SINTESIS INFORMATIVA  20 – 21 DE OCTUBRE 2002

 

Notas relacionadas con medio ambiente y ordenamiento territorial

 

 

 

 

 

/HOME20maraton10.jpg

 

Buscan reforzar Ley Ambiental del DF

 

La Secretaría del Medio Ambiente solicitó la colaboración de ciudadanos y juristas para modificar el marco normativo del ordenamiento ecológico

 

El objetivo, reforzar la Ley Ambiental del Distrito Federal con mejores normas para la inspección, vigilancia y auditorías de violaciones ecológicas, para lo cual resulta fundamental establecer relaciones de colaboración con las instancias judiciales encargadas de calificar y sancionar los delitos relativos a este tema.

 

 

AMLO. Disparo de salida del Maratón Internacional de la Ciudad de México.  (Foto: Saúl Navarro / El Universal)

 

 

 

 

*Se rinde GDF ante invasiones

 

*Investiga GDF 13 predios

en el Bosque de Chapultepec

 

Revista Proceso

 

cerca, el desastre ecológico

raúl monge

 

 

*Identifican 17 invasiones

en  parque Fuentes Brotantes

 

*Presentarán denuncia la

próxima semana vs distribuidor vial

 

 

 

 

 

El GDF presentó peritajes falsos de casas aledañas al distribuidor vial, denuncian

 

Vecinos de las colonias aledañas al distribuidor vial San Antonio denunciaron que el Gobierno del Distrito Federal les presentó peritajes falsos de las condiciones en que están sus viviendas, para justificar que no hay hundimientos en la zona, y, por ende, que el distribuidor vial se puede edificar sin problema alguno.  

Manuel Alvarez Bravo, el gran fotógrafo, testigo visual del siglo XX, falleció ayer, a los 100 años de edad.

 

 

 

 

 

El Centro Histórico, listo para el 15 de noviembre

MVS Noticias 20/10/2002


México, 20 de octubre.- El jefe del gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo 15 de noviembre se reabrirá el Centro Histórico, una vez que hayan concluido las obras de reparación del drenaje profundo. En su conferencia matutina, adelantó que la próxima semana quedará concluida toda la obra subterránea, como es el caso de las instalaciones de agua, drenaje, luz, teléfono y gas, y después comenzará la colocación del piso de concreto. De igual forma, aseguró que no existe retraso en la construcción del distribuidor vial San Antonio, cuya obra se desarrollará al cien por ciento a partir de noviembre, una vez que se hayan concluido obras inducidas, como es el cambio de drenaje, luz y la red de agua. "Las obras van en tiempo y no podemos retrasarnos por ningún motivo. Esperamos terminar el distribuidor vial para finales de abril del próximo año", anotó. Destacó que está no es la única obra vial que ejecutará su administración para mejorar el tránsito vehicular, pues mencionó que otro proyecto fundamental en este rubro es la construcción del distribuidor vial Zaragoza, cuya construcción, dijo, debe quedar concluida en el primer trimestre de 2004, y confió en que los trabajos respectivos inicien en noviembre de este año. Mencionó que el retraso en su ejecución se originó en los problemas financieros que registró una de las dos empresas encargadas de la construcción del distribuidor vial. Indicó que ya está en marcha la licitación para contar con otro nuevo constructor.

 

 

Estudian subsuelo del

Centro Histórico

 

Señalan autoridades que los trabajos ayudarán a conocer la red hidráulica de la zona y facilitarán posteriores trabajos de introducción de gas, luz o teléfono.

 

 ARIADNA BERMEO /  Reforma

La remodelación de las calles del Centro Histórico incluye la realización de un plano topográfico para conocer a la perfección el subsuelo y en el momento en que se requiera hacer trabajos de introducción de gas natural, electricidad o teléfono.

 

centro

La remodelación en el primer cuadro de la Ciudad ha provocado molestia de visitantes y comerciantes de la zona. /  FOTO: HÉCTOR GARCÍA / Reforma

------------------------------------------------------

NOTICIAS POR MEDIO   (impresos y electrónicos)

------------------------------------------------------

     El Universal

Domingo 20  de  octubre de 2002

 

 

 

 

Buscan reforzar la Ley Ambiental del Distrito Federal

José Luis Flores /El Universal / Domingo 20 de octubre de 2002

 

14:00 La Secretaría del Medio Ambiente SMA solicitó la colaboración de ciudadanos y juristas para modificar el marco normativo que rige la ecología en el Distrito Federal. Precisó que es necesario reforzar la Ley Ambiental del Distrito Federal con mejores normas para la inspección, vigilancia y auditorías de violaciones ecológicas, para lo cual resulta fundamental establecer relaciones de colaboración con las instancias judiciales encargadas de calificar y sancionar los delitos relativos a este tema.

