Síntesis
Informativa
20-21 / dic / 2002
Notas relacionadas con medio ambiente y ordenamiento territorial
· Regaña Procuraduría ambiental a Padierna
Acepta Padierna regaño 'ambiental'
· Ponen en Alameda 'trampas' para caballos
· Obligarán a capitalinos a separar basura
Aprueban Ley de Residuos sólidos
· Veta AMLO transparencia de Ley de Acceso a la Información
· Aprueban Ley de Residuos Tóxicos
· Por falta de apoyo del GDF, Tlalpan dejará pendientes obras viales
|
Regaña Procuraduría ambiental a Padierna
La delegación Cuauhtémoc deberá reparar el daño que hizo al autorizar la remoción de un fresno considerado monumento urbanístico
Por IVÁN SOSA / Grupo Reforma
Ciudad de México (20 diciembre 2002).- La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Ecológico del DF recomendó a la jefa delegacional en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, que se abstenga de autorizar obras que sólo benefician establecimientos mercantiles de particulares y perjudican las escasas áreas verdes de la ciudad.
"Constatamos que sitios anteriormente ocupados por área verde y árboles fueron sustituidos por un equipamiento vial de acceso a vehículos que acuden a La Casa Gallega", un bar situado en la esquina de avenida Cuauhtémoc y Garciadiego, en la colonia Doctores, planteó el procurador Enrique Provencio a Padierna.
En ausencia de la jefa delegacional, José Alfonso Suárez, director general Jurídico y de Gobierno, respondió a la Procuraduría: "No sólo se acepta, sino que se cumplirán las recomendaciones planteadas.
"Esto fue algo excepcional; obviamente hay algunos funcionarios que no contemplaron en la poda la normatividad aplicable; incurrieron en un error que asumimos y cumpliremos a cabalidad las recomendaciones".
Provencio explicó que después de investigar una denuncia ciudadana, la Procuraduría Ambiental estableció que mediante una llamada telefónica de la administración del bar a la Jefatura de Servicios Urbanos de la Subdelegación Obrera Doctores, la delegación avaló el retiro de árboles y autorizó una obra.
"Habilitaron una rampa de acceso vehicular y macetones en tres niveles en el lugar que ocupaba un fresno considerado monumento urbanístico", precisó Provencio en la recomendación dirigida a la jefa delegacional.
Provencio agregó que la recomendación 04/2002 constituye un recordatorio de las obligaciones legales a las cuales tienen que sujetarse las delegaciones, que deben terminar con la práctica de autorizar obras en vía pública que afectan las áreas verdes.
"Con frecuencia, autorizan derribo de árboles argumentando riesgos para la población o la infraestructura urbana, cuando en realidad se trata del mejoramiento de establecimientos mercantiles, en detrimento del medio ambiente", apuntó el titular de la PAOT.
Al atender la recomendación por parte de la delegación, José Alfonso Suárez aseguró que la Dirección General de Servicios Urbanos procederá a buscar árboles similares a los fresnos derribados, para reponerlos.
Agregó que además de rehabilitar el espacio verde, la delegación buscará un punto de equilibrio para que tampoco la ausencia de capacidad vial en el establecimiento represente una fuente de contaminación atmosférica ocasionada por autos en fila. Descartó que los funcionarios responsables vayan a ser sancionados. "No lo tenemos contemplado, creo que la recomendación es un instrumento válido para que entiendan; el proceso fue muy intenso para ellos y creemos que aprendieron la lección".
Subrayó que la única oficina facultada para autorizar podas es la Dirección General de Servicios Urbanos, la cual en adelante se limitará, de acuerdo con la recomendación, a otorgar permisos previstos por la Ley Ambiental.
