intervenciones de los miembros del Consejo y el sentido de su voto, así como las intervenciones de los participantes y los acuerdos y resoluciones aprobados por los miembros del Consejo.

 

La o el Secretario Técnico del Consejo deberá entregar a los miembros del Consejo el proyecto de acta de cada sesión, la cual deberá someterse a aprobación en la siguiente sesión ordinaria.

 

 

Artículo 29.- Los acuerdos, resoluciones y opiniones del Consejo que hayan sido aprobados, deberán hacerse públicos de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable y ser publicados a través de los medios de difusión a su alcance.

CAPÍTULO CUARTO

COMITÉ TÉCNICO ASESOR

 

 SECCIÓN I

DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ

 

Artículo 30.- El Comité es un órgano auxiliar de la Procuraduría cuya función es asesorar técnicamente al Procurador o a la Procuradora en los asuntos que éste someta a su consideración o bien, opinar sobre los temas que le sean remitidos.

 

El Comité tendrá las atribuciones y funciones establecidas en el artículo 15 BIS de la Ley, además de las siguientes:

 

 I. Fomentar el enlace y colaboración del sector académico y las organizaciones de la sociedad civil con la Procuraduría, para la realización de actividades académicas, conferencias, y eventos para la difusión y promoción del cumplimiento del derecho a gozar de un ambiente adecuado, así como para el mejor desempeño de sus funciones y ser una instancia de consulta para proponer objetivos, prioridades y estrategias de política ambiental y urbanas, y

 

II. Constituir grupos de trabajo para el análisis y evaluación de temas específicos.

 

El Comité podrá manifestar sus opiniones al Procurador o a la Procuradora, al Consejo de Gobierno, a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México y a la sociedad en general, siempre y cuando hayan sido previamente consensuadas en el propio Comité.

 

El Comité podrá solicitar al Procurador o a la Procuradora los estudios técnicos que considere necesarios, a fin de documentarse y contar con mayores elementos de juicio.

 

SECCIÓN II

 DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ

 

Artículo 31.- El Comité deberá ser plural y multidisciplinario. Asimismo, garantizará la equidad de género y reflejará las distintas corrientes de pensamiento u opinión en la Ciudad de México. Se integrará de la siguiente manera:

 

I. La o el Presidente, que será la persona Titular de la Procuraduría;

 

II. La o el Secretario Técnico del Comité quien será la designada por la persona Titular de la Procuraduría, y

 

III. Diez Consejeras o Consejeros Ciudadanos, incluyendo las cuatro personas que forman parte del Consejo.

 

SECCIÓN III

DE LA O EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

 

Artículo 32.- La o el Presidente del Comité será la persona encargada de conducir las sesiones de éste. Para el ejercicio de esta facultad le corresponde:

 

I. Coordinar y supervisar las funciones del Comité en el seguimiento de las acciones para el logro de los objetivos que sean sometidos a su consideración;

 

II. Nombrar a la o el Secretario Técnico del Comité;

 

III. Convocar y presidir las sesiones del Comité de conformidad con lo establecido en la Ley y el presente Reglamento;

 

IV. Declarar el inicio y el término de las sesiones;

 

V. Decretar los recesos que considere necesarios durante el desarrollo de cada sesión;

 

VI. Adoptar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las sesiones del Comité;

 

VII. Someter a la consideración del Comité, en votación económica, si los temas del orden del día han sido suficientemente discutidos;

 

VIII. Solicitar a la o el Secretario Técnico del Comité someter a votación los acuerdos y resoluciones del Comité;

 

IX. Ejercer el voto de calidad en caso de empate en las sesiones de trabajo;

 

X. Vigilar la aplicación de este Reglamento respecto a la conservación del orden durante las sesiones, dictando las medidas necesarias para ello;

 

XI. Suspender las sesiones por causa de fuerza mayor;

 

XII. Delegar en su ausencia, la representación de la Presidencia del Comité en la o el Secretario Técnico del Comité;

 

XIII. Proponer o decidir el cambio de ubicación del lugar de sesiones del Comité en caso extraordinario;

 

XIV. Invitar a otras instituciones de gobierno, tanto de la Ciudad de México como de los Gobiernos Federal o de las Entidades Federativas, cuando se atiendan asuntos de su interés;

 

XV. Invitar a personas especialistas y representantes de los sectores público, social y privado distintos a los representados en el Comité, cuando por la naturaleza de los asuntos que se discutan se requiera o se considere pertinente, contar con sus opiniones o se proponga la consulta de los objetivos, prioridades estratégicas de la política ambiental y urbana de la Ciudad de México;

 

XVI. Firmar junto con la o el Secretario Técnico del Comité y los miembros del mismo que intervengan en la sesión respectiva, cada uno de los acuerdos o resoluciones que apruebe el propio Comité, y

 

XVII. Las demás que le confieren la Ley y este Reglamento.

 

SECCIÓN IV

DE LA O EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

 

Artículo 33.- La o el Secretario Técnico del Comité será designado por la o el Presidente y le corresponderán las facultades siguientes:

 

I. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a las actividades, acuerdos, disposiciones y resoluciones aprobadas en el seno del Comité y servir de enlace entre sus miembros;

 

II. Auxiliar a la o el Presidente en la convocatoria a las y los miembros del Comité;

 

III. En ausencia de la o el Presidente del Comité, asumir la representación de la Presidencia del Comité;

 

IV. Elaborar los proyectos de orden del día para las sesiones del Comité, de conformidad con las indicaciones de la o el Presidente;

 

V. Remitir a los miembros del Comité, la convocatoria y el orden del día, junto con los documentos y anexos de los asuntos que correspondan para la sesión de que se trate; por lo menos cinco días hábiles de anticipación a la misma;

 

VI. Verificar que exista el quórum necesario para las sesiones del Comité;

 

VII. Solicitar la dispensa de la lectura de los documentos previamente distribuidos y que forman parte del orden del día;

 

VIII. Llevar la lista de las personas que fungirán como oradores en las sesiones del Comité;

 

IX. Recoger las votaciones de los acuerdos y resoluciones del Comité que en cada sesión se realicen;

 

X. Elaborar el proyecto de acta de la sesión, someterla a la aprobación del Comité y, en su caso, incorporar las observaciones planteadas a la misma por las y los Consejeros o los participantes y recabar las firmas correspondientes;

 

XI. Informar sobre los escritos que se presenten al Comité;

 

XII. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos del Comité cuando lo solicite alguno de los miembros;

 

XIII. Llevar el registro de las actas y acuerdos aprobados por el Comité y un archivo de los mismos;

 

XIV. Llevar el registro de los grupos de trabajo que se formen en el seno del Comité y apoyarlos en sus sesiones;

 

XV. Interactuar con las y los Consejeros para atender, identificar y promover las actividades inherentes a sus funciones;

 

XVI. Publicar los acuerdos u opiniones, que hayan sido aprobados, de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable, y a través de los medios de difusión a su alcance, y

 

XVII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y la o el Presidente del Comité.

 

SECCIÓN V

DE LAS Y LOS CONSEJEROS CIUDADANOS DEL COMITÉ

 

Artículo 34.- Las y los Consejeros Ciudadanos a que se refiere el artículo 15 BIS 2 de la Ley, serán designados y ratificados conforme al procedimiento que establezca el Congreso.

 

Artículo 35.- Las y los Consejeros Ciudadanos tendrán las siguientes facultades:

 

I. Asistir a las sesiones del Comité para las cuales hayan sido debidamente convocados. En caso de imposibilidad, deberán notificar por escrito su ausencia a la o el Secretario Técnico del mismo;

 

II. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité;

 

 

 

 

III. Dar seguimiento a las acciones para el logro de los objetivos de los programas y proyectos de la Procuraduría, así como los asuntos sometidos a su consideración;

 

IV. Opinar sobre las propuestas de reforma al presente Reglamento, que deberán ser aprobadas por el Consejo;

 

V. Firmar, junto con la o el Presidente y los participantes que intervengan en la sesión respectiva, todos los acuerdos o resoluciones que apruebe el Comité, y

 

VI. Las demás que les confieren la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 36.- La participación de las y los Consejeros Ciudadanos será de carácter honoraria, por lo que no serán considerados como personas servidoras públicas, ni tendrán ningún tipo de relación laboral con la Procuraduría o con el Gobierno de la Ciudad de México.

 

Las y los Consejeros Ciudadanos se ceñirán a lo establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, respecto de aquellos temas que por la naturaleza de sus funciones hayan tenido conocimiento y que requieran reserva o confidencialidad.

 

SECCIÓN VI

DE LAS SESIONES DEL COMITÉ

 

Artículo 37.- Las sesiones del Comité se celebrarán en el domicilio oficial de la Procuraduría. Sólo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que a consideración de la o el Presidente no garanticen el buen desarrollo de las sesiones, se podrá sesionar en otro lugar dentro de la Ciudad de México.

 

Artículo 38.- A las sesiones del Comité podrán asistir en calidad de invitados, especialistas y representantes de los sectores, público, social y privado, así como investigadores, académicos o miembros de universidades o centros de estudios o investigación, cuando por la naturaleza de los asuntos que se discutan se requiera o se considere pertinente contar con sus opiniones.

 

Asimismo podrán asistir en calidad de invitados otras instituciones de gobierno, tanto de la Ciudad de México, como del Gobierno Federal o de las Entidades Federativas, cuando se atiendan asuntos de su interés.

 

Artículo 39.- La convocatoria a sesión deberá contener el día y la hora en que la misma se deba celebrar, así como el orden del día, acompañado de los documentos y anexos correspondientes. La o el Secretario Técnico del Comité enviará a las personas integrantes dicha convocatoria, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la misma.

 

Artículo 40.- Las sesiones del Comité podrán iniciarse con la asistencia de por lo menos una tercera parte del total de las personas integrantes y la o el Presidente del Comité. Los acuerdos y opiniones del Comité, se tomaran por consenso y se les dará difusión y seguimiento de conformidad con lo que establece la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

Artículo 41.- Las personas integrantes del Comité sólo podrán hacer uso de la palabra con la autorización previa de la o el Presidente del Comité.

 

Las personas que funjan como oradoras no podrán ser interrumpidas en el uso de la palabra. La o el Presidente del Comité podrá señalarles que su tiempo ha concluido y solicitarles que sus intervenciones se circunscriban al tema que se encuentra en desahogo, pudiendo reiterar la solicitud las veces que sea necesario.

 

Artículo 42.- Para el adecuado desarrollo de la sesión, el propio Comité determinará las rondas y tiempos de las personas que funjan como oradoras y sus intervenciones.

 

Artículo 43.- De cada sesión se levantará un acta que contendrá los datos de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, el sentido de las intervenciones de las personas participantes del Comité y el sentido de su voto, así como los acuerdos y resoluciones aprobados.

 

Artículo 44.- Los acuerdos y opiniones del Comité, que hayan sido aprobados, deberán ser publicados a través de los medios de difusión a su alcance.

 

Artículo 45.- Las sesiones del Comité serán de carácter:

 

I. Ordinarias. Se celebrarán cuando menos tres veces al año, y

 

II. Extraordinarias. Se celebrarán cuantas veces sea necesario o cuando sean convocadas con ese carácter por la o el Presidente del Comité.

 

SECCIÓN VII

DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL COMITÉ

 

Artículo 46.- En el supuesto de que la o el Presidente se ausente en forma definitiva de la sesión, el Comité se podrá erigir en Grupo de Trabajo con el auxilio de la o el Secretario Técnico del Comité y sus acuerdos o resoluciones serán presentados a la consideración del Comité en su siguiente sesión. En ese caso, la conducción de la sesión del Grupo de Trabajo recaerá en la o el Consejero designado para tal fin.