   En el Programa de Protección Ambiental del Distrito Federal, que se hizo público apenas un par de semanas atrás, la SMA reconoció una falta de articulación entre las leyes que reglamentan el desarrollo urbano, las que se refieren al transporte, a residuos solidos, agua, y otras relacionadas con la política ambiental. Reconoció que está característica limita la eficacia de las acciones de protección al ambiente lo que apunta la necesidad de proponer ajustes a estos ordenamientos legales. Ante esa necesidad, la SMA de mandó ahora la colaboración de las instancias judiciales e incluso de los ciudadanos, para superar estas limitaciones. Concretamente a los habitantes del Distrito Federal les pidió que denuncien violaciones a la Ley Ambiental para desincentivar conductas contaminantes. Precisó que esto contribuiría a la aplicación de principios legales como el de "quien contamina, paga".

   En un estudio realizado por la dependencia, planteó diversas propuestas para mejorar el marco jurídico ambiental algunas de ellas son: Modificar el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo; elaborar los reglamentos de la Ley Ambiental en materia de Ordenamiento Ecológico, áreas naturales protegidas, áreas verdes urbanas, fuentes móviles y fuentes fijas. Además, propone destrabar los mecanismos para la captación de recursos que serán derivados a medidas prioritarias en materia ambiental; contar con una ley para el Distrito Federal sobre residuos, con disposiciones legales que otorguen un enfoque más allá del aspecto sanitario y promuevan esquemas de regularización.

   La propuesta de la Secretaría para reformar la Ley Ambiental incluye también elaborar un reglamento para la conservación del agua y disminuir el impacto negativo sobre el ambiente; derogar el aspecto agropecuario en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública capitalina y otorgar la facultad del desarrollo rural y organización, en el Artículo 26 del mismo ordenamiento, a la Secretaría del Medio Ambiente, dada la reciente transferencia del área de desarrollo rural, de la Secretaría de Desarrollo Económico a la SMA. Considera además que es necesario adecuar diversas leyes, como la de desarrollo urbano, la de medio ambiente y la de planeación del desarrollo para integrar en una sola los programas de ordenamiento ecológico, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, considerando su incidencia en los niveles general, delegacional y parciales.

 

 

 

Identifican 17 invasiones en parque Fuentes Brotantes

 

Indica directora de Medio Ambiente de Tlalpan que esas familias deberán salir del área de reserva ecológica, especialmente ahora que iniciará el rescate del lugar

 

Alejandra Martínez / El Universal / Domingo 20 de octubre de 2002

 

14:59 El gobierno del Distrito Federal tiene identificadas al menos 17 viviendas invadiendo el Parque Nacional Fuentes Brotantes, que es urgente reubicar ya sea por la vía del diálogo o utilizando la fuerza pública. Mireya Imaz, directora de Medio Ambiente de la delegación Tlalpan, reconoció que esas familias deberán salir de esa área de reserva ecológica, especialmente ahora que iniciará el rescate del Parque.

   Al hacer un diagnóstico de la situación en que se encuentra el Parque ante a Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, la funcionaria dijo que la falta de vigilancia, el exceso de basura y las malas condiciones de la vegetación son los principales problemas que existen en el lugar. Por si fuera poco, informó que existen tres personas que reclaman la propiedad de esas hectáreas “que son de dominio público” y pertenecen a la delegación. Comentó que de las 129 hectáreas que originalmente tenía ese Parque, ahora solo quedan 18 que es necesario proteger para beneficio de los habitantes del Distrito Federal. Para ello, dijo que la delegación construirá una malla que además permitirá conocer el número de visitantes mensuales. Sin embargo, reconoció que la tarea no será fácil debido al estado de abandono en que se encuentra el predio.

   La funcionaria explicó que en el caso de la basura se ha detectado que diariamente se recogen alrededor de 70 latas. Respecto a la situación de la vegetación dijo que se tienen identificados 27 Ahuehuetes que están a punto de caerse y que representan un enorme riesgo para la gente que acude a visitar el Parque. Por si fuera poco, agregó, tenemos detectados más de 100 árboles con plagas. Todos son adultos pero están en pésimas condiciones por lo que es necesario hacer un análisis para determinar cuáles se pueden salvar y cuáles ya están completamente muertos y deberán sustituirse por especias nativas de la delegación. Como parte de las acciones que la delegación implementará para el rescate de la zona se encuentra la restitución de un lago de aproximadamente 100 metros que se une a un riachuelo y que puede permitir mejorar la vegetación. Por otra parte, la funcionario reconoció que los tiraderos de cascajo son un problema ambiental grave que urge frenar y para el cual se hacen operativos de forma frecuente.

 

 

 

Investiga GDF 13 predios en el Bosque de Chapultepec

Demandan diputados locales perredistas al gobierno capitalino y al delegado en Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen, acaben las invasiones en la reserva ecológica

Notimex / El Universal / Domingo 20 de octubre de 2002

10:47 El gobierno del Distrito Federal investiga 13 predios supuestamente irregulares en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, y analiza la posibilidad de recuperar el paraje conocido como "la Colina de la Hormiga", en la segunda sección de ese parque natural. De acuerdo con legisladores locales perredistas, en 1992 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari "se apropió de la Colina de la Hormiga", de una hectárea de extensión, para realizar ahí sus ejercicios". Por ello, demandaron al gobierno capitalino y al delegado en Miguel Hidalgo, Arne Aus Den Ruthen, acaben las invasiones en la reserva ecológica del Bosque y que los predios invadidos sean recuperados por la administración local.

