El Universal

El jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, declaró ante la Procuraduría General de la República (PGR) que no violó un amparo que impide a su administración construir vialidades en dos zonas expropiadas de Santa Fe, pues los trabajos, dijo, los realizó Servimet, la inmobiliaria del GDF. Además, aseguró que no dio alguno instrucción para quebrantar el amparo definitivo otorgado a favor de los dueños del predio El Encino. La declaración del jefe de gobierno fue realizada luego de que la PGR iniciara una averiguación en su contra por el delito de abuso de autoridad, pues no suspendió las obras viales como lo ordenó el juez que otorgó el juicio de garantías. El Encino fue expropiado en noviembre de 2000 por la ex jefa de gobierno, Rosario Robles, para construir las avenidas Carlos Graef y prolongación Vasco de Quiroga, con las cuales se dotaría al Hospital Inglés de vías de acceso y se evitaría una demanda por 325 millones de pesos. No obstante, un juez ordenó a López Obrador suspender las obras y un Tribunal Colegiado cancelar el decreto de expropiación “inconstitucional” y regresar el terreno. Las resoluciones fueron cumplidas parcialmente, porque López Obrador revocó el decreto, pero no ha suspendido totalmente los trabajos y tampoco ha regresado el predio, pues existe “un impedimento material”: las obras están casi concluidas. El jefe de gobierno presentó su declaración por escrito y la ratificó, el pasado 4 de septiembre en su oficina, donde se apersonó el Ministerio Público Federal, es decir, el tabasqueño no piso las instalaciones de la PGR.  López Obrador explicó, en su declaración, que no ordenó y ejecutó las obras viales en las dos zonas que fueron expropiadas de El Encino, pues éstas se encomendaron en la pasada administración a Servimet, cuyo titular era Alfonso Vaca, colaborador cercano del perredista Cuauhtémoc Cárdenas . Vaca también fue citado a comparecer en esta administración por la Contraloría Interna del GDF, pues presume que causó un daño patrimonial por la venta del predio Tlayapaca. No obstante, éste indicó que la transacción se realizó con apego a la normatividad. En la declaración ante la PGR López Obrador añadió: “La licitación, el fallo y la firma del contrato con objeto de la construcción de la obra pública consistente en la construcción de la avenida Carlos Graef Fernández se hizo a través de Servicios Metropolitanos. Entonces es falso que en mi calidad de jefe de Gobierno del DF hubiese incumplido la suspensión definitiva otorgada a la quejosa”. Incluso, mencionó que Servimet firmó los contratos para la construcción de la avenida prolongación Vasco de Quiroga con la empresa Edificaciones y Construcciones GH, SA de CV. Mientras que en el caso de la vialidad Carlos Graef fue con Constructora y Arrendadora Nacional SA de CV.  Tanto los contratos como las licitaciones fueron realizadas por Servicios Metropolitanos con base en un poder notarial para delegar facultades. “Servimet goza de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de su objetivo y de los objetivos y metas señaladas en sus programas, según los artículos 36 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF”, agregó. López Obrador presentó su declaración el 26 de agosto, dos días antes de que anunciara el cierre de Servimet, porque su funcionamiento no era redituable, y de que renunciara el titular de ésta, Carlos Heredia. Durante el litigio, quien ha sido requerido es el jefe de gobierno y no Servimet, pues ésta depende de su mando. Además, él ha contestado los oficios y ha informado del cumplimiento de algunas acciones, por lo que su argumento, de responsabilizar a la inmobiliaria, no sería válido. Entre esas acciones, se encuentra la abrogación del decreto expropiatorio del 10 de noviembre de 2000, en relación con El Encino; la petición hecha al Tribunal Colegiado para que el GDF pague daños y perjuicios a los dueños en vez de regresarles el terreno; y el retiro de las máquinas de construcción en las zonas que fueron enajenadas. Si el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito o la Corte aceptan que López Obrador pague daños y perjuicios a los dueños de El Encino, Promotora Internacional, en cumplimiento sustituto a la sentencia, que lo obliga a regresar el terreno, el caso estaría cerrado y el jefe de gobierno ya no sería destituido del cargo por no acatar el fallo. 

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