Capítulo 1-3 (Introducción, Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, México: Hacia un Despegue Acelerado)
Capítulo 4 (El Poder Ejecutivo Federal, 2000-2006)
Capítulo 5 (Área de Desarrollo Social y Humano)
Capítulo 6 (Área de Crecimiento con Calidad)
Capítulo 7 (Área de orden y respeto)
Capítulo 8-9 (Compromisos con México, Anexo)
La Visión del México al que AspiramosLa visión de futuro de México en el año 2025 que la sociedad mexicana desea tener es la guía de todos los esfuerzos de este gobierno. Esta visión señala las principales características del país que queremos construir, características en las que la mayoría de los mexicanos está de acuerdo y que deben trascender el esfuerzo de este gobierno para afirmar un compromiso de largo plazo con la sociedad mexicana.Se ha definido un periodo de 25 años como un lapso en el que este ideal pueda ser logrado; 25 años de esfuerzo para cristalizar un desarrollo nacional del que todos nos sintamos orgullosos. Para ello es necesario articular a toda la sociedad mexicana en la búsqueda y logro de un nuevo país. La visión del México al que aspiramos en el año 2025 puede sintetizarse así: México será una nación plenamente democrática con alta calidad de vida que habrá logrado reducir los desequilibrios sociales extremos y que ofrecerá a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral y convivencia basadas en el respeto a la legalidad y en el ejercicio real de los derechos humanos. Será una nación dinámica, con liderazgo en el entorno mundial, con un crecimiento estable y competitivo y con un desarrollo incluyente y en equilibrio con el medio ambiente. Será una nación orgullosamente sustentada en sus raíces, pluriétnica y multicultural, con un profundo sentido de unidad nacional. Al concluir el primer cuarto del siglo XXI los mexicanos habrán construido una democracia sólida y logrado reducir las inequidades sociales, políticas y económicas, con lo cual todos tendrán acceso a una mejor calidad de vida. Estas condiciones permitirán construir y recrear formas de organización colectiva que mantendrán la cohesión social sobre la base de una alta participación de diversos grupos de la sociedad y de un sólido sentido de compromiso social de sus autoridades. La sociedad estará integrada en su mayor parte por individuos con sólidas capacidades para construir su propio bienestar; contarán con el apoyo de políticas públicas eficaces para complementar sus esfuerzos individuales, y estarán protegidos de riesgos que atenten contra sus posibilidades de progreso. En virtud de su eficacia, su calidad y su transparencia en el uso de los recursos públicos, las políticas públicas tendrán un alto grado de aceptación y confianza entre la población. El país contará con una economía dinámica y competitiva basada en políticas económicas que propicien un crecimiento económico estable, continuo, tecnológicamente innovador y en armonía con el medio ambiente. Este crecimiento hará posible la inclusión del conjunto de la población en actividades económicas que le permitirán ganarse la vida con dignidad y tener acceso a niveles crecientes de poder adquisitivo. La convivencia en el país se sustentará en un sólido Estado de derecho. El respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales serán guía permanente en la acción del gobierno. Autoridades y ciudadanos se conducirán, por igual, con apego a la legalidad. Ante la inobservancia del marco normativo habrá acceso amplio y expedito a la procuración y administración de justicia. La actuación de los gobiernos se sujetará estrictamente a la voluntad popular, expresada en instituciones modernas que garantizarán el ejercicio continuo de la democracia. En el contexto internacional, nuestro país estará abierto a los intercambios económicos, sociales, culturales y políticos. Asimismo, México reivindicará con orgullo sus raíces históricas, la diversidad étnica de su sociedad, su soberanía nacional, su inamovible vocación por la paz y el respeto al orden jurídico internacional, al tiempo que fomentará y apoyará una cultura de la innovación. El desarrollo de la unidad nacional se asentará en la construcción de instituciones que respeten la multiculturalidad y normen con equidad los derechos y las obligaciones de los distintos grupos que conforman la sociedad mexicana, sin atentar contra la integridad de la nación ni de los valores que sustentan su identidad. México aspira a ser uno de los países líderes en la promoción de un desarrollo integral que llegue a toda la población. |
