6. BIODIVERSIDAD
 
Conservación de la biodiversidad
  Especies prioritarias
Áreas naturales protegidas
  Regiones prioritarias
  Conservación de tortugas marinas
  Los cetáceos de México

 

 

 

 

 

Especies prioritarias

Ante el enorme reto de conservar el elevado número de especies de flora y fauna mexicanas, y considerando la dificultad de contar con programas individualizados para todas ellas, el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000 propuso una serie de proyectos para un conjunto de plantas y animales que, a juicio de los especialistas, deberían ser las especies prioritarias. Algunos de los criterios que se tomaron en cuenta para seleccionar estas especies fueron: el riesgo de extinción, la factibilidad de recuperarlas y manejarlas, los posibles efectos adicionales que produciría su conservación directa (por ejemplo, la conservación de otras especies o hábitat) y su valor por ser especies carismáticas o bien poseer un alto grado de interés cultural o económico.


La parte medular de dichos proyectos consistió en la creación de santuarios y la formación de Comités Técnico-Consultivos para la Recuperación de Especies Prioritarias, encargados de organizar y conjuntar intereses de todas aquellas instituciones y personas involucradas e interesadas en la conservación de estas especies. En la actualidad ya se tienen elaborados y publicados diez programas de manejo (véase Proyectos de conservación y recuperación de especies prioritarias) (Tabla 6.5).


Áreas naturales protegidas


 

 

 


La creación de zonas protegidas ha sido la principal respuesta a la destrucción acelerada del hábitat experimentada desde el siglo pasado. En los últimos 30 años ha habido un crecimiento importante de las zonas protegidas en el mundo: en 1970 existían 3 392 áreas protegidas con una superficie total de 2.78 millones de km2, en el año 2000 se registraron 11 496 sitios con una superficie total de 12.18 millones de km2 (Figura 6.5).

En México, la creación de zonas protegidas también ha sido la estrategia de conservación más utilizada. El proceso de creación de estas zonas se inició formalmente en 1876 con la protección de los manantiales del Desierto de los Leones en el Distrito Federal y posteriormente, en 1898, con la primera Área Natural Protegida en el bosque del Mineral del Chico en el estado de Hidalgo. La entrada formal de México a la corriente internacional de parques nacionales se dio durante el periodo de Venustiano Carranza, con el decreto para constituir al Desierto de los Leones como el primer parque nacional en 1917 (Semarnap-Conabio, 1995).

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido alterado significativamente por la actividad humana y proporcionan servicios ambientales de diversos tipos. El decreto presidencial que formaliza la creación de ANP especifica el uso del suelo y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas. Las ANP están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es responsable de las ANP en México (véase ¿Qué_es_la Conanp?).

La función principal de las ANP es la protección y conservación de los recursos naturales de importancia especial, ya sean especies de fauna o flora o bien de ecosistemas representativos a nivel local, regional e internacional. Además, las ANP generan diversos servicios ambientales, como la protección de cuencas, captación de agua, protección contra erosión y control de sedimentos. Asimismo, son utilizadas con fines de recreación, turismo y para la investigación científica. Aunque existen dudas sobre la eficiencia de las ANP para conservar la diversidad biológica, análisis recientes de zonas protegidas en distintas partes del mundo muestran que la mayoría detienen, en cierto grado, el avance de la deforestación y disminuyen la presión sobre las poblaciones de flora y fauna silvestres (PNUMA, 2002).

 




Durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo considerable para incrementar el número de áreas protegidas en México. En 1996 existían 107 áreas con una superficie total de alrededor de 11.7 millones de hectáreas, cubriendo el 5.9% del territorio nacional (OCDE, 1998). Para el año 2001 ya se contaba con 128 ANP (Cuadro_III.4.5.18 y Cuadro III.4.5.19) con una superficie total acumulada de alrededor de 17 millones y medio de hectáreas (Tabla_6.6, Figura 6.6), una cuarta parte de ellas localizadas en zonas marinas.

Para el año 2001, el área conjunta de las ANP representaba el 8.8% de la superficie del país, proporción superior a la que tiene África (7.11%), Asia Oriental (8.28%) y Europa (5%), aunque está por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE (12.4%) (Tabla 6.7) (OCDE, 2002).

 

La mayoría de los principales ecosistemas del país están representados dentro de los límites de las ANP, siendo los matorrales xerófilos de zonas áridas (47%), las selvas húmedas (12%) y los bosques templados (11%) los que ocupan la mayor proporción (Figura 6.7, Cuadro III.4.5.21).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), existen siete categorías de manejo: Reservas de la Biosfera (RB), Parques Nacionales (PN), Monumentos Nacionales (MN), Áreas de Protección de los Recursos Naturales (APRN), Áreas de Protección de Flora y Fauna (APFF) y Santuarios (S) (Figura 6.8).