   Ante esas exigencias y diversas denuncias públicas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya analiza el estado jurídico de 13 predios privados y de siete hectáreas anexadas a la residencia presidencial de Los Pinos. El tema de las invasiones de predios en dicho Bosque no es algo nuevo, pero resurgió luego del violento desalojo que sufrieron decenas de familias el pasado 4 de octubre en Amalacachico, en Xochimilco. Ese día, alrededor de 700 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina desalojaron con violencia a decenas de humildes familias. Luego fueron acusados de rapiña, pues sustrajeron presuntamente objetos de valor de los afectados. El Gobierno del Distrito Federal advirtió que se continuará el desalojo de predios ubicados en reservas ecológicas y no habrá marcha atrás. Incluso, el gobierno local dijo que habrá acciones legales en contra de quienes hayan invadido terrenos de la reserva ecológica del bosque, y pidió a los involucrados se acerquen voluntariamente a las autoridades para normalizar sus terrenos, lo que hasta el momento nadie ha hecho. Ante esa falta de respuesta de los propietarios, la administración capitalina ya revisa la situación jurídica de al menos 13 predios ubicados en la reserva ecológica del Bosque, además de siete hectáreas anexadas a Los Pinos. También analiza los procedimientos que seguirá para recuperar las áreas naturales protegidas que han sido ocupadas en el Bosque y otras partes de la ciudad. Para ello, creó una comisión interinstitucional en la que participan la Secretaría del Medio Ambiente, la Consejería Jurídica, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Gobierno, que evalúan los distintos mecanismos.

   De acuerdo con el subsecretario de Gobierno de la administración capitalina, Alejandro Encinas, entre las opciones que se tienen para recuperar los predios están mecanismos que pueden ser de carácter administrativo y aquellos en los que se necesitaría recurrir al ámbito judicial. Se trata de "ver cuál es la situación específica de la escrituración de los predios y en los casos donde detectemos irregularidades o invasiones flagrantes, vamos a proceder a la demolición de los inmuebles", aseguró.

   Acerca de las siete hectáreas anexadas a la residencia de Los Pinos, dijo que si son irregulares se pedirá a la Presidencia de la República que las devuelva. Los predios, anotó, se los apropió el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en 1992.

De acuerdo con el legislador local perredista Gilberto Ensástiga Santiago, entre esas siete hectáreas está "La Colina de la Hormiga", ubicada en la segunda sección de Chapultepec, predio "del cual se apropió Salinas de Gortari para realizar ahí sus ejercicios". Exigió se investigue cuál es la situación de esa adjudicación que se dio a Los Pinos y qué autoridades en su momento toleraron esa acción. Mencionó que desde 1990, su partido, el de la Revolución Democrática (PRD), dio a conocer una lista de supuestos invasores de predios, entre los cuales están las edificaciones ubicadas en Monte Cárpatos números: 840, 930 y 940.

Otros terrenos irregulares, añadió, son los ubicados en Cumbres de Acultzingo 199, así como un predio de casi siete mil metros cuadrados que hace dos años fue restituido a un particular por un Tribunal Colegiado de Circuito, y que se localiza en Cumbres de Acultzingo número 331.

Ensástiga Santiago indicó que en 1990 la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó un punto de acuerdo por el cual se exigió a López Obrador y al presidente Fox que recuperen "La colina de la hormiga", aunque "nadie nos hizo caso". Demandó cesen las invasiones al Bosque de Chapultepec y se restituyan los predios que son patrimonio de todos los mexicanos. También, añadió, es necesario que el delegado en Miguel Hidalgo haga un pronunciamiento público acerca de esta situación y entregue el equipamiento y recursos presupuestales que corresponden a la administración del Bosque. De ser necesario, exigió el perredista, el gobierno local deberá tener mano dura para desalojar a los habitantes de predios del Bosque de Chapultepec que no quieran regularizarse, sin importar su condición económica o clase social a que pertenezcan.

 

 

 

Presentarán denuncia la próxima semana vs distribuidor vial

 

Afirman diputados panistas durante un recorrido por la zona que se han retirado más de dos kilómetros de vías de la zona federal del ferrocaril México-Cuernavaca

 

Notimex / El Universal /  Domingo 20 de octubre de 2002

 

16:51 Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) interpondrán, la próxima semana, una denuncia de hechos ante las presuntas violaciones a la Ley de Comunicaciones en la construcción del distribuidor vial San Antonio.