La Misión del Poder Ejecutivo FederalLa administración pública federal establece una misión que define lo que este gobierno se compromete a realizar para avanzar en el logro del México que se desea en el 2025.La misión establece los objetivos por los que todos los miembros de la administración pública, encabezados por el Presidente de la República, se comprometen a trabajar con absoluta fuerza y dedicación. La misión del Poder Ejecutivo Federal 2000-2006 es conducir responsablemente, de manera democrática y participativa, el proceso de transición del país hacia una sociedad más justa y humana y una economía más competitiva e incluyente, consolidando el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena vigencia del Estado de derecho. Para lograrlo habremos de: El Plan Nacional de Desarrollo es, también, el marco en el que se definirán los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales. Tanto el Plan como los programas específicos permearán en los programas operativos anuales, por lo que el esfuerzo de lograr la visión del México al que aspiramos en el año 2025 será apoyado por la administración pública federal de acuerdo con el marco establecido en la misión. |
Los Principios que Sustenta el Poder Ejecutivo FederalEl desarrollo de las funciones de la presente administración, contenidas en este Plan Nacional de Desarrollo, se apoya en tres postulados fundamentales:En cuatro criterios centrales para el desarrollo de la nación: En cinco normas básicas de acción gubernamental: En conjunto, estos principios guiarán los proyectos, los programas y las acciones de la administración pública federal. Postulados Humanismo Cada persona es un ser único; por ello, debe ser apoyada para que pueda lograr su más amplio desenvolvimiento material y espiritual. Ése es precisamente el fin primordial de las acciones del Estado: lograr el desarrollo integral del ser humano y de sus comunidades. Los seres humanos se expresan plenamente cuando descubren y ejercitan sus potencialidades tanto intelectuales como físicas. Es obligación de las autoridades propiciarlas, respetando las distintas formas de ser de las personas y de las familias integrantes de la comunidad y, de esta manera, hacer posible el mejoramiento de la vida humana, afirmar su valor y darle seguridad. Este gobierno tiene como tarea primordial crear las condiciones económicas, sociales y políticas para apoyar el desenvolvimiento armónico de las facultades del ser humano, su inteligencia y su voluntad libre, tanto en el ámbito individual como en el social, alentando una conciencia cívica que permita tener mejores ciudadanos. La dignidad de la persona exige que el Estado respete estrictamente los derechos humanos, que las instituciones se orienten y fundamenten en principios de solidaridad y de justicia, y que el principio de subsidiariedad enmarque los espacios de acción del Estado. Equidad Los ciudadanos son iguales ante la ley y deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse, independientemente de sus diferencias económicas, de opinión política, de género, religiosas, de pertenencia étnica o preferencia sexual u otras. Esas diferencias no pueden, en ningún caso, utilizarse o invocarse para evitar que a todas las personas se les brinden las mismas oportunidades. La propia diversidad entre los individuos hará que cada uno de ellos opte por aprovechar o no ciertas oportunidades; lo que importa es que la sociedad las haya puesto a su disposición y haya mejorado su capacidad para aprovecharlas sin exclusiones. México se ha caracterizado, en sus casi dos siglos de existencia como país independiente, por una notable desigualdad de oportunidades entre sus distintos grupos sociales. Específicamente, en lo referente a la cultura y su preservación, al acceso a la educación, a los servicios públicos, al trabajo y a la participación en la economía y, desde luego, al ejercicio de los derechos ciudadanos. Las inequidades son causa de muchos dramas en la vida de los seres humanos que no alcanzan a desarrollar su potencial como personas. Las oportunidades son distintas en el ámbito rural y en el urbano, en las grandes y en las pequeñas ciudades, en las zonas residenciales y en las zonas marginadas, etc. También se advierten de manera muy notoria desigualdades de oportunidad entre los géneros, pues los hombres tienen más posibilidades de acceso a las distintas opciones de educación y trabajo que las mujeres. Debido a ello, se requiere de manera imperativa la transversalidad de las acciones de gobierno, para que los resultados sean equitativos y aseguren el impacto deseado en los grupos más desfavorecidos: indígenas, mujeres, personas con discapacidad, etcétera. La promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades es otra tarea primordial de este gobierno. Para llevarla