Con propuestas de castigos de hasta 30 años de prisión en contra de los promotores de invasiones de suelo de conservación, este jueves se define el contenido de la contrarreforma ambiental al Código Penal. "Buscamos que la iniciativa entre como prioridad en el siguiente período ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa", informó Arnold Ricalde, presidente de la Comisión Ambiental que convocó al encuentro a realizarse este jueves en el recinto de Donceles.

'Buscamos que la iniciativa entre como prioridad en el siguiente período ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa'.- Arnold Ricalde / Foto: archivo / Reforma

"Fuimos los primeros en reconocer las equivocaciones y ahora buscaremos que el derecho penal sea un instrumento adecuado para proteger los recursos ambientales de la ciudad", comentó Ricalde.

Mireya Imaz, directora general de Ecología en Tlalpan, presentará una propuesta que plantea reintegrar al Código Penal el valor ambiental que representa el suelo de conservación, pues en las modificaciones se consideró que la ocupación ilegal constituye únicamente el delito patrimonial de despojo de propiedad privada, sin tomar el cuenta el valor ambiental del suelo de conservación.

La sugerencia pide que expresamente quede tipificado que se castigará a los invasores de áreas naturales protegidas, suelo de conservación, áreas de valor ambiental, humedales, zonas verdes en suelo urbano, barrancas o cuerpos de agua, incluso con sanciones de hasta 30 años de cárcel.

"La pena prevista se aumentará en una mitad a los incitadores y dirigentes, cuando la ocupación se realice con violencia", lo que implicaría una sanción de 20 años de cárcel, anota la propuesta.

Ante legisladores y especialistas de la Procuraduría Ambiental y la secretaría de Medio Ambiente, Mireya Imaz planteará la necesidad de que con claridad quede consignado en el Código Penal que delinquirá quien promueva el cambio de uso de suelo en cualquiera de los tipos de áreas con valor ambiental.