Acepta Padierna regaño 'ambiental'
Autoridades de la delegación Cuauhtémoc aseguran que cumplirán las recomendaciones de la Procuraduría Ambiental del DF, pues aceptan que cometieron un error al podar árboles para agrandar un bar
Por IVÁN SOSA / Grupo Reforma
Distrito Federal, (20 diciembre
2002).-La Delegación Cuauhtémoc aceptó el regaño de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial, y procederá a reparar el daño ambiental ocasionado
al facilitar que un bar ampliara su estacionamiento a costa de eliminar
árboles. "No sólo se acepta,
sino que se cumplirán las recomendaciones planteadas por la Procuraduría", dijo
José Alfonso Suárez, director general Jurídico y de Gobierno, al responder por
la Delegación Cuauhtémoc a la recomendación emitida por la PAOT.
"Esto
fue algo excepcional; obviamente hay algunos funcionarios que no contemplaron en
la poda la normatividad aplicable; incurrieron en un error que asumimos y
cumpliremos a cabalidad las recomendaciones", expuso Suárez, en ausencia de la
Jefa Delegacional, Dolores Padierna.
Aseguró que la Dirección General de
Servicios Urbanos procederá a buscar árboles similares a los fresnos derribados
con intención de ampliar los lugares de estacionamiento disponibles en La Casa
Gallega, un bar localizado en la esquina de Avenida Cuauhtémoc y la calle
Garciadiego, en la colonia Doctores.
"Sabemos que hay algunos
funcionarios menores que aceptan propinas por podar árboles", apuntó Suárez,
tras reconocer que un problema común es que por petición de establecimientos
comerciales, las autoridades reciben dádivas para trozar o eliminar
árboles.
Descartó, sin embargo, que se vaya a sancionar a los
funcionarios que permitieron la desaparición de los árboles para ampliar el
estacionamiento del bar.
"No lo tenemos contemplado en este momento, creo
que la simple recomendación es un instrumento válido para que los funcionarios
entiendan; el proceso fue muy intenso para ellos y creemos que aprendieron la
lección", aseveró.
|
Ponen en Alameda 'trampas' para caballos
Los animales en su caída han dañado las sillas de montar con un valor cercanos a los 8 mil pesos
Por ARTURO SIERRA / Grupo Reforma
Ciudad de México (20 diciembre 2002).- La Alameda Central se ha convertido en una "zona minada" para los caballos de la Policía Típica Montada, que en sus patrullajes tienen que sortear decenas de cables eléctricos de los comerciantes ambulantes, que incluso ya les han provocado descargas.
Los llamados
"policías charros" explicaron que al menos tres de sus compañeros ya han sufrido
ese tipo de incidentes. Debido a las descargas eléctricas de las que fueron
objeto, los caballos han caído, se ponen nervioso, respingan y algunos resbalan.
Los animales en su caída han dañado las sillas de montar con un valor cercanos a
los 8 mil pesos, además de resultar con algunos golpes.
Al realizar sus
acostumbrados recorridos por la Alameda y la Plaza de la Solidaridad, los
animales pisan los pequeños cables y con sus cerca de 500 kilogramos de pesos y
herraduras de metal rompen y pelan los cables.
"Esto es peor cuando el piso
está mojando, porque además de los cables que pisan los caballos, hay muchos que
ya de por sí están pelados.
"El problema más grande que tenemos es que
los caballos resienten el toque y se ponen nervosos y puede ser difícil
controlarlos, más cuando hay mucha gente cerca, como ocurre los fines de
semana", dijo un comandante que sólo se identificó como Guerrero.
El 9 de
diciembre fue presentada la Policía Típica, integrada por 40 policías y 30
caballos; su labor es combatir robos en la zona y apoyar a los turistas. Sin
embargo, la aparición de los tradicionales Santa Claus complicó su trabajo en
los últimos días. En las banquetas que rodean la Alameda, los comerciantes y
Santa Claus han colocado sus instalaciones eléctricas, y muchos de los cables se
extienden por varios metros sobre el piso.
Inlcuso, algunos cables no
alcanzan a librar la altura de los caballos, y sus jinetes se ven obligados a
sortear el obstáculo. "Los caballos traen sus herraduras de metal y la energía
sube por sus patas y en ocasiones se concentra en su hocico, donde tienen el
freno de acero, pero en ocasiones también nosotros sentimos el toque
eléctrico.