a cabo se crearán las instituciones y los mecanismos indispensables, así como programas regionales y especiales para poner al alcance de todos los habitantes sin distinción los bienes sociales y los satisfactores básicos: habitación, vestido, sustento, transporte, educación, trabajo, salud, seguridad social y diversión sana. Cambio Para que se establezcan las condiciones y oportunidades que requiere el conjunto de la población en México es necesario el cambio; éste, a su vez, exige el establecimiento de un sistema democrático y de responsabilidad compartida entre las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad. Sin embargo, es fundamental entender cuáles son las exigencias para vivir positivamente esta nueva dinámica de la sociedad en proceso de cambio. Es indispensable un mayor conocimiento de la historia de nuestro país, para poder advertir claramente los aciertos y errores que hemos cometido como comunidad nacional y como comunidades regionales. Esta cambio incluye la realización de un esfuerzo solidario y permanente para transformar las confrontaciones y conflictos en relaciones constructivas encaminadas a la consolidación de un nuevo orden en el que se conduzcan positivamente las relaciones sociales, económicas y culturales, sin demérito de personas y comunidades. Es indispensable la generación de confianza en un gobierno transparente y honesto en todos los órdenes de la administración pública, que mantenga informada a la sociedad sobre el ejercicio del poder y la operación de las instituciones públicas, y dé a la sociedad la capacidad suficiente para formular denuncias y exigir responsabilidades a los servidores públicos. La demanda de la ciudadanía de contar con un gobierno que produzca resultados tangibles y valiosos, hace necesaria la implantación de un proceso de cambio profundo que le permita responder al nuevo entorno y crear las oportunidades de desarrollo para toda la población. Esto exige un trabajo serio y entusiasta para dejar atrás prácticas y supuestos obsoletos, y para emprender un proceso de cambio y transformación con ideas innovadoras y creativas. Se requiere un cambio de paradigmas; un cambio de cultura que permita la evolución hacia enfoques proactivos y visionarios. La innovación en el gobierno, que nos permita concebir nuevas formas de hacer las cosas, así como mejorar lo que se ha estado haciendo bien y que produce un valor agregado para la sociedad. Con ideas innovadoras buscaremos remplazar los sistemas burocráticos por sistemas emprendedores, así como crear organizaciones públicas y sistemas de atención que estén mejorándose de manera permanente. La consolidación de un gobierno que se dedique a administrar resultados, en vez de normas y trámites. Un gobierno con sentido estratégico en la conducción del desarrollo del país mediante procesos de planeación que respondan a las expectativas de la sociedad, y que rinda cuentas de sus resultados y de la conducta de sus servidores públicos. La construcción de una economía sana que crezca de manera estable y dinámica, y cuyos beneficios lleguen a toda la población. El establecimiento de mecanismos preventivos del daño que pueden causar las relaciones de producción inequitativas, la concentración del ingreso, los privilegios y la corrupción que afectan severamente a las instituciones y a las personas. Sólo de esta manera podremos hablar de un verdadero cambio, que parta de la sociedad y que defina con claridad el quehacer y el alcance de las instituciones públicas, y no como en el pasado cuando el cambio se imponía desde las cúpulas del poder. El cambio que este gobierno llevará a cabo se basa en la edificación de una nueva era de cooperación democrática, seguridad pública y Estado de derecho; en el fortalecimiento de la economía garantizando un crecimiento con calidad humana y en equilibrio con nuestro entorno. Un cambio para construir una nación con altos índices de desarrollo social y humano. Criterios centrales para el desarrollo de la nación Inclusión Este Plan busca ofrecer oportunidades a toda la población para que, mediante una mejor preparación, se facilite su crecimiento como personas y adquieran la capacitación y el adiestramiento necesarios para aprovechar las oportunidades del desarrollo. Para lograrlo se requiere una nueva relación entre el gobierno y la sociedad que permita la creación de nuevas formas de inclusión, así como la reconstitución del tejido social. Históricamente y a lo largo de casi doscientos años, México se ha desenvuelto como país independiente, teniendo como antecedentes las culturas originales de la región mesoamericana y los tres siglos del periodo colonial. Su desarrollo ha