Además, existen los Parques y Reservas Estatales (PyRE) y las Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población (ZPE) (Recuadro_III.4.5.6). En el año 2001 la categoría con mayor número de áreas decretadas era la de Parque Nacional con 66, sin embargo, sólo representaban el 7.7% de la superficie total protegida del país; muchas de ellas (30%) no alcanzan las 1 000 hectáreas, superficie considerada como la mínima para garantizar la conservación de los ecosistemas, según la IUCN (Ordóñez y Flores, 1995) e, incluso, algunas han perdido por completo su vegetación original (Conabio, 1998).

En las 31 Reservas de la Biosfera actuales se concentra la mayor superficie protegida del país (59%). La principal función de las Reservas de la Biosfera es la de constituirse como espacios de investigación y concertación para la conservación y el desarrollo regional sostenible (Conabio, 1998). En ellas se albergan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Las Áreas de Protección de Flora y Fauna (APFF) abarcan el 27.8% del total de la superficie protegida. Las 22 APFF se encuentran ubicadas tanto en zonas con una considerable riqueza de flora o fauna como donde se presentan especies, subespecies o hábitats de distribución restringida (Conanp, 2002). Las cuatro áreas decretadas como Monumento Nacional comprenden el 0.08% de la superficie protegida; contienen uno o varios elementos naturales y por su carácter único estético, valor histórico y científico, están incorporadas a un régimen de protección absoluta (Conanp, 2002). Actualmente sólo un área está decretada como Protección de los Recursos Naturales: Sierra de los Ajos/Bavispe en Sonora. Además, existen cuatro áreas naturales protegidas que tienen decretos con diferentes denominaciones; representan el 3.47% de la superficie total protegida en el país y se encuentran en proceso de recategorización.

Del total de las ANP, 60 se encuentran en proceso de consolidación, 25 de las cuales ya cuentan con un programa de manejo publicado (Cuadro III.4.5.24).

Durante el periodo 1995-2001 se tramitó un total de 2 023 permisos para realizar actividades en las ANP (Figura 6.9), de los cuales el 87.1% correspondió a actividades turísticas, acuático-recreativas, de campamento y de educación ambiental y el 12.9% a actividades de filmación y fotografía.


Regiones prioritarias

La regionalización (división de un territorio en áreas menores con características comunes) es una herramienta metodológica básica en la planeación ambiental. Por ello, en los últimos años la Conabio ha desarrollado un programa con talleres de expertos encaminado a identificar y diagnosticar las regiones prioritarias para la conservación. Los requisitos básicos para considerar un área como prioritaria son su alta diversidad e integridad ecológica. Como resultado de este programa se han identificado en México 151 regiones prioritarias terrestres, 70 marinas y 110 hidrológicas (en aguas continentales).

Las regiones prioritarias terrestres cubren una superficie de 504 796 km2 (Mapa_III.4.1.1) y predominan en ellas los bosques de pino y encino, selvas caducifolias y superficies dedicadas al aprovechamiento agropecuario y forestal (Figura 6.10).




En relación con las regiones prioritarias marinas (Mapa_III.4.1.3) se tienen identificadas 70 áreas costeras y oceánicas (Cuadro III.4.1.3), de las cuales 43 se localizan en el Pacífico y 27 en el Golfo de México y el Mar Caribe, aunque, si se compara la superficie total, las regiones prioritarias definidas para el Pacífico abarcan apenas el 40%.


De las regiones prioritarias definidas 23 son áreas litorales, 33 nerítico-litorales, nueve oceánicas (incluyendo islas) y cinco nerítico-oceánicas. En poco más del 60% de las regiones marinas identificadas se pudo definir con claridad la existencia de amenazas sobre la biodiversidad (Figura 6.11).


A pesar de que se reconoce que la información de la biodiversidad marina es menor a la de los biomas terrestres, 58 de las regiones marinas se consideran sitios de alta diversidad; en contraste, en ocho de las regiones definidas se reconoció su importancia biológica, aunque no existe información suficiente sobre su biodiversidad. Cuarenta y tres de las ANP están contenidas total o parcialmente en 34 de las Regiones Prioritarias Marinas definidas. La sobreposición es grande en los casos de islas y archipiélagos y muy escasa en las zonas costeras y oceánicas, lo que muestra claramente la necesidad de identificar las zonas más importantes en costas y mar abierto a fin de implementar mecanismos para su protección.