   Tras un recorrido efectuado por esa zona, los diputados panistas Alejandro Diez Barroso y Jacobo Bonilla Cedillo informaron que se han retirado más de dos kilómetros de vías de la zona federal del ferrocarril México-Cuernavaca, por lo que presentarán la querella ante la Procuraduría General de la República (PGR). Diez Barroso aseveró que el jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, no puede pasar sobre la ley por lo que exigió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tome cartas en el asunto. Precisó que mañana lunes se enviará un oficio a la SCT para solicitarle información sobre el retiro de vías que se hizo en el tramo de Barranca del Muerto a San Antonio, en la Avenida México Cuernavaca. Detalló que en el tramo referido se retiraron, sin la debida autorización de la SCT, los durmientes, rieles, tornillos, planchas y demás elementos de las vías del ferrocarril, por lo que quien autorizó esa labor se puede hacer acreedor a una sanción de uno a cinco años de prisión y de 100 a 10 mil días de multa. En este contexto, Diez Barroso opinó que las obras del distribuidor vial afectan el proyecto de transporte público que fue aprobado en 1997, el cual prevé una ruta de trolebuses sobre las vías del Ferrocarril México-Cuernavaca, que correría de Cuatro Caminos hasta Magdalena Contreras. Dicha vía, dijo, beneficiaría a más de un millón de personas de 285 colonias, en tanto que la construcción del distribuidor vial de San Antonio incumple dicho convenio, celebrado entre representantes de Ferrocarriles Nacionales y del gobierno capitalino.

   El legislador exigió que se detengan ese tipo de obras y se respeten las disposiciones tanto administrativas como jurídicas para dejar de dañar las vías del tren México-Cuernavaca. Asimismo, acusó a López Obrador de beneficiar con esta obra a 23 empresas con 34 contratos, "sin licitar ninguno, además con un costo siete veces superior al que costaría una obra con las características que requiere esta zona". Acompañado de vecinos de colonias aledañas al lugar donde se construye la obra vial, Diez Barroso destacó que la Asamblea Legislativa le ha solicitado información completa del proyecto al jefe de Gobierno y éste se ha negado a proporcionarla. Las obras para la citada vía de comunicación iniciaron el 30 de septiembre y según el legislador panista el retiro del material inició en la zona de Plateros el pasado día 5.

 

 

 

     Noticieros Televisa

Domingo 20  de  octubre de 2002

 

 

Reconoce AMLO problemas en proyectos viales

Una de las dos empresas contratadas para el distribuidor en Zaragoza

tuvo que ser retirada por problemas financieros

 

CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 20, 2002.- Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del DF, rechazó que las obras del distribuidor vial de San Antonio se encuentren retrasadas.

Estas, señaló en conferencia de prensa, culminarán de acuerdo con la fecha prevista, en abril próximo. Sobre el distribuidor vial de Zaragoza, López Obrador reconoció que existen problemas debido a que una de las dos empresas contratadas para esta obra tuvo que ser retirada del proyecto. “En el caso de San Antonio son 20 empresas, así se contrató; en el distribuidor vial de Zaragoza son 2 y falló una. Se va a recontratar y estamos por revisar todo el proceso para darle agilidad a los trabajos del distribuidor vial de Zaragoza", informó el mandatario local.

  De acuerdo con el gobierno del DF, la empresa Viguetas y Bobadilla presentó problemas financieros, por lo cual abandonó las obras del distribuidor vial de Zaragoza, sin que esto represente una pérdida económica para el erario. López Obrador comentó que existen en puerta varios proyectos para mejorar la vialidad en la Ciudad de México: tres puentes en Santa Fé y obras de pasos a desnivel en Fray Servando Teresa de Mier, Avenida del Taller y Marruecos.

Comentó que el gobierno del DF elabora un proyecto para entubar el Río de los Remedios en la zona que abarca territorio de la Ciudad de México. El jefe capitalino dio el banderazo de salida a los particpantes del XX Maratón de la Ciudad de México. Ante miles de personas, estuvo acompañado por integrantes de su gabinete, jefes delegacionales y la actriz Jacqueline Arroyo, madrina del evento.

 

 

 

     El Heraldo

Domingo 20  de  octubre de 2002

 

 

El GDF presentó peritajes falsos de casas aledañas al distribuidor vial, denuncian

Christian Daza

Vecinos de las colonias aledañas al distribuidor vial San Antonio denunciaron que el Gobierno del Distrito Federal les presentó peritajes falsos de las condiciones en que están sus viviendas, para justificar que no hay hundimientos en la zona, y, por ende, que el distribuidor vial se puede edificar sin problema alguno. No obstante, los colonos aseguraron que muchas de las casas están afectadas por hundimientos de hasta 20 centímetros, datos que no fueron anotados en la "Fe de hechos", en la que, aseguraron, la información no corresponde a las casas de la zona, pues no se marcan direcciones ni colonias.

   Eva Alfaro e Irma Muñoz, vecinas de esta zona, indicaron que durante la semana pasada, personal del Gobierno del Distrito Federal recorrió varias casas de la zona, repartiendo un documento titulado "Fe de hechos", el que indicaron es falso, "pues nunca se presentó con nosotros un notario. Ambas residentes no aceptaron esta fe de hechos, pues indicaron que desde un principio se le pidió al Gobierno del DF que debía hacerse un peritaje de mutuo acuerdo, lo cual nunca ocurrió, "y repentinamente nos dicen que el peritaje ya fue hecho".

Lo peor, dijeron, es que los resultados apuntan que la zona no es de hundimientos, y el estado de las casas y del suelo es bueno, apto para la ubicación del puente elevado que liberaría la circulación de avenidas como Revolución, Patriotismo y Periférico. Empero, según los inconformes, en por lo menos unas 10 casas se tiene el conocimiento de hundimientos de entre 10 y 20 centímetros, y por ejemplo, en Calle 27 hay un edificio que con los recientes trabajos se ha inclinado, y ello tiene a la gente muy preocupada.