 

 

 

 

Artículo 47.- El Comité también podrá constituir Grupos de Trabajo independientes a las sesiones del Comité, con el propósito de analizar y evaluar los temas específicos que el propio Comité o la o el Presidente, le asignen.

 

En este supuesto, los Grupos de Trabajo sesionarán los días y horas acordados previamente por el Comité o la o el Presidente.

 

Artículo 48.- Los Grupos de Trabajo tendrán las atribuciones y funciones siguientes:

 

I. Analizar desde el punto de vista técnico, los proyectos y propuestas que el Comité o la o el Presidente le encomienden;

 

II. Someter al Pleno del Comité las observaciones y propuestas relativas a los trabajos de carácter técnico que le fueron encomendados, y

 

III. Consensuar las opiniones que pretendan manifestar al Procurador o a la Procuradora, al Consejo de Gobierno, a los órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México y a la sociedad en general.

 

Los Grupos de Trabajo del Comité entregarán por escrito las conclusiones a las que lleguen como resultado de sus labores, y las expondrán verbalmente ante el Pleno del Comité.

 

CAPÍTULO QUINTO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA

 

SECCIÓN I

DE LA PROCURADURÍA

 

Artículo 49.- Además de las atribuciones establecidas en la Ley y en otros ordenamientos, la Procuraduría tendrá las siguientes:

 

I. Obtener recursos materiales y financieros de organismos sociales, públicos y privados, nacionales e internacionales, para destinarlos al cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

 

II. Imponer fundada y motivadamente, las acciones precautorias, o cualquier otra medida cautelar que resulten procedentes, derivadas de las acciones y procedimientos que lleve a cabo la Procuraduría, en el ámbito de su competencia;

 

III. Requerir a las autoridades competentes la realización de visitas de verificación e inspección y la aplicación de medidas de seguridad, correctivas o cualquier otra medida cautelar procedentes de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

 

 

IV. Concertar con organismos privados y sociales la realización de acciones e inversiones relacionadas con sus atribuciones;

 

V. Constituir el Fondo de Primas de Antigüedad, Finiquitos y Liquidaciones de las personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría;

 

VI. Contribuir a la consolidación del proceso de incorporación de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a través de la perspectiva de género en las etapas de la gestión pública;

 

VII. Elaborar estudios a partir de herramientas tecnológicas a fin de contribuir en la protección ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México, y

 

VIII. Almacenar y desplegar datos espaciales a partir de la recopilación de la información que hagan las unidades administrativas de la Procuraduría, proporcionada por las autoridades de la Ciudad de México, en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

 

Artículo 50.- El Procurador o la Procuradora, además de las facultades previstas en los artículos 54 y 71 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, y el artículo 10 de la Ley tendrá las siguientes:

 

I. Emitir las Recomendaciones y Sugerencias a las que se refiere la Ley con el propósito de promover la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como para la ejecución de las acciones necesarias para prevenir, evitar, minimizar, mitigar, restaurar, remediar y compensar los efectos adversos al ambiente, los recursos naturales, el ordenamiento territorial, el patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México;

 

II. Nombrar, promover y remover a las personas servidoras públicas de la Procuraduría;

 

III. Presentar al Consejo los informes trimestrales y el informe anual de sus actividades y del ejercicio de su presupuesto;

 

IV. Determinar los lineamientos a que se sujetarán las distintas unidades administrativas de la Procuraduría para el mejor desempeño de sus actividades;

 

V. Celebrar convenios de colaboración o coordinación con autoridades de la Ciudad de México, federales, de otras entidades federativas y de gobiernos municipales, así como con asociaciones o sociedades u organismos no gubernamentales, e instituciones de investigación y educación, que coadyuven con el cumplimiento de los fines de la Procuraduría;

 

 

VI. Someter a la aprobación del Consejo, la formalización del Servicio Público de Carrera de la Procuraduría, en términos de la Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Pública del Distrito Federal, previa opinión del Comité Técnico Asesor;

 

VII. Resolver los recursos administrativos que le competan;

 

VIII. Emitir acuerdos, lineamientos, avisos, circulares, manuales de organización y procedimientos conducentes al desempeño de sus facultades y de las atribuciones de la Procuraduría;

 

IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes competan a la Procuraduría;

 

X. Acreditar, habilitar, autorizar y expedir las credenciales de las personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría, para que realicen las funciones de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, investigación, vigilancia, procuración, mediación, conciliación y arbitraje, y las que deriven acciones precautorias en los términos establecidos en el presente ordenamiento.

 

Sin perjuicio de las disposiciones administrativas aplicables, el Procurador o la Procuradora, podrá designar a cualquier persona servidora pública adscrita a la Procuraduría, sin importar el nivel jerárquico, para llevar a cabo las funciones inherentes a los procedimientos llevados a cabo por la Procuraduría, siempre y cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

 

XI. Formular la política de reconocimientos de hechos de la Procuraduría, a través de los programas y lineamientos que expida en los términos establecidos en la Ley;

 

XII. Representar el interés legítimo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y otros órganos jurisdiccionales y formular las políticas institucionales para el ejercicio de esta atribución por parte de las unidades administrativas de la Procuraduría;

 

XIII. Expedir los lineamientos de coordinación a que deberán sujetarse la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y las demás unidades administrativas de la Procuraduría, para la presentación, ante las autoridades competentes, de las denuncias administrativas y/o penales que en su caso correspondan, cuando se constaten actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y/o del ordenamiento territorial;

 

XIV. Proponer a la o el Presidente del Consejo el orden del día para el desarrollo de las sesiones de este órgano;

 

XV. Proporcionar la información relativa a las acciones de la Procuraduría que en cualquier tiempo le soliciten los miembros del Consejo, siempre y cuando no haya impedimento legal para proporcionarla;

 

XVI. Someter a la aprobación del Consejo, previo visto bueno de la Secretaría, los lineamientos para la entrega de reconocimientos a las personas que ajusten sus actividades a la estricta observancia de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial; con excepción a lo relativo a los programas de autorregulación y auditorías ambientales y demás reconocimientos que emita la Secretaría. Sin que ello implique una licencia, permiso o autorización oponible en un procedimiento administrativo de verificación, inspección o jurisdiccional;

 

XVII. Implementar el Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Ambiental y Urbano en la Ciudad de México, el cual tenga como objetivo obtener, almacenar, recuperar y desplegar datos espaciales actualizados de los usos del suelo y medio ambiente de la entidad, a partir de la generación o recopilación de información proporcionada por entes públicos o privados, y

 

XVIII. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.

 

SECCIÓN II

DE LAS SUBPROCURADURÍAS

 

Artículo 51.- Además de las atribuciones previstas en el artículo 15 BIS 4 de la Ley, corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las Subprocuradurías Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales y de Ordenamiento Territorial de la Procuraduría, las siguientes:

 

I. Atender las denuncias ciudadanas que les sean turnadas; proponer a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, el inicio de investigaciones de oficio en materia ambiental, de protección y bienestar animal y/o del ordenamiento territorial para que el Procurador o la Procuradora lo acuerde en caso de que sea procedente, conforme a los supuestos a que se refiere la Ley y este ordenamiento;

 

II. Sustanciar los procedimientos que correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias, así como emitir las resoluciones administrativas que los den por concluidos;

 

III. Acordar el inicio de procedimientos de imposición de acciones precautorias que sean procedentes, sustanciarlos y dictar la resolución en los términos establecidos en la Ley y el Reglamento;

 

IV. Ordenar, ejecutar o dejar sin efectos acciones precautorias, en los términos establecidos en la Ley y el presente ordenamiento, así como solicitar al Registro Público de la Propiedad y del Comercio la custodia de folios reales y, en su caso, el levantamiento de dicha custodia;

 

V. Realizar acciones de investigación y vigilancia, dirigidas a la determinación de irregularidades en materia ambiental y/o de ordenamiento territorial;

 

VI. Requerir a las autoridades competentes la realización de visitas de verificación e inspección, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

 

VII. Ordenar, practicar y realizar visitas para el reconocimiento de hechos u omisiones, planteados en las denuncias que reciba o bien derivado de las investigaciones de oficio que realice, en los establecimientos dedicados a la reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía, a efecto de vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, así como determinar y ejecutar la imposición de medidas de seguridad, calificar las actas y ejecutar las resoluciones dictadas, aplicando en lo conducente lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Para ejecutar dichas acciones la Procuraduría podrá requerir el apoyo de la fuerza pública o de otras autoridades.

 

VIII. Validar los dictámenes técnicos y dictámenes periciales que se elaboren para apoyar la substanciación de los procedimientos a su cargo;

 

IX. Coordinar la elaboración de estudios, informes, reportes, dictámenes técnicos, dictámenes periciales, opiniones técnicas e informes especiales en materia ambiental y/o del ordenamiento territorial, los cuales deberán considerar y valorar los riesgos, daños o deterioros ambientales o urbanos generados, así como proponer las medidas necesarias para prevenir, evitar, minimizar, mitigar, restaurar, remediar y compensar los efectos adversos al ambiente, a los recursos naturales o al ordenamiento territorial. En materia de animales, las propuestas y medidas estarán encaminadas a salvaguardar el bienestar del o los ejemplares. En el ejercicio de estas atribuciones se atenderá a lo dispuesto por el Procurador o la Procuradora y lo previsto en la Ley y el Reglamento;

 

X. Realizar estudios y reportes de los planes, programas y demás instrumentos relacionados con las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México;

 

XI. Compilar, ordenar y registrar información existente en materia de cumplimiento normativo ambiental y territorial, así como el que derive de la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de controversias para que en colaboración con las unidades administrativas competentes, sea sistematizado su acceso público y utilización en apoyo a las actividades de la Procuraduría y demás dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, y en general a las personas físicas y morales, salvaguardando la protección y confidencialidad de los datos personales;

 

XII. Proponer al Procurador o a la Procuradora el listado de personas que se considera puedan ser acreedoras del Reconocimiento otorgado por ajustar sus actividades al estricto cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

 

XIII. Preparar el expediente con la información que corresponda, en colaboración con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, para proceder en su caso, a la presentación de la denuncia o demanda ante las autoridades competentes, cuando se constaten actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o incumplimiento a la legislación administrativa y/o penal en las materias competencia de la Procuraduría;

 

XIV. Formular dictámenes técnicos y periciales cuando la Procuraduría lo considere necesario para el ejercicio de sus funciones;

 

XV. Proporcionar apoyo en el análisis técnico de las pruebas recabadas, y/o presentadas en el procedimiento administrativo de investigación;

 

XVI. Solicitar información, archivos, registros y bases de datos a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para la atención de denuncias e investigaciones de oficio, así como para apoyar la elaboración de los estudios, informes, reportes, dictámenes técnicos, dictámenes periciales, opiniones técnicas e informes especiales;

 

XVII. Registrar los estudios técnicos, opiniones técnicas, dictámenes técnicos y periciales e informes técnicos, en el módulo de dictámenes del Sistema de Atención y Seguimiento de Denuncias e Investigaciones de Oficio de la Procuraduría;

 

XVIII. Solicitar a las autoridades administrativas y jurisdiccionales competentes y en los términos establecidos en la Ley y el presente ordenamiento, la revocación o cancelación de licencias, autorizaciones, permisos, certificados y registros dictados en contra de lo dispuesto por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México;

 

XIX. Elaborar los proyectos de Recomendaciones y Sugerencias, con apoyo de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y remitirlos al Procurador o a la Procuradora para su aprobación y suscripción, conforme a lo previsto en este Reglamento y los lineamientos que éste señale;

 

XX. Ejercer sus atribuciones en congruencia con los programas y lineamientos expedidos por el Procurador o la Procuradora;

 