alcanzado un nivel de integración nacional y regional de cierta consistencia; sin embargo, faltan elementos de cohesión que den estabilidad y posibilidades de desarrollo al conjunto de la población. Con la globalización de la economía, a principios de los ochenta, se abrieron para México extraordinarias oportunidades para exportar y producir en gran escala. Así, a mediados de la misma década, el país inició su inserción en la economía internacional. Este proceso ha propiciado que una parte de la economía mexicana se transformara, que participara con éxito en el marco de competencia internacional y se crearan nuevas fuentes de empleo y de riqueza. Sin embargo, otra parte ha permanecido rezagada y ha encontrado grandes dificultades para adecuarse a la cambiante realidad económica. En la era de la globalización, las políticas puestas en práctica en el país no han logrado estabilizar la economía ni propiciar un desarrollo equilibrado entre regiones, sectores y grupos de la población. El resultado ha sido un costo social muy elevado: las desigualdades sociales y regionales se han incrementado; la pobreza y la marginalidad han crecido, y el subempleo y el empleo informal constituyen la manera de participar en la economía para millones y millones de mexicanos. Esta situación de inequidad demanda hoy una política de desarrollo incluyente y plural, que tome en cuenta las distintas ideas, etnias, necesidades y circunstancias de los distintos grupos y regiones del país para incluirlos en el proceso de desarrollo. Por ello, uno de los criterios centrales de la política de desarrollo de este gobierno consiste no sólo en llevar bienes que mitiguen la inequidad y la miseria, de lo que se trata es de construir puentes para el desarrollo económico y social de los grupos marginados, muchos de los cuales durante décadas han estado excluidos, de manera muy especial los indígenas, buscando que transiten de su condición de pobreza y exclusión, a una de progreso, bienestar y mejores condiciones de vida. El desarrollo humano debe ser incluyente para ofrecer a todos los mexicanos las oportunidades que necesitan para su crecimiento como personas se requiere una nueva relación entre el gobierno y la sociedad, se requiere una política social de inclusión. Se necesita una considerable expansión de los mecanismos que permitan ampliar las capacidades de todos los mexicanos, especialmente los más desfavorecidos, al tiempo que se incrementan las oportunidades y se garantiza que cada persona tenga acceso a ellas, lo que le permitirá ser sujeto de su propio desarrollo, al poseer los medios para progresar por su propio esfuerzo. Así, las acciones para promover el desarrollo del país estarán orientadas a lograr que los avances en los procesos de innovación y las oportunidades de acceso al crédito, a la tecnología, al conocimiento técnico y al dominio de las mejores prácticas estén disponibles para más mexicanos. Debemos asegurar que todos estén incluidos en el proceso de desarrollo creando nuevas formas de inclusión y reconstituyendo el tejido social. Sustentabilidad La otra gran área excluida del proceso de formación de la nación mexicana ha sido la protección de la naturaleza. Tierra, aire, agua, ecosistemas naturales y sus componentes, flora y fauna, no han sido valorados correctamente y, por mucho tiempo, se les ha depredado y contaminado sin consideración. La excepcional biodiversidad de la que nuestro país ha sido dotado como patrimonio natural ha sufrido daños considerables y debe preservarse para las generaciones futuras. Es un hecho que en los procesos de desarrollo industrial, de urbanización y de dotación de servicios, los recursos naturales no se han cuidado de manera responsable, al anteponer el interés económico a la sustentabilidad del desarrollo. Este proceso de devastación tiene que detenerse. El desarrollo debe ser, de ahora en adelante, limpio, preservador del medio ambiente y reconstructor de los sistemas ecológicos, hasta lograr la armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza. Así, el desarrollo debe sustentarse en la vida porque de otra manera no sería sustentable en función del país que queremos. Debemos asumir con seriedad el compromiso de trabajar por una nueva sustentabilidad que proteja el presente y garantice el futuro. El capital natural de nuestro continente, de nuestro país, debe preservarse. Y éste es, precisamente, el criterio que el gobierno promoverá para garantizar un sano desarrollo. Competitividad La nueva economía, las profundas transformaciones en el comercio y los flujos financieros internacionales han traído cambios fundamentales en la estructura de los mercados y en las