   El pasado viernes a las 8:30 horas se sintió una vibración en el piso, al parecer ocasionada por el choque de una máquina contra alguna tubería. Ante esto, Rafael Rodríguez, del Departamento de Suministro de Agua de la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, recomendó a los colonos que efectúen un peritaje particular para saber que ocurrió, pues dijo que tienen la orden de la autoridad central de no detenerse por ningún motivo.

 

 

 

     Reforma

Domingo 20  de  octubre de 2002

 

 

Se rinde GDF ante invasiones

 

Claudia Sheinbaum y Laura Itzel Castillo anticiparon que los asentamientos

 irregulares con antigüedad, la mayoría, serán legalizados y las invasiones

 recientes en  suelo de conservación podrían ser removidas

 

IVÁN SOSA Y ALEJANDRO RAMOS / Reforma

 

Desalojan invasiones recientes

Al confirmar que la mayor parte de asentamientos establecidos sobre suelo de conservación serán formalmente urbanizados y los menos podrían ser reubicados, las autoridades del Gobierno capitalino renuncian a salvar las últimas franjas de conservación ecológica.
Las secretarias de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, y de Desarrollo Urbano y Vivienda, Laura Itzel Castillo, anticiparon que los asentamientos irregulares con antigüedad, la mayoría, serán legalizados y las invasiones recientes en suelo de conservación podrían ser removidas.
"En las 88 mil hectáreas que todavía se consideran dentro del polígono del suelo de conservación hay un número determinado de hectáreas que ya están urbanizadas y tenemos que actuar con base en la realidad, regularizar en donde hay que hacerlo y restituir el valor ambiental en donde pueden hacerse reubicaciones", definió Laura Itzel Castillo. "Hay asentamientos muy grandes en el suelo de conservación pegados a la mancha urbana, que se consideran irregulares y tienen problemas de

 

beneficios

del suelo de conservación:

 

 

 

 

La superficie vegetal facilita la infiltración del agua de lluvia hacia el acuífero

 

 

 

La cubierta verde regula el régimen térmico de la metrópoli

 

 

 

Propicia la humedad del aire y retiene las partículas contaminantes

 

 

 

Compensa con producción de aire limpio las concentraciones urbanas de tóxicos atmosféricos

 

 

 

Mitiga el efecto invernadero que produce el cambio climático de los gases contaminantes emitidos por autos e industria

 

 

 

Es el lugar donde habita flora y fauna

 

 

 

Constituye parte del hábitat de dos por ciento de la megadiversidad biológica del planeta

 

 

 

Era el espacio donde los niños aprendían lo que era la naturaleza

 

 

servicios urbanos, en algunos de estos casos habrá que regularizarlos, a través de los dictámenes de Seduvi y la aprobación de la Asamblea Legislativa, única instancia facultada para modificar usos de suelo, como ya ocurrió en las sierras de Guadalupe y Santa Catarina", apuntó Claudia Sheinbaum.
"Lo que ya no podemos permitir es que continúen las invasiones, tenemos que revertir esa tendencia", agregó.

El viernes 4 de octubre, la fuerza pública desalojó los predios de Amalacachico y Toltenco La Noria, sólo dos de los ocho predios irregulares establecidos en esa área chinampera de Xochimilco; apenas dos de los 804 asentamientos que ya urbanizaron 2 mil 415 hectáreas verdes de la capital. Luis Meneses, director de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, definió la posición del Gobierno. "No hay por qué llegar y chocar, se abre una negociación, en donde se advierte a los ocupantes de las zonas de reserva ecológica, con base en un proceso jurídico, que no se les puede permitir seguir establecidos y se tienen que mover. "Al mismo tiempo se abren alternativas, como se hizo en Xochimilco, en donde la Seduvi instaló un módulo para mostrar las posibilidades de acceder a alguna de las acciones de vivienda, a un crédito, por ejemplo, pero en la medida que avanza el proceso jurídico se deja claro que el espacio ambiental tiene que ser despejado", anotó Meneses.

Partidos políticos involucrados

"En cuanto un juez nos dé la orden, procedemos a desalojar", resaltó el subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas, después de escuchar durante comparecencia el 10 de octubre ante la Asamblea Legislativa, el apalabramiento entre la secretaria Claudia Sheinbaum y el diputado Arnold Ricalde para proceder a denunciar penalmente, en forma conjunta, a cinco invasores apoyados por el PRI y el PRD, denuncia que hasta hoy no ha sido presentada.

"Del partido que sean y sin importar procesos electorales, el Gobierno tiene la obligación de preservar los servicios ambientales del suelo de conservación", puntualizó Encinas, quien descartó que las elecciones del próximo año por jefaturas delegaciones y diputaciones interfieran en las decisiones de desalojo.

