DÖRING: LA CONTRALORÍA SIN AVANCES EN EL REGALO A CARREFOUR. El diputado local del PAN Federico Döring dijo que espera que la Contraloría General del Distrito Federal actúe conforme a derecho y aplique responsabilidades administrativas al ex director de Servicios Metropolitanos SA de CV (Servimet), Alfonso Vaca, y a quienes resultan responsables por ceder a Carrefour un predio de mil 467 metros cuadrados, por el que debió haber cobrado ocho millones 102 mil 593 pesos. El también presidente de la Comisión de Administración Pública Local comentó que así como la Contraloría señaló responsable a Vaca por la venta del predio de Tlayapa en Santa Fe por daño al erario por un monto de 174 millones 139 mil 498 pesos “espero que aplique la misma lógica, por las pruebas presentadas en la denuncia”.

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Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, confirmó que en este año la empresa Servicios Metropolitanos (Servimet) desaparecerá y dijo que se creará un organismo público descentralizado que se hará cargo del manejo del agua en la ciudad de México. Asimismo, el subsecretario de gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, indicó que Servimet es una empresa que ya cumplió con su ciclo, “no trabajaba con solvencia económicamente”. Explicó que “básicamente el manejo de su patrimonio está orientado al pago de la nómina, de modo tal que estaba en una situación que no redituaba en su funcionamiento”. Señaló que se está buscando “una opción que cada vez sea más eficaz, con un aparato más reducido y que se cumpla con funciones que garanticen un buen manejo del patrimonio inmobiliario, no sólo del gobierno de la  ciudad, sino también que impacte en toda la administración inmobiliaria de la ciudad”. Antes, en conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador, comentó que los juicios y procesos legales que enfrenta Servimet, serán asumidos por el gobierno capitalino.  “Van a continuar los juicios, va a seguir el procedimiento correspondiente, el gobierno tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse responsable de todos los procedimientos administrativos o judiciales que tengan que ver con Servimet”, comentó.  Asimismo, aclaró que “siempre vamos a actuar en el marco de la legalidad y siempre se van a tomar decisiones que convengan al interés general; es decir, que todo aquello que sea en beneficio de los ciudadanos se hará”. En tanto, mencionó que el director de dicha empresa, Carlos Heredia será reubicado en otra área de la actual administración, ya que lo calificó como “un buen profesionista, un buen elemento, es un buen técnico y un buen servidor público”. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo local, anunció la creación de un organismo que se encargue de administrar el suministro, detección de fugas, reparaciones y cobro del servicio de agua.

La delegación Xochimilco realizará una consulta pública con vecinos para saber si están a favor o en contra de que se revoque una licencia de uso del suelo y obra nueva para la Escuela Andrés Molina Enríquez, la cual fue expedida ilegalmente por la ex titular de ésta, la perredista Estefanía Chávez. El ejercicio se efectuará el jueves 29 de agosto, de las 10 a las 17 horas, frente al colegio, ubicado en Avenida Arcos, número 157, colonia Jardines del Sur, delegación Xochimilco. La problemática entre la escuela y los vecinos surgió a mediados de este año, cuando el colegio amplió el plantel con base en la licencia irregular que otorgó la ex delegada, pues ésta rebasa el número de metros cuadrados permisibles de construcción y se violaba, además, el uso del suelo. El director Jurídico y de Gobierno de la delegación Xochimilco, Carlos Daniel Torres, resolvió revocar la licencia del colegio, porque ésta estuvo “mal otorgada”, pues autorizaba mil 460 metros de construcción en contra del certificado de uso del suelo, el cual sólo permite 299 metros cuadrados de edificación, sin derecho a expansión. Al ser notificada de la resolución, la Escuela Andrés Molina Enríquez interpuso un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), con el fin de que la decisión quedara sin efecto. No obstante el TCADF instruyó al jefe delegacional de Xochimilco, Juan González Romero, realizar una consulta vecinal para tomarla en cuenta, antes de emitir el fallo. De acuerdo con la convocatoria que emitió el jefe delegacional con cinco días de retraso, el 26 de agosto en vez del 21, el resultado de la consulta no será obligatorio para el Tribunal, sólo será un elemento de juicio. Bases. En la consulta únicamente podrán participar los vecinos de las colonias Huichapan, sección territorial 13-032, y Jardines del Sur, 13-033, que cuenten con credencial para votar y que pertenezcan a las secciones electorales 4192, 4204, 4205, 4206, 4207 o 4233. La mesa receptora de votos estará integrada por dos funcionarios de la Dirección de Participación Ciudadana; Benito Rosas y Sandra Campech; presidente y secretaria de escrutinio, respectivamente, vecinos, en calidad de testigos, y un representante del colegio. Según la convocatoria, se aplicará una encuesta directa de tres preguntas a los vecinos que deseen participar en el ejercicio ciudadano, sin embargo, se omite informar cuáles serán. Residentes que rechazan la ampliación del colegio, porque se viola la ley, estimaron que la consulta vecinal “está amañada”, porque se realizará en un horario y día que impide la participación de los vecinos que trabajan, pues será el jueves próximo de las 10 a las 17 horas. Además, no fueron notificados del ejercicio y la delegación difundió la convocatoria dos días antes de la consulta. Sin embargo, confiaron en que la mayoría de los vecinos votarán a favor de que se revoque la licencia, pues significa aplicar la ley, y con anterioridad recabaron 300 firmas en ese sentido.

La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal fincará responsabilidades a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades que no ejerzan el presupuesto en su totalidad a más tardar este sábado.
De acuerdo con un oficio-circular de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino, dirigido a los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la administración pública del Distrito Federal “a más tardar el 31 de agosto de 2002” se deben realizar “contratos y el establecimiento de garantías por concepto de obras públicas, así como las adquisiciones inherentes a ellas, siempre y cuando los compromisos contraídos sean devengados y contabilizados al 31 de diciembre de 2002”. En el oficio dirigido el pasado 20 de agosto, la dependencia, que no incluyó a los organismos autónomos, explica que debe ejercerse el presupuesto de 2002 antes de este sábado “con el propósito de lograr un cierre ordenado apegado a derecho que constituya una base sólida y legal del Informe de la Cuenta Pública del Distrito Federal que se deberá remitir a la Asamblea Legislativa, así como evitar que se afecte el Presupuesto de Egresos del año 2003”. Presupuesto. De enero a junio de este año el gobierno capitalino ejerció el 37.5 por ciento de su presupuesto, es decir, 27 millones 867 mil pesos de un total de 78 millones 110 mil 500 pesos. Por lo que se estima que para finales de agosto el GDF habría ejercido un total de 37 millones 156 mil pesos, lo que significa el 52 por ciento del presupuesto anual, con lo que en caso de que las dependencias antes citadas no alcancen a realizar todos los trámites para ejercer su presupuesto antes de que concluya este mes, el gobierno capitalino tendrá un presupuesto no ejercido de alrededor de 40 mil millones de pesos. El documento de 11 cuartillas precisa que “la Contraloría General así como las Contralorías Internas en las dependencias, órganos desconcentrados, delegacionales y entidades, tienen la facultad de comprobar selectivamente la veracidad de la información respecto a los compromisos contraídos con proveedores y contratistas del Gobierno del Distrito Federal, toda vez que alterar la información será causa de fincamiento de las responsabilidades que procedan conforme a las disposiciones aplicables”. Después del próximo sábado “no será procedente presentar para autorización de los Comités y Subcomités de obras o de adquisiciones, nuevas solicitudes que impliquen la contratación de obras bienes o servicios. Unicamente se podrán dictaminar obras y adquisiciones cuya planeación se encuentre a nivel de proyecto y siempre que incidan en la prestación de servicios básicos y de orden social, previa autorización de la Secretaría de Finanzas”. Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 122 Constitucional y el 376 del Código Financiero del Distrito Federal el presupuesto es para aplicarse de manera anual. Mientras que en el Artículo 415 C del código se específica que “las asignaciones presupuestales a las delegaciones que apruebe la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a iniciativa del jefe de gobierno no podrán ser transferidas al sector central o paraestatal salvo en los casos que se refiere el Artículo 428 (es decir a programas prioritarios). Tales asignaciones se integrarán, distribuirán, administrarán y ejercerán directamente por cada una de las delegaciones”. El documento no precisa nada acerca de las posibles afectaciones que se presenten en las áreas del gobierno capitalino al no cumplir las metas y objetivos previstos para este año.

Podría haber estallamiento social si se cancelan las obras: Souza

El jefe delegacional de Cuajimalpa, Francisco de Souza, aseguró que puede haber un “estallamiento social” si las obras públicas se cancelan en las 16 demarcaciones, en un plazo de tres días, como ordenó la Secretaría de Finanzas del DF.
La delegación Cuajimalpa dejaría de ejercer la mitad del presupuesto asignado a obras y adquisiciones, es decir cerca de 40 millones de pesos, en caso de que no se revoque la decisión de la Secretaría de Finanzas, indicó Miguel Angel Zedillo, director de Administración. De Souza explicó que la medida impediría a las delegaciones realizar las licitaciones que tienen pendientes en esa materia, pues la ley prevé que sean con 60 o 70 días de anticipación. El 20 de agosto, la Secretaría de Finanzas envió una circular a las delegaciones políticas para informarles que los contratos para obras públicas y adquisiciones deberían concluirse el 31 de agosto, para contar con una aplicación ordenada del presupuesto de 2002 y del siguiente año.  Al respecto, De Souza comentó: “No es correcto lo que hizo la Secretaría de Finanzas, porque no nos consultó y violó nuestra autonomía. Hay muchas obras que ya están comprometidas y si no las hacemos, puede haber un estallamiento social, porque la gente no va a aceptar una imposición”. Contrapropuesta. Los 16 jefes delegacionales se reunieron con Carlos Urzúa, titular de Finanzas, para expresarle el rechazo a la decisión, por lo que ésta podría ser modificada. Ayer, los directores de Administración y Adquisiciones de las 16 demarcaciones acordaron solicitar hoy a Urzúa que cambie la fecha del cierre de contratos para el 30 de noviembre, igual que el año pasado. (Karyna Soriano)