"Cuando mi caballo recibió el toque yo también lo sentí y
hasta me disloqué el dedo pulgar por el movimiento del animal, que se cayó de
costado y rompió parte de la silla; yo alcancé a saltar", contó el policía
Gerardo Tana, quien montaba a Tordillo Popocatépetl B26. Mencionó que han pedido
a los comerciantes retirar los cables o que los instalen en partes altas, pero
no les han hecho caso, por lo que esperan que la Delegación Cuauhtémoc los
controle.
Cortarán
cables
Debido a que los comerciantes ambulantes no les
hicieron caso, los elementos de la Policía Típica Montada comenzarán a cortarán
los cables eléctricos que provocan estas descargas eléctricas a sus caballos. La
Secretaría de Seguridad Pública analiza el costo que tendrá el colocarles a los
equinos herraduras de hule, que además de evitar que resbalen en el piso,
serviría de aislante para la electricidad.
El subsecretario de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Manuel Mondragón y Kalb, afirmó
que tres equinos han sufrido descargas en la última semana, por lo que se ordenó
retirar los cables que se encuentren en los pasillos del lugar a nivel de piso o
que impidan el paso de los jinetes.
"Las instrucciones que se dieron (a
los policías) fue recoger totalmente los cables, nosotros no vamos a retirar a
los ambulantes, se les ha pedido que pasen los cables por arriba, mínimo a tres
metros de altura, pero no ha habido respuesta, por lo que mi gente ha roto los
cables, pero por desgracia quitamos uno y ponen cinco", señaló el
Subsecretario.
Dijo que ya hicieron una solicitud a la Delegación
Cuauhtémoc para que obligue a los comerciantes que se ubican en el lugar a
respetar el paso de los equinos. Mondragón dijo que las familias que acudan a la
Alameda este fin de año pueden acercarse sin ningún problema a los caballos,
pero no deben pegarle o jalarles para no asustarlos. Desde que iniciaron sus
labores, los policías típicos han realizado 12 remisiones de personas que
comenten faltas a la Ley de Justicia Cívica.
|
Obligarán a capitalinos a separar basura
La ley aprobada este jueves contempla también cobrar una cuota a quien entregue al servicio de limpia más de 50 kilos de basura
Por ALBERTO GONZÁLEZ / Grupo Reforma
Distrito Federal, (20 diciembre
2002).- La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la Ley de Residuos Sólidos
del DF, que establece la separación obligatoria de la basura orgánica e
inorgánica, y una multa de 10 a 150 días de salario mínimo a quien tire basura
en la calle. No obstante
la obligación para que los capitalinos separen en sus casas los residuos
orgánicos y los inorgánicos, tardará un año proporcionar la información
correspondiente a los capitalinos.
La ley aprobada ayer contempla también
cobrar una cuota a quien entregue al servicio de limpia más de 50 kilos de
basura.
A partir de hoy el Jefe de Gobierno del DF cuenta con 10 día
hábiles para publicar la Ley en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, sin
embargo entre algunos diputados se observó la preocupación porque pudiera
vetarla, como ha hecho con otras leyes.
El artículo 38 de la nueva Ley
señala que los establecimientos mercantiles y de servicios distintos a los de
casa habitación, unidades y edificios destinados a la vivienda y
establecimientos mercantiles considerados como contribuyentes de ingresos
menores, deberán establecer contratos de recolección.
Esos contratos se
firmarán con la delegación correspondiente o con las empresas autorizadas para
prestar el servicio. "Los establecimientos mercantiles y de servicios distintos
a los establecidos en el párrafo anterior, empresas, fábricas, tianguis sobre
ruedas autorizados, mercados públicos, centros de abasto, grandes
concentraciones comerciales, industrias y similares (...) deberán establecer
contratos de recolección", establece la ley.
La propuesta se aprobó con
el debate en torno al cobro de la recolección de basura a los mercados. El
diputado Edgar López Nájera argumentó que obligar a los comerciantes de los
mercados a establecer un contrato de servicio es cobrarles dos veces.