Dirigente de la invasión en Amalacachico, Nancy Rodríguez Pantoja, originalmente del grupo priista del excacique local en Xochimilco, ahora encarcelado, Antonio Rosas, planteó que el desalojo fue parte de la anticipada lucha por la candidatura a la jefatura delegacional en Xochimilco. En la confrontación política ella apoyaba al diputado federal perredista Elías Martínez, quien acudió el día del enfrentamiento para abogar por los invasores, en tanto el actual delegado, también de origen perredista, respalda al ex funcionario de la demarcación, Faustino Soto.
"Actuamos para recuperar una área natural protegida, no es serio pensar que los intereses políticos de un jefe delegacional hubieran podido convocar a todas las instituciones involucradas en el desalojo", puntualizó el jefe delegacional Juan González.

Admiten pérdida de áreas verdes

El 5 de mayo, la entonces delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Distrito Federal, Norma Ruz, señaló que, partir de que los jefes delegacionales son electos, se revitalizó la práctica corporativa de invasores profesionales que venden votos a partidos y aspirantes políticos a cambio de aceptar, una vez en los cargos, las ocupaciones en suelo de conservación, incluso dotándoles servicios y, mejor aún, legalizándolos. "Se han incrementado notablemente los asentamientos irregulares, no sólo la invasión hormiga, sino las ocupaciones organizadas, planificadas por líderes identificados, apoyados por partidos políticos", comentó Ruz al adelantar que los comicios del 2003 serían un nuevo período para decir adiós a más superficie vegetal absorbida por la mancha urbana. Las acusaciones motivaron que Ruz fuera removida del cargo, y sin explicación oficial, para evitar más fricciones políticas con el Gobierno capitalino, la Semarnat desapareció la delegación en el Distrito Federal, con la eventual renuncia de la Federación a ejercer directamente las facultades sobre las zonas boscosas de la capital del país. El miércoles 9 de octubre, Claudia Sheinbaum presentó el programa sectorial de Medio Ambiente 2002-2006. El texto cita que 64 mil 676 viviendas distribuidas entre 419 asentamientos irregulares y 179 regulares han urbanizado 3 mil 457 hectáreas del suelo de conservación. Un día después, los datos proporcionados a la Asamblea Legislativa son otros. El segundo informe anual de la SMA habla de 42 mil 463 familias establecidas en 804 asentamientos irregulares, que ya urbanizaron 2 mil 415 hectáreas.

 

 

 

     Proceso / Exclusivas / Ecología

Oct 21, 2002 1:07 am

 

cerca, el desastre ecológico

raúl monge

La legislación ambiental mexicana impone severas restricciones para el uso, aprovechamiento, explotación y conservación de áreas naturales protegidas y zonas marítimas, terrestres y costeras. Sin embargo, en la práctica buena parte de dichas zonas sufren procesos destructivos que amenazan su futuro: contaminación; extracción ilegal de arena, de minerales, de sal y de materiales pétreos; tráfico de especies animales y vegetales; saqueo; presión demográfica, y deforestación.

México pierde un promedio de 25 especies animales y vegetales cada año, cuando el promedio mundial es de 1.2 especies; la deforestación de bosques y selvas —600 mil hectáreas al año— ha reducido drásticamente la masa forestal nacional, cuya extensión es de 52 millones de hectáreas. Expertos en la materia calculan que en los siguientes 20 años podrían perderse 13 millones más de hectáreas.

Se tienen identificados 100 puntos críticos y nueve áreas de ingobernabilidad dentro de los casi 18 millones de hectáreas bajo regulación especial, cuyo régimen de propiedad es predominantemente ejidal y comunal.

Entre reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, santuarios y áreas de protección de recursos naturales, flora y fauna, existen 134 sitios protegidos, de los cuales sólo 26 cuentan actualmente con programa de manejo, director designado y guardabosques. El resto está a la buena de Dios, confiesa el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Ignacio Campillo García.

El drama no termina ahí

Según datos de la Dirección General de Zona Federal, Marítimo, Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de los 32 mil usufructuarios de esos recursos de la nación, sólo 3% está legalmente reconocido y el resto opera de manera irregular.

Con un litoral de poco más de 11 mil 593 kilómetros, que abarca 17 estados y 166 municipios, con casi 15 millones de habitantes (15.3% de la población nacional) y la tasa de crecimiento en ese renglón más alta del país, la franja costera sufre grandes daños por derrames de hidrocarburos, plaguicidas y aguas residuales, así como por la deforestación, extracción ilegal de recursos, destrucción de manglares y explotación de sal y fosforita.

Petróleos Mexicanos (Pemex), con 900 instalaciones catalogadas dentro del rango de alto riesgo, es el principal agente contaminante de las zonas federales marítimas, terrestres y costeras. Por ejemplo, en Tabasco, en donde tiene 4 mil 34 pozos petroleros, 92 instalaciones de producción primaria y 9 mil 332 kilómetros de ductos, ha contaminado 300 sitios por derrames y fugas de hidrocarburos en lo que va del actual gobierno, según informes de la Profepa.

Pemex es una de las cinco entidades públicas que poseen instalaciones dentro de los 17 millones 147 mil 150 metros cuadrados de superficie bajo resguardo federal, con 2 millones 371 mil 420 metros cuadrados, 13.8% del total.

Las otras son: Las secretarías de Marina, 5 millones 896 mil 663 metros cuadrados (34.4%); de Comunicaciones y Transportes, 5 millones 280 mil 563 (30.8%); de la Defensa Nacional, 2 millones 238 mil 962 (13.1%), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 1 millón 359 mil 542 (7.9%).