XXI. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Procuraduría, cuando deban ser exhibidos en procedimientos judiciales, contenciosos, administrativos y, en general, para cualquier proceso o procedimiento en que la Procuraduría sea parte, tenga interés jurídico o bien le sea solicitado por autoridad competente o particulares;

 

XXII. Emitir los acuerdos, oficios, dictámenes, resoluciones y demás documentos que se requieran para la atención de los asuntos de su competencia;

 

XXIII. Dar el seguimiento que corresponda a las recomendaciones, sugerencias y en su caso a las resoluciones de carácter administrativo que emita la Procuraduría, con motivo de los asuntos de que hayan conocido;

 

XXIV. Coordinarse entre sí y con las demás unidades administrativas de la Procuraduría en el ejercicio de sus funciones, atendiendo a la Ley, el presente Reglamento y a los lineamientos que en su caso establezca el Procurador o la Procuradora;

 

XXV. Promover en el ámbito de su respectiva competencia, mecanismos para que los responsables de obras o actividades que generen o puedan generar efectos adversos al ambiente y los recursos naturales, adopten voluntariamente prácticas adecuadas, para prevenir, evitar, minimizar, restaurar o compensar esos efectos;

 

XXVI. Proponer al Procurador o a la Procuradora, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos que consideren deban ser observados por las Subprocuradurías en el ejercicio de sus funciones;

 

XXVII. Llevar a cabo las notificaciones, diligencias y actuaciones que requiera practicar para el ejercicio de sus atribuciones;

 

XXVIII. Analizar y generar datos espaciales a partir de la información con que cuente la Procuraduría y de la que obtenga de las autoridades de la Ciudad de México y de las instituciones públicas y privadas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

 

XXIX. Elaborar las propuestas de convenios en aquellos asuntos en los que lleve a cabo la mediación o conciliación en términos de lo dispuesto en la Ley;

 

XXX. Remitir para valoración de la Secretaría, información para la generación de indicadores de cumplimiento ambiental y del ordenamiento territorial;

 

XXXI. Suscribir los contratos y convenios inherentes al cumplimiento de los objetivos de la Procuraduría;

 

XXXII. Mantener actualizado el portal electrónico de la Procuraduría en lo referente a los Estrados electrónicos que se publiquen, y

 

XXXIII. Las demás que les encomiende el Procurador o la Procuradora o les confieran otros ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.

 

Artículo 52.- Además de las atribuciones previstas en el artículo 15 BIS 5 de la Ley, corresponde a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos:

 

I. Llevar el registro y control de las denuncias que se reciban referentes a la violación, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

 

II. Valorar la información proporcionada por las Subprocuradurías o las diversas Unidades Administrativas, o aquella que la Procuraduría obtenga por cualquier otro medio, a fin de emitir los proyectos de acuerdos de inicio de investigación de oficio que se pondrán a consideración del Procurador o de la Procuradora, para que lo acuerde en caso de que sea procedente, conforme a los supuestos a que se refiere la Ley y este ordenamiento;

 

III. Analizar y turnar, previo acuerdo del Procurador o de la Procuradora las denuncias a la Subprocuraduría que se determine para la investigación del caso;

 

IV. Elaborar las propuestas de contratos, acuerdos y convenios de colaboración que procedan en términos de lo dispuesto en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables; para someterlas a la aprobación del Procurador o de la Procuradora; así como otro tipo de contratos, convenios o instrumentos jurídicos en los que sea parte la Procuraduría;

 

V. Elaborar las propuestas de convenios en aquellos asuntos en los que lleve a cabo la mediación o conciliación en términos de lo dispuesto en la Ley;

 

VI. Suscribir los contratos y convenios inherentes al cumplimiento de los objetivos de la Procuraduría;

 

VII. Atender los procedimientos derivados de las impugnaciones formuladas contra actos de la Procuraduría, en coordinación con las unidades administrativas que hayan intervenido en el asunto de que se trate, desde el inicio hasta la elaboración de la resolución que proceda;

 

VIII. Elaborar previo acuerdo del Procurador o de la Procuradora, las querellas ante el Ministerio Público local o federal por actos, hechos u omisiones con apariencia de delito, en aquellos casos en que la Procuraduría sea la principal afectada u ofendida o sufra menoscabo en su patrimonio por alguna conducta tipificada como delito, otorgando en su caso el perdón respectivo, así como denunciar ante el Ministerio Público los actos, hechos u omisiones que constituyan un ilícito en términos de la legislación penal o de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, pudiendo coadyuvar con el Ministerio Público en los procedimientos que al efecto se inicien; igualmente las denuncias derivadas de probables infracciones administrativas a la normatividad ambiental y de protección a los animales, ante las autoridades competentes;

 

IX. Actuar como coadyuvante en las denuncias de hechos, que por la comisión de delitos relacionados en las materias ambiental y ordenamiento territorial se presenten ante las autoridades competentes, así como querellarse, denunciar y ratificar lo que corresponda en aquellos casos en que la Procuraduría o su personal en el ámbito de sus actividades resulte ser víctima u ofendido de algún delito;

 

X. Analizar la información y documentos que le sean proporcionados por las unidades administrativas de la Procuraduría o que obren en sus archivos, a efecto de determinar la procedencia de llevar a cabo acciones para la representación del interés legítimo de la población en los términos establecidos en la Ley y el presente Reglamento;

 

XI. Representar el interés legítimo de las personas, que resulten o puedan resultar afectadas por actos, hechos, u omisiones que impliquen o puedan implicar violaciones, incumplimiento o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México;

 

XII. Defender y representar los intereses de la Procuraduría en los procedimientos judiciales, laborales o administrativos;

 

XIII. Buscar la reparación o compensación por riesgos o daños al ambiente, los recursos naturales y al patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México;

 

XIV. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Procuraduría, cuando deban ser exhibidos en procedimientos judiciales, contenciosos, administrativos y en general, para cualquier proceso o procedimiento en que la Procuraduría sea parte, tenga interés jurídico o bien le sea solicitado por autoridad competente o particulares;

 

XV. Recibir y desahogar los recursos que presenten las personas físicas o morales en los términos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y demás normatividad aplicable, proponiendo al Procurador o a la Procuradora el proyecto de resolución correspondiente;

 

XVI. Coordinarse, y en su caso coadyuvar, con las demás unidades administrativas de la Procuraduría en el ejercicio de sus funciones, atendiendo a la Ley, al presente Reglamento y a los lineamientos que en su caso establezca el Procurador o la Procuradora;

 

XVII. Proponer al Procurador o a la Procuradora, en el ámbito de su competencia, los lineamientos jurídicos que considere deban ser observados por las Subprocuradurías y otras unidades administrativas, en el ejercicio de sus funciones;

 

XVIII. Emitir acuerdos y llevar a cabo las notificaciones, diligencias y actuaciones que requiera practicar para el ejercicio de sus atribuciones;

 

XIX. Emitir, notificar y aclarar en su caso, el laudo arbitral, una vez concluido el procedimiento respectivo;

 

XX. Mantener actualizado el portal electrónico de la Procuraduría en lo referente a los Estrados electrónicos que se publiquen;

 

XXI. Coadyuvar con las Subprocuradurías Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales y de Ordenamiento Territorial para la ejecución en los actos y procedimientos que esta Procuraduría requiera para el debido ejercicio de sus funciones, y

 

XXII. Las demás que le encomiende el Procurador o la Procuradora o le confieran otros ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.

 

SECCIÓN III

DE LAS COORDINACIONES

 

Artículo 53.- Corresponde a la Coordinación Técnica y de Sistemas:

 

I. Coordinar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Programa Institucional, así como su reporte de avance en las plataformas digitales correspondientes;

 

II. Coordinar la recopilación de información de las diferentes unidades administrativas de la Procuraduría y con base en el Programa Operativo Anual elaborar el Programa Anual de Trabajo, dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y reportar su avance a través de informes institucionales;

 

III. Coordinar la integración de los informes y reportes institucionales relativos a la rendición de cuentas y evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de la Procuraduría; tales como informes institucionales trimestrales y anuales, memorias de actividades de gestión, libros blancos e informes ejecutivos;

 

IV. Diseñar, desarrollar e implementar, los sistemas de información de la Procuraduría para realizar y mantener un adecuado control de gestión, registro, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los programas y metas de la Procuraduría;

 

V. Desarrollar, sistematizar e implementar, servicios de información necesarios para el cumplimiento de los programas y metas de la Procuraduría mediante la aplicación de herramientas informáticas para brindar dichos servicios a las unidades administrativas de la Procuraduría y a la población en general;

 

VI. Establecer y coordinar la aplicación de las políticas, normas y programas para el desarrollo de sistemas de información, la implementación de nuevas tecnologías de desarrollo informático y de comunicación y la evaluación y mantenimiento de los mismos, asegurando su calidad;

 

VII. Coordinar, supervisar y/o realizar el mantenimiento de la red privada y los servicios de voz y datos de telecomunicaciones de la Procuraduría, así como la disponibilidad del servicio de internet, satisfaciendo las necesidades de las distintas unidades administrativas en materia de comunicación eficaz y de calidad hacia el interior y exterior de la institución;

 

VIII. Coordinar, supervisar y/o realizar los programas de mantenimiento y soporte técnico para garantizar la operación y disponibilidad de la infraestructura tecnológica (hardware y software), así como administrar los servicios asignados a esas funciones de acuerdo a la normatividad vigente, promoviendo su uso adecuado;

 

IX. Proporcionar asistencia técnica y seguimiento del uso y buen funcionamiento de los bienes informáticos, así como de la información sustantiva, propiedad de la Procuraduría, almacenada en los equipos de cómputo;

 

X. Fortalecer y dar soporte técnico al Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Ambiental y Urbano de la Ciudad de México, así como la elaboración de contenidos, informes y estadísticas sobre su impacto y alcance entre los usuarios;

 

XI. Mantener actualizado el portal electrónico de la Procuraduría en lo referente a los contenidos que se publiquen, conforme a la información que le remitan las Subprocuradurías y las Coordinaciones;

 

XII. Difundir publicaciones emitidas por la Procuraduría o adquiridas por ella, a través del Centro de Información y Documentación de la Procuraduría;

 

XIII. Proponer al Procurador o a la Procuradora, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos que consideren deban ser observados por las Subprocuradurías y Coordinaciones en el ejercicio de sus funciones;

 

XIV. Asistir al Procurador o Procuradora en la suscripción de contratos y convenios inherentes al cumplimiento de los objetivos de la Procuraduría, cuyo objeto tenga relación con sus atribuciones;

 

XV. Ejercer sus atribuciones en congruencia con los programas y lineamientos expedidos por el Procurador o la Procuradora, y

 

XVI. Las demás que le encomiende el Procurador o la Procuradora o aquellas que le confieran otros ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.