Por
Alberto González y Carolina Pavón
Veta AMLO transparencia de Ley de Acceso a la Información
Rechaza crear un Consejo de Informacíon; aduce falta de recursos
Ella Grajeda / El Universal / Viernes 20 de diciembre de 2002
Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, vetó ayer -a nivel local- la Ley de Acceso a la Información y anunció que luego de hacerle varias observaciones la regresará a la Asamblea Legislativa. El pasado martes, el pleno de la ALDF aprobó esta ley y la creación de un Consejo de Información Pública, integrado por 15 personas y que será un órgano con personalidad jurídica propia, autonomía presupuestal y de decisión.
Esta propuesta no fue aceptada ayer por López Obrador, quien manifestó su rechazo hacia esta nueva entidad.
"Hay que buscar la manera de vigilar, participar en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de gobierno, pero que no signifique crear más burocracia", destacó. Recordó que su gobierno cuenta con el apoyo de 200 contralores ciudadanos, que no cobran un salario, y que vigilan los proceso de licitaciones y adjudicaciones que realiza la administración local. "Hay mucha gente dispuesta a contribuir, sin necesidad de cobrar sueldos, sin tener un aparato burocrático. Esto se lo vamos a plantear a los diputados", comentó el mandatario.
Durante su conferencia, López Obrador señaló que la creación de un órgano no es el camino a seguir, sino que lo más importante es que la gente tenga acceso a la información. "Para eso, no se requiere de organismos", insistió. Asimismo, adelantó que continuará reduciendo el aparato burocrático con el fin de liberar recursos que permitan apoyar programas sociales "y pagar mejor a los miles de empleados del gobierno local que ganan ridículas cantidades como es el caso de los policías".
Irrita a diputados
Diputados locales del PRI y PAN criticaron al jefe de Gobierno capitalino por el veto impuesto a la Ley de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Federico Döring dijo que se trata de una cobardía del jefe de Gobierno, en tanto que Marco Antonio Michel del PRI consideró que fue una decisión inapropiada que además llega en un "muy mal momento político".
Sin embargo, el perredista Gilberto Ensástiga dijo que habrá que esperar las observaciones formales que se envíen a la Asamblea y proceder en consecuencia.
Por su parte, José Luis Buendía, principal impulsor de la ley, confió en que exista voluntad y que el gobierno del DF mantenga su compromiso de campaña de apoyar la transparencia de la información. Los legisladores negaron que con la creación del Consejo de la Información, se vaya a crear más burocracia. "Se trata -más bien- de tener un órgano pequeño, pero que funcione", coincidieron.
En ese sentido, José Luis Buendía, señaló que el jefe de Gobierno es un luchador por la democracia que bien sabe que "no hay un solo derecho en el mundo que no cueste". Si ese hubiera sido el criterio a usar cuando se creó la Comisión de Derechos Humanos, no quisiera saber en donde estaría la autoridad y la ciudadanía.
El panista Döring indicó que Andrés Manuel López Obrador tiene miedo de transparentar la información, pues con ello se podría descubrir el "cochinero" que tiene en las finanzas. Advirtió que si insiste en el veto, será el primer gobernante en no respetar la aprobación de una ley tan importante. Dijo que por parte del PAN, las observaciones del gobierno no pasarán.
Sobre la creación de más burocracia, el panista lamentó que el jefe de Gobierno no quiera gastar más de 10 millones de pesos en el consejo pero no le importe erogar millones en sus consultas.
Marco Antonio Michel, del PRI, señaló que el veto es una estrategia política que una vez más confronta a López Obrador con la Asamblea Legislativa.
Consideró que el titular del Ejecutivo local ha abusado de las atribuciones que tiene para vetar leyes, y aseguró que trata de convertirse en el legislador de la Ciudad de México.
Ensástiga recordó que el PRD intentó buscar otras alternativas a la creación del Consejo pues tampoco están de acuerdo en aumentar la burocracia.
No obstante, el legislador independiente José Luis Buendía recordó que inicialmente la estructura y características del Consejo de Información implicaba una gran estructura, pues tendrían facultades para resolver controversias, situación que se modificó. "No estamos pretendiendo crear un gran monstruo, sólo un órgano para cumplir la ley", dijo.