formas de competencia que transforman el entorno económico en el mundo y en México, lo cual impone un gran reto que debemos enfrentar para lograr un desarrollo exitoso. En un mundo globalizado, el país requiere un sector productivo más competitivo y sólido para afrontar las exigencias que este entorno presenta. Por ello, sobre la base de la eficacia y la equidad de oportunidades, es imperativo construir puentes que conduzcan a un futuro compartido: puentes entre la vanguardia exitosa y la retaguardia olvidada; entre la tradición y la modernidad; entre la vieja y la nueva economía; puentes para que los excluidos del desarrollo se incorporen a un proceso al que tienen derecho; puentes de alta velocidad para llegar más rápido; puentes amplios donde puedan ser incluidos todos los que hasta hoy han sido marginados. Este gobierno tendrá a la competitividad como uno de los criterios básicos para el desarrollo. Con un espíritu de equidad, creará las condiciones necesarias para que las empresas, grandes y pequeñas, puedan desarrollarse y transformarse de acuerdo con el ritmo que marcan los rápidos cambios, especialmente en la tecnología, en los nuevos procesos productivos y en la revolución digital. Por ello, ampliará las oportunidades, la capacitación, el acceso al crédito, para que de esta manera los sectores, las regiones y los grupos que tradicionalmente han estado excluidos de las oportunidades del desarrollo, sean competitivos en este nuevo escenario económico. Estamos conscientes de que el impulso a la competitividad no garantiza que todos los grupos alcancen sus beneficios. Por ello, es necesario realizar acciones para apoyarlos de manera especial, buscando mitigar los efectos negativos que este fenómeno les pudiera acarrear, y ayudarlos para que en el futuro puedan competir con éxito. El gobierno adoptará también estrategias que mejoren la competitividad y la eficacia de los servicios que ofrece, para así crear un clima propicio para la competitividad del sector productivo: reglas claras, sencillas y permanentes; rendición de cuentas; servicios de calidad; infraestructura adecuada. En este contexto de búsqueda de competitividad no hay desarrollo posible si el modelo elegido no es capaz de reducir la brecha entre los que tienen acceso a las nuevas tecnologías de información y de producción, y los que se han ido quedando cada vez más lejos del acceso a estas herramientas para el desarrollo. Los sistemas de información más avanzados deben estar en el centro de la agenda nacional, y deberán ser un factor para reducir la brecha entre las regiones, las empresas y las familias, y contribuir al desarrollo de un México más competitivo y a una sociedad más justa y humana. Desarrollo regional El país tiene una conformación topográfica muy diversa que ha condicionado la estructura territorial de las ciudades y de la actividad económica: el paso de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y el cinturón desértico del Trópico de Cáncer condicionan el clima, el agua, la fertilidad y los riesgos. La labor del hombre sobre la geografía ha llevado a resultados no menos dramáticos. En los últimos años ha crecido la brecha entre ingresos y oportunidades de centros poblacionales prósperos y centros rezagados. Esta brecha apenas se ha mitigado entre regiones. El resultado es que vivimos en un México de fuertes contrastes. Existen enormes diferencias en cuanto a condiciones geográficas y una inmensa diversidad en sus recursos naturales. El desarrollo económico y humano es desigual a lo largo y ancho del país, causando grandes desequilibrios: algunas zonas son modernas e industrializadas, mientras otras son pobres y poco desarrolladas. La falta de políticas claras de desarrollo regional ha dado lugar a la coexistencia de varios Méxicos dentro de un mismo territorio. Los datos disponibles indican que el Distrito Federal registra en la actualidad un índice de desarrollo humano similar al de naciones que ocupan las posiciones 21 y 22 en la clasificación mundial, en tanto que Chiapas y Oaxaca tienen un índice semejante al de los países que se encuentran en los lugares 101 y 102. La migración ha sido un mecanismo para transferir remesas de las regiones más ricas a las más pobres y reducir presiones en estas últimas. El costo de la migración lo absorben los propios migrantes, sus familias y sus comunidades. Sin embargo, a pesar de su intensidad, no se han reducido las diferencias entre regiones. El 18% de los mexicanos vive en lugares distintos a su entidad de nacimiento, el doble del observado en 1970. Además, en los últimos 30 años se ha incrementado más de 10 veces el número de mexicanos que vive en Estados