 

Artículo 54.- Corresponde a la Coordinación Administrativa:

 

I. Ejecutar las políticas generales de administración aplicables a la Procuraduría, conforme a los lineamientos que emita el Procurador o la Procuradora;

 

II. Desarrollar sistemas de información programático-presupuestal, de recursos humanos y materiales para el cumplimiento de los objetivos de la Procuraduría;

 

III. Coordinar la expedición de los nombramientos del personal de la Procuraduría, los movimientos de personal y las resoluciones de los casos determinación (sic) de sus efectos, así como la imposición de las sanciones y medidas disciplinarias en caso de irregularidades o faltas de carácter laboral, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

 

IV. Expedir las acreditaciones a las personas servidoras públicas de la Procuraduría y cancelar las mismas cuando proceda;

 

V. Conducir las relaciones laborales de la Procuraduría conforme a los lineamientos que proponga o emita el Procurador o la Procuradora y aplicar los sistemas de gratificaciones que determinen los ordenamientos legales;

 

VI. Elaborar el proyecto de lineamientos que sirvan de base para la programación y presupuestación y proponerlo al Procurador o a la Procuradora para su autorización, así como las actualizaciones de los mismos;

 

VII. Dirigir la integración del Programa Operativo Anual, así como el anteproyecto de presupuesto con la participación que corresponda de las Unidades Administrativas;

 

VIII. Diseñar con la participación de las unidades administrativas, la capacitación para el fortalecimiento institucional de la Procuraduría, así como darle seguimiento;

 

IX. Elaborar el instrumento que regule el Servicio Público de Carrera y proponerlo al Procurador o a la Procuradora, así como las actualizaciones del mismo;

 

X. Implementar el Servicio Público de Carrera;

 

XI. Administrar el ejercicio y control presupuestal, así como la contabilidad de la Procuraduría y la evaluación programática-presupuestal;

 

XII. Proporcionar a las unidades administrativas de la Procuraduría, los servicios de apoyo técnico - administrativo y de recursos materiales;

 

XIII. Ejercer sus atribuciones en congruencia con los programas y lineamientos expedidos por el Procurador o la Procuradora;

 

XIV. Ejecutar los actos de administración que requiera para el ejercicio de sus atribuciones;

 

XV. Resguardar los documentos relativos a la administración de la Procuraduría;

 

XVI. Desarrollar y ejecutar programas de formación para la profesionalización de las personas servidoras públicas de la Procuraduría, en el marco del Sistema del Servicio Público de Carrera;

 

XVII. Formular y dar seguimiento al Sistema de Administración Ambiental de la Procuraduría;

 

XVIII. Suscribir los contratos y convenios inherentes al cumplimiento de los objetivos de la Procuraduría;

 

XIX. Coordinar la realización de los instrumentos técnico funcionales de las estructuras orgánicas y ocupacionales de la Procuraduría;

 

XX. Coordinar las actividades vinculadas a los procesos de adquisición, guarda, manejo y dotación de los recursos materiales de la Procuraduría;

 

XXI. Operar el Fondo de Primas de Antigüedad, Finiquitos y Liquidaciones de las personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría;

 

XXII. Coordinar el proceso de actualización del Manual Administrativo de la Procuraduría;

 

XXIII. Concertar con instituciones educativas los esquemas de vinculación y coordinación para personas estudiantes o pasantes de nivel técnico y licenciatura para que realicen la prestación de su servicio social, y

 

XXIV. Las demás que le encomiende el Procurador o la Procuradora o aquellas que le confieran otros ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.

 

Artículo 55.- Corresponde a la Coordinación de Participación Ciudadana y Difusión:

 

I. Proponer y ejecutar la política de promoción de derechos y obligaciones en materia ambiental y del ordenamiento territorial de toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México;

 

II. Proponer y ejecutar la política de participación ciudadana para garantizar la procuración y el acceso a la justicia ambiental y territorial de los habitantes de la Ciudad de México;

 

III. Proponer y ejecutar la política de comunicación social de la Procuraduría en las materias de su competencia;

 

IV. Proponer y ejecutar la política editorial de la Procuraduría, mediante el diseño, producción y distribución de libros, folletos, publicaciones digitales, vídeos y demás material didáctico, promocional y educativo;

 

V. Informar, orientar y difundir entre la población respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, así como de los procedimientos y servicios que ofrece la Procuraduría;

 

VI. Proponer al Procurador o a la Procuradora las líneas de acción para la ejecución del programa anual de comunicación social;

 

VII. Administrar las redes sociales digitales institucionales de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y en coordinación con las unidades administrativas de la Procuraduría;

 

VIII. Acopiar, analizar y procesar la información de los medios de comunicación, en las materias de competencia de la Procuraduría para apoyar la toma de decisiones y su difusión pública;

 

IX. Gestionar y distribuir entre las unidades administrativas de la Procuraduría los tiempos oficiales de radio y de televisión que le asignen a la Procuraduría;

 

X. Difundir los estudios, reportes e investigaciones generados por la Procuraduría respecto del cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, así como de actos, hechos u omisiones que generen o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños a los ecosistemas de la Ciudad de México o sus elementos;

 

XI. Ejercer sus atribuciones en congruencia con los programas y lineamientos expedidos por el Procurador o la Procuradora;

 

XII. Asistir al Procurador o Procuradora en la suscripción de contratos y convenios inherentes al cumplimiento de los objetivos de la Procuraduría, cuyo objeto tenga relación con sus atribuciones, y

 

XIII. Las demás que le encomiende el Procurador o la Procuradora o le confieran otros ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables.

 

Artículo 56.- En el despacho y resolución de los asuntos de su competencia, el Procurador o la Procuradora, las Subprocuradoras y/o Subprocuradores y las Coordinadoras y/o Coordinadores serán suplidos en sus ausencias temporales por las personas servidoras públicas de jerarquía inmediata inferior que de ellos dependan, en los asuntos de su respectiva competencia.

 

Artículo 57.- Las unidades administrativas de la Procuraduría deberán observar en sus relaciones de coordinación los lineamientos que emita el Procurador o la Procuradora para tal efecto.

 

CAPÍTULO SEXTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES DE LA PROCURADURÍA

 

SECCIÓN I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 58.- Las Unidades Administrativas de la Procuraduría, podrán coordinarse entre sí para llevar a cabo la debida atención de los procedimientos previstos en la Ley y en este Reglamento.

 

Artículo 59.- Los procedimientos iniciados por la Procuraduría se regirán por lo previsto en la Ley, el presente Reglamento y de manera supletoria por lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, de Procedimiento Administrativo y el Código de Procedimientos Civiles, y demás ordenamientos legales vigentes en la Ciudad de México.

 

Artículo 60.- En las actuaciones y procedimientos de la Procuraduría previstos en el presente Capítulo, imperará el principio inquisitivo sobre el dispositivo, por lo que si en el ejercicio de sus funciones, la Procuraduría tuviera conocimiento de hechos, actos u omisiones distintos a los denunciados, podrá investigarlos y pronunciarse sobre ellos en sus determinaciones, previo acuerdo que funde y motive la ampliación de la investigación.

 

Artículo 61.- Las diligencias, actuaciones y notificaciones previstas en la Ley y este Reglamento, se llevarán a cabo en días y horas hábiles, pudiendo esta autoridad, de oficio o a petición de parte, habilitar días y horas inhábiles, cuando así se requiera por existir urgencia o causa que lo justifique.

 

Artículo 62.- Para los efectos de los procedimientos previstos en el presente Reglamento se consideran días hábiles todos los días del año, con excepción de los sábados y domingos, los días de descanso obligatorio previstos en la Ley Federal del Trabajo, así como aquellos en los que se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del Procurador o de la Procuradora, que se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

Se considerarán horas hábiles, las comprendidas entre las nueve horas y las dieciocho horas de lunes a jueves, así como las comprendidas entre las nueve horas y las quince horas de los viernes.

 

Artículo 63.- Las notificaciones se podrán hacer:

 

I. Personalmente;

 

II. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al efecto se autoricen en los plazos que se precisen;

 

III. Por correo certificado;

 

IV. Por estrado electrónico, y

 

V. Por correo electrónico.

 

Artículo 64.- Las notificaciones a los particulares se realizarán de manera personal, sin perjuicio de que puedan realizarse por cualquier otro medio siempre que la persona interesada manifieste por escrito su conformidad en tal sentido, cuando se trate de:

 

I. El acuerdo de prevención que en su caso recaiga a su denuncia;

 

II. El acuerdo en el que se admita o no su denuncia;

 

III. La resolución administrativa con la que se concluya el procedimiento administrativo de investigación;

 

IV. El acuerdo o proveído en el que se impongan acciones precautorias, así como la resolución que se dicte en los procedimientos previstos en este Capítulo, y

 

V. El acuerdo o proveído en el que se determine la imposición de custodia de folios.

 

Artículo 65.- Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada, con su representante legal, o con la persona autorizada para ello.

 

La persona servidora pública que lleve a cabo la notificación, deberá cerciorarse de encontrarse en el domicilio señalado para entregar notificaciones y en caso de que no se encontrara a la persona interesada o autorizada, dejará citatorio con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en el domicilio para que el interesado le espere a una hora fija del día hábil siguiente.

 

Si el domicilio se encontrara cerrado y nadie respondiera al llamado de la persona servidora pública que lleve a cabo la notificación, deberá volver dentro de los siguientes tres días hábiles al domicilio, en hora diferente de la primera visita. Si en la segunda visita no se encuentra a ninguna persona, procederá a fijar en un lugar visible el citatorio.

 

Además deberán considerarse las medidas y previsiones necesarias para mantener en estricta confidencialidad los datos de la persona, en el caso de que haya ejercido su derecho contenido en el artículo 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

 

Artículo 66.- Si la persona a la que haya de notificarse no atiende al citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en el domicilio y de negarse ésta a recibirla la persona servidora pública que realice la diligencia, deberá asentar la media filiación de la persona que lo atiende o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, asentándose las características del inmueble.

 

De estas diligencias, la persona servidora pública que realice la notificación correspondiente, asentará en el expediente, razón por escrito.

 

Artículo 67.- Para hacer constar las notificaciones personales, se levantará la Cédula de Notificación correspondiente, la cual estará debidamente firmada por los que intervengan en la diligencia.

 

Artículo 68.- La parte interesada podrá acudir a las oficinas de la Procuraduría a efecto de darse por notificada personalmente, levantándose la Cédula de Notificación o el acta de comparecencia, según sea el caso.

 

Artículo 69.- Las determinaciones de la Procuraduría que no deban notificarse personalmente a los particulares, se realizarán por correo certificado, mensajería, correo electrónico, estrado electrónico o cualquier otro medio por el que sea posible hacerlas del conocimiento de la persona interesada.

 

Artículo 70.- Las notificaciones a los grupos sociales y organizaciones no gubernamentales se entenderán con la persona o personas que se hayan designado para tal efecto y para el caso de no haberse designado, con la persona que aparezca en primer término en el escrito respectivo.

 

Artículo 71.- Las notificaciones a las autoridades de que se trate se realizarán por oficio o mediante la entrega del documento respectivo en las oficinas destinadas para tal efecto o con la persona autorizada para ello y bastará que se obtenga el acuse de recibo correspondiente mediante sello o firma.

 

Las notificaciones a las autoridades también se podrán practicar por correo electrónico a la dirección de correo oficial que proporcione por escrito la persona servidora pública correspondiente.

 

Artículo 72.- En los casos en que exista imposibilidad para llevar a cabo cualquier tipo de notificaciones, la Procuraduría dejará constancia al efecto en sus expedientes y procederá a notificar sus actos por estrado electrónico.

 

Las notificaciones por estrado electrónico se realizarán en el portal de la Procuraduría por un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue publicado según corresponda, dejando constancia en el expediente respectivo.

 

Artículo 73.- Las notificaciones que realice la Procuraduría, surtirán sus efectos:

 

I. Las personales, el día hábil siguiente a aquel en que fueron practicadas;

 

II. En los casos de notificaciones por estrado electrónico, surtirá sus efectos al décimo sexto día a partir del día hábil siguiente de la fecha de publicación;

 

III. El día hábil siguiente a que se acuse de recibo el correo electrónico correspondiente cuando se notifique por esta vía;

 

IV. Tratándose de notificaciones realizadas por cualquier otro medio, surtirá sus efectos al día hábil siguiente, en que se confirme la recepción del documento, y

 

V. Las notificaciones de acciones precautorias y medidas de seguridad, así como de las demás determinaciones de la Procuraduría que requieran una ejecución inmediata, surtirán sus efectos inmediatamente después de que se realicen.

