La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inspecciona periódicamente algunas zonas consideradas como prioritarias para evitar la deforestación. Éstas son las áreas naturales protegidas, las zonas donde hay aprovechamientos forestales autorizados y las zonas críticas: regiones donde la destrucción de la vegetación natural ha alcanzado tasas muy altas. Actualmente se reconocen 100 áreas críticas en 383 municipios, concentrados sobre todo a lo largo del Eje Neovolcánico Transversal y el sur de México (Mapa_2.12, Cuadro_IV.3.1.4).

La mayoría de estos municipios coinciden con áreas naturales protegidas. El número de áreas y municipios críticos por estado no necesariamente es mayor donde la deforestación ha sido más grande (por ejemplo, Chihuahua o Durango). Esto podría ser resultado de que la superficie de los municipios es diferente entre estados, pero aún no se cuenta con estimaciones sobre la extensión de las zonas críticas. Profepa realiza más de 12 mil inspecciones y rondas anualmente en las áreas prioritarias. Este número, en especial en lo que se refiere a rondas, ha aumentado notablemente desde 1995 (Figura 2.26).

Otro frente de lucha contra la deforestación es el Programa para la Prevención y Combate de los Incendios Forestales. Sus acciones tienen lugar a varios niveles, tales como la prevención, el pronóstico o el combate directo. Entre las prácticas de prevención se cuentan brechas cortafuego, quemas prescritas, educación ambiental y acciones legales (véase Prevención_de_incendios_
forestales). Para el pronóstico de incendios se cuenta con el apoyo del Servicio Meteorológico Nacional, que proporciona información sobre sequías o altas temperaturas. Mediante un acuerdo con el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá se administra el Sistema de Información de Incendios Forestales de México.

Con este instrumento se genera un índice de riesgo de incendios basado en datos meteorológicos, la cantidad de materia combustible y la topografía, entre otros. A partir de esta información se elabora una representación cartográfica que señala los puntos donde se pueden presentar incendios más severos. La detección de incendios en curso se realiza mediante avistamientos desde torres, aviones o vehículos terrestres. La Universidad de Colima y la Conabio constantemente monitorean vía satélite los “puntos de calor” del territorio, que son zonas donde tienen lugar los incendios. Todo esto permite acudir lo antes posible a los sitios afectados para combatir el fuego. La implementación de estos programas ha permitido reducir en forma sostenida la duración de los incendios forestales desde 1998 (Figura 2.27). Los estados del centro del país y Baja California son los más eficientes en cuanto al tiempo requerido para extinguir el fuego, mientras que en Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Coahuila la duración de un incendio en promedio sobrepasa los dos días (Mapa_2.13, Cuadro III.5.4.1).

Una de las acciones que mayor atención ha recibido es la reforestación. Esta práctica se ha realizado por lo regular con información insuficiente, especies inadecuadas y muy poco seguimiento. Consecuentemente, muchos esfuerzos no han tenido el éxito deseado. Por ello se creó el Programa Nacional de Reforestación (Pronare), cuyos objetivos fundamentales son, entre otros, resolver dichos problemas a través de una reforestación apropiada en sitios estratégicos (véase Programa Nacional de Reforestación (Pronare)).

En gran medida el éxito de un programa de reforestación depende de las especies que sean empleadas. Debido a la gran heterogeneidad climática del territorio mexicano, una misma especie no puede ser empleada en todas partes y diferentes plantas son requeridas para sitios específicos. Además, para que la reforestación tenga un componente adecuado a la conservación ecológica, es preferible utilizar especies nativas. En estos casos la reforestación puede considerarse como restauración ambiental. Se han reconocido no menos de 68 especies nativas apropiadas para la reforestación (Cuadro_III.5.4.13). Por la aridez generalizada en México, la mayoría de estas especies pertenecen a la familia de las mimosáceas.

Esto se puede observar en la gran representación que tienen las coníferas en comparación con el escaso número de éstas consideradas como especies potenciales para la restauración (Figura 2.29). Por el contrario, se descuidan otras especies de escaso valor económico, pero importantes para la restauración como son varias leguminosas (mimosáceas y cesalpináceas). Es claro que en el pasado se privilegiaron aquellas especies que podían ser empleadas con fines productivos, tales como pinos, eucaliptos (mirtáceas) o cítricos (rutáceas). A partir de 2002, el Pronare no incluye al eucalipto ni a los frutales dentro de su programa de reforestación, mientras que para el año 2004 contempla 147 especies, de las cuales 27 son pinos y las restantes corresponden a especies nativas de la zona y con algún uso para la comunidad.

Entre 1993 y 2001 se produjeron y sembraron más de 2 000 millones de plantas en 1.2 millones de hectáreas a lo largo de todo el territorio nacional (Cuadros III.5.4.14, III.5.4.15 y III.5.4.16). A partir de 1997 el número de árboles plantados anualmente se ha mantenido más o menos constante, excepto por el retroceso sufrido en 2001. La superficie reforestada, que se venía incrementando en forma sostenida, también se redujo en ese mismo año (Figura 2.30). Si bien las metas del Pronare para 2002 significan una recuperación sustancial, no alcanzan a restablecer los niveles de 2000.