Unidos. Este gobierno fortalecerá el federalismo para responder a la demanda social por una distribución más equitativa de oportunidades entre regiones, mediante la distribución adecuada de atribuciones y recursos entre los órdenes de gobierno para mejorar la competitividad y cobertura de los servicios públicos. Este gobierno también facilitará que cada región sea el principal artífice de su propio destino, con el apoyo del resto de la Federación. En este sentido, promoverá el desarrollo de planes concretos para cada región que sean acordes con las necesidades y vocaciones específicas y que sean congruentes con los procesos de descentralización económica, política y social que vive nuestro país. Normas básicas de acción gubernamental Apego a la legalidad El principio que dispone que la autoridad gubernamental sólo puede hacer aquello que le está expresamente permitido por las normas jurídicas y que debe actuar respetando los límites, acotamientos y condiciones que le impone el orden jurídico para el caso particular de que se trate, será estrictamente respetado por el Ejecutivo y por todos sus colaboradores. La observancia de la ley por parte de los servidores públicos de la administración pública federal será un principio que distinguirá la acción del Ejecutivo. En el marco jurídico reconocerá un mandato supremo. De acuerdo con la jerarquía de normas, la administración pública federal acatará las disposiciones constitucionales, las disposiciones legales, los convenios, las decisiones jurisdiccionales y las disposiciones administrativas que regulan su actividad. El gobierno será particularmente respetuoso de los derechos humanos. La fuerza del Ejecutivo será la que deriva de la legitimidad que otorga el derecho. La observancia de los principios del Estado de derecho crea certidumbre, establece un valladar que protege los derechos fundamentales de las personas, que permite remediar acciones contrarias a derecho que afectan a la comunidad y que atentan contra el interés público o lesionan los intereses legítimos de las personas. El gobierno deberá facilitar el acceso expedito y práctico de las personas a las vías administrativas y judiciales de que formalmente disponen para cuestionar actos de las autoridades de las dependencias de la administración pública federal. Cuando los asuntos lleguen al conocimiento de los tribunales del Poder Judicial, éstos pondrán especial cuidado en cumplir con su obligación de obedecer lo que manden las resoluciones de ellos emanadas. Es prioridad del Ejecutivo convertir a México en un país de leyes, que dé certidumbre, seguridad y confianza a los ciudadanos. Para lograrlo, es necesario, entre otras cuestiones, que los programas y acciones encaminados a mejorar la seguridad pública, combatir la corrupción, defender la soberanía, resguardar la seguridad nacional y mejorar el sistema de impartición de justicia tengan como hilo conductor el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Pero el esfuerzo debe ir más allá. Se debe promover entre la población la observancia de la ley. Una forma de lograrlo es mejorar la calidad y el acceso a la procuración y administración de justicia. Estas acciones deben ir acompañadas de la consolidación de una cultura de la legalidad tanto en ciudadanos como en autoridades. El reto es considerable si se toma en cuenta la desconfianza que impera en la sociedad debido a prácticas de impunidad y de corrupción que por décadas han estado presentes en la vida pública del país. El gobierno está decidido a restituir la confianza y la seguridad de las familias mexicanas por medio del ejemplo: honestidad, irrestricto apego a la legalidad y fin a la impunidad. El objetivo es eliminar vicios e inercias y hacer que tanto las autoridades como la población acaten lo dispuesto en el orden jurídico. La consolidación del Estado de derecho traerá beneficios tangibles al Estado, a la sociedad y a los individuos que la componen. Entre esos beneficios destacan el pleno goce de los derechos humanos, la certidumbre, el fortalecimiento de las instituciones y el respeto y confianza de los ciudadanos en las autoridades. Gobernabilidad democrática La administración pública federal ejercerá el poder público en ella depositado con las formas propias de una democracia. El ser humano es la razón de ser del Estado. La administración pública federal tendrá presente al ciudadano como origen y destino de sus acciones; éstas respetarán siempre los derechos humanos. Las dependencias promoverán procesos de deliberación colectiva relacionados con las políticas públicas. Respetarán y promoverán el pluralismo. Dejarán atrás procesos clientelares. Apegarán su conducta a