Aprueban Ley de Residuos Tóxicos
Multas y cárcel a quienes tiren basura en las calles
Delegaciones cobrarán por más de 50 kilos, acuerdan asambleístas
Por MARISELA RAMIREZ ORTIZ / Novedades / 21-dic-2002
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Residuos Sólidos para la capital del país, a través de la cual se obligará a la población a pagar multas que van de 10 a 20 mil días de salario mínimo o incluso llegar a ser arrestados 36 horas por tirar basura inorgánica de cualquier especie en la vía pública, áreas comunes, parques, barrancas y sitios no autorizados.
La sanciones comenzarán a tener vigencia a partir del 2004, año en que también los ciudadanos tendrán que separar en orgánicos e inorgánicos, los desechos que generen en sus hogares o centros de trabajo.
Dicha Ley, fundamentada por el legislador del PVEM, Arnold Ricalde de Jager, establece que las personas que generen más de 50 kilogramos de basura al día, deberán pagar al servicio de limpia para que les sea retirada de sus domicilios.
Aquellos que infrinjan estas disposiciones y otras más establecidas en la norma serán sancionados conforme lo establece el Artículo 69, que a la letra dice: "Se amonestará por primera vez cuando se incumplan las disposiciones de la Ley; de 10 a 150 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a quien reincida por segunda ocasión; de 150 a mil días de salario mínimo en caso de cometer violaciones a lo dispuesto hasta llegar a un arresto inconmutable de 36 horas y multa de mil a veinte mil días de salario mínimo".
Ricalde de Jager, presidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica de la ALDF, destacó que con esta ley se obliga a que todo generador de residuos sólidos entregue sus desechos al servicio de recolección que se ofrecerá en casas habitación, unidades habitacionales y demás edificaciones destinadas a vivienda y establecimientos mercantiles considerados como contribuyentes de ingresos menores, que además será gratuito.
Aclaró que los establecimientos mercantiles y de servicios distintos a los mencionados como empresas, fábricas, tianguis sobre ruedas autorizados, mercados públicos y demás generadores de residuos sólidos en alto volumen deberán establecer convenios con sus respectivas delegaciones o las empresas autorizadas para el efecto.
Asimismo, se deberán pagar las tarifas establecidas por la prestación del servicio de recolección del gobierno de la ciudad, de conformidad con lo previsto en el Código Financiero del DF, o en caso contrario "deberán contratar dicho servicio con particulares", agregó.
El legislador del Partido Verde dejó en claro que el jefe de gobierno, la Secretaría del Medio Ambiente, la de Obras, la Procuraduría Ambiental y las delegaciones serán las autoridades competentes para la aplicación de la Ley y quienes ejercerán las atribuciones de conformidad con la distribución de las facultades de este ordenamiento, su reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.
Comentó que el gobierno capitalino tendrá poco más de un año para implementar una serie de campañas masivas de difusión de una cultura de residuos sólidos, antes de que entre en vigor referida ley.
Aunque la aprobación de la ley causó cierto debate por las responsabilidades que en la materia deberían tener los vendedores de vía pública, finalmente los legisladores de todos los partidos coincidieron en la trascendencia de la misma y se aprobó por unanimidad.
Coincidieron en la trascendencia de esta Ley, toda vez que en el Distrito Federal se generan 12 mil 500 toneladas de basura, es decir, 1.33 kilogramos por persona diariamente, generando un gasto de un millón 600 mil pesos anuales.
Cuenta pública 2001
En otro momento de la sesión ordinaria de ayer, el pleno aprobó, el dictamen de la Cuenta Pública del gobierno del Distrito Federal 2001, aunque ordenó a la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF realizar 76 auditorías a diferentes órganos, dependencias y delegaciones del Gobierno central como parte de una segunda fase de revisión, con lo que se suman más de 140 auditorías a concretar.