En las zonas federales y en las áreas naturales protegidas se desarrollan 18 actividades económicas, principalmente en los ramos turístico y recreativo, de infraestructura portuaria y de comunicación, agricultura, pesca y acuacultura, minería, energía (termoeléctricas y extracción de petróleo), que impactan directa o indirectamente el equilibrio ecológico regional.

Campillo García no le da vueltas al asunto y admite que la situación es realmente crítica: Necesitamos detener la destrucción y la degradación, y salvar lo que queda, pero ya.

Sin embargo, está consciente de sus limitaciones. Afirma que con un presupuesto de 600 millones de pesos, de los cuales poco más de la mitad se aplica a gasto corriente, una plantilla de 200 inspectores que deben vigilar 52 millones de hectáreas de bosques y selvas, además de la falta de equipo básico —avionetas, vehículos, motonetas, radios, binoculares infrarrojos—, la Profepa no puede sola con esa gigantesca tarea.

Explica: Tenemos áreas naturales a las que sólo podemos acceder por aire; en esos casos, buscamos apoyos del Ejército o de la Marina, y no siempre somos prioridad para ellos. Además, los intereses de las autoridades estatales y municipales no siempre concuerdan con los de la Federación. Así de complicadas están las cosas.

En sus sobrias oficinas ubicadas en Camino al Ajusco número 200, desde cuyos amplios ventanales se aprecia un área boscosa que antes formó parte de la zona del Ajusco y ahora es propiedad de Televisión Azteca, Campillo García va al fondo del problema y asegura que la destrucción y el saqueo de la riqueza natural tienen su origen en la pobreza, por lo que advierte que mientras persistan las deplorables condiciones de vida de la población que habita en las áreas sujetas a protección, el proceso destructivo persistirá.

Igual de pesimista resulta Ernesto Enkerlin Hoeflich, director de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de la Semarnat. Admite que esa Comisión es incapaz, operativa y financieramente, de mantener en óptimas condiciones los recursos concentrados en 9% del territorio nacional:

El problema es crítico; estuvieron abandonadas por décadas. Sin embargo, en lugar de ponernos a llorar, hay que apretar el paso.

Los focos rojos

Las autoridades ambientales han detectado 100 puntos críticos y nueve áreas de ingobernabilidad, donde la legislación es, literalmente, letra muerta. En esas condiciones están la zona de los Chimalapas (Veracruz), el santuario de la mariposa Monarca (Estado de México y Michoacán), la montaña de Guerrero, la zona del Ajusco, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl (DF y Estado de México) y Montes Azules (Chiapas).

Campillo García explica que la Profepa difícilmente puede entrar a esos lugares, pues en ellos se refugian organizaciones criminales dedicadas al secuestro, tráfico de armas, venta de drogas y robo de vehículos. A esos sitios sólo entramos acompañados por la fuerza pública.

Acerca del caso de Montes Azules, el procurador cuenta que después del levantamiento zapatista en Chiapas, en enero de 1994, esa reserva natural se convirtió en botín de diversos grupos que se dicen propietarios legítimos de la tierra: Cada vez que pretendemos desalojarlos, aducen que lo único que queremos es exterminar a los indígenas, privatizar la tierra y explotar los recursos minerales y petrolíferos, lo cual es ridículo. Es una manera de cubrir su falta y de politizar una invasión.

Enkerlin plantea, a su vez, el problema de la deforestación legal e ilegal que ocurre en otras zonas estratégicas, como el refugio de la mariposa Monarca, que en los últimos 25 años perdió 44% de su superficie boscosa externa; la zona protegida sufrió una merma de 20% en el mismo período.

Explica que a pesar de las medidas adoptadas para su protección, restauración y conservación, el bosque de la mariposa Monarca está siendo explotado a una tasa superior a su capacidad, lo cual amenaza seriamente su subsistencia.

Las estadísticas de la Profepa reflejan la dimensión del problema: De las 800 personas y grupos denunciados formalmente en los dos últimos años, 80% involucra a personas y grupos dedicados a la tala ilegal. En los ocho años de vida de la Profepa, únicamente se habían levantado cargos contra dos personas.

Los traficantes

El tráfico de flora y fauna alcanza también dimensiones insospechadas. Campillo García comenta que México pierde anualmente alrededor de 25 especies a causa de la cacería furtiva y de los traficantes profesionales.

Hasta ahora, se tienen identificados algunos lugares de tráfico y de acopio de animales, como la zona del Istmo, donde, según el funcionario, se han sellado algunas de las rutas, y el poblado de Charco Cercado, en San Luis Potosí. En este último punto, la Profepa tiene plenamente identificadas a cuatro familias que utilizan menores de edad para vender animales. Ahí se vende lo que sea; hemos incautado especies que vienen de La Huasteca, de Veracruz y de Tamaulipas.

Los traficantes también explotan el tesoro más preciado del Valle de los Cirios (Baja California), las cactáceas. La Profepa consignó recientemente a varias personas por el tráfico de esa especie vegetal única en el mundo.