derecho. De manera particular, recurrirán al uso de la fuerza legítima del Estado únicamente en los términos previstos por el orden jurídico. En el esquema de competencias definido por la Constitución se contemplan acciones que requieren una interacción Ejecutivo-Legislativo. La administración pública federal trabajará junto con el Congreso de la Unión, con sus cámaras y con sus comisiones bajo un esquema de corresponsabilidad. Los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal respetarán los espacios de competencia de los poderes Legislativo y Judicial, así como los de las autoridades federales y estatales. El Ejecutivo contribuirá, en la esfera de sus atribuciones, al fortalecimiento del sistema de partidos y de las instancias de representación de la ciudadanía. Las dependencias de la administración pública federal colaborarán para que la ciudadanía esté mejor informada y desarrolle habilidades y destrezas que le permitan promover sus intereses legítimos e incorporarse a los procesos de definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Además, impulsarán las actividades de desarrollo social desplegadas por organizaciones sociales. Las dependencias estimularán el diálogo y la negociación, sin violar jamás la ley. Promoverán la construcción de convergencias políticas y sociales que hagan frente a los grandes desafíos nacionales. Acercarán procesos de toma de decisiones a las bases sociales. Asimismo, facilitarán el acceso a la información de fuentes oficiales conforme al marco normativo respectivo. Los cambios son particularmente poderosos cuando surgen de la propia sociedad y es ella la que participa en su instrumentación y evaluación. Por tal motivo, es necesario asegurar que la responsabilidad del desarrollo nacional sea compartida por el gobierno y la población. En el proceso de desarrollo integral de México es tan importante la participación de los ciudadanos y la expresión de su voluntad respecto de programas y metas de las instituciones públicas, como la evaluación de los resultados que se obtengan. La participación ciudadana se impulsará, desde los espacios de atribución del Ejecutivo, en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, para tener lugar desde la planeación del desarrollo hasta el seguimiento y control del mismo. Este gobierno se compromete a fortalecer la participación ciudadana en las acciones de gobierno, respetando los cauces institucionales creados para ello. Federalismo En el mundo moderno y globalizado en el que vivimos, es cada vez más evidente que la descentralización responsable y cuidadosa, basada en criterios de eficacia, respeto a la autonomía y equidad, rinde mayores frutos que la concentración de funciones, facultades y recursos, al mismo tiempo que facilita el ahorro de recursos, la eficacia y el desarrollo sustentable. Para que un país tenga éxito en el nuevo esquema mundial, es necesario contar con gobiernos ágiles, responsables, con capacidad de respuesta y herramientas para enfrentar los retos que impone el desarrollo. Las estrategias para resolver necesidades y crear condiciones de desarrollo en cada localidad, deben quedar en manos de las entidades federativas y los municipios para llegar a un nuevo pacto federal que habilite a cada orden de gobierno para ejecutar acciones que respondan de manera inmediata y efectiva a las necesidades de la población, y que se traduzcan en una mejora en su calidad de vida. Es necesario fortalecer el federalismo en México. Es la forma como el desarrollo de las diferentes regiones que componen nuestro vasto territorio puede lograr que las menos desarrolladas mejoren sus condiciones y que la Federación se vea fortalecida mediante un sano desarrollo regional. En la medida en que se fortalezcan los mecanismos para acercar las decisiones de gobierno al ámbito en el que éstas son requeridas, en esa medida será el grado de pertinencia que tengan para resolver los problemas o aprovechar las oportunidades de las localidades en cuestión, elevando de esta forma el impacto y la eficacia en el uso de los recursos y logrando mejores resultados para la población que cada vez demanda más y mejores satisfactores a sus necesidades. El Ejecutivo federal está comprometido a acelerar el proceso de federalismo, la justa redistribución del gasto, la capacidad para generar mayores ingresos, así como el poder de decisión y de ejecución de obras y prestación de servicios públicos, hacia los gobiernos locales. Por ello, resulta indispensable fortalecer y respetar las autonomías estatales y municipales, reconociendo la capacidad de autodeterminación y ejecución de los órdenes de gobierno, habilitándolos para que sean los