Para el caso de aguas continentales, se tienen identificadas 110 regiones prioritarias hidrológicas (Mapa_III.4.1.6, Cuadro_III.4.1.5, Figura 6.11), de las cuales 75% son áreas de alta riqueza biológica, alrededor del 70% presenta amenazas serias a su biodiversidad y en 29 de ellas existe muy poca información sobre su biodiversidad.

 

Conservación de tortugas marinas

Por ser especies migratorias, las tortugas marinas son consideradas como un recurso compartido geográficamente entre varios países. En México y el mundo, las poblaciones de las diferentes especies de tortugas marinas se encuentran presionadas por diversas causas, como el saqueo de nidadas, la captura y el sacrificio de hembras antes de depositar sus huevos en la playa, la captura incidental de juveniles y adultos, el comercio ilícito de subproductos, como las pieles y el carey, además de la fragmentación y pérdida del hábitat de reproducción y forrajeo. Por lo anterior, las tortugas marinas se encuentran incluidas en el Apéndice I de la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) y su manejo, recuperación y posible aprovechamiento están sujetos a programas que involucran tanto reglamentos nacionales como internacionales.

En México, la protección y conservación de las tortugas marinas se lleva a cabo principalmente en los llamados campamentos tortugueros. Desde 1966 el Instituto Nacional de Pesca (INP) estableció Programas Nacionales de Investigación de Tortugas Marinas y de Protección, Conservación, Investigación y Manejo de Tortugas Marinas. En 1991 este último programa determinó la instalación permanente de campamentos tortugueros para las siete especies de tortugas que habitan en mares mexicanos: Lepidochelys olivacea (golfina), Dermochelys coriacea (laúd), Chelonia agassizii (prieta o negra), Lepidochelys kempi (lora), Chelonia mydas (verde o blanca), Caretta caretta (caguama) y Eretmochelys imbricata (carey). Los campamentos fueron instalados en 12 playas de diez estados de la República Mexicana.


Las principales playas donde se ha registrado anidamiento de las tortugas marinas mexicanas se muestra en la Figura 6.12. y Tabla 6.8. Una de las funciones de dichos campamentos es la protección y conservación de las tortugas mediante recorridos en las playas para recolectar y trasplantar nidos, sembrar huevos en corrales de incubación y liberar crías. A mediados de 2001 se integró en un solo programa a cargo del gobierno federal la operación de 27 campamentos tortugueros denominados Centros de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CPCTM), 13 de ellos provenientes de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) y 14 del Instituto Nacional de Pesca (véase Recuadro_III.4.5.4). Además de los CPCTM, existen aproximadamente otros 130 campamentos tortugueros, tanto fijos como temporales, que también llevan a cabo acciones de protección y conservación y son operados bajo convenios de colaboración por organismos no gubernamentales, dependencias de gobiernos estatales y centros de investigación (Cuadro III.4.5.16).

 



Los 28 campamentos tortugueros operados por la DGVS a finales de 2001 se encontraban distribuidos en 15 estados de la República Mexicana (Cuadro_III.4.5.11); Oaxaca es la entidad que tiene el mayor número (cinco) (Figura 6.13).



De las siete especies de tortugas marinas que residen en playas mexicanas, tres son atendidas/protegidas en un mayor número de campamentos: las golfina (16 campamentos), verde y laúd (nueve campamentos para cada una); las tortugas carey y prieta son las menos frecuentes en los campamentos tortugueros (Figura 6.14).


La eficiencia, evaluada en términos de la relación crías liberadas con respecto a huevos sembrados, ha mostrado un crecimiento de 1993 a la fecha, al pasar de una eficiencia de casi el 50% en ese año a más del 70% en 2001 (Figura 6.15).


Para tener una idea de la situación reciente de las tortugas en los campamentos, se pueden tomar como referencia los valores promedio de nidos protegidos, huevos sembrados y crías producidas durante el periodo de 1998-2001 en los campamentos de la Semarnat, en los que se tienen buenos registros para seis de las siete especies (en el caso de la tortuga lora sólo se tienen registros esporádicos de 1998 y 1999). La tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) es, con mucho, la especie que más presencia tiene en los campamentos tortugueros y habita en todos los ubicados en las playas del Océano Pacífico. El promedio anual de nidos protegidos fue de poco más de 5 500, de huevos sembrados casi 500 000 y de crías producidas cerca de 350 000, lo que equivale a una eficiencia promedio del 73.4% (Tabla 6.9).