Los sitios de la reforestación se han modificado a lo largo del tiempo. En 1994 prácticamente la mitad de los árboles fueron sembrados en zonas urbanas. Desde entonces la proporción de transplantes a zonas rurales ha crecido notablemente; en la actualidad más de nueve de cada diez plantas son ubicadas en el campo. La reforestación rural restituye la cubierta forestal, retiene suelos y favorece la recarga de los mantos acuíferos, por lo que el impacto de esta actividad en el medio ambiente es más favorable a la conservación que la siembra en las ciudades, donde sirve para fines estéticos y de recreación.

Comparada con la superficie nacional, la extensión reforestada representa el 0.4%. Sin embargo, la superficie donde se ha restituido la vegetación entre 1993 y 2001 es muy grande y equivale a cubrir con árboles cerca de dos veces el estado de Tlaxcala. La reforestación ha sido más intensa en el Distrito Federal y algunos estados aledaños, donde la proporción de la superficie beneficiada es superior al 2.5% de la entidad, porcentaje muy por arriba de la media nacional. Por el contrario, en los estados del noroeste la cifra es mínima, con apenas un 0.05% o menos de su superficie reforestada (Mapa_2.14). Si se comparan la deforestación y la reforestación, resulta que tenemos un déficit importante en el uso de las zonas arboladas. Entre 1993 y 2000 se reforestó una superficie equivalente al 18.9%* de lo que fue destruido en el mismo periodo (Figura 2.31).

Las entidades donde la diferencia entre reforestación y deforestación es mayor son Yucatán y los estados del noroeste (Mapa_2.15). Es preocupante que Chihuahua esté entre los estados que resintieron más fuertemente la caída de 2001 en la reforestación, ya que es una de las entidades con mayor tasa de pérdida de bosques. Por el contrario Durango, el otro estado norteño en esta situación, registró un incremento en los esfuerzos de restauración en ese año.

La recuperación de la vegetación alterada sigue sin recibir la atención que merece. Sin embargo, algunos pasos se han empezado a dar en este sentido. Uno de los objetivos centrales del Programa de Desarrollo Forestal (Prodefor) es fomentar la recuperación de la capacidad productiva de los ecosistemas forestales a través de acciones de restauración y conservación. Se reconoce que los sistemas agropecuarios extensivos –que se cuentan entre los agentes más importantes de alteración en México– tienen una baja rentabilidad y que es más redituable reconvertirlos en zonas arboladas.

Esto se promueve actualmente a través del Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (Prodeplan). Ambos programas fomentan a su vez el manejo sustentable de los bosques nativos, promueven su permanencia e incrementan su productividad natural y la diversificación productiva.

Las políticas que se han aplicado en el campo han repercutido en el uso del suelo. Por ejemplo, los certificados de inafectabilidad que se extendieron por muchos años a los poseedores de terrenos ganaderos fueron un incentivo para que grandes extensiones del territorio nacional fueran transformadas en potreros. Para asegurar la posesión de la tierra, los terrenos comunales y ejidales parcelados no deben permanecer ociosos, lo que tradicionalmente se ha percibido como un mandato para mantener desmontadas las tierras y bajo algún uso agropecuario.

Lo cierto es que prácticamente toda la vegetación natural del país se encuentra bajo régimen de propiedad común (Figura 2.32, Cuadros_II.2.1.3 y II.2.1.4). Se desconoce hasta qué punto programas como Procampo, en el cual un agricultor recibe un apoyo proporcional a la extensión de tierra que cultiva, han fomentado indirectamente el desmonte.
La nueva Ley para el Desarrollo Rural Sustentable tiene como proposito regular las actividades agropecuarias a fin de reducir su impacto sobre el uso del suelo. Pongamos por ejemplo el Programa de Recuperación de Tierras de Pastoreo, uno de los componentes de la Alianza por el Campo. Dicho programa busca incrementar de modo sostenible la disponibilidad de forraje por unidad de superficie en tierras de pastoreo con gramíneas, leguminosas y otras plantas forrajeras, así como la tecnificación y modernización de la infraestructura productiva para un mejor manejo de las unidades de producción. Un programa de esta naturaleza liberaría a la vegetación natural de la enorme carga que representa la ganadería extensiva, siempre y cuando se logre la concentración de los animales en una superficie más reducida pero más productiva. Por el contrario, si el programa propicia el crecimiento de la frontera pecuaria a costa de la vegetación natural, sus efectos en el medio ambiente serán perjudiciales. Por su parte, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable debe vigilar que la tecnificación en el campo incluya la dotación de recursos naturales, su uso sustentable y el entorno socioeconómico y cultural de los productores rurales.