principales artífices de su desarrollo. Este gobierno se compromete también a fortalecer la participación ciudadana en las acciones de gobierno, respetando los cauces institucionales creados para ello. Esto implica pasar de la amplia participación ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, a una amplia participación en los procesos de evaluación de los resultados y de compromiso con las acciones que la misma sociedad y los demás órdenes de gobierno deben emprender para materializar el México que deseamos. Transparencia El Ejecutivo federal actuará con transparencia en el ejercicio de sus facultades, por lo que los servidores públicos de la administración pública federal estarán obligados a informar con amplitud y puntualidad sobre los programas que tienen encomendados, en términos de logros alcanzados y recursos utilizados. Las decisiones gubernamentales tienen que ser transparentes, por lo que deberán estar abiertas al escrutinio público, con excepciones muy claramente definidas en relación con la seguridad de la nación. Esto debe realizarse mediante normas perfectamente definidas y conocidas tanto por los servidores públicos como por el conjunto de la ciudadanía, buscando evitar tanto los errores por desconocimiento como las faltas ocasionadas por la mala fe o la deficiente actitud de quienes prestan un servicio público a la ciudadanía. Las reglas de acceso a la información gubernamental tienen que ser las mismas para todos los interesados en la actividad del gobierno. Informar de manera transparente y oportuna debe ser una constante en todas las dependencias de la administración pública federal. Las decisiones discrecionales deben reducirse al mínimo y acotarse y reglamentarse mediante normas claras de orden público, con lo cual se evitarán las oportunidades de corrupción y se permitirá a la ciudadanía valorar la honestidad y honradez de los servidores públicos y, en su caso, detectar desviaciones y anomalías en el ejercicio de la función pública. El objetivo que se persigue es muy claro, se trata de lograr que el gobierno y la sociedad colaboren para erradicar, de una vez por todas, el mal que tanto daño ha hecho a nuestro país: la corrupción Rendición de cuentas El establecimiento de un sistema nítido de rendición de cuentas públicas requiere la designación de responsables en las distintas actividades y programas de la administración pública federal, de tal manera que los culpables de ineficacia o corrupción puedan ser inmediatamente detectados e identificados, para proceder en consecuencia. Para eliminar la impunidad es necesario que cada funcionario público conozca con claridad sus obligaciones y sus compromisos dentro de una nueva cultura de rendición de cuentas. Además, es necesario que estos servidores dispongan de los instrumentos y la capacitación adecuados para realizar eficazmente su trabajo y que tanto el sistema de supervisión como los mecanismos para su seguimiento y sanción sean claros y sencillos en su aplicación. La rendición de cuentas exige un sistema de planeación que, basado en el Plan Nacional de Desarrollo, defina las prioridades, actividades y metas de cada área de gobierno, así como un sistema de indicadores que mida su cumplimiento y los evalúe en relación con los objetivos del desarrollo nacional. Esto facilitará la adopción de las acciones correctivas en los casos en los que sean necesarias y la adecuación de procesos y proyectos, así como las acciones que permitan fortalecer y consolidar los éxitos obtenidos con la acción del gobierno y la participación de la sociedad. Con el fin de hacer más congruente la acción del gobierno con las necesidades de la sociedad, se necesita un sistema para captar las opiniones de los ciudadanos sobre las obras y los servicios que requiere del gobierno, así como de la calidad que demanda de los servicios públicos que recibe. Finalmente, debe establecerse un sistema de estímulos para los servidores públicos sobresalientes, y promover las actividades destacadas de las organizaciones sociales en su colaboración para el desarrollo de su localidad, región o incluso del país. Los sistemas de premiación y reconocimiento de los servidores eficaces y de los ciudadanos conscientes, deben multiplicarse para estimular estas conductas. A fin de cuentas, los resultados obtenidos por la administración pública federal deben ser conocidos por la ciudadanía, tanto los positivos como los negativos. De esta manera enfrentaremos con honestidad a la opinión pública y promoveremos la participación de la sociedad en una nueva cultura de responsabilidad compartida y de rendición de cuentas, así como en la conducción del desarrollo nacional. |