Le sigue en importancia por el número de nidos protegidos la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la cual fue registrada en los campamentos de Tecolutla (Veracruz), Chenkán (Campeche), Majahual (Quintana Roo) y Platanitos (Nayarit). De esta especie se protegieron al año sólo 543 nidos, en promedio se sembró un poco más de 81 000 huevos y se produjeron 60 000 crías. Por su parte, la tortuga blanca o verde (Chelonia mydas) anidó en cuatro playas: Tecolutla, Chenkán y X’Cacel y Majahual (Quintana Roo); se protegieron 286 nidos, se sembraron 33 000 huevos y se obtuvieron 27 564 crías en promedio. Cabe señalar que esta especie es la que ha registrado el mayor éxito en términos del número de crías producidas con respecto al número de huevos sembrados, con una eficiencia del 86%. En el caso de la tortuga caguama (Caretta caretta) sus playas de anidamiento más importantes son X’Cacel y Majahual, con algunos registros esporádicos en Tecolutla; en promedio se protegieron 300 nidos, se sembró un poco menos de 40 mil huevos y se produjeron 31 187 crías al año.


En cuanto a la tortuga negra (Chelonia agassizii), se tienen datos de campamentos tortugueros en seis playas mexicanas; es la especie de la cual se protegen menos nidos en promedio (menos de 10 nidos al año), se siembran menos huevos (507 en promedio) y se producen menos crías (254 en promedio), lo que equivale a una eficiencia de 68.1%. Finalmente, la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) se registró en nueve playas incluyendo a Mexiquillo, considerado como uno de los sitios de anidación más importantes de esta tortuga en el mundo. A pesar de que el número de nidos que se protege es relativamente alto, comparado con las demás especies (330) el número de crías que se liberan es muy pequeño: no alcanzan los mil ejemplares en promedio al año, con una eficiencia de producción de sólo el 33.3% registrado durante el periodo 1998-2001.

Las dos amenazas principales de las tortugas marinas son la explotación ilegal y la invasión de sus playas de anidamiento para el desarrollo de centros turísticos o urbanos. De ahí que las acciones orientadas a su protección y conservación dispongan en primer lugar la elaboración de decretos para que las áreas de anidación se mantengan como zonas de reserva natural. Otras acciones implementadas son la veda, la prohibición de la explotación de huevo y la prohibición del uso de redes de arrastre y enmalle frente a playas de anidación. Para reducir la captura incidental por parte de los barcos camaroneros se estableció el uso obligatorio de dispositivos excluidores de tortugas (DET), que consisten en aparejos que se adaptan a la entrada de la bolsa de la red camaronera para permitir la salida de las tortugas antes de que se ahoguen; con esto se ha logrado disminuir la mortalidad asociada a esta pesquería.

 

Los cetáceos de México

En México se tienen registradas un poco más de 40 especies de mamíferos marinos que corresponden aproximadamente al 9% del total de mamíferos registrados para el país. Las aguas del noroeste del país, incluyendo al Golfo de California, es donde se concentra la mayor riqueza específica, ya que en la región coexisten especies con afinidades tanto de aguas frías y templadas como de aguas tropicales. En esta zona se encuentra presente el 75% de las especies de mamíferos marinos que se encuentran en el territorio nacional.

De los mamíferos marinos, el orden Cetacea, que comprende a las ballenas, delfines y marsopas, es el mejor representado en nuestro país con 371 especies (cerca del 50% del total mundial). Del total de cetáceos de México el 22% son misticetos –también llamados ballenas con barbas- y el 78% son odontocetos, conocidos como delfines y marsopas (Tabla 6.10).

La zona del Golfo de California con 29 especies es la más rica en cetáceos, seguida por las zonas del Pacífico Norte y Golfo de México, cada una con 26 especies (Figura 6.16).



De las especies de cetáceos registradas en México algunas tienen especial relevancia por ser migratorias, como los rorcuales, la ballena azul, la ballena jorobada y la ballena gris. Estas dos últimas son particularmente importantes ya que se reproducen en las aguas templadas del Pacífico Norte mexicano durante el invierno. La vaquita marina (Phocoena sinus) es el cetáceo mas pequeño de México y habita exclusivamente en las zonas someras de la región del Alto Golfo de California y Delta del Río Bravo.