 

SECCIÓN II

DE LA DENUNCIA CIUDADANA

 

Artículo 74.- Toda persona, los comités ciudadanos y consejos del pueblo electos, los grupos sociales, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones o sociedad civil, podrán denunciar ante la Procuraduría cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente o a los recursos naturales; daños o deterioro a la infraestructura urbana, a la vía pública, al uso del suelo, al paisaje urbano o al patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México; la producción de daños de difícil reparación o que constituya o pueda constituir una contravención, así como la falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México.

 

Artículo 75.- La denuncia deberá presentarse por escrito ante la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría, o bien por vía telefónica, correo electrónico o por cualquier medio electrónico entendiéndose por éstos el portal de internet de la Procuraduría y la aplicación para teléfonos móviles, debiendo cubrir los requisitos señalados en el artículo 22 BIS 1 de la Ley.

 

Artículo 76.- La persona servidora pública adscrita a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos que reciba una denuncia por teléfono, levantará un acta circunstanciada en la que constarán los requisitos previstos en el artículo 22 BIS 1 de la Ley, informando a la persona denunciante que deberá ratificarla por correo electrónico o personalmente, dentro del término de tres días hábiles posteriores a su presentación, apercibiéndolo, que de lo contrario se tendrá por no presentada.

 

En aquellos casos en los que la Procuraduría no sea competente, lo informará a la persona promovente a efecto de que acuda ante la instancia correspondiente.

 

Artículo 77.- La persona servidora pública adscrita a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos que reciba una denuncia por algún medio electrónico, informará a la persona denunciante que debe ratificarla por cualquiera de dichas vías dentro de los tres días hábiles posteriores a su presentación, apercibiéndolo que de lo contrario se tendrá por no presentada.

 

Artículo 78.- Cuando las denuncias presentadas por teléfono o cualquier otro medio electrónico no sean ratificadas por la persona denunciante en el término de tres días hábiles posteriores a la fecha en la que se hayan presentado, la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos emitirá quincenalmente un acuerdo en el que enlisten las denuncias que se tengan por no presentadas en dicho periodo, el cual será notificado vía Estrados electrónicos.

 

Artículo 79.- Los escritos remitidos por otras autoridades poniendo en conocimiento de la Procuraduría hechos, actos u omisiones que pudieran ser de su competencia, serán contestados a través de oficio de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, mediante el cual, en su caso, se informará sobre los requisitos para la presentación de denuncias ante la Procuraduría o bien se asesorará respecto de la autoridad competente para resolver la problemática planteada.

 

Artículo 80.- Ante la Procuraduría, las personas interesadas podrán actuar por sí mismos o por medio de representante o apoderado legal.

 

La representación de las personas físicas se podrá acreditar mediante instrumento público o privado firmado en presencia de dos testigos y en el caso de las personas morales se acreditará en la forma prevista en los ordenamientos jurídicos aplicables al respecto.

 

Artículo 81.- Cuando el contenido de la denuncia no sea claro, no pudiendo deducirse los elementos que permitan la intervención de la Procuraduría o cuando no cumpla con los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento, se procederá a prevenir a la persona denunciante para que subsane el contenido de su denuncia en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la prevención, en el cual no correrá el plazo para la admisión correspondiente. De no hacerlo, se tendrá como no presentada la denuncia.

 

Artículo 82.- La Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos registrará las denuncias que se reciban, expidiendo un acuse de recibo de las mismas y procederá a realizar el turno de la misma a la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales o a la de Ordenamiento Territorial, de conformidad con los hechos denunciados quienes procederán a su admisión y radicación dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de su presentación o ratificación.

 

SECCIÓN III

DE LAS INVESTIGACIONES DE OFICIO

 

Artículo 83.- El Procurador o la Procuradora determinará mediante un acuerdo en qué casos la Procuraduría iniciará sus investigaciones de oficio, para lo cual las Subprocuradurías consideraran las denuncias anónimas, las no ratificadas, los hechos consignados en los medios de comunicación, los que se consideren de especial relevancia o que obtenga la Procuraduría por cualquier otro medio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 23 de la Ley.

 

Una vez emitido el Acuerdo, se turnará a la Subprocuraduría correspondiente para llevar a cabo el procedimiento correspondiente.

 

Artículo 84.- Una vez acordado el inicio de una investigación de oficio, se solicitarán los informes correspondientes a las autoridades competentes y demás personas involucradas, realizándose todas las diligencias y allegándose de las pruebas necesarias para resolver el procedimiento de investigación iniciado.

 

A la investigación de oficio le serán aplicables todas las disposiciones del procedimiento administrativo de investigación de denuncias previstas en la Ley y en el presente ordenamiento.

 

SECCIÓN IV

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN

 

Artículo 85.- Una vez admitida la denuncia ciudadana o radicado el acuerdo de inicio de investigación de oficio, la Subprocuraduría competente dará inicio al procedimiento administrativo de investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley, y podrá además:

 

I. Llevar a cabo reconocimientos de hechos al lugar objeto de la investigación con la finalidad de allegarse de elementos que sean necesarios para el desahogo de la investigación respectiva;

 

II. Requerir a las autoridades locales, federales, estatales o municipales involucradas en la materia objeto de la investigación, la información, acceso a archivos, registro y bases de datos que considere para el esclarecimiento de los hechos;

 

III. Solicitar la rendición del informe correspondiente a la autoridad presuntamente responsable de los actos, hechos u omisiones motivo de la investigación;

 

IV. Requerir a las autoridades competentes la realización de las visitas de verificación o de los actos de inspección, según corresponda, y, de considerarlo necesario, solicitar el acompañamiento de personal de la Procuraduría a la diligencia respectiva;

 

V. Hacer del conocimiento del presunto responsable, los hechos investigados, a efecto de que alegue lo que a su derecho convenga en términos de lo dispuesto por la Ley y el presente ordenamiento;

 

VI. Citar a comparecer, en caso de estimarlo necesario, a las personas involucradas en los hechos investigados de acuerdo a lo prescrito en la Ley y el presente Reglamento;

 

VII. Requerir a las autoridades correspondientes y de conformidad con las disposiciones legales aplicables, la revocación y cancelación de licencias, autorizaciones, permisos, certificados y registros en los términos previstos en la Ley y el presente ordenamiento;

 

VIII. Aplicar en su caso, la mediación, la conciliación o el arbitraje en estricto derecho o en amigable composición, como mecanismos voluntarios alternativos de solución de la controversia respectiva en los términos de la Ley y el presente instrumento;

 

IX. Solicitar a las instancias públicas o privadas competentes o emitir, en su caso, los dictámenes técnicos y dictámenes periciales necesarios para determinar dentro del expediente de la denuncia las posibles afectaciones en materia de animales, al ambiente, los recursos naturales o al ordenamiento territorial derivados de los actos, hechos u omisiones denunciados y las medidas necesarias para prevenir, evitar, minimizar, mitigar, restaurar, remediar y compensar dichas afectaciones;

 

X. Allegarse y desahogar todo tipo de pruebas que resulten indispensables para el mejor conocimiento de los hechos;

 

XI. Ordenar y ejecutar acciones precautorias que resulten procedentes, en los términos establecidos en el artículo 108 del presente Reglamento;

 

XII. Informar periódicamente a la persona denunciante sobre el estado que guarda la investigación respectiva y rendirle en un término de treinta días hábiles a partir de la admisión de la denuncia, un informe detallado sobre las actuaciones practicadas y por practicar para el esclarecimiento de los hechos objeto de la denuncia, y

 

XIII. Las demás actuaciones que correspondan de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento.

 

Artículo 86.- Si de la denuncia que se investiga se desprendieran datos o informaciones ambiguas, incompletas o incorrectas, que provoquen un conflicto de interpretación o que no se sujeten a los ordenamientos legales aplicables al caso, la Procuraduría enviará una solicitud de aclaración a la persona denunciante, la cual deberá desahogarse en un plazo de cinco días hábiles.

 

Si la solicitud de aclaración no es desahogada en el término establecido en el párrafo anterior y versa sobre cuestiones que imposibiliten legal o materialmente la investigación de los hechos denunciados, la Subprocuraduría correspondiente analizará si se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 de la Ley.

 

Artículo 87.- En el informe que se le solicite por parte de la Subprocuraduría correspondiente, la autoridad señalada como presunta responsable hará constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones que se le imputan, la existencia de los mismos en su caso, así como la información que considere necesaria para la documentación del asunto, y acompañar en su caso, copias certificadas o simples, de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

 

Artículo 88.- La falta de rendición de los informes a que se refiere el artículo que antecede, en los términos establecidos en la solicitud, tendrá como efecto que la Procuraduría presuma como ciertos los hechos materia de la denuncia de que se trate, salvo prueba en contrario que se le haga llegar previamente a sus determinaciones.

 

Artículo 89.- Para el efecto de documentar debidamente las evidencias en el procedimiento de investigación, la Procuraduría podrá allegarse y desahogar todo tipo de pruebas que resulten indispensables y que sean posibles de desahogar para el mejor conocimiento de los hechos.

 

Artículo 90.- Tanto la persona denunciante como la parte señalada como presunta responsable, podrán ofrecer las pruebas que estimen pertinentes, contando el primero con seis días hábiles a partir de la fecha de la notificación de la admisión de la denuncia, y la segunda con seis días hábiles contados a partir de que tuviere conocimiento de la misma, a menos que constituyan pruebas supervenientes, en cuyo caso la Procuraduría decidirá sobre su admisión en un término no mayor de tres días hábiles, a partir de su ofrecimiento.

 

Artículo 91.- En los casos en los que se considere procedente, la Procuraduría podrá acordar la acumulación de expedientes cuando existan dos o más expedientes de denuncia o de investigación de oficio en trámite, en las que se investiguen los mismos hechos o que éstos tengan relación directa entre sí, a fin de evitar resoluciones contradictorias.

 

Artículo 92.- Para los efectos referidos en el artículo que antecede, la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, pondrá en conocimiento de la Subprocuraduría a la que se turne la denuncia, los antecedentes que existan al respecto, para que con éstos se proceda a analizar la pertinencia de acumular los expedientes por parte de la Subprocuraduría correspondiente, y ésta, en su caso, la acuerde.

 

Artículo 93.- Serán acumulables los expedientes de las denuncias al expediente más antiguo, siempre y cuando la investigación de este último no se haya concluido o se encuentre pendiente por resolver, dando oportunidad a la persona denunciante de ofrecer las pruebas necesarias para apoyar su dicho y reforzar la investigación ya iniciada con anterioridad.

 

Artículo 94.- Cuando se requiera la información que consta dentro de un expediente en investigación o concluido por resultar relevante para la integración de otra investigación en proceso, se podrá trasladar copia de ésta al expediente en el que se requiera, previo acuerdo en el que se justifique la implementación de esta medida.

 

Artículo 95.- Si durante el procedimiento de investigación, la Procuraduría tiene conocimiento que el asunto que se investiga guarda coincidencia con algún procedimiento pendiente de resolución o que cuente con sentencia firme por parte de órganos jurisdiccionales, procederá la conclusión del expediente.

 

Artículo 96.- Una vez reunidos todos los elementos que integren la investigación respectiva, la Subprocuraduría competente la dará por terminada mediante la emisión de la resolución administrativa que corresponda conforme a derecho, en la cual se precisarán las conclusiones de la investigación.

 

La Procuraduría en su caso, valorará la procedencia de la emisión de una Recomendación o Sugerencia a las autoridades competentes, para lo cual la Subprocuraduría correspondiente elaborará el proyecto de que se trate en coordinación con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos.

 

Los proyectos de Recomendación o Sugerencia podrán versar sobre hechos constatados en dos o más expedientes investigados por la Procuraduría.

 

Las Subprocuradurías podrán dar seguimiento a las resoluciones administrativas que emitan como resultado de los procedimientos administrativos de investigación correspondientes.