Enkerlin recuerda que una de las razones por las que se crearon las áreas de reserva natural fue mantener y proteger el hábitat natural de la flora y fauna, cuya amplia variedad tiene colocado a México en el cuarto lugar mundial.

Las especies más codiciadas por los cazadores furtivos son el berrendo, el borrego cimarrón, el jaguar y el oso negro; en cambio, los traficantes de animales exóticos se inclinan por las guacamayas verdes y rojas. En el mercado negro, la verde alcanza un precio de 4 mil pesos y la roja de 10 mil.

Las zonas costeras

Sitios de alta fragilidad, como las playas y parques marinos ubicados en el estado de Quintana Roo, comienzan a resentir los efectos de la sobrexplotación. Por ejemplo, en el parque de Cozumel se registran 2 mil inmersiones diarias de buzos, con el riesgo de destruir arrecifes, tesoro submarino que requiere de 100 años para regenerarse.

En la Riviera Maya —franja de 120 kilómetros en la que se localizan las playas más hermosas del Caribe mexicano— se han tenido que adoptar medidas emergentes para reducir la densidad de la construcción hotelera, que amenaza con destruir zonas de playa. En esa parte, la Profepa encontró múltiples irregularidades: incumplimiento de obligaciones fiscales, bienes de la nación usufructuados por particulares y ocupación ilegal de zonas de reserva.

El caso más ruidoso ocurrió con los concesionarios del centro recreativo Xel-Há, Miguel Quintana Pali y Francisco Córdova Lira, cuyas instalaciones, con 20 años de antigüedad, fueron clausuradas parcialmente el viernes 11 de octubre.

Campillo García cuenta que la concesión obtenida por la promotora Xel-Há amparaba la ocupación de 6 mil metros cuadrados, pero al realizar una inspección se descubrió que le habían ganado terreno a la reserva y explotaban 130 mil metros cuadrados. En la parte ampliada, se detectaron 47 obras sin los permisos correspondientes.

Por esos hechos, la Promotora fue multada con 50 mil días de salarios mínimos, equivalentes a poco más de 2 millones de pesos. Además, se comprometió a pagar los derechos por el uso de la zona federal, casi 30 millones de pesos, incluidos recargos.

Durante el gobierno de Mario Villanueva —sujeto a diversos procesos penales por su presunta participación en el narcotráfico—, las principales áreas de reserva fueron virtualmente privatizadas por empresarios, políticos y banqueros. Por ejemplo, Roberto Hernández, presidente del grupo financiero Banamex-Accival, cuenta con diversas propiedades dentro de la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, la cual tiene 528 mil hectáreas de manglar, tierras, aguas marinas y lagos.

Hernández es dueño de los predios Santa Rosa I y II, Río Temporal, Punta Estrella, Rancho Victoria, así como de las islas de Chai y Punta de Pájaros. Esta última residencia ha tenido tres huéspedes especiales: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y, más recientemente, Vicente Fox.

En la zona costera de Nayarit, la Profepa también encontró múltiples irregularidades, la mayoría de ellas relacionadas con la invasión de zonas federales, por lo que se iniciaron 60 procedimientos administrativos contra prestadores de servicios, desde los grandes hoteleros hasta los vendedores en las playas. Autoridades y concesionarios firmaron el año pasado un convenio para regularizar su situación.

Javier Francisco Esparza Contreras, director general de Zona Federal, Marítimo, Terrestre y Ambientes Costeros (Zofematac), señala que el desorden que imperó en el pasado a la hora de otorgar concesiones provocó que de 32 mil beneficiarios sólo 3% esté en orden.

Confirma que la situación de la zona costera es, particularmente, severa, pues estamos perdiendo playas y eso es indicativo de que debemos iniciar, cuanto antes, procesos específicos de rehabilitación.

—¿Qué áreas requieren atención inmediata en este momento?

—Lo primordial es regularizar las granjas camaronícolas que operan en Sonora, Sinaloa y Nayarit; vigilar que los nuevos desarrollos turísticos de la Riviera Maya cumplan con la normatividad emergente instrumentada, con el propósito de bajar el impacto de las construcciones; frenar el explosivo crecimiento poblacional en la zona costera; trabajar más en la protección de las áreas naturales y regularizar la situación de los asentamientos en las playas de Baja California.

Añade que hace falta también ordenar la explotación de sal en la zona de Guerrero Negro, así como la extracción de arena, piedra bola y productos pétreos, e identificar terrenos ganados al mar.

Otro agente depredador de las zonas federales es la industria. Actualmente existen 42 mil empresas industriales, de las cuales 7 mil están catalogadas como altamente riesgosas por los procesos y las sustancias que manejan. Se concentran en la frontera norte, Nuevo León, Estado de México, Distrito Federal y Jalisco.

Y Pemex es la principal fuente de contaminación, con sus 900 instalaciones consideradas como altamente riesgosas. En los dos últimos años, la Profepa ha obtenido 30 millones de pesos por concepto de multas impuestas a 367 instalaciones de la paraestatal.

Estamos en un momento definitorio: o salvamos los recursos naturales o los terminamos de destruir, advierte el procurador federal de Protección al Ambiente.