De acuerdo con la NOM-059-ECOL-2001 todas las especies de cetáceos de México se encuentran en la categoría de Sujetas a protección especial con excepción de la vaquita marina y la ballena franca que se encuentran en la categoría de Peligro de extinción. El caso de la vaquita marina es de resaltar ya que, además de su carácter endémico, el tamaño de la población estimado en 1999 fue menor a los 600 individuos (Rojas-Bracho, 1999), no se reproduce todos los años y presenta un periodo de gestación largo (10-11 meses), lo que dificulta su recuperación.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por su parte, incluye a la ballena azul, la ballena franca y la vaquita marina dentro de la categoría de especie en Peligro de extinción; además clasifica al cachalote, la ballena piloto, la marsopa de Dall y a la ballena jorobada en la categoría de especie Vulnerable.

No existe suficiente información sobre el tamaño de las poblaciones de los cetáceos en aguas mexicanas que permita hacer una evaluación precisa de su condición. La ballena gris es una excepción, ya que se tiene información más o menos continua desde 1968 del tamaño de su población en la Reserva del Vizcaíno que muestra claramente su recuperación (Figura 6.17). Sin embargo, se puede tener una aproximación del estado de las demás especies a partir de la información disponible de su condición en otras partes del mundo; así, se considera que los delfines, en general, mantienen poblaciones grandes, mientras que los mesoplodontes, la ballena franca y la marsopa de Dall se consideran especies raras.


Los severos problemas a los que se enfrentaban estos animales, debido a su intensa explotación durante el siglo XIX, generó que el gobierno mexicano mostrara un gran interés por la conservación de los mamíferos marinos y su hábitat. Desde entonces, México ha sido uno de los países con mayor participación en cuanto a la defensa de mamíferos marinos se refiere. Como muestra se puede resaltar la creación de Áreas Naturales Protegidas encaminadas a la conservación y protección de estos animales. Entre ellas destaca la Reserva de la Biosfera “Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado” que comprende desde la desembocadura del río Colorado hasta la desembocadura del Río Santa Clara en la costa del estado de Sonora. Ésta fue decretada como refugio en 1955 y a partir de 1993 se reclasificó en la categoría de Reserva de la Biosfera; en ésta habita la vaquita marina.

En mayo del 2002 el Gobierno de México declaró Área de Refugio de Ballenas a todo el mar territorial y la zona económica exclusiva de nuestro país, que abarcan en conjunto aproximadamente 3 millones de km2 en los océanos Pacífico y Atlántico y Mar Caribe. En esta zona, de acuerdo con la adición del artículo 60 Bis a la Ley General de Vida Silvestre, ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica y la educación en instituciones acreditadas.

De manera complementaria, dentro de la política del medio ambiente se han instrumentado programas especiales de conservación, como el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997 – 2000, que contiene una línea de proyectos y acciones para la conservación, investigación, recuperación y manejo de la ballena gris, ballena jorobada y vaquita marina.

La preocupación por la conservación de los cetáceos en México también se ve reflejada en las normas oficiales mexicanas. Las normas que están relacionadas con la protección de los cetáceos en México son: 1) NOM-012-PESC-1994 que establece restricciones específicas en el uso de redes agalleras o de enmalle pasivas para contribuir con la conservación de la vaquita marina; 2) NOM-EM-074-ECOL-1996, que regula las actividades de observación de la ballena gris y su hábitat; 3) NOM-ECOL-131-1998 que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas; 4) NOM-ECOL-059-2001 que establece la categoría de riesgo de las especies de flora y fauna de México; 5) NOM-EM-PESC-2001, que establece los lineamientos para la captura incidental de organismos juveniles de atún y delfines; 6) NOM-EM-135-Semarnat-2001 que establece los lineamientos regulatorios para la captura, transporte, manejo y condiciones de cautiverio de mamíferos marinos, principalmente delfines y 7) NOM-ECOL-136-2002, que específica las regulaciones existentes para los mamíferos marinos en cautiverio.

México ha suscrito además, una serie de convenios que protegen a los cetáceos y a su hábitat; entre los más importantes tenemos el Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, al que México se integró en 1938, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) en la que México participa desde 1949, el Acuerdo Internacional para la Conservación de la Fauna y la Vida Silvestre (CITES) al que México se unió en 1991, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, el Acuerdo Internacional para la Región del Gran Caribe, así como el Convenio sobre Biodiversidad de la ONU. Además, promovió el Código de Conducta para la Pesca Responsable, formulado en el seno de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) donde se comprometió a conservar los ecosistemas acuáticos y a promover prácticas de pesca de forma responsable y ambientalmente seguras. También en el seno de la Convención Ballenera Internacional se prohibió la cacería de la ballena jorobada en el Pacífico Norte y se decretó a las Islas Marías, Revillagigedo e Isla Isabel como áreas protegidas marinas.

1 El número de especies podría llegar a 39 si se confirma la presencia en aguas mexicanas de dos especies de mesoplodontes.

Referencias

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