 

SECCIÓN V

DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

 

Artículo 97.- La Procuraduría en cualquier etapa de los procedimientos administrativos de investigación que ante ella se sigan, podrá proponer a las partes o ellas a la Procuraduría, la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia ambiental y/o del ordenamiento territorial, entre los que se encuentran la mediación, la conciliación y el arbitraje en estricto derecho y en amigable composición, conforme a lo previsto en los lineamientos que al efecto emita el Procurador o la Procuradora, la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

 

Para salvaguardar la confidencialidad de las partes, la Procuraduría podrá utilizar las tecnologías de la información y de comunicación pertinentes.

 

Artículo 98.- La mediación, conciliación y el arbitraje garantizarán en primer término la solución más favorable sin afectar o producir menoscabo alguno a los animales, al ambiente y al desarrollo urbano, así como el derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en dichas materias.

 

Artículo 99.- Atendiendo a las particularidades propias de la mediación o conciliación de que se trate, la Subprocuraduría correspondiente podrá convocar por cualquier medio a las partes a una sesión que se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la Procuraduría, o fuera de ellas, cuando se requiera para la realización de alguna diligencia.

 

En el procedimiento de mediación, la Procuraduría actuará como facilitador del diálogo y entendimiento entre las partes en conflicto, a efecto de que éstas encuentren de mutuo propio soluciones acordes con sus intereses y en congruencia con las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial aplicable en la Ciudad de México.

 

En el procedimiento de conciliación, la Procuraduría una vez analizada la problemática en cuestión, ofrecerá a las partes en controversia, alternativas de solución que permitan resolver equitativamente sus diferencias, observando preponderantemente en todo momento la defensa del derecho de toda persona a disfrutar de un ambiente y un ordenamiento territorial adecuados para su desarrollo, salud y bienestar.

 

Artículo 100.- La Procuraduría comunicará a las partes la fecha y hora en la que se celebrará la sesión de mediación o conciliación. Esta comunicación deberá hacerse por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación al día de su celebración.

 

La duración y el número de sesiones de la mediación y la conciliación será la que resulte suficiente, en atención a la complejidad de la controversia.

 

El procedimiento de mediación y conciliación se realizará a través de sesiones grupales e individuales, comprendiendo etapas como la inicial, la de análisis del caso, la de construcción de soluciones y la final o elaboración de convenio.

 

La primera sesión tendrá prioritariamente un carácter informativo en la que los mediados o conciliados son orientados sobre las ventajas, principios, características y alcances de los medios alternativos de solución de controversias, valorando si la controversia que se plantea es susceptible de ser solucionada mediante alguno de estos procedimientos.

 

En la sesión de que se trate, deberán estar presentes las partes o, en su caso, los representantes legales y la persona servidora pública de la Procuraduría que funja como mediador o conciliador, quien será asistido por las personas servidoras públicas que para tal efecto se designen, levantando acta circunstanciada en la que se hará constar el desarrollo de la audiencia.

 

El procedimiento de mediación o conciliación concluirá con la firma de un convenio, si no subsistieren hechos adicionales que investigar y una vez cumplimentado el convenio celebrado, la Procuraduría emitirá la Resolución que ponga fin a la investigación, en caso de que el procedimiento de mecanismo alternativo de solución de controversias haya iniciado con motivo de un procedimiento administrativo de investigación.

 

Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por la Procuraduría cuando no vayan en contra de la ley ni afecten al ambiente, la protección y el bienestar animal o al ordenamiento territorial.

 

Si no hubiere consenso entre las partes, la Procuraduría las exhortará para que la designen como árbitro, siendo así, levantará el acta correspondiente y continuará con el procedimiento de arbitraje.

 

En caso de que no haya acuerdo para continuar con el procedimiento arbitral ni haya consenso entre las partes a través de la conciliación y la mediación o se haya incumplido el convenio celebrado, se continuará con el procedimiento administrativo de investigación.

 

La Procuraduría podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes, la sesión de mediación o conciliación, casos en los cuales, la persona servidora pública de la Procuraduría que funja como mediadora o conciliadora, señalará día y hora para su reanudación, dentro de los tres días hábiles siguientes.

 

Todos los documentos que sean generados en el desarrollo de las audiencias de mediación o conciliación, deberán ser firmados por las personas que en ella intervengan, integrándose al expediente correspondiente.

 

Artículo 101.- Para el caso en el que la persona denunciante haya ejercido su derecho a la confidencialidad de sus datos personales en los términos dispuestos en las leyes en la materia, la Procuraduría hará uso de las tecnologías de la información y de comunicación para salvaguardar la confidencialidad de las partes, ofreciendo una solución al problema de que se trate, sin necesidad de que se celebre la sesión a que se refieren los artículos 99 y 100 del presente Reglamento, o bien, según sea el caso, promover el cumplimiento voluntario de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial en los términos dispuestos en el presente Reglamento y a los lineamientos que al efecto se emitan.

 

Artículo 102.- La Procuraduría a través de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos podrá actuar como árbitro en los casos en los que así le sea solicitado mediante una cláusula compromisoria inserta en instrumento público o privado, o por antecedente derivado de procedimiento de mediación o conciliación, resolviendo en amigable composición o en estricto derecho en términos de lo establecido en el Título Octavo del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.

 

Artículo 103.- La designación de árbitro se hará constar mediante acta que levantará al efecto la Procuraduría, en la que se señalarán claramente los puntos esenciales de la controversia.

 

Artículo 104.- El procedimiento arbitral se apegará a las reglas siguientes, salvo pacto previo en contrario hecho por las partes:

 

I. Los representantes que llegaren a designar las partes deberán acreditar su personalidad con carta poder firmada ante dos testigos, o con el instrumento notarial correspondiente;

 

II. En los casos en que alguna de las partes no comparezca en audiencia y exista constancia de notificación de la misma, el árbitro continuará con las actuaciones y de ser el caso dictará el laudo correspondiente basándose en las pruebas que disponga;

 

 

 

III. El árbitro podrá emitir acuerdos cuando exista alguna cuestión sobre la cual deba pronunciarse;

 

IV. La demanda se presentará dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de la celebración del compromiso, y la contestación se presentará dentro de igual término, contado a partir del día hábil siguiente del emplazamiento al procedimiento;

 

V. El árbitro dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del último plazo señalado en la fracción anterior, dictará acuerdo fijando el término que crea suficiente para el ofrecimiento, admisión, recepción y desahogo de las pruebas, no pudiendo exceder de treinta días hábiles, y

 

VI. Las partes tendrán diez días hábiles para formular alegatos.

 

Los términos serán improrrogables y las notificaciones que no sean personales se harán a las partes en la forma convenida en el pacto arbitral, y empezarán a surtir sus efectos a partir del día hábil siguiente de que se realicen.

 

Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el procedimiento su curso y se tendrá por perdido el derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse.

 

El árbitro tendrá la facultad de allegarse conforme a lo dispuesto en la ley, de todos los elementos de juicio que estime necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan sometido a arbitraje. Para el ejercicio de esta facultad, podrá solicitar información documental sobre el caso concreto a otras autoridades, realizar los reconocimientos de hechos correspondientes y los dictámenes respectivos en los términos previstos en la Ley, este Reglamento y los lineamientos que en su caso se emitan para tal efecto.

 

Artículo 105.- El laudo arbitral emitido por la Procuraduría, deberá cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumplimentación dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, salvo pacto en contrario.

 

El laudo arbitral sólo estará sujeto a aclaración, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

 

Cuando se faltare al laudo, la parte afectada podrá acudir a la autoridad o a los órganos jurisdiccionales competentes, para efectos de la ejecución de una u otra resolución.

 

 

 

SECCIÓN VI

ACCIONES PRECAUTORIAS

 

Artículo 106.- Cuando en el ejercicio de las funciones de la Procuraduría se detecten indicios para presumir desequilibrio ecológico; daños o deterioro grave al ambiente o a cualquiera de sus componentes, a la infraestructura urbana, a la vía pública, al paisaje urbano o al patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México; incumplimientos relevantes a la zonificación; de existir riesgo inminente para los animales debido a actos de crueldad o maltrato hacia ellos, flagrancia o que se ponga en peligro su vida; o se ejecuten obras o actividades que generen afectaciones al orden público e interés social o daños a la salud de las personas, podrá imponer acciones precautorias, mismas que podrá levantar o dejar sin efectos cuando sea procedente conforme lo dispuesto en la Ley y en este Reglamento.

 

Cuando la Procuraduría en ejercicio de sus atribuciones conozca de actos, hechos u omisiones tendientes a la consumación irreparable de las presuntas violaciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, podrá aplicar acciones precautorias, con la finalidad de preservar elementos probatorios actuales o eventuales que por la demora del procedimiento pudieran desvanecerse, así como para evitar impactos ambientales o territoriales de imposible o difícil reparación.

 

Artículo 107.- Las acciones precautorias impuestas por la Procuraduría se regirán bajo los principios y reglas generales siguientes:

 

I. La aplicación de las acciones precautorias se llevará a cabo en defensa de todos aquellos bienes y servicios ambientales, urbanos y territoriales, así como de protección y bienestar de los animales;

 

II. La falta de certeza técnica o científica no podrá alegarse para determinar la improcedencia de la aplicación de acciones precautorias;

 

III. Las acciones precautorias únicamente procederán cuando con su imposición sea posible detener, evitar, atenuar o mitigar los daños, riesgos o deterioros que la motivaron, y

 

IV. En representación del interés legítimo de la población, en cualquier momento del procedimiento de imposición de acciones precautorias, la Procuraduría podrá interponer las acciones que correspondan ante los órganos jurisdiccionales competentes.

 

Artículo 108.- La Procuraduría podrá imponer, de conformidad con lo establecido en la Ley y este Reglamento, una o más de las siguientes acciones precautorias:

 

I. Emitir la orden dirigida al responsable para que suspenda temporal, total o parcialmente, la actividad que genere o pueda generar daños o deterioro al ambiente o a cualquiera de sus componentes; daños o deterioro a la infraestructura urbana, a la vía pública, al uso del suelo, al paisaje urbano, al patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México, y/o en general al espacio público, con la finalidad de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran;

 

II. Ordenar al responsable y/o representante de éste, para que realice las conductas necesarias para salvaguardar la protección y bienestar a los animales, detener, evitar o mitigar al máximo posible los riesgos, daños o deterioros causados al ambiente, al ordenamiento territorial, al patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México y/o en general al espacio público o en su caso para resarcir o reparar los que se llegaran a generar;

 

III. Solicitar a las autoridades de la Administración Pública Local y Federal competentes para que de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables, realicen las acciones administrativas que correspondan, para evitar que se materialicen los riesgos, hechos, actos u omisiones que dieron origen a la acción;

 

IV. Aseguramiento precautorio de los animales, bienes, vehículos, utensilios, y cualquier bien directamente relacionado con la conducta a que da lugar a la acción precautoria;

 

V. Aislamiento de áreas verdes, barrancas, suelo de conservación, áreas naturales protegidas o cualquier espacio o bien que requiera preservarse por sus características ambientales, urbanísticas, arquitectónicas u otra que lo hagan relevante o de importancia para la Ciudad de México;

 

VI. Retiro de anuncios, materiales y de cualquier objeto colocado ilegalmente que dañe el arbolado o afecte el patrimonio urbanístico arquitectónico de la Ciudad de México;

           

VII. Requerir a la autoridad correspondiente, la suspensión temporal de registros, permisos, licencias, concesiones o autorizaciones, cuando sean otorgadas en contra de lo prescrito por las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial o cuando se trasgredan dichas disposiciones;

VIII. La custodia de los folios reales ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México;

IX. Las demás acciones o medidas que le sean conferidas a la Procuraduría, establecidas en otras disposiciones jurídicas en materia ambiental, de protección y bienestar animal, y del ordenamiento territorial que sean necesarias para evitar que continúe suscitándose el riesgo inminente.

La Procuraduría podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar cualquiera de las acciones anteriores.

Cuando la Procuraduría realice el aseguramiento de animales, bienes, vehículos y utensilios en términos de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, podrá designar como depositario al poseedor o propietario de los mismos, quien será el responsable de su mantenimiento y cuidado.

En caso de negarse a ser depositario, los animales se canalizaran a instituciones o personas que reúnan las mejores condiciones de seguridad y cuidado para su estancia, siendo que las asociaciones u organizaciones protectoras de animales debidamente constituidas podrán solicitar su resguardo temporal y tendrán preferencia para obtener su posesión definitiva.

En caso de negarse a ser depositario de los bienes, vehículos y utensilios asegurados, se designará a otro depositario y los gastos que por ello se generen serán a cargo del propietario o poseedor de los mismos.

En la Resolución que se emita, la Procuraduría determinará la situación jurídica y el destino final de los bienes que hubiere asegurado.

Artículo 109.- Las personas responsables de las obras, actividades, establecimientos y bienes relacionados con los hechos u omisiones que dan lugar a la imposición de las acciones precautorias deberán acatar las mismas.

Artículo 110.- Cuando la Procuraduría ordene alguna acción precautoria indicará al interesado, cuando proceda, las gestiones o medidas que debe llevar a cabo para subsanar o corregir los hechos que motivaron la imposición de dicha acción, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas, aquélla se levante o se deje sin efectos.

En los supuestos en que sea imposible corregir o subsanar las irregularidades que propiciaron las acciones precautorias, o propicie costos excesivos o daños ambientales o del ordenamiento territorial adicionales, la Procuraduría podrá acordar el levantamiento de las mismas con los responsables de la irregularidad, siempre y cuando se cedan los bienes obtenidos ilegal o irregularmente o se donen recursos en cantidades equivalentes para fines públicos o de interés social, o en su caso se realicen en similar proporción obras o actividades que propicien mejoras al ambiente o al ordenamiento territorial.

Asimismo, la Procuraduría procederá a levantar las acciones precautorias en los supuestos en los que las autoridades competentes hubieran determinado mediante resolución firme la legalidad de las obras o actividades que propiciaron su imposición.

Artículo 111.- Las acciones precautorias impuestas deberán acatarse por parte de los responsables o autoridades a quienes van dirigidas de forma inmediata, informando de su realización a la Procuraduría dentro del plazo fijado en el acto que las imponga.

 

La Subprocuraduría que tramite el expediente podrá constatar el cumplimiento de las acciones ordenadas, para lo cual deberá observar las formalidades previstas en el presente Capítulo.

Artículo 112.- De conformidad en lo previsto en la Ley, el presente Reglamento, así como en estricta observancia a las disposiciones en materia de protección y bienestar animal, la Procuraduría a través de la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales y la Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial podrá acordar la imposición de acciones precautorias, integrando el expediente respectivo.

Artículo 113.- Las acciones precautorias se determinarán en los siguientes casos:

I. En cualquier momento, la Procuraduría podrá imponer las acciones precautorias cuando se actualicen los supuestos previstos en la Ley y en este Reglamento, y

II. Cuando en el transcurso de uno o más procedimientos administrativos de investigación, la Procuraduría se allegue de elementos que determinen la necesidad de imponer acciones precautorias.

Artículo 114.- El acuerdo, oficio o documento en el que se determinen las acciones precautorias deberá contener, por lo menos:

I. Lugar y fecha de expedición;

II. Número de expediente si es que lo hubiere, o el folio u oficio que le corresponda;

III. Domicilio o ubicación del lugar en el que se llevará a cabo la diligencia, para lo cual, la Procuraduría podrá indicar o referir: domicilio oficial asignado por la autoridad competente; coordenadas o referencias geográficas de ubicación; fotografía o fotografías con que cuente; o cualquier elemento que permita identificar el sitio o lugar respectivo;

IV. Fundamentación y motivación, y

V. El plazo de cinco días hábiles y domicilio de la Procuraduría ante la que debe presentarse el escrito de observaciones y ofrecer pruebas con relación a la determinación y ejecución de la acción o acciones precautorias.

La ejecución de las acciones precautorias, en su caso, se llevará a cabo por las personas comisionadas o designadas para tal efecto por la autoridad ordenadora, las cuales podrán auxiliarse de las instituciones o personas que se requieran para ello.

Artículo 115.- La ejecución de las acciones precautorias se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio o lugar respectivo, además se levantará un acta en la que se hará constar lo siguiente:

I. Lugar, fecha y hora de su inicio;

II. Datos de identificación del acuerdo, oficio o documento en el que se determinen las acciones precautorias, o número de expediente en caso de que exista;

III. Descripción del domicilio o lugar en el que se lleva a cabo la diligencia, para lo cual, se podrá indicar o referir: domicilio oficial asignado por la autoridad competente; coordenadas o referencias geográficas de ubicación; fotografía o fotografías con que cuente; o cualquier elemento que permita identificar el sitio o lugar respectivo;

IV. El nombre de la persona con quien en su caso, se entienda la diligencia, así como el carácter con el que se ostenta y la descripción de los documentos que exhiba para su identificación; y en el supuesto de que se niegue a identificarse, así como a señalar su carácter e identificarse, se deberá referir tal situación en el acta;

V. Nombre de las personas que practican la diligencia;

VI. El requerimiento para que la persona con la que se entienda la diligencia proporcione la información, documentos o facilidades necesarias, en su caso;

VII. La descripción de los documentos o información que exhibe la persona con la que se entienda la diligencia y, en su caso, la circunstancia de que se anexa copia de los mismos al acta que se levante;

VIII. El requerimiento a la persona con quien se entienda la actuación, para que designe testigos y ante su negativa, serán nombrados por la persona servidora pública, lo que se hará constar en el acta respectiva;

IX. Las declaraciones, observaciones y demás manifestaciones que formule la persona con la que se entienda la diligencia, en su caso;

X. La descripción de la acción o acciones precautorias que se ejecutan;

XI. La manifestación de que se hizo del conocimiento de la persona con la que se entendió la diligencia, el término legal de cinco días hábiles para hacer las observaciones que estime pertinentes respecto de la acción precautoria impuesta, ofrecer las pruebas que considere pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga;

XII. La hora y fecha de conclusión de la diligencia, y

XIII. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

Si la persona con la que se entendió la diligencia se negare a firmar el acta, o se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto afecte su validez.

SECCIÓN VII.

DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR A LOS ANIMALES

 

Artículo 116.- Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán a las visitas de verificación en materia de protección y bienestar a los animales que lleve a cabo la Procuraduría de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en relación con la fracción XXXIV del artículo 5 de la Ley.

Artículo 117.- Las visitas de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, se realizarán por personal debidamente autorizado de conformidad con el artículo 50 fracción X del presente Reglamento.

Para llevar a cabo las visitas de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, la Subprocuraduría Ambiental, de Protección y Bienestar a los Animales, expedirá una orden escrita, fundada y motivada en la que se señalará el establecimiento a visitar; el domicilio, lugar o zona donde se practicará la visita, el objeto de la diligencia y su alcance, la cual contendrá firma autógrafa.

Artículo 118.- Las visitas de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, podrán entenderse con cualquier persona que se encuentre en el lugar, sin que ello afecte la validez de la diligencia.

La persona servidora pública que realice la diligencia deberá exhibir al visitado la credencial vigente con fotografía, expedida por la Procuraduría que lo acredite para llevar a cabo la visita, así como la orden, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado, representante u ocupante del establecimiento, quien deberá designar dos testigos de asistencia.

En caso de que la persona con quien se entienda la diligencia se niegue a designar los testigos de asistencia o los que designe no acepten fungir como testigos, el personal que practique la verificación en materia de protección y bienestar a los animales podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta administrativa que al efecto se levante sin que esta circunstancia afecte la validez de la diligencia.

Cuando en el domicilio, lugar o zona donde se practique la diligencia, no existan personas que puedan fungir como testigos de asistencia, se podrá llevar a cabo la visita correspondiente siempre que la persona con la que se entienda la misma manifieste su consentimiento para ello, situación que se hará constar en el acta que se levante al efecto, lo cual no afectará la validez de la actuación.

Artículo 119.- La persona con quien se entienda la visita de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares donde se deba practicar la diligencia, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a cumplir con el objeto de la orden respectiva.

Artículo 120.- Para efectuar una visita de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, así como cualquier otra actuación que se determine con motivo de la visita, el personal de la Procuraduría podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 121.- Las visitas de verificación en materia de protección y bienestar a los animales que se practiquen serán ordinarias o extraordinarias. Serán ordinarias las que se inicien en días y horas hábiles, y extraordinarias las que se inicien en días y horas inhábiles.

Para la práctica de visitas de verificación en materia de protección y bienestar a los animales; extraordinarias, la Subprocuraduría correspondiente deberá habilitar los días y/o las horas inhábiles en que se practicará la diligencia, señalando las razones que se tiene para ello.

Las visitas de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, podrán iniciarse en días y horas hábiles, y concluir en días y horas inhábiles; y viceversa, lo cual no afectará la validez de la diligencia.

Artículo 122.- De toda visita de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, además de:

I. Nombre, denominación o razón social del visitado;

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;

III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, demarcación territorial y código postal en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entiende la diligencia;

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungen como testigos;

VII. Datos relativos a la actuación y en su caso, número de expediente;

VIII. Declaración de la persona visitada y ofrecimiento de pruebas, si es su voluntad hacerlo; y

IX. Nombre y firma de quienes intervienen en la diligencia incluyendo los de quien o quienes la hubieren llevado a cabo. Si se negare a firmar la persona con la que se entiende la diligencia o los testigos, la persona servidora pública que la practique deberá asentar la razón relativa, sin que esto afecte su validez.

Artículo 123.- La persona con quien se entienda la diligencia, podrá formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien lo podrá hacer por escrito, en un documento anexo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta de visita de verificación en materia de protección y bienestar a los animales.

Artículo 124.- Una vez iniciada la visita de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, será procedente la suspensión de la diligencia, cuando:

I. Se suscite algún accidente que imposibilite materialmente su continuación;

II. Las circunstancias de tiempo impidan su continuación;

III. Lo acuerden las personas que intervengan en la actuación, en razón de la complejidad o amplitud de los hechos a verificar; o

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor.

En aquellos casos en los que se suspenda una visita de verificación en materia de protección y bienestar a los animales, se hará constar tal situación en el acta correspondiente, sin que en el momento se tenga por concluida la actuación; además se señalará la fecha y hora en que se continuará con la diligencia, que deberá ser al día siguiente, salvo casos excepcionales debidamente justificados, en los cuales se podrá reanudar en un plazo máximo de cinco días hábiles. El acta respectiva deberá ser firmada por todas las personas que intervengan en la diligencia.

Cuando la persona con la que se entienda la diligencia o los testigos de asistencia no se presentaren en la fecha y hora fijada en el acta para la continuación de la diligencia, el personal actuante podrá reanudar la misma con la persona que se encuentre en el lugar y con otros testigos de asistencia, situación que se hará constar en el acta respectiva y ello no afectará la validez de la diligencia.

Artículo 125.- Cuando de las actas levantadas en las visitas de verificación en materia de protección y bienestar a los animales se desprendan actos, hechos u omisiones que constituyan presuntas violaciones o incumplimiento de las disposiciones referidas en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, la Subprocuraduría competente emplazará al probable responsable, mediante acuerdo fundado y motivado, para que dentro del plazo de diez días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas y alegatos que considere procedentes en relación con las probables infracciones, daños o afectaciones que se le imputen, admitiéndose toda clase de pruebas, excepto la confesional a cargo de la autoridad; y las que sean contrarias a la moral, al derecho o las buenas costumbres. Contra el desechamiento de pruebas no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que esta circunstancia pueda alegarse al impugnarse la resolución administrativa.

Artículo 126.- Si ya no existen diligencias pendientes de desahogar, la Subprocuraduría correspondiente cerrará la instrucción y resolverá con los elementos de convicción de que disponga, dentro de los veinte días hábiles siguientes.

La resolución administrativa deberá estar debidamente fundada y motivada, y se notificará a la persona o personas interesadas personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

Artículo 127.- En caso de que la Subprocuraduría correspondiente emita una resolución en la que se impongan multas previstas en el numeral 65 fracción IV de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, se tomará en cuenta los siguientes criterios:

I. Las condiciones económicas del infractor;

II. El perjuicio causado por la infracción cometida;

III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción;

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención con la cual fue cometida, y

V. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva de la infracción.

 

SECCIÓN VIII

DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS Y

PERICIALES, ESTUDIOS Y REPORTES

 

Artículo 128.- La Procuraduría, en los términos previstos en la Ley y el presente Reglamento, podrá formular y validar dictámenes técnicos y periciales, así como formular y difundir estudios y reportes para la sustanciación de sus actuaciones y procedimientos.

Las autoridades locales y federales que lo requieran para el ejercicio de sus funciones, podrán solicitar a la Procuraduría, la formulación o validación de dictámenes técnicos y periciales en materia de bienestar animal, de daños ambientales o urbanos y, en su caso, para la restauración o compensación ambiental de los mismos, o en su relación con los efectos adversos en el ambiente, los recursos naturales y el ordenamiento territorial generados por violaciones, incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.

Artículo 129.- Para la realización o validación de dictámenes técnicos y dictámenes periciales, o para la formulación de estudios y reportes, en los términos previstos en la Ley, la Procuraduría podrá allegarse de herramientas tecnológicas y aquellas diseñadas para la visualización de mapas con las que disponga, así como de la información que se desprenda de los reconocimientos de hechos llevados a cabo por personas servidoras públicas de la Procuraduría y de la información que considere necesaria para ello y practicar los recorridos que se requieran. Los solicitantes deberán proporcionar a la Procuraduría todas las facilidades e información necesarias para la realización de los trabajos correspondientes.

Podrá considerar para la formulación o validación correspondiente, el contenido de uno o más expedientes que obren en sus archivos y ordenar el desarrollo de las diligencias complementarias que considere.

Artículo 130.- Las solicitudes que realicen las personas físicas y morales para la realización o validación de dictámenes técnicos y dictámenes periciales, o para la formulación de estudios y reportes, deberán presentarse por escrito y contener, por lo menos, los siguientes elementos:

I. Fecha de la solicitud;

II. Nombre, domicilio y teléfono de la parte solicitante;

III. Descripción detallada del objeto y alcance de la solicitud, que incluya, en su caso, las circunstancias de los hechos, localización o referencia geográfica del sitio de que se trate, anexando el croquis relativo, y

IV. Firma de la persona solicitante.

Artículo 131.- La Procuraduría procederá al análisis de la solicitud, informando en un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso del documento, sobre su procedencia. En los casos en los que la Procuraduría denegare la solicitud efectuada, manifestará su determinación fundada y motivada.

Una vez aceptada la solicitud, la Procuraduría procederá a integrar el expediente respectivo e iniciará los trabajos correspondientes.

Artículo 132.- La Procuraduría atenderá las solicitudes procedentes en un término de sesenta días hábiles a partir de la fecha en que hubiese determinado su procedencia.

En aquellos casos que por las circunstancias particulares de las solicitudes de que se traten, se requiera mayor tiempo para su atención, la Procuraduría informará a la persona solicitante de forma fundada y motivada, el plazo adicional que sea requerido.

 

 

En aquellos casos en que por las circunstancias particulares de la solicitud de que se trate, sea de carácter urgente, la Procuraduría realizará las acciones necesarias para su atención inmediata.

Artículo 133.- Bajo el principio de máxima publicidad y como garante de los derechos de la población de la Ciudad de México en materia ambiental y del ordenamiento territorial, la Procuraduría hará públicos, en su caso, los estudios, reportes, dictámenes técnicos y periciales que correspondan, sujetándose a lo señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables en la materia.

SECCIÓN IX

DE LAS RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS E INFORMES ESPECIALES

 

Artículo 134.- La Procuraduría podrá hacer públicas por cualquier medio de comunicación las recomendaciones, sugerencias e informes especiales que emita y podrá enviarlas para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 135.- La Procuraduría, a través de la Subprocuraduría que haya llevado la investigación que dio origen a la Recomendación, dará seguimiento de las acciones y/o gestiones que hayan sido aceptadas por las autoridades a quienes va dirigida conforme a lo previsto en la Ley.

Artículo 136.- Si derivado del seguimiento previsto en el artículo anterior, el Procurador o la Procuradora tiene conocimiento del incumplimiento de la Recomendación aceptada, o su cumplimiento parcial, podrá solicitar al Congreso a través de la Comisión en la materia según corresponda, analice la pertinencia, en apego a la legislación aplicable, para solicitar la comparecencia o informe por escrito a la autoridad recomendada con la finalidad de que justifique las razones de sus acciones u omisiones.

Artículo 137.- La Procuraduría podrá emitir sugerencias dirigidas al Congreso cuando del estudio de dos o más expedientes relacionados con hechos, actos u omisiones de la misma materia, se constaten deficiencias, lagunas o contradicciones en las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial aplicables al caso.

Asimismo, en los procedimientos administrativos de investigación, la Procuraduría analizará a la luz de los elementos que obren en el expediente, si la legislación aplicable al caso de que se trate resulta insuficiente para la debida protección del ambiente, de la protección y bienestar a los animales o del ordenamiento territorial, para que en caso de ser necesario, elabore la sugerencia que corresponda y la dirija al Congreso.

 

Artículo 138.- Las sugerencias que emita la Procuraduría a los órganos jurisdiccionales serán dirigidas al Presidente o Presidenta del Tribunal o Juzgado respectivo o al Consejo de la Judicatura que corresponda.

Artículo 139.- Los informes especiales a que se refiere el artículo 34 BIS 1 de la Ley serán emitidos por el Procurador o la Procuradora y podrán derivar del incumplimiento reiterado o no aceptación de las autoridades a las recomendaciones o sugerencias que les dirija la Procuraduría.

SECCIÓN X

DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

A DISFRUTAR DE UN AMBIENTE Y UN

ORDENAMIENTO TERRITORIAL ADECUADOS PARA SU

DESARROLLO, SALUD Y BIENESTAR

 

Artículo 140.- La Procuraduría en cualquier momento de sus procedimientos, solicitará a las autoridades competentes la revocación y/o el inicio del juicio de lesividad, en los casos que sean procedentes.

En caso de iniciarse el juicio de lesividad, la Procuraduría podrá intervenir como tercero interesado.

Lo anterior sin perjuicio de que la Procuraduría determine procedente, a través de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, iniciar ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México o los órganos jurisdiccionales, las acciones correspondientes en representación del interés legítimo de la población en materia ambiental y del ordenamiento territorial, en los términos previstos en la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 141.- La Procuraduría, a través de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos, coadyuvará con el Ministerio Público local y federal, así como con la autoridad jurisdiccional local y federal durante la etapa de investigación, intermedia y de juicio, en los términos de la legislación aplicable, en las materias de su competencia y las que se deriven de su actuación.

Artículo 142.- En los términos previstos en el presente Reglamento, la Procuraduría a través de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos podrá presentar denuncia ante el Ministerio Público local o federal, o denuncia o queja ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y los órganos de control interno, si derivado de las actuaciones de la Procuraduría se constatan actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a los derechos ambientales y territoriales de las personas en razón de incumplimientos a la legislación administrativa y penal en materia ambiental, de ordenamiento territorial y de protección y bienestar a los animales.

 

 

La Procuraduría elaborará los dictámenes técnicos y dictámenes periciales que en el ejercicio de sus funciones le soliciten el Ministerio Público local o federal, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia o autoridades jurisdiccionales del ámbito federal o local, dentro de los procedimientos y procesos que se sustancien ante las mismas.

Artículo 143.- Para la defensa de los derechos ambientales y territoriales de los habitantes de la Ciudad de México, la Procuraduría a través de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos representará el interés legítimo de las personas ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y otros órganos jurisdiccionales o administrativos federales o locales, en los términos previstos en las disposiciones legales aplicables, para lo cual, de manera enunciativa más no limitativa, podrá:

I. Presentar las acciones correspondientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y otros órganos jurisdiccionales para demandar los actos dictados en contra del orden público y el interés social a consecuencia de violaciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México;

II. Iniciar juicio de acción pública por construcciones, cambios de uso del suelo o cambios del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles, que contravengan lo establecido en las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial;

III. Demandar ante los tribunales competentes, la responsabilidad por el daño ambiental en la Ciudad de México, y

IV. Ejercer acciones de orden civil, derivadas de actos, hechos u omisiones que afecten el interés legítimo de la población por violaciones a disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México.

SECCIÓN XI

RECURSO DE INCONFORMIDAD

 

Artículo 144.- Contra la determinación de acciones precautorias y contra la negativa de su levantamiento, el interesado podrá interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o bien, intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Artículo 145.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones emitidos en el procedimiento de verificación en materia de protección y bienestar a los animales señalados en el Capítulo Sexto, Sección VII de este Reglamento, podrán a su elección interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

 

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LOS RECONOCIMIENTOS OTORGADOS POR LA PROCURADURÍA

 

Artículo 146.- El Procurador o la Procuradora, otorgará Reconocimientos a las personas que ajusten sus actividades al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial, con excepción a lo relativo a los programas de autorregulación y auditorías ambientales y demás reconocimientos que emita la Secretaría, sin que ello implique una licencia, permiso o autorización oponible en un procedimiento administrativo de verificación, inspección o jurisdiccional.

Artículo 147.- El Procurador o Procuradora valorará el listado proporcionado por la Subprocuraduría correspondiente y conforme a los lineamientos que para tal efecto se emitan, a fin de otorgar el Reconocimiento correspondiente.

Artículo 148.- El Reconocimiento tendrá una vigencia de un año, pudiendo ser prorrogable por un año más, siempre y cuando se compruebe que no hayan modificado las condiciones en que fue otorgado. La vigencia se contará a partir de la entrega del Reconocimiento.

Artículo 149.- El Reconocimiento no será considerado como autorización, permiso o licencia. Si durante la vigencia del mismo la Procuraduría se percata de hechos que constaten el incumplimiento a la normatividad urbano ambiental, perderá el derecho del mismo y se hará pública tal situación en el portal de la Procuraduría.

Artículo 150.- La Procuraduría publicará a través de su portal de internet, el listado de personas que cuenten con el Reconocimiento.

CAPÍTULO OCTAVO

SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA

 

Artículo 151.- El Servicio Público de Carrera de la Procuraduría, es el sistema que garantiza la formación y el desarrollo profesional de las personas servidoras públicas, fundado en el mérito, la igualdad de oportunidades, la movilidad, el fortalecimiento de capacidades y competencias laborales, así como en la no discriminación por motivos de género, origen étnico, religión, estado civil o condición socioeconómica.

Artículo 152.- El Servicio Público de Carrera en la Procuraduría será implementado de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

 

 

 

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO. (SIC) Se abroga el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día tres de noviembre de dos mil nueve, y se derogan todas aquellas disposiciones de carácter administrativo que se opongan al presente ordenamiento reglamentario.

TERCERO. La sustanciación y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite en la Procuraduría al momento de entrar en vigor este Reglamento, se concluirán de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de iniciarse los procedimientos respectivos.