Las dependencias que sobrepasaron el Presupuesto de Egresos originalmente asignados fueron Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica y de Servicios Generales y la Secretaría de Gobierno.
Las 16 delegaciones políticas del DF, en el ejercicio 2001, erogaron 13 mil 452.3 millones de pesos, lo que significó un ejercicio menor del 19.4 por ciento respecto al programa original del presupuesto de egresos debido, principalmente, a la devolución de los recursos asignados originalmente a las funciones de seguridad pública, ya que la normatividad para ejercerlos de forma autónoma no se concretó.
La diputada perredista Iris Santacruz Fabila, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que por los ingresos propios "se encontró que en el 2001 fueron de 30 mil 146.6 millones de pesos, es decir, 5.2 por ciento inferior a lo previsto y equivalente a mil 649.6 millones de pesos, pero con un crecimiento real del 2.3 por ciento, en comparación al 2000".
Mencionó que del total de ingresos propios del sector central en el 2001, el 89.7 por ciento se concentró en once principales rubros: impuesto predial, impuesto sobre nómina, tenencia o uso de vehículos federales, policía auxiliar, derechos por suministro de agua, policía bancaria e industrial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto sobre automóviles nuevos, derechos por servicios de control vehicular, productos generados por intereses de valores, créditos y bonos, accesorios, derechos por la prestación de servicios del registro público de la propiedad, y el restante, que equivale al 9.1 por ciento, corresponde a otros ingresos propios.
Por lo que respecta a los egresos, Iris Santacruz dijo que, el gasto total programable ascendió a 73 mil 286.3 millones de pesos, del que se desprende el gasto corriente ejercido que fue de 47 mil 106 millones de pesos, equivalente al 74.4 por ciento, y el gasto de capital, con un monto de 16 mil 179.6 millones de pesos, equivalente al 25.6 por ciento del total, lo que significó un incumplimiento de las metas programadas en uno por ciento y 9.3 por ciento, respectivamente.
"No obstante, el gasto ejercido en obra pública en comparación con lo reportado en el año 2000, representó un aumento nominal del 6.7 por ciento y un ligero crecimiento real de punto tres por ciento", puntualizó.
|
Por falta de apoyo del GDF, Tlalpan dejará pendientes obras viales
Christian Daza / El Heraldo / 21-dic-2002
Gilberto López y Rivas, jefe delegacional en Tlalpan, reconoció que quedaron varias obras pendientes en esta demarcación debido a la difícil relación que se tuvo con el Gobierno del Distrito Federal y a la falta de voluntad política de Andrés Manuel López Obrador para distribuir los recursos de la ciudad.
En entrevista, el funcionario dijo que muchos de los proyectos que se tenían previstos no pudieron materializarse porque el gobierno delegacional no tuvo la capacidad presupuestal.
Por ejemplo, a pesar de que el proyecto de la construcción de un distribuidor vial en la zona de San Fernando e Insurgentes Sur fue aprobado, hacía falta dinero y personal del gobierno central para llevar a cabo esta obra de gran envergadura. Además de este punto, hay otros 38 cruceros conflictivos que requieren de modificaciones.
Asimismo, se instaló una red secundaria de 32 kilómetros de longitud, que se encuentra en diversas áreas de la delegación, pero, dicha tubería debe unirse a una red primaria que controla la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), dependiente del GDF.
"El verdadero pendiente -aseveró- es que el gobierno central efectúe obras viales e hidráulicas, pues dichos trabajos se salen de nuestras posibilidades", indicó el funcionario de extracción perredista.
Al cuestionársele si estas fallas se debieron a las trabas burocráticas o a la mala relación que pudiera haber con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, López y Rivas aclaró que "tenemos muy buena relación con el jefe de Gobierno y sus secretarías, pero, se trata más de la voluntad política del Ejecutivo local para distribuir los recursos de la ciudad.
Indicó que el GDF debería considerar para cada delegación un monto específico de inversión y de trabajo, pero llevado a cabo directamente por la Dirección General de Obras y no por las delegaciones. "No queremos que nos den el dinero, sino que nos ayuden